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La magistrada Ana María Ibarra considera que la reciente reforma al Poder Judicial abre nuevas oportunidades para que jueces, magistrados y ministros mejoren su relación con la ciudadanía. Además, ve en esta reforma una posibilidad para que más mujeres se integren a cargos judiciales, e invita a aquellas interesadas en buscar la justicia a postularse para estos puestos de elección popular.

“Como mujeres, sabemos que nada nos ha sido fácil. Llegar a nuestras posiciones ha requerido esfuerzo y trabajo constante. Mi mensaje es claro: no abandonemos el país ni la justicia”, afirmó en una entrevista para EL UNIVERSAL.

Ibarra, quien preside el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, destacó la importancia de que las mujeres trabajadoras del Poder Judicial participen en el proceso de convocatoria y no cedan espacio en la discusión pública, especialmente en una reforma que impactará a las posiciones titulares del sistema judicial. Para ella, este cambio representa una oportunidad para que quienes hoy son secretarios y oficiales también puedan aspirar a cargos más altos.

“He hablado con mis secretarios y me encantaría verlos llegar a ser magistrados. Quiero que los perfiles más sólidos aprovechen esta elección, abriendo camino a quienes, por diversas razones, no habían podido alcanzar esos espacios”, dijo.

La magistrada resaltó que este nuevo sistema de selección, aunque implica una adaptación, es una oportunidad para que trabajadores del sistema judicial progresen en su carrera. La reforma, además, pretende integrar a voces que tradicionalmente han estado excluidas de la Judicatura Federal y promover que las mujeres ocupen al menos el 50% de los puestos, en contraste con el 20% o 30% de representación femenina en tribunales y juzgados hasta ahora.

Con 15 años de experiencia en el ámbito judicial, los últimos cuatro como magistrada, Ibarra explicó que su rol implica resolver disputas personales y técnicas con imparcialidad. A su juicio, la reforma responde a una demanda social, ya que la Judicatura se había distanciado de la realidad de la sociedad y había perdido empatía con sus necesidades.

“Es fundamental que la selección de jueces sea cuidadosa, pero también necesitamos leyes que garanticen la disciplina, independencia e imparcialidad. La solución no es sencilla; se requiere de un esfuerzo legislativo y social”, afirmó.

Según Ibarra, el sistema judicial ha cometido errores estructurales que arrastra desde hace tiempo, como el enfoque excesivo en reglas procesales y un lenguaje complejo que aleja al ciudadano. “Tenemos una justicia lenta y un lenguaje demasiado formalista. La reforma busca cambiar esto y permitir que la ciudadanía participe en el proceso”, concluyó.

Tras casi tres meses de huelga, el personal del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro regresará a sus actividades el próximo 11 de noviembre, siendo esta la última sede judicial que se mantenía en paro en oposición a la Reforma Judicial. Con esta decisión, el Poder Judicial podrá retomar sus funciones de manera completa.

Este miércoles, un diálogo entre magistrados, jueces y autoridades de los órganos jurisdiccionales que operan en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro concluyó con el acuerdo de reactivar las actividades. “Se reanudará la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales, para preparar adecuadamente el regreso a las labores jurisdiccionales, lo que implica la reanudación de los plazos y términos procesales a partir de esa fecha”, se lee en el comunicado emitido este 6 de noviembre.

Los titulares y trabajadores reiteraron su compromiso de ofrecer “un servicio público que consagre los principios de independencia judicial y división de poderes”. Este acuerdo fue firmado por el Magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez, la Magistrada Iliana Fabricia Contreras Perales y los jueces Edgar Martín Gasca de la Peña, Virginia Gutiérrez Cisneros, Luis Antonio Hernández Berrios y Esperanza Arias Vázquez.

Esta reanudación de actividades también fue respaldada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que desde el pasado 23 de octubre había ordenado el fin del paro en los Tribunales de Distrito y de Circuito, además de sancionar con descuentos salariales a quienes no regresaran a laborar al día siguiente. La decisión del CJF fue aprobada con cuatro votos a favor de los consejeros Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyves Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina, mientras que los consejeros Norma Piña Hernández, Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez votaron en contra.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia, encabezada por la Ministra Presidenta Norma Piña Hernández, descartó el proyecto que pretendía frenar la Reforma Judicial, la cual ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y se encuentra en proceso de implementación.

Encuesta revela respaldo a la elección de ministros por voto popular

Según una encuesta nacional realizada entre el 1 y el 3 de noviembre por Mendoza Blanco & Asociados, el 64 por ciento de los mexicanos apoya la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Además, el 68 por ciento de los entrevistados afirmó conocer la Reforma Judicial impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, promulgada el 15 de septiembre pasado.

Respecto al paro de labores en el Poder Judicial, el 60 por ciento de los encuestados lo desaprueba, mientras que el 30 por ciento lo respalda. Asimismo, un 69 por ciento se opone a la posibilidad de destitución de la Ministra Presidenta si no se suspende la Reforma Judicial. Finalmente, el 83 por ciento de los encuestados rechazó la idea de una pensión vitalicia de 200 mil pesos mensuales para los ministros en retiro, mientras que sólo el 12 por ciento aprueba esta medida.

Un grupo de jueces y expertos internacionales no pudo contener la risa al escuchar los detalles sobre la reforma del Poder Judicial mexicano, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los hechos ocurrieron el 10 de octubre, cuando Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), participó en un foro en la Universidad de Harvard.

Durante su intervención en la prestigiosa escuela de leyes, Gutiérrez Ortiz Mena explicó que, con la reforma, todos los jueces y magistrados federales en México serían electos por votación popular. Entre los requisitos, destacó que los aspirantes deberían tener un promedio académico de 8 y presentar cinco cartas de recomendación de sus vecinos. “Si cumples con esos requisitos, puedes ser postulado hasta la Suprema Corte”, añadió el ministro.

A pesar de la seriedad del tema, la propuesta generó carcajadas entre los asistentes, entre los que se encontraban reconocidos penalistas internacionales como Laurence H. Tribe, profesor de Derecho Constitucional en Harvard; Raul C. Pangalangan, juez de la Corte Penal Internacional; Zha Hyoung Rhee, miembro de un tribunal internacional; y Mary Arden, ex jueza del Tribunal Supremo del Reino Unido.

Gutiérrez Ortiz Mena concluyó su participación sin emitir comentarios sobre la constitucionalidad de la reforma, señalando que no tenía certeza sobre el futuro de la misma. “No sé qué va a pasar y no voy a opinar sobre su constitucionalidad. Muchas gracias”, dijo al despedirse.

El foro se tornó en un escenario de risas e incredulidad ante lo que sería una de las propuestas más controvertidas para la elección de jueces, magistrados y ministros en México.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo un encuentro con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para avanzar en un acuerdo entre los Poderes de la Unión.

“Quiero ser claro: existe un acuerdo para, incluso en los momentos más complicados, mantener el diálogo. Ese es el acuerdo fundamental y, a partir de ahí, construir todo lo que sea posible. Hay disposición tanto de nuestra parte como del Poder Judicial para buscar puntos en común. Veremos si se logra”, afirmó el legislador de Morena.

En la sesión solemne de esta mañana, realizada con motivo del Bicentenario de la instauración del Senado, Piña fue recibida por Fernández Noroña en la Cámara alta.

Según el presidente del Senado, esta participación fue resultado del diálogo que se está estableciendo entre los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Existe una comunicación constante, encabezada por la secretaria de Gobernación y el compañero Adán Augusto, en representación del Gobierno Federal. Yo, desde el Poder Legislativo, también estoy colaborando. Hay un acuerdo de mantener el diálogo, lo cual considero algo muy positivo y significativo”, expresó Fernández Noroña.

En días previos, se registraron desacuerdos entre el Senado y el Poder Judicial, después de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se negó a proporcionar información necesaria para emitir la convocatoria de elección de jueces.

Fernández Noroña señaló en ese momento que esta postura era un reflejo de la resistencia del Poder Judicial ante la reforma constitucional ya aprobada, acusando a la institución de obstruir el proceso con trámites burocráticos. “Si nada pudo frenar la Reforma al Poder Judicial, tampoco lo logrará la reticencia del Poder Judicial para implementar los cambios”, declaró el senador.

Por su parte, el CJF explicó que su negativa se debe a una suspensión vigente que impide compartir dicha información. Esta postura fue respaldada por un juez federal de Monterrey, quien ratificó la suspensión, ordenando detener la elección judicial y prohibiendo al Consejo entregar al Senado las listas para la convocatoria.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en respuesta a las suspensiones dictadas por diversos juzgados de distrito, que buscan detener el proceso electoral del Poder Judicial previsto para 2025. El expediente, identificado como SUP-AG-209/2024, fue asignado al Magistrado Felipe de la Mata para su análisis.

El INE sostiene que las suspensiones otorgadas por los jueces interfieren con sus funciones, ya que considera que “los jueces no tienen competencia para frenar actos de naturaleza electoral y estas suspensiones están obstaculizando su labor”. La demanda fue firmada por Claudia Suárez, encargada de despacho de la Secretaría General Ejecutiva del INE, quien acudió a la Sala Superior del TEPJF para presentar el recurso en nombre del Consejo General del organismo electoral.

Suárez manifestó que los jueces de distrito han emitido un total de 70 suspensiones, en las que señalan al INE con apercibimientos que, según el organismo, invaden las atribuciones de las autoridades autónomas y dificultan el ejercicio de sus funciones constitucionales. Hasta el pasado viernes, el INE había recibido 25 notificaciones de estas suspensiones, en las que se les otorga un plazo de entre 24 y 48 horas para detener la organización de las elecciones programadas para el 1 de junio de 2025.

El INE enfatiza que solo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la facultad de revocar las decisiones del Consejo General, incluyendo aquellas relacionadas con el inicio de la organización del proceso para la elección de jueces en 2025.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio inicio a la construcción del Tren México-Pachuca, destacando la recuperación de este medio de transporte, ahora con mayor velocidad. “Para quienes tenemos algunos años, recordamos los trenes de antes. Estamos recuperando esos trenes, pero este es más rápido. Conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y, posteriormente, llegará a Pachuca, con una estación también en Tizayuca”, expresó Sheinbaum durante el evento en Hidalgo.

En el mismo acto, se firmó un acuerdo para que la Secretaría de Infraestructura colabore con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes estarán a cargo de la construcción del proyecto, como ocurrió durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum mencionó que los ingenieros militares participarán en la obra debido a su experiencia en infraestructura, habiendo construido trenes, aeropuertos, bancos y hospitales. “Este tren será completamente confinado, con numerosos puentes y pasos elevados”, explicó la mandataria.

Sheinbaum adelantó que, además de esta obra, se llevarán a cabo otros proyectos en Hidalgo, como la construcción de la carretera Pachuca–Tampico, la descontaminación del río Tula y otros desarrollos futuros. Enfatizó que los fondos para estas obras no provendrán de incrementos de impuestos ni de deuda, afirmando que, al eliminar la corrupción y los privilegios, se cuenta con recursos suficientes para el desarrollo del país.

En su primera gira como presidenta, Sheinbaum defendió nuevamente la reforma que integra a la Guardia Nacional bajo la Sedena, aclarando que no significa militarizar el país como afirma la oposición. “Queremos una institución que no dependa de cada presidente o presidenta, sino que sea independiente, como el Ejército, con sus propias normas”, puntualizó. Además, defendió la reforma al Poder Judicial, y al igual que hizo López Obrador, sometió la modificación constitucional a consulta, pidiendo a los asistentes que levantaran la mano si estaban de acuerdo con la elección directa de las autoridades judiciales por voto popular. “Vamos a votar para ver si estamos de acuerdo. ¿Quiénes quieren que los ministros sean elegidos por el Senado y quiénes por el pueblo de México? Como decimos, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, exclamó, siendo ovacionada.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, detalló que el Tren beneficiará diariamente a más de 100,000 personas. Explicó que la ruta del Tren del AIFA a Pachuca abarcará 64 kilómetros, de los cuales 14 serán de estructura elevada, y generará aproximadamente 125,000 empleos. Asimismo, señaló que la distancia entre la Ciudad de México y Pachuca es de 106 kilómetros, pero con esta obra se reducirá el tiempo de traslado en un 25%, lo que equivale a 40 minutos. Además, informó que los trenes serán eléctricos y tendrán capacidad para más de 718 pasajeros, con la entrega de la obra programada para el primer trimestre de 2027.