Durante una asamblea informativa celebrada en la comunidad de Zaragoza, en Acayucan, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión histórica de 13 mil millones de pesos para el desarrollo de infraestructura básica en pueblos y comunidades indígenas a lo largo del país. Este monto, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se aplicará en 2025 y estará bajo el control directo de las comunidades beneficiadas.
En el estado de Veracruz, se destinarán mil 418 millones de pesos para atender a 2 mil 500 comunidades que pertenecen a 18 pueblos indígenas y afromexicanos. La distribución de los recursos tomará en cuenta el grado de pobreza y la población de cada comunidad. A nivel nacional, el fondo alcanza una cobertura mucho más amplia, con la participación directa de los pueblos originarios en la planeación y ejecución de los proyectos.
Claudia Sheinbaum explicó que la administración de estos recursos se hará de manera participativa y transparente. Las decisiones se tomarán en asambleas comunitarias, donde las propias personas definirán las obras prioritarias para su desarrollo. Ahí mismo se elegirá a un comité encargado de ejecutar las acciones y otro de vigilancia que supervise el uso correcto del presupuesto.
También señaló que cada comunidad contará con una tesorera, y destacó que esta responsabilidad estará a cargo de una mujer, con el argumento de que “las mujeres administramos más honestamente los recursos”.La medida busca fomentar la participación de las mujeres en la gestión comunitaria, además de garantizar mayor transparencia en el uso del dinero.
Durante este evento, Sheinbaum estuvo acompañada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel; y el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adolfo Regino, así como otros miembros del gabinete federal. Todos coincidieron en señalar que este modelo de inversión permitirá reducir desigualdades históricas al empoderar directamente a las comunidades con herramientas de organización, decisión y autonomía.
La estrategia impulsada por el gobierno federal representa un giro significativo en la manera de ejecutar obras públicas en contextos rurales y marginados, priorizando el enfoque comunitario y reconociendo la capacidad organizativa de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta acción busca consolidarse como una base sólida para el desarrollo con identidad, inclusión y justicia social.