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El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.

El debate sobre la posible inclusión de la revocación de mandato en 2027 mantiene tensiones entre aliados políticos. El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Benjamín Robles, reafirmó que su partido no respalda que este ejercicio coincida con la elección federal, al considerar que generaría condiciones desiguales en la contienda.

Desde su perspectiva, el principal problema radica en que la figura presidencial —actualmente encabezada por Claudia Sheinbaum— podría influir directamente en la orientación del voto. Robles sostuvo que este escenario favorecería a Morena al concentrar el respaldo ciudadano en torno a su liderazgo. “Es inequitativo y antidemocrático”, reiteró al explicar la postura del PT.

En entrevista el exdiputado federal subrayó que la negativa de su partido no es reciente, sino que se ha mantenido desde que se planteó integrar la revocación de mandato dentro del denominado “plan B” de la reforma electoral. Recordó que el 17 de marzo ya habían anticipado su rechazo con una posición firme: “en eso no vamos a transitar”.

Aunque reconoció que todos los partidos enfrentarían un escenario similar, Robles insistió en que la simultaneidad de ambos procesos alteraría la equidad. “Como la presidenta es de Morena, va a jalarse el voto para su partido”, admitió, al tiempo que descartó que la preocupación principal sea la permanencia del PT como fuerza política. Aseguró que su partido ha tenido resultados favorables cuando compite por separado.

El dirigente también señaló que la discusión legislativa aún no está cerrada. La reunión de comisiones del Senado, en la que se analizaría el dictamen correspondiente, fue aplazada, lo que abrió una ventana para continuar el diálogo. Robles interpretó este cambio como una oportunidad para intentar modificar la propuesta.

Detalló que inicialmente se contemplaba una reunión a la 1 de la tarde, la cual posteriormente fue reprogramada. Indicó que el ajuste en la agenda responde, entre otros factores, a la espera del dirigente petista Alberto Anaya. A pesar de estos movimientos, enfatizó que la postura del partido permanece sin alteraciones.

El PT, añadió, buscará convencer a otros actores políticos sobre los riesgos que identifica en la iniciativa. Mientras tanto, el aplazamiento en el Senado extiende el margen para negociaciones en torno a un tema que, de avanzar, podría redefinir el escenario electoral de 2027.

De cara al proceso electoral de 2027, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció un cambio estructural en la forma en que definirá a quienes lo representarán en las urnas. La dirigencia nacional informó que dejará atrás los métodos tradicionales de designación interna para dar paso a un esquema en el que la ciudadanía tendrá un papel central en la elección de candidaturas.

Durante un evento partidista, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, explicó que el nuevo mecanismo contempla varias etapas diseñadas para medir el posicionamiento real de quienes aspiren a competir por un cargo público. El modelo incluye un registro inicial, seguido de entrevistas, un periodo de recolección de firmas y una serie de presentaciones en distintos foros, antes de avanzar a una fase de debates públicos entre finalistas.

El proceso culminará con una decisión directa de la ciudadanía, que será la encargada de definir quién obtiene la candidatura. Para participar, los interesados deberán completar su inscripción mediante una aplicación digital habilitada para este fin.

Romero Herrera detalló que este rediseño busca sustituir las prácticas que durante años dominaron la vida interna del partido, cuando las candidaturas se resolvían en convenciones o por determinación de las dirigencias. En contraste, la nueva ruta pone énfasis en el nivel de reconocimiento público de cada aspirante como criterio principal.

“Si quieres decididamente competir, medirte; si quieres defender a México, entrarás a un esquema real de medición entre los que tienen las aspiraciones; si acabas siendo el más reconocido, entonces vas a ser nuestro candidato”, afirmó el dirigente.

El líder panista también subrayó que no habrá espacio para decisiones centralizadas en las cúpulas del partido. “La decisión de estas candidaturas también quedará en manos de la gente que decida quién quiere que la represente, así de fácil, no habrá imposiciones cupulares, la gente decide (…) será una decisión ciudadana empoderando a otros ciudadanos, esta fue la visión original de nuestros fundadores”, señaló.

Además, estableció un criterio estricto respecto a los perfiles que podrán participar en este nuevo esquema. “Aquí no permitiremos ni la más mínima aproximación de personas que tengan que ver con el crimen organizado. Aquí ni en la última regiduría de este país serán aceptados”, sostuvo.

La dirigencia del PAN enmarca esta estrategia como parte de su preparación rumbo a 2027, con el objetivo de fortalecer su competitividad electoral frente a Morena, en un escenario donde busca recuperar terreno político a través de un modelo que prioriza la participación ciudadana en la toma de decisiones internas.

La posibilidad de una alianza opositora en Veracruz rumbo a las elecciones de 2027 fue descartada por dirigentes de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusiera unir fuerzas para enfrentar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La iniciativa fue presentada el 17 de marzo por el dirigente priista Adolfo Ramírez Arana durante una conferencia de prensa, donde planteó que los partidos de oposición debían construir un frente común ante el escenario político en el estado y el país.

El líder tricolor argumentó que tanto México como Veracruz atraviesan un contexto de retrocesos y que la fragmentación de la oposición favorece a quienes actualmente gobiernan. En ese sentido, convocó públicamente a las dirigencias estatales del PAN y Movimiento Ciudadano a considerar una alianza electoral.

“Si quieren a Veracruz, si no quieren que continúen los atropellos que estamos viviendo, si quieren un mejor gobierno, mayor vigilancia, mejores leyes, así como mejorar la salud y la educación, vamos juntos”, expresó Ramírez Arana al insistir en la necesidad de una candidatura conjunta.

Pese al llamado, la respuesta de ambas fuerzas políticas fue negativa. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell de la Hoz, rechazó de forma directa la propuesta y aseguró que su partido participará en los próximos comicios sin coaliciones.

El político emecista también reaccionó con ironía al planteamiento del PRI. “el Fofo me da ternura”, declaró al referirse a Ramírez Arana, al tiempo que reiteró que su organización buscará competir con una estrategia independiente. “Movimiento Ciudadano irá en alianza con los veracruzanos. La suma de membretes la sociedad ya advirtió que no es viable para nosotros”, señaló.

El dirigente también argumentó que el escenario electoral en Veracruz ha cambiado y que su partido ha ganado terreno en los últimos procesos. Como ejemplo, recordó los resultados de la elección de 2025, en la que Movimiento Ciudadano obtuvo 583 mil 569 votos, colocándose como segunda fuerza política en la entidad. En ese mismo proceso, el PAN registró 415 mil 797 votos y el PRI se ubicó en el cuarto lugar con 337 mil 949 sufragios.

Desde el PAN, su dirigente estatal Federico Salomón Molina también rechazó la propuesta del PRI y cuestionó la postura de Ramírez Arana. “hace un año por no hacer las alianzas municipales me tacharon de oficialista y ahora resulta que hay que ir juntos, le falta prudencia y memoria a Adolfo”, afirmó.

Dentro del propio PRI, la secretaria general estatal Carolina Gudiño Corro sostuvo que el partido se mantiene preparado para competir sin coaliciones, aunque dejó abierta la posibilidad de acuerdos electorales.

Las elecciones previstas para 2027 en Veracruz contemplan la renovación del Congreso de la Unión y del Congreso local, en un escenario político donde las dirigencias partidistas ya comienzan a definir sus estrategias y posicionamientos frente a los comicios.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional que plantea reducir el gasto en órganos legislativos, modificar reglas sobre la revocación de mandato presidencial y ajustar las remuneraciones de autoridades electorales.

El documento fue entregado por Juan Ramiro Robledo, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y al coordinador de Morena, Ignacio Mier. La propuesta contempla modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución con el objetivo de optimizar el uso del presupuesto público y destinar los ahorros a sectores que más lo requieren.

Uno de los puntos principales es la reducción del gasto legislativo. En el caso del Senado, el proyecto plantea disminuir el presupuesto en 15% el próximo año respecto al aprobado para 2026. Para los congresos estatales se propone establecer un límite: su presupuesto anual no deberá superar el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.

La iniciativa también incluye cambios en la integración de las legislaturas locales. Entre ellos, se plantea prohibir la reelección inmediata de diputadas y diputados estatales. Asimismo, se establecen restricciones para evitar candidaturas con vínculos familiares con quienes ocupan una diputación.

El documento señala: “En ningún caso, podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación”.

En materia de revocación de mandato, el proyecto establece que la consulta para la persona titular del Ejecutivo federal podrá solicitarse una sola vez y únicamente durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo presidencial, lo que ubicaría el proceso en 2026 o 2027. La iniciativa también contempla que la persona titular del Ejecutivo pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, aunque mantiene la prohibición de utilizar recursos públicos para la recolección de firmas o la contratación de propaganda.

La reforma también propone que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales se ajusten a los límites establecidos en el artículo 127 constitucional y elimina prestaciones financiadas con recursos públicos que no estén previstas en la ley.

De acuerdo con la iniciativa, los cambios permitirían generar ahorros estimados en 4 mil millones de pesos anuales. Estos recursos permanecerían en la hacienda pública municipal y deberán destinarse a obras de infraestructura en beneficio de la población.

La negociación del denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum continúa sin un acuerdo definitivo entre Morena y sus aliados legislativos, luego de que el coordinador de los diputados del partido guinda, Ricardo Monreal, asegurara que las conversaciones con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) siguen abiertas.

En un comunicado, Monreal explicó que existe disposición de ambas fuerzas políticas para avanzar en la iniciativa, pero aclaró que el consenso todavía no se ha concretado. “Hay una actitud positiva del PVEM y el PT, sin embargo todavía no hay arreglo sobre la iniciativa presidencial”, señaló el legislador.

Las negociaciones se desarrollan en la Secretaría de Gobernación, donde representantes de los partidos de la coalición oficialista mantienen reuniones para revisar el contenido del proyecto. De acuerdo con el coordinador parlamentario, las conversaciones no sólo se centran en la reforma electoral, sino también en la continuidad de la alianza política entre Morena, PVEM y PT para futuros procesos legislativos.

Monreal subrayó que, ante el contexto político actual, es necesario mantener la unidad dentro del movimiento. En ese sentido, mencionó que existe un escenario de hostilidad y amenazas provenientes del gobierno de Estados Unidos hacia México, lo que —dijo— hace indispensable fortalecer la coordinación entre los partidos aliados.

Sus declaraciones contrastan con lo expresado horas antes por el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien aseguró que el acuerdo sobre el Plan B se encontraba prácticamente concluido tras una reunión celebrada en la Secretaría de Gobernación.

El encuentro fue encabezado por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, y contó con la participación de la consejera jurídica del Ejecutivo, Esthela Damián, así como dirigentes y legisladores del PVEM y el PT. La reunión inició la tarde del viernes y concluyó durante la madrugada del sábado.

Mientras continúan las conversaciones, el coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar, señaló que el dictamen podría discutirse y votarse en el Congreso de la Unión entre el 24 y 25 de marzo, una vez que se definan los últimos ajustes al proyecto.

El denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en su proceso político y legislativo, luego de que Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) alcanzaran acuerdos para encaminar su discusión en el Congreso de la Unión entre el 24 y 25 de marzo.

El proyecto se encuentra actualmente en revisión del Ejecutivo federal a través de la consejera jurídica Esthela Damián. Se prevé que durante su gira de fin de semana la presidenta adelante algunos de los acuerdos alcanzados con los partidos de la coalición oficialista antes de que la iniciativa sea enviada formalmente a alguna de las cámaras legislativas en los primeros días de la próxima semana.

Las negociaciones que permitieron destrabar el proyecto se llevaron a cabo en una reunión encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde participaron dirigentes del PVEM y del PT. En ese encuentro se resolvieron los principales puntos de desacuerdo que mantenían los partidos aliados respecto a la propuesta de reforma.

Uno de los temas abordados fue el mecanismo de revocación de mandato. El documento contempla dos posibles momentos para realizar este ejercicio: el tercer o el cuarto año del gobierno. De acuerdo con el dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, esta definición aún deberá resolverse en el proceso legislativo. El dirigente señaló que el ejercicio no es obligatorio, ya que requiere una convocatoria previa, y consideró que podría realizarse en 2028 si se decide llevarlo a cabo.

Otro punto discutido fue la posibilidad de realizar consultas populares en materia electoral. El articulado plantea permitir consultas en temas específicos vinculados con la participación ciudadana o la modernización del sistema electoral, como la reducción de la edad para votar o la implementación del voto electrónico. Sin embargo, el documento establece límites para evitar que ciertos aspectos del sistema electoral sean sometidos a consulta.

Entre los temas que no podrán ser consultados se encuentran el financiamiento público a los partidos políticos, las prerrogativas en radio y televisión, la estructura del Instituto Nacional Electoral y la integración de las cámaras legislativas, conforme a lo establecido en la Constitución.

En paralelo, el coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Puente Salas, informó a su bancada que “está por concretarse un acuerdo con el gobierno federal” para avanzar en la aprobación del Plan B. El legislador señaló que las negociaciones recientes permitieron construir una alternativa que facilitaría el respaldo conjunto de los partidos de la coalición oficialista.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, advirtió sobre la posibilidad de que el partido gobernante Morena y el gobierno federal estén detrás de la formación de nuevos partidos políticos con miras a las elecciones federales y locales de 2027. De acuerdo con el legislador, esta estrategia podría buscar fragmentar el voto durante los próximos comicios.

Castañeda señaló que el proceso de creación de nuevas fuerzas políticas que actualmente se desarrolla ante el Instituto Nacional Electoral (INE) debe ser observado con atención. El senador subrayó la importancia de identificar quién impulsa a las asociaciones que buscan convertirse en partidos políticos y cuál es el objetivo de su participación en el escenario electoral.

“Hay que estar muy atentos de lo que sucede con la creación de partidos políticos. Porque me parece que ahí el régimen lo que intenta hacer desde el poder es fragmentar justamente la votación”, afirmó el legislador al referirse al proceso de registro que se encuentra en marcha.

El coordinador parlamentario insistió en que también es necesario revisar si las agrupaciones que buscan su registro cumplen con todos los requisitos establecidos por la ley. Además, planteó analizar con qué propósito se conforman estas organizaciones y cuáles son las expectativas electorales que podrían tener rumbo a los próximos comicios.

Castañeda llamó a “sacar la antena” sobre este tema, al considerar que el oficialismo podría enfrentar una contienda electoral compleja en 2027. En ese contexto, señaló que el comportamiento político actual se asemeja a prácticas observadas en el pasado.

“Como este oficialismo se comporta de forma muy similar a como se comportaba el régimen priista, no hace falta tener una bola de cristal para tratar de prever que mucho de los nuevos partidos políticos será parte de la construcción de la estrategia electoral del oficialismo”, expresó.

Mientras se desarrolla el proceso de registro, diversas organizaciones avanzan en los requisitos necesarios para convertirse en partidos políticos nacionales. Entre ellas se encuentra Somos México, agrupación vinculada al movimiento ciudadano conocido como Marea Rosa. También figura Construyendo Sociedades de Paz, organización que surge tras la desaparición del partido Encuentro Social, así como México tiene Vida, proyecto político relacionado con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Datos del INE indican que actualmente 65 organizaciones buscan obtener el registro como partido político nacional. Sin embargo, hasta ahora solo tres han logrado avanzar en uno de los requisitos clave del proceso: reunir al menos 256 mil afiliaciones válidas.

El proceso de revisión continuará dentro del organismo electoral mientras las agrupaciones interesadas completan las etapas establecidas por la legislación para poder participar formalmente en el sistema de partidos políticos de México rumbo a las elecciones de 2027.

La discusión de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en el Congreso de la Unión en medio de una clara división incluso entre los partidos aliados del oficialismo. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció públicamente que no espera un cambio en la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), quienes ya adelantaron su voto en contra del proyecto.

El legislador explicó que ambas fuerzas políticas hicieron pública su posición desde hace aproximadamente dos semanas, por lo que su postura ya no genera sorpresa dentro de la discusión parlamentaria. Monreal señaló que, independientemente de cuándo se lleve la iniciativa al pleno —ya sea en los próximos días o semanas—, considera difícil que el PVEM y el PT modifiquen su decisión respecto al documento legislativo enviado por el Ejecutivo federal.

A pesar de esta diferencia, el líder de la bancada morenista subrayó que su grupo parlamentario respetará la determinación de sus aliados. En ese sentido, sostuvo que Morena se mantendrá firme en la defensa de la iniciativa impulsada por la presidenta y reiteró el respaldo político del partido a la mandataria en el contexto actual del debate legislativo.

Mientras tanto, la ruta legislativa de la reforma continúa. Este martes por la tarde se reunirán las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para discutir y votar el dictamen de la iniciativa presidencial. De avanzar en esta etapa, el documento podría ser llevado al pleno de la Cámara de Diputados para su votación al día siguiente.

De forma paralela, Monreal adelantó que se analiza la posibilidad de organizar un debate previamente acordado entre los grupos parlamentarios. La propuesta contempla definir un número específico de oradores para ordenar la discusión en tribuna, un planteamiento que será revisado dentro de la Junta de Coordinación Política.

El coordinador morenista también hizo un llamado a que el intercambio de posturas en el Congreso se mantenga dentro de un marco de respeto entre todas las fuerzas políticas. Afirmó que el debate parlamentario debe servir para fijar posiciones y contrastar argumentos, sin recurrir a descalificaciones o confrontaciones, tanto entre aliados como con partidos de oposición.

Además del análisis de la reforma electoral, el Congreso enfrenta otra agenda relevante en las próximas semanas: la renovación parcial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Tres integrantes del órgano electoral concluirán su periodo el próximo 4 de abril: Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel.

Monreal indicó que, antes de iniciar ese proceso, la Cámara de Diputados debe resolver los temas legislativos inmediatos, entre ellos la propia reforma electoral y otros asuntos en revisión. Una vez concluidas esas discusiones, se prevé que la próxima semana pueda emitirse la convocatoria para elegir a los tres nuevos consejeros del INE que sustituirán a quienes terminan su encargo en abril.

El partido Morena comenzó a trazar la ruta interna con miras a las elecciones intermedias de 2027. Durante su VII Consejo Nacional se acordó que en junio serán seleccionados los perfiles que encabezarán la estructura política en las entidades donde habrá renovación de gubernaturas, figuras que internamente serán denominadas “coordinadores estatales”.

La decisión busca ajustarse a los tiempos electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral, por lo que estos nombramientos funcionarán como una etapa previa de organización territorial y electoral dentro del partido.

Jesús Ramírez Cuevas confirmó que estos coordinadores tendrán la tarea de supervisar la estructura política en los estados donde se celebrarán comicios, además de unificar el trabajo territorial rumbo a la contienda.

La selección de los perfiles se realizará bajo el mecanismo que Morena ha utilizado en distintos procesos internos: la definición a través de encuestas. Ramírez Cuevas indicó que este método será aplicado para determinar quién encabezará las coordinaciones estatales en los estados que renovarán gubernatura.

Durante la reunión partidista también se planteó que el proceso se lleve a cabo bajo un esquema de “piso parejo” para todos los aspirantes. De acuerdo con lo expuesto en el Consejo Nacional, se habilitarán espacios de interlocución para escuchar a quienes busquen participar en el proceso interno.

Entre los acuerdos también se establecieron lineamientos para evitar conflictos durante la etapa previa al proceso interno. Morena llamó a sus aspirantes a no anticipar campañas ni recurrir a estrategias de promoción fuera de las reglas partidistas.

Las disposiciones incluyen no contratar espectaculares, evitar el uso de recursos para publicidad en redes sociales o espacios en medios de comunicación y respetar los tiempos y convocatorias que establezca el partido.

Asimismo, se acordó la creación de un órgano encargado de supervisar y revisar las nuevas solicitudes de militancia. Este mecanismo tendrá la función de verificar que quienes busquen integrarse al partido compartan los principios, estatutos y objetivos del movimiento.

Las definiciones forman parte de la preparación rumbo a la jornada electoral del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán 500 diputaciones federales, además de 17 gubernaturas. Entre estas se encuentran los estados de Aguascalientes y Quintana Roo, cuyos gobiernos estatales fueron elegidos en 2022 por un periodo único de cinco años para alinearse con el calendario de elecciones intermedias federales.

En esa misma jornada también estarán en disputa 30 congresos locales y las alcaldías de 30 entidades, lo que representa más de 20 mil cargos públicos que se definirán en uno de los procesos electorales más amplios del país.