Comparecencias por derrame en el Golfo quedan en manos de diputados; Monreal descarta a Segob

La posible comparecencia de funcionarios federales por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no tiene fecha definida y dependerá de los acuerdos que alcancen los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien precisó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no tomará parte en esa decisión.

El legislador explicó que la determinación será analizada dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde los grupos parlamentarios votarán si procede o no la comparecencia. Señaló que el diálogo con la Secretaría de Gobernación se limita únicamente a la coordinación de fechas, en caso de que se apruebe la solicitud.

También aclaró que, una vez que se defina la comparecencia, se buscará acordar la disponibilidad de los funcionarios, “para efecto de la agenda que tenga con el funcionario buscar los días y ponernos de acuerdo en la fecha, una vez que se decida la comparecencia”, añadió.

El coordinador de Morena indicó que no existe un plazo para resolver el tema y reiteró que será la Jucopo quien determine el curso de acción. Además, expresó su confianza en que la Comisión Interinstitucional designada por la presidenta de la República acelere la investigación y ofrezca resultados a la población afectada.

La discusión surge luego de que legisladores de oposición solicitaron la comparecencia de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y del director de Pemex, Víctor Rodríguez, para explicar el derrame.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, reiteró la petición tras la confirmación de un incendio en una bodega de la refinería Olmeca, en Dos Bocas. “Es un mar de fallas, una obra patito de un régimen patito. México merece explicaciones”, afirmó.

Mayoría legislativa definirá posible comparecencia por derrame en el Golfo; exigen transparencia

La eventual comparecencia de funcionarios federales para explicar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no está definida y dependerá de una decisión por mayoría en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que la solicitud presentada por legisladores de oposición se encuentra en proceso de análisis.

De acuerdo con el legislador, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano formalizaron el pasado martes la petición ante la Junta de Coordinación Política para convocar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Petróleos Mexicanos.

En este contexto, Monreal explicó que el procedimiento aún requiere deliberación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. “Tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”, expresó al referirse a la posibilidad de que comparezcan Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, y Víctor Rodríguez, director de la empresa estatal.

El coordinador morenista indicó que el siguiente paso será revisar la viabilidad política del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Según explicó, esta dependencia es la encargada de la conducción institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que su participación será clave para determinar si se generan las condiciones necesarias.

Asimismo, Monreal adelantó que la propuesta aún no ha sido presentada formalmente ante su bancada, pero prevé hacerlo entre el lunes y martes próximos, cuando el grupo parlamentario discuta la solicitud. También rechazó que exista algún obstáculo para que los funcionarios comparezcan, dejando abierta la posibilidad de que el encuentro se concrete.

Tras estas declaraciones, el diputado del PAN, Daniel Chimal, emitió un posicionamiento en el que pidió que el proceso se realice con transparencia. “Tiene que ser bajo el escrutinio público, con los máximos niveles de transparencia y apertura legislativa; que involucren a las partes afectadas para que puedan cuestionar al poder”, demandó.

El legislador panista aseguró que su bancada se encuentra preparada para recibir a los funcionarios federales y plantear cuestionamientos relacionados con el derrame de petróleo. “Nosotros estaremos ahí para cuestionar y discutir el tema, si bien ya hay investigaciones abiertas y en curso, también es importante conocer la versión oficial de voz de los funcionarios que están a la cabeza de estas instancias responsables”, consideró.

La discusión sobre la comparecencia continúa en análisis dentro del Congreso, mientras las fuerzas políticas revisan la solicitud y el mecanismo para llevar a cabo el posible encuentro con los responsables de las dependencias federales involucradas.

Diputados aprueban en lo general reforma electoral de Sheinbaum tras debate y confrontaciones

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado “plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 377 votos a favor y 102 en contra, tras más de cuatro horas de discusión marcada por confrontaciones entre legisladores. La iniciativa modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para reducir gastos en congresos estatales, ayuntamientos y organismos electorales.

El respaldo provino de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, mientras que PAN y PRI votaron en contra. El bloque mayoritario defendió la propuesta al señalar que busca consolidar la austeridad republicana y reducir privilegios en el uso de recursos públicos.

El diputado del PT, Amadeo Espinosa Ramos, explicó que la reforma al artículo 116 establece que los congresos estatales no podrán ejercer más de 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad. Actualmente el gasto es de 0.73 por ciento, equivalente a 23 mil 373 millones de pesos, lo que representaría una reducción de 0.03 por ciento.

También indicó que la modificación al artículo 134 fija que consejeros y magistrados electorales no podrán ganar más que la Presidencia, mientras que el cambio al artículo 115 establece un máximo de 15 regidores por municipio.

Desde Morena, Leonel Godoy respondió a la oposición y afirmó: “no va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”. Aniceto Polanco agregó: “¡ningún chile les embona!”.

El priista Emilio Suárez Licona sostuvo que los ahorros son un “mito” y advirtió que la reforma podría debilitar a las instituciones electorales. Señaló que solo 59 de los 2 mil 478 municipios tienen más de 15 regidores, lo que implicaría eliminar 703 cargos.

La panista Laura Cristina Márquez afirmó que la reducción sería de unos 380 cargos municipales sin impacto relevante en los presupuestos locales.

Antes de la votación hubo intercambio de insultos entre legisladores. Finalmente, se acordó limitar a cinco oradores por bancada en la discusión en lo particular, aunque la lista final incluyó 60 intervenciones.

Diputados aprueban ley de infraestructura y eliminan candado; oposición acusa riesgo de deuda y opacidad

La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de infraestructura estratégica y la envió al Senado tras una sesión nocturna que concluyó en la madrugada, marcada por la eliminación de un artículo transitorio que buscaba reforzar controles financieros y evitar posibles actos de opacidad.

El dictamen fue avalado en lo general con 359 votos a favor y 80 en contra, mientras que en lo particular obtuvo 315 votos a favor y 89 en contra, ya con la modificación que eliminó el llamado “candado” propuesto previamente en comisiones.

Durante la discusión, el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, defendió la iniciativa al señalar que permitirá movilizar más de 5.6 billones de pesos para proyectos estratégicos y fortalecer la infraestructura del país. Sin embargo, horas antes había ofrecido incluir un artículo transitorio para atender preocupaciones de la oposición sobre deuda disfrazada y falta de transparencia, propuesta que finalmente fue retirada por la mayoría oficialista.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, criticó el cambio y afirmó: “prometen, lo incluyen y al final lo eliminan”. Aunque señaló que su bancada votaría a favor por la necesidad de inversión, reprochó el incumplimiento del acuerdo.

Flores también advirtió que la ley contempla contratos a largo plazo, pagos diferidos y proyectos sin suficiencia presupuestaria, lo que, dijo, podría comprometer recursos futuros con discrecionalidad.

Desde el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez alertó que la iniciativa permite desarrollar obras sin contar con recursos disponibles, lo que calificó como “deuda disfrazada”. También señaló que el esquema podría comprometer finanzas públicas hasta por 40 años y permitir manipulación contable del gasto.

En respuesta, el diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, rechazó las críticas y aseguró que la ley contiene suficientes controles, calificando los señalamientos de la oposición como “ficción constitucional”.

La diputada panista Nancy Olguín pidió a legisladores oficialistas no respaldar el dictamen sin ajustes y advirtió sobre riesgos de “impunidad constitucionalizada”.

Con su aprobación en San Lázaro, la ley de infraestructura estratégica fue enviada al Senado para su análisis y eventual votación.

Diputados impone tope a pensiones del sector público y desata debate por ministros y retroactividad

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen que establece un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos, fijando el tope en el 50% de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, equivalente a 70 mil pesos mensuales. La votación registró 458 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, y posteriormente el proyecto fue turnado a la discusión en lo particular.

La propuesta fue defendida por legisladores de Morena, quienes señalaron que la medida busca corregir desigualdades dentro del sistema de pensiones. La diputada Haidyd Arreola sostuvo que el dictamen responde a la necesidad de atender diferencias entre beneficios elevados y pensiones bajas dentro del servicio público.

“No siempre lo legal es justo ni lo justo es lo legal. La verdad duele. Duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias y cómo a unos apenas les alcanza para subsistir y cubrir sus necesidades básicas. Este contraste no es menor, es una distorsión estructural del sistema”, afirmó durante la fundamentación del dictamen.

La legisladora también aseguró que la reforma cuenta con sustento jurídico y no contraviene el principio de irretroactividad. Explicó que las reformas constitucionales pueden incidir en situaciones previas conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin vulnerar la seguridad jurídica.

Desde la oposición, legisladores del Partido Acción Nacional cuestionaron el alcance del dictamen y señalaron que no se incluyen todos los casos. La diputada Laura Cristina Márquez criticó que el proyecto excluya a ciertos funcionarios y planteó que la medida no aplica a ministros en retiro.

“¿Por qué la justicia del gobierno de Morena es selectiva? ¿Por qué exfuncionarios de paraestatales o descentralizadas, pero altos funcionarios del Ejecutivo no? ¿Por qué a unos sí y a otros no se les incluye?”, señaló. También cuestionó: “¿Cómo se explica que los ministros en retiro mantengan ese haber de retiro vitalicio, y a quienes han dedicado su vida al servicio de México se les rasura sin elementos técnicos y violando sus derechos?”.

La legisladora también hizo referencia a otros temas durante su intervención y criticó el impacto presupuestal de la medida frente a otros gastos del gobierno.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez, advirtió que la reforma podría abrir la puerta a la retroactividad de la ley. “Lo más grave de este documento es que le están abriendo la puerta a empezar con la retroactividad de la ley. Las pensiones, pues, son un derecho”, señaló.

El legislador agregó que modificar derechos previamente adquiridos podría afectar la certeza jurídica y la confianza en las instituciones. También afirmó que permitir cambios sobre beneficios establecidos implicaría que ningún derecho esté garantizado.

Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados continuó con la discusión en lo particular del dictamen que fija el tope a las pensiones financiadas con recursos públicos.

Reforma electoral de Sheinbaum avanza en el Senado sin el PT y entre acusaciones de “trampa”

El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.

PT insiste en frenar revocación de mandato en 2027 y advierte impacto electoral a favor de Morena

El debate sobre la posible inclusión de la revocación de mandato en 2027 mantiene tensiones entre aliados políticos. El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Benjamín Robles, reafirmó que su partido no respalda que este ejercicio coincida con la elección federal, al considerar que generaría condiciones desiguales en la contienda.

Desde su perspectiva, el principal problema radica en que la figura presidencial —actualmente encabezada por Claudia Sheinbaum— podría influir directamente en la orientación del voto. Robles sostuvo que este escenario favorecería a Morena al concentrar el respaldo ciudadano en torno a su liderazgo. “Es inequitativo y antidemocrático”, reiteró al explicar la postura del PT.

En entrevista el exdiputado federal subrayó que la negativa de su partido no es reciente, sino que se ha mantenido desde que se planteó integrar la revocación de mandato dentro del denominado “plan B” de la reforma electoral. Recordó que el 17 de marzo ya habían anticipado su rechazo con una posición firme: “en eso no vamos a transitar”.

Aunque reconoció que todos los partidos enfrentarían un escenario similar, Robles insistió en que la simultaneidad de ambos procesos alteraría la equidad. “Como la presidenta es de Morena, va a jalarse el voto para su partido”, admitió, al tiempo que descartó que la preocupación principal sea la permanencia del PT como fuerza política. Aseguró que su partido ha tenido resultados favorables cuando compite por separado.

El dirigente también señaló que la discusión legislativa aún no está cerrada. La reunión de comisiones del Senado, en la que se analizaría el dictamen correspondiente, fue aplazada, lo que abrió una ventana para continuar el diálogo. Robles interpretó este cambio como una oportunidad para intentar modificar la propuesta.

Detalló que inicialmente se contemplaba una reunión a la 1 de la tarde, la cual posteriormente fue reprogramada. Indicó que el ajuste en la agenda responde, entre otros factores, a la espera del dirigente petista Alberto Anaya. A pesar de estos movimientos, enfatizó que la postura del partido permanece sin alteraciones.

El PT, añadió, buscará convencer a otros actores políticos sobre los riesgos que identifica en la iniciativa. Mientras tanto, el aplazamiento en el Senado extiende el margen para negociaciones en torno a un tema que, de avanzar, podría redefinir el escenario electoral de 2027.

PAN redefine selección de candidatos: proceso incluirá registro, debates y decisión directa de la ciudadanía

De cara al proceso electoral de 2027, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció un cambio estructural en la forma en que definirá a quienes lo representarán en las urnas. La dirigencia nacional informó que dejará atrás los métodos tradicionales de designación interna para dar paso a un esquema en el que la ciudadanía tendrá un papel central en la elección de candidaturas.

Durante un evento partidista, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, explicó que el nuevo mecanismo contempla varias etapas diseñadas para medir el posicionamiento real de quienes aspiren a competir por un cargo público. El modelo incluye un registro inicial, seguido de entrevistas, un periodo de recolección de firmas y una serie de presentaciones en distintos foros, antes de avanzar a una fase de debates públicos entre finalistas.

El proceso culminará con una decisión directa de la ciudadanía, que será la encargada de definir quién obtiene la candidatura. Para participar, los interesados deberán completar su inscripción mediante una aplicación digital habilitada para este fin.

Romero Herrera detalló que este rediseño busca sustituir las prácticas que durante años dominaron la vida interna del partido, cuando las candidaturas se resolvían en convenciones o por determinación de las dirigencias. En contraste, la nueva ruta pone énfasis en el nivel de reconocimiento público de cada aspirante como criterio principal.

“Si quieres decididamente competir, medirte; si quieres defender a México, entrarás a un esquema real de medición entre los que tienen las aspiraciones; si acabas siendo el más reconocido, entonces vas a ser nuestro candidato”, afirmó el dirigente.

El líder panista también subrayó que no habrá espacio para decisiones centralizadas en las cúpulas del partido. “La decisión de estas candidaturas también quedará en manos de la gente que decida quién quiere que la represente, así de fácil, no habrá imposiciones cupulares, la gente decide (…) será una decisión ciudadana empoderando a otros ciudadanos, esta fue la visión original de nuestros fundadores”, señaló.

Además, estableció un criterio estricto respecto a los perfiles que podrán participar en este nuevo esquema. “Aquí no permitiremos ni la más mínima aproximación de personas que tengan que ver con el crimen organizado. Aquí ni en la última regiduría de este país serán aceptados”, sostuvo.

La dirigencia del PAN enmarca esta estrategia como parte de su preparación rumbo a 2027, con el objetivo de fortalecer su competitividad electoral frente a Morena, en un escenario donde busca recuperar terreno político a través de un modelo que prioriza la participación ciudadana en la toma de decisiones internas.

MC y PAN descartan coalición con el PRI rumbo a las elecciones de 2027 en Veracruz

La posibilidad de una alianza opositora en Veracruz rumbo a las elecciones de 2027 fue descartada por dirigentes de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusiera unir fuerzas para enfrentar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La iniciativa fue presentada el 17 de marzo por el dirigente priista Adolfo Ramírez Arana durante una conferencia de prensa, donde planteó que los partidos de oposición debían construir un frente común ante el escenario político en el estado y el país.

El líder tricolor argumentó que tanto México como Veracruz atraviesan un contexto de retrocesos y que la fragmentación de la oposición favorece a quienes actualmente gobiernan. En ese sentido, convocó públicamente a las dirigencias estatales del PAN y Movimiento Ciudadano a considerar una alianza electoral.

“Si quieren a Veracruz, si no quieren que continúen los atropellos que estamos viviendo, si quieren un mejor gobierno, mayor vigilancia, mejores leyes, así como mejorar la salud y la educación, vamos juntos”, expresó Ramírez Arana al insistir en la necesidad de una candidatura conjunta.

Pese al llamado, la respuesta de ambas fuerzas políticas fue negativa. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell de la Hoz, rechazó de forma directa la propuesta y aseguró que su partido participará en los próximos comicios sin coaliciones.

El político emecista también reaccionó con ironía al planteamiento del PRI. “el Fofo me da ternura”, declaró al referirse a Ramírez Arana, al tiempo que reiteró que su organización buscará competir con una estrategia independiente. “Movimiento Ciudadano irá en alianza con los veracruzanos. La suma de membretes la sociedad ya advirtió que no es viable para nosotros”, señaló.

El dirigente también argumentó que el escenario electoral en Veracruz ha cambiado y que su partido ha ganado terreno en los últimos procesos. Como ejemplo, recordó los resultados de la elección de 2025, en la que Movimiento Ciudadano obtuvo 583 mil 569 votos, colocándose como segunda fuerza política en la entidad. En ese mismo proceso, el PAN registró 415 mil 797 votos y el PRI se ubicó en el cuarto lugar con 337 mil 949 sufragios.

Desde el PAN, su dirigente estatal Federico Salomón Molina también rechazó la propuesta del PRI y cuestionó la postura de Ramírez Arana. “hace un año por no hacer las alianzas municipales me tacharon de oficialista y ahora resulta que hay que ir juntos, le falta prudencia y memoria a Adolfo”, afirmó.

Dentro del propio PRI, la secretaria general estatal Carolina Gudiño Corro sostuvo que el partido se mantiene preparado para competir sin coaliciones, aunque dejó abierta la posibilidad de acuerdos electorales.

Las elecciones previstas para 2027 en Veracruz contemplan la renovación del Congreso de la Unión y del Congreso local, en un escenario político donde las dirigencias partidistas ya comienzan a definir sus estrategias y posicionamientos frente a los comicios.

Sheinbaum envía al Senado iniciativa para reducir gasto legislativo y regular la revocación de mandato

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional que plantea reducir el gasto en órganos legislativos, modificar reglas sobre la revocación de mandato presidencial y ajustar las remuneraciones de autoridades electorales.

El documento fue entregado por Juan Ramiro Robledo, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y al coordinador de Morena, Ignacio Mier. La propuesta contempla modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución con el objetivo de optimizar el uso del presupuesto público y destinar los ahorros a sectores que más lo requieren.

Uno de los puntos principales es la reducción del gasto legislativo. En el caso del Senado, el proyecto plantea disminuir el presupuesto en 15% el próximo año respecto al aprobado para 2026. Para los congresos estatales se propone establecer un límite: su presupuesto anual no deberá superar el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.

La iniciativa también incluye cambios en la integración de las legislaturas locales. Entre ellos, se plantea prohibir la reelección inmediata de diputadas y diputados estatales. Asimismo, se establecen restricciones para evitar candidaturas con vínculos familiares con quienes ocupan una diputación.

El documento señala: “En ningún caso, podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación”.

En materia de revocación de mandato, el proyecto establece que la consulta para la persona titular del Ejecutivo federal podrá solicitarse una sola vez y únicamente durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo presidencial, lo que ubicaría el proceso en 2026 o 2027. La iniciativa también contempla que la persona titular del Ejecutivo pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, aunque mantiene la prohibición de utilizar recursos públicos para la recolección de firmas o la contratación de propaganda.

La reforma también propone que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales se ajusten a los límites establecidos en el artículo 127 constitucional y elimina prestaciones financiadas con recursos públicos que no estén previstas en la ley.

De acuerdo con la iniciativa, los cambios permitirían generar ahorros estimados en 4 mil millones de pesos anuales. Estos recursos permanecerían en la hacienda pública municipal y deberán destinarse a obras de infraestructura en beneficio de la población.