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La elección para renovar el Congreso de Coahuila entró en una nueva etapa de disputa política y jurídica. Morena anunció que buscará anular los resultados de los 16 distritos locales ganados por el PRI en los comicios celebrados el pasado 7 de junio, al considerar que existen elementos suficientes para cuestionar la validez de la jornada electoral.

La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, informó que la estrategia incluye la presentación de recursos ante diversas autoridades electorales y financieras. Entre las instancias a las que acudirán se encuentran la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), el Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente su Unidad Técnica de Fiscalización, así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La decisión, explicó, se basa en la detección de presuntas anomalías en 962 casillas, cifra que representa el 22.6 por ciento de la votación emitida en la entidad. Con esos argumentos, Morena solicitará la nulidad total de la elección correspondiente a los 16 distritos locales.

Durante una conferencia de prensa, Montiel sostuvo que el partido cuenta con pruebas relacionadas con distintos hechos ocurridos durante el proceso electoral. Entre los señalamientos mencionó presuntas prácticas de compra y coacción del voto mediante códigos QR, participación indebida de servidores públicos, utilización electoral de programas sociales y rebase de topes de campaña.

La dirigente aseguró que los recursos legales buscarán que dichas conductas sean revisadas por las autoridades competentes y formen parte del análisis sobre la validez de la elección. Al explicar la postura de Morena, afirmó que la controversia no se limita al resultado final de los comicios, sino a las condiciones en las que se desarrolló la votación.

“Lo que nosotros no podemos permitir, adelante, es que se vulnere la democracia de esta manera; está en juego la legalidad íntegra del proceso electoral, pero también la libertad y la secrecia del voto, que es un valor fundamental para el respeto del sufragio”, declaró.

Con la presentación de estos recursos, la disputa por la integración del Congreso de Coahuila se trasladará al terreno legal, donde Morena buscará que se revisen los resultados obtenidos por el PRI en los 16 distritos locales.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco dio un nuevo paso en el proceso contra Hernán Bermúdez Requena, al solicitar una sentencia de 154 años de prisión contra quien fuera secretario de Seguridad estatal y a quien las autoridades identifican como líder de “La Barredora”. La petición fue presentada por los delitos de secuestro, asociación delictuosa y extorsión agravada, según información confirmada por autoridades estatales.

El avance judicial representa uno de los episodios más recientes de un caso que se remonta a la búsqueda y captura de Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo”. Antes de ser detenido, el exfuncionario abandonó el país y llegó a Paraguay, mientras en Tabasco ya era requerido por la justicia.

Cuando fue localizado y arrestado en septiembre de 2025, enfrentaba una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Desde entonces permanece sujeto a proceso penal.

Actualmente se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, considerado uno de los penales de máxima seguridad más importantes del país. El complejo penitenciario está ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, y concentra a personas acusadas o sentenciadas por delitos de alto impacto.

Por sus instalaciones han pasado figuras como Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara; Amado Carrillo Fuentes, identificado como “El Señor de los Cielos”; y Joaquín “El Chapo” Guzmán. En esa misma prisión también se encuentra recluido “Don Rodo”, hermano del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades señalan a Bermúdez Requena como líder de “La Barredora” en Tabasco, una organización vinculada al CJNG. Mientras permanece en El Altiplano, la fiscalía estatal busca que reciba una condena acumulada de 154 años de cárcel por los delitos que le atribuye.

Bermúdez ocupó la Secretaría de Seguridad de Tabasco durante la administración estatal encabezada por Adán Augusto.

Más de siete semanas después de la salida de Citlalli Hernández del gabinete federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum finalmente confirmó quién asumirá de manera permanente la conducción de la Secretaría de las Mujeres.

La designación recayó en Laura Itzel Castillo, actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado, quien se incorporará a la administración federal una vez que concluya sus responsabilidades legislativas.

La vacante se abrió el pasado 16 de abril, cuando Hernández dejó la dependencia para convertirse en presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena. Desde entonces, la Secretaría permaneció sin una titular formal mientras continuaban las actividades institucionales.

Durante ese periodo, la operación de la dependencia quedó bajo la responsabilidad de la subsecretaria Ingrid Gómez, quien mantuvo el funcionamiento de los programas y tareas vinculadas a la atención de las mujeres.

Fue este lunes cuando Sheinbaum puso fin a la incertidumbre sobre el relevo y adelantó que Castillo será la encargada de encabezar la Secretaría una vez que finalice su gestión en el Senado.

“Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno”, informó la mandataria.

La futura integrante del gabinete asumió la presidencia de la Mesa Directiva el 30 de agosto para un periodo de un año, por lo que aún deberá concluir ese encargo antes de trasladarse al Ejecutivo federal. De acuerdo con la presidenta, faltan alrededor de mes y medio para que se concrete el cambio.

Mientras tanto, Sheinbaum aseguró que las actividades de la dependencia no se han detenido durante el proceso de transición.

“Siguen avanzando las compañeras que están en la secretaría, todas las actividades relacionadas con las mujeres. Y en el momento en que se pueda incorporar —Laura Itzel Castillo—, ya se incorpora como secretaria de las Mujeres”, señaló.

Con este anuncio, el gobierno federal define la sustitución de Hernández y establece la ruta para que Castillo se integre al gabinete una vez concluida su responsabilidad al frente del Senado.

La disputa política por el legado del sexenio de Andrés Manuel López Obrador llegó este domingo a una instancia internacional. El Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional, donde busca que se investiguen presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al periodo de gobierno del exmandatario. 

La acción coloca bajo revisión internacional señalamientos relacionados con la crisis de violencia registrada entre 2018 y 2024. En su denuncia, el PAN menciona más de 200 mil homicidios, 150 mil personas desaparecidas, reclutamiento forzado de jóvenes y desplazamiento de comunidades.

El partido sostiene que esos hechos ocurrieron en un contexto marcado por la política de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, estrategia que, según expone en el documento entregado al tribunal, permitió el crecimiento de estructuras criminales en distintas regiones del país.

La acusación también incorpora referencias a organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

En su posicionamiento, el PAN afirmó que “El ‘narcopacto’ conocido como ‘abrazos, no balazos’ permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país”.

Además, el blanquiazul aseguró que existen elementos que evidencian presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales en entidades como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, gobernadas por Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La decisión de acudir a la Corte Penal Internacional, explicó el partido, responde a lo que considera una falta de condiciones para realizar investigaciones independientes dentro del país.

“Acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes (…) las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas. Y a los delincuentes la justicia tarde o temprano los alcanzará”, señaló la organización política. Con esta acción, el PAN trasladó sus acusaciones contra el expresidente mexicano al máximo tribunal internacional encargado de analizar posibles crímenes de lesa humanidad.

Un mensaje enviado a un grupo interno de legisladores de Morena terminó por escalar a una nueva confrontación entre oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados.

La polémica gira en torno a una instrucción atribuida al vocero morenista Arturo Ávila, difundida el pasado 28 de mayo, en la que se pedía dirigir acciones contra la diputada panista Paulina Rubio y lanzar ofensivas desde la tribuna contra el dirigente priista Alejandro Moreno.

“Queja a la mesa directiva, específicamente Paulina (Rubio), con todo. A todas y todos los compañeros: Uno, los que suban (a la tribuna), con todo contra Alejandro Moreno, sin límite, todos pidan la palabra”, señala el mensaje que ese día fue difundido por el medio de información Latinus mediante una captura de pantalla de la denominada “vocería de Morena”.

Horas después, la sesión en San Lázaro estuvo marcada por fuertes cuestionamientos contra Rubio, quien ocupaba la presidencia en funciones de la Mesa Directiva tras un acuerdo alcanzado entre los integrantes de ese órgano legislativo.

A partir de esos hechos, el diputado del PAN Federico Döring lanzó una ofensiva pública contra Ávila. En un video difundido en redes sociales aseguró que el legislador morenista instruyó a integrantes de su bancada para “golpear, calumniar y tratar de injuriar” a la panista desde la vicepresidencia de la Mesa Directiva.

El panista sostuvo además que detrás de las críticas contra Rubio hubo una acción coordinada y acusó que se recurrió a terceros para atacarla políticamente durante la sesión.

La controversia creció cuando la diputada de Morena Dolores Padierna intervino desde su curul para cuestionar la conducción de Rubio al frente de los trabajos legislativos.

“Esta Cámara de Diputados no se merece perfiles en la Mesa como ese. No ha sido la sesión más larga de esta legislatura. Ha sido la de mayor desgarriate creado por las panistas en la Presidencia”, expresó.

Federico Döring respondió con una serie de señalamientos dirigidos a figuras de Morena. Entre ellas mencionó al coordinador parlamentario Ricardo Monreal, así como a Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, a quienes pidió pronunciarse sobre la actuación de Ávila.

Durante su mensaje también cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que su compromiso de respaldo a las mujeres no se ha cumplido. Como parte de sus críticas, mencionó el caso de Karla Estrella y sostuvo que existe abandono frente a situaciones que involucran a mujeres.

La disputa dejó abierto un nuevo frente de confrontación política dentro de la Cámara de Diputados, ahora centrado en el contenido y alcance de una instrucción difundida desde un canal interno de Morena.

La movilización convocada en Veracruz para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó un obstáculo inesperado: el intenso calor. Mientras desde el escenario se lanzaban mensajes sobre soberanía nacional y respaldo político, decenas de asistentes comenzaron a retirarse de la Macroplaza del malecón antes de que concluyeran las intervenciones.

La jornada reunió a simpatizantes llegados desde distintos municipios del estado en autobuses, camionetas y vehículos particulares. Vestidos con prendas blancas y guindas, muchos siguieron los discursos bajo una temperatura de 38 grados a la intemperie. Sin embargo, conforme avanzaba el evento, numerosos participantes optaron por abandonar el lugar, algunos con tortas y jugos embolsados en las manos.

El acto coincidió con la celebración de los dos años del triunfo electoral de Sheinbaum y sirvió también como plataforma para que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, expresara su respaldo a la mandataria federal.

Durante su intervención, Nahle dirigió críticas a la oposición y la acusó de promover una eventual injerencia extranjera en la política nacional.

“Los actores de la derecha, conformados por el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano principalmente, buscan, cuales cobardes, la intervención extranjera en nuestra tierra, pensando los muy ilusos que con ello regresarán sus fueros, nada más absurdo y falso, porque como reza la frase histórica: Roma no paga traidores”, declaró.

La gobernadora sostuvo además que existe la posibilidad de una intervención externa en las elecciones intermedias de 2027. “Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones de México”, afirmó.

Acompañada por la alcaldesa del puerto de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, Nahle señaló que los grupos opositores buscan impulsar lo que denominó un “golpe blanco” y aseguró que la entidad respalda a la presidenta.

En el encuentro también estuvo presente Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), organismo encargado de supervisar y auditar el uso de recursos públicos en los 212 ayuntamientos veracruzanos, dependencias estatales y organismos autónomos.

Desde el puerto, Nahle evocó distintos episodios históricos vinculados con la defensa del país frente a España, Francia y Estados Unidos, al afirmar que Veracruz ha sido escenario de momentos clave para la nación.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, apareció este sábado arropada por figuras históricas y actuales del Partido Acción Nacional en una movilización que reunió a expresidentes, dirigentes nacionales y simpatizantes, en medio de la controversia generada por su citatorio ante la Fiscalía General de la República.

Después de una marcha por las principales vialidades de la entidad, cientos de personas se concentraron en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, donde la mandataria estatal recibió el respaldo público de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri y otros liderazgos panistas.

El encuentro se desarrolló días después de que Campos fuera llamada a comparecer ante la FGR dentro de la investigación relacionada con la presencia de agentes estadounidenses durante un operativo en el que fue desmantelado un laboratorio clandestino.

Desde el escenario, la gobernadora convirtió el acto en un mensaje político dirigido al gobierno federal y a Morena. Frente a los asistentes aseguró que Chihuahua será el punto de partida del fin de la Cuarta Transformación.

“La historia castigará a quienes traicionaron a la patria y se hincaron frente al crimen organizado, y los libros de historia van a escribir su nombre con tres letras: Morena, 4T, narcogobierno”, declaró.

Campos también sostuvo que el país no tendrá un destino similar al de Sinaloa, entidad que mencionó al señalar que el crimen organizado controla sistemas de riego y otros módulos gubernamentales. En ese contexto afirmó que “México va a recordar que el final de este régimen empezó aquí, en Chihuahua, con miles de almas valientes y libres”.

Antes de su intervención, Felipe Calderón tomó la palabra para expresar su respaldo a la mandataria y advertir sobre lo que considera un deterioro democrático en el país.

“En México se está construyendo un Estado autoritario que sólo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos y, como fui partícipe de esa construcción democrática, porque luché de joven, me tocó negociar la reforma política que trajo la transición democrática en México y permitió el triunfo de Vicente Fox; por eso me duele más asistir a la demolición de la democracia”, afirmó.

El exmandatario también llamó a la unidad y sostuvo que México necesita que “dejemos de confundir nación con facción, justicia con venganza, soberanía con impunidad”.

El mitin concluyó con el discurso de Maru Campos, cerrando una jornada marcada por el respaldo de la dirigencia panista a la gobernadora de Chihuahua.

La última sesión del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados derivó este jueves en una confrontación entre legisladores de Morena y PRI, marcada por mensajes internos, descalificaciones desde tribuna y protestas con mantas en el pleno de San Lázaro.

Antes del inicio de la sesión, el diputado morenista Arturo Ávila envió instrucciones a integrantes de su bancada mediante un grupo de mensajería. En el mensaje pidió intervenir contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y presentar reclamos dirigidos a la mesa directiva, en particular contra la panista Paulina Rubio. “Todos pidan la palabra”, escribió como parte de las indicaciones compartidas al mediodía.

Minutos después comenzaron las intervenciones desde la tribuna. El diputado de Morena, Mario Miguel Carrillo, afirmó que el PRI podría perder su registro en 2027 y responsabilizó directamente a Alejandro Moreno por la situación del partido.

A los señalamientos se sumó el legislador Guillermo Rafael Santiago, quien vinculó al dirigente priista con investigaciones judiciales y lanzó críticas también contra las dirigencias del PAN y Movimiento Ciudadano.

“Y ahora vamos con el PRI, Alejandro Moreno, un delincuente con fuero que tiene más de cuatro carpetas de investigación y que vaya que es un delincuente, que casi todo lo que se roba se lo gasta en bótox, cuidado con eso, por cierto”, declaró.

Mientras continuaban las participaciones de Morena, diputados del PRI organizaron una protesta desde los balcones del salón de sesiones. Carlos Gutiérrez Mancilla, junto con Ariana Rejón, Ivonne Ruiz y Xitlalic Ceja, desplegó mantas con mensajes contra Morena y con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos mayores.

Las lonas incluían frases como “El cártel de Morena. rateros, corruptos, asesinos, criminales” y “Morena, Los narcos del Bienestar”.

Las legisladoras priistas utilizaron además un megáfono y una sirena para lanzar consignas desde el segundo piso del recinto, mientras en tribuna esperaba intervenir el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez.

La tensión obligó al despliegue de personal de Protección Civil dentro del salón de sesiones ante el riesgo de una caída desde las galerías. Los elementos bloquearon parte del pasillo principal para restringir el paso. En medio del intercambio, la diputada Dolores Padierna criticó el desempeño de la presidencia de la Mesa Directiva encabezada por el PAN.

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, se presentó ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán en medio de las investigaciones derivadas de acusaciones internacionales que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La comparecencia ocurrió después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra el gobierno de Sinaloa encabezado por Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, entre ellos el legislador, a quienes se les atribuyen posibles nexos con la organización criminal y el presunto uso de cargos públicos para favorecer sus operaciones, particularmente a la facción de Los Chapitos.

Previo a la llegada del senador a la sede federal, también acudieron a la misma delegación el gobernador Rubén Rocha Moya y Juan De Dios Mendivíl, quienes se presentaron en el inmueble de la FGR en la capital sinaloense.

Tras su comparecencia, Inzunza Cázarez difundió un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó haber acudido sin representación legal. En su publicación señaló que se presentó “como abogado de mí mismo”.

En el mismo mensaje añadió: “Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

En paralelo a este proceso, el senador ha mantenido una ausencia en sus actividades legislativas. Desde que se difundieron las acusaciones en su contra, no ha acudido al Senado de la República y ha faltado en tres ocasiones a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, de la cual forma parte.

Las señalamientos internacionales también incluyen referencias a su desempeño previo en el gobierno estatal. Antes de asumir su escaño en la Cámara alta, Inzunza Cázarez se desempeñó como secretario general de Gobierno de Sinaloa entre 2021 y 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la acusación difundida por autoridades estadounidenses, durante ese periodo el ahora senador habría sostenido encuentros con presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, lo que forma parte de las líneas de investigación que motivan los señalamientos en su contra.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que se presentará el próximo 27 de mayo en Ciudad Juárez tras recibir un citatorio de la Fiscalía General de la República, aunque aseguró que el documento presenta inconsistencias.

Luego de participar en una reunión del gabinete de seguridad en el municipio de Cuauhtémoc, la mandataria estatal cuestionó la forma en que fue elaborada la notificación enviada por la FGR y señaló que existen diferencias en el trato hacia otros actores políticos relacionados con investigaciones federales.

“Muchas incongruencias en ese citatorio, un citatorio mal hecho, pero pues por supuesto que estaremos atendiendo a este citatorio, pero también pues decir que Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar, que seguimos trabajando”, declaró.

La comparecencia está relacionada con la presencia de dos agentes de la CIA durante un operativo contra la delincuencia organizada realizado en la sierra de Chihuahua. Campos Galván sostuvo que mientras a ella se le solicita comparecer por ese tema, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza se les convocó únicamente a entrevistas vinculadas con la solicitud de detención y extradición hacia Estados Unidos por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Durante sus declaraciones, la gobernadora también criticó a Morena y acusó al partido de proteger a personas señaladas por delitos. Como ejemplo mencionó al senador y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien, afirmó, mantiene una orden de aprehensión vigente en el estado por presunto peculado agravado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de poder.

Además, Campos indicó que analiza la posibilidad de presentar una contrademanda al considerar que no se respetó su investidura como titular del Ejecutivo estatal.

“Hay sanciones por supuesto en el código nacional de procedimientos penales cuando no se respeta la investidura de los funcionarios públicos, pero bueno no puedo hablar más porque ya es un tema jurídico que no me corresponde a mí hablarlo y porque pues estamos en las investigaciones”, expresó.

En paralelo, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional anunció acciones de respaldo a la gobernadora, incluida una movilización ciudadana programada en Chihuahua para el próximo 30 de junio.