La candidata de la alianza ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez, arremetió contra la iniciativa de reforma presentada por diputados de Morena, calificándola como un intento de “saqueo” hacia los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años.

Durante un encuentro con mujeres en el Estado de México, Gálvez expresó su preocupación por la propuesta, la cual busca establecer un Fondo de Pensiones para el Bienestar, respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según la exsenadora, esta medida permitiría que, una vez que los trabajadores cumplan 70 años, sus ahorros sean automáticamente transferidos a dicho fondo, incluso si continúan laborando.

La iniciativa, promovida por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, plantea financiar este fondo con los ahorros acumulados en las Administradoras de Fondos Para el Retiro (Afores), el sistema privado de pensiones.

En respuesta a las críticas, el presidente López Obrador aseguró durante su conferencia matutina que los ahorros de los mexicanos estarán protegidos y rechazó las acusaciones de querer apoderarse de las Afores. Explicó que el objetivo del Fondo de Pensiones del Bienestar es garantizar que los trabajadores reciban el 100 por ciento de su último sueldo registrado antes de jubilarse, con aportaciones tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como del propio fondo.

En una decisión histórica, el Senado de la República ha votado de manera unánime a favor de una reforma al artículo 2 de la Constitución, marcando un hito en la lucha contra el matrimonio infantil y forzado en las comunidades indígenas de México. La modificación obtuvo 74 votos a favor y ninguno en contra en lo general, alcanzando la mayoría calificada necesaria para su aprobación, mientras que uno de los artículos reservados se votó en lo particular, logrando 76 sufragios a favor y ninguno en contra.

Esta reforma constitucional busca priorizar el interés superior de la niñez por encima de los usos y costumbres arraigados en las comunidades indígenas, con el objetivo claro de evitar el matrimonio de niñas, niños y adolescentes en estas regiones. Se trata de un paso significativo hacia la protección de los derechos fundamentales de las jóvenes en el país.

Margarita Valdéz, senadora de Morena, expresó su apoyo a la reforma, destacando la histórica lucha de las mujeres de izquierda por garantizar el trato adecuado a las niñas. Hizo hincapié en la gravedad del problema al imaginar la realidad de niñas de 12, 13 o 14 años casadas con hombres mucho mayores, subrayando que es “de dar terror”. Su declaración enfatiza la necesidad urgente de erradicar esta práctica que atenta contra la integridad y dignidad de las niñas.

Josefina Vázquez Mota, del PAN, lamentó la situación en algunas comunidades indígenas donde una niña puede ser más cara que un animal de granja. Denunció las condiciones adversas que enfrentan las mujeres que se oponen a estos matrimonios, señalando que son encerradas, humilladas y torturadas, subrayando que el matrimonio infantil es un delito que debe ser erradicado de raíz.

Desde la bancada del Partido Verde, Gabriela Benavides Cobos aplaudió la reforma como un paso vital para proteger a las niñas y evitar que los usos y costumbres se conviertan en un “pretexto” para justificar matrimonios forzados. Su declaración resalta la importancia de blindar a las niñas contra prácticas nocivas y garantizar que los derechos prevalezcan sobre tradiciones obsoletas.

Geovanna Bañueños, del Partido del Trabajo, respaldó la reforma al considerar el matrimonio infantil como una “violación inadmisible a los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Remarcó que la iniciativa fue presentada desde octubre de 2023, resaltando el compromiso continuo con la protección de los derechos de la infancia.

En caso de ser respaldada, la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), consolidando así un avance significativo en la protección de los derechos de la niñez mexicana. La reforma constitucional envía un mensaje poderoso sobre la necesidad de proteger y preservar la dignidad de las niñas, contribuyendo a un México más justo e igualitario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una iniciativa que busca una profunda transformación en el Poder Judicial de la Federación. En este sentido, se propone la destitución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los jueces y magistrados de circuito.

La reforma plantea un cambio significativo en la forma en que se eligen estos cargos. Según la propuesta, se llevarán a cabo elecciones directas el 8 de junio de 2025, para que los nuevos funcionarios asuman sus cargos en septiembre del próximo año, mientras que los actuales deberán dejar sus puestos.

En cuanto a la duración en el cargo de los ministros de la Suprema Corte, se establece un período variable entre ocho y 14 años, dependiendo del respaldo obtenido en la votación correspondiente. Además, se contempla la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, proponiendo en su lugar la creación de un Tribunal de Disciplina y otro órgano encargado de la administración de los recursos del Poder Judicial.

Para la selección de los candidatos a ministros de la Corte, la iniciativa sugiere que la Presidencia de la República, la Suprema Corte y el Congreso propongan a diez aspirantes cada uno, siendo estos sometidos posteriormente a votación popular.

Asimismo, la iniciativa busca blindar las leyes aprobadas mediante el establecimiento del principio de “presunción de legitimidad y constitucionalidad”, con el objetivo de evitar su anulación por parte de la Suprema Corte.

Otros aspectos destacados de la propuesta incluyen la reducción de la integración de la Corte de 11 a nueve ministros y la eliminación de las dos salas de resolución, centralizando todos los asuntos en el Pleno.

Por último, se plantea una limitación en las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial, estableciendo que aquellos en funciones al momento de la entrada en vigor de la reforma no podrán percibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Además, se elimina el derecho a una pensión vitalicia para los ministros, magistrados y jueces destituidos.

En un histórico revés judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), una polémica reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar la participación del sector privado en el mercado energético mexicano.

Este fallo, producto de un amparo que argumentaba afectaciones al medio ambiente, marca un momento significativo en la relación entre el gobierno mexicano y las empresas privadas del sector.

La Segunda Sala de la SCJN otorgó el primer amparo contra la LIE, beneficiando a seis empresas específicas: La Bufa Wind, Compañía de Energía Mexicana, Eléctrica Del Valle de México, Fuerza Eólica del Istmo, Eólica de Coahuila y Eóliatec de Istmo. Sin embargo, este amparo no establece un precedente general, sino que se aplica de manera puntual a estas compañías, permitiéndoles regirse por el estatuto previo a la reforma de marzo de 2021.

El voto de calidad del presidente de la Sala, Alberto Pérez Dayán, fue determinante para conceder la protección de la justicia a estas empresas. La votación reflejó una división entre los ministros, con Luis María Aguilar apoyando el proyecto, mientras que Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guarradama expresaron su desacuerdo.

La ministra Lenia Batres argumentó en contra del proyecto durante más de 20 minutos, cuestionando el procedimiento y señalando que el tema ya había sido discutido en una acción de inconstitucionalidad anterior. Por su parte, la ministra Esquivel Mossa manifestó su desacuerdo con la interpretación del presidente de la Sala sobre el artículo 56 de la Ley de Amparo, relacionado con el voto de calidad.

El presidente Pérez Dayán defendió el proyecto, afirmando que recogía los argumentos de inconstitucionalidad expresados por siete ministros del Pleno en 2022. La sala dejó pendiente la discusión de otro proyecto de sentencia elaborado por el ministro Javier Laynez, el cual también propone otorgar la protección de la justicia a otras compañías afectadas por la LIE.

Es importante destacar que, previamente, el Pleno de la SCJN desestimó una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición contra la LIE en abril de 2022, ya que no se alcanzaron los ocho votos necesarios para declararla inconstitucional. Esto dejó la norma vigente, y las empresas afectadas recurrieron a amparos para evitar su aplicación.

El fallo de la SCJN amparando a estas seis empresas se sustentó en la vulneración de principios constitucionales, como la competencia y la libre concurrencia, así como el principio de desarrollo sustentable. Los ministros votaron a favor de un amparo que destacaba los efectos negativos de la reforma en el medio ambiente.

Este revés judicial no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional, sino que su impacto se extiende al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). La reforma a la LIE fue uno de los detonantes de tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, quienes han señalado violaciones al tratado por parte del país latinoamericano. La declaración de inconstitucionalidad de la LIE suaviza estas tensiones y ofrece a México una posición más favorable en las negociaciones bajo el TMEC.