Etiqueta: Estado de México

El día de ayer se llevó a cabo un paro nacional de transportistas de vehículos pesados en diversas vías del país en busca de garantías de seguridad durante sus trayectos. Esta medida surge como respuesta al aumento de asaltos y violencia en carreteras federales, según informa la Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (Indeco).

En Veracruz, transportistas se unieron a la protesta nacional debido a extorsiones por parte de autoridades federales y la creciente inseguridad en las vías de comunicación. En el sur y centro del estado, se iniciaron protestas con bloqueos intermitentes y reducción de velocidad en tramos clave para exigir una mayor protección.

Por su parte, en Jalisco, se reportaron manifestaciones en puntos estratégicos como el kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Colima y en la vía que conecta Lagos de Moreno con San Juan de los Lagos.

En Querétaro, a pesar de los acuerdos alcanzados en mesas de trabajo a nivel nacional, transportistas de la Federación Mexicoamerica de Transportistas (Fematrac) anunciaron su manifestación en la carretera México-Querétaro, específicamente en el tramo correspondiente al municipio de San Juan de Río.

En Chiapas, los transportistas turísticos y de carga realizaron un paro en municipios como Tapachula, Comitán y San Cristóbal, exigiendo a las autoridades una mayor seguridad en las carreteras ante los constantes asaltos.

En Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, los transportistas se movilizaron en caravana desde la zona portuaria hasta el monumento del Venadillo, manifestándose contra la violencia en las carreteras.

En Chihuahua, tanto en la capital como en Ciudad Juárez, grupos de transportistas se unieron a la manifestación nacional, exigiendo seguridad en las carreteras.

En Guanajuato, más de 50 traileros se movilizaron desde la Puerta Milenio en León hasta la carretera León-Irapuato, demandando resultados concretos por parte de la Guardia Nacional para garantizar su seguridad.

Finalmente, en el Estado de México, transportistas se congregaron en la autopista México-Pachuca, cerca de la caseta de cobro de Ojo de Agua, para exigir mayor seguridad y denunciar extorsiones por parte de las autoridades.

La protesta busca llamar la atención del gobierno federal para implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad de los transportistas en todo el país.

En un contundente señalamiento, Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial, ha puesto bajo los reflectores uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno actual: la Megafarmacia del Bienestar, un proyecto que, según Gálvez, encarna la ineptitud y corrupción de la administración actual.

Con cifras alarmantes, la líder opositora arremetió en redes sociales: “Nos costó 2 mil millones de pesos. Es de 90 mil metros cuadrados. ¡Y surte en promedio sólo cinco recetas al día!”.

Estas palabras resonaron con fuerza, dejando al descubierto el dispendio de recursos en un proyecto que, a todas luces, no cumple con las expectativas ni las necesidades de la población.

La Megafarmacia del Bienestar fue inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con gran pompa el 29 de diciembre en Huehuetoca, Estado de México. Concebida como una solución integral para el suministro de medicamentos en las instituciones federales de atención médica, el proyecto pretendía asegurar que ningún derechohabiente del IMSS, ISSSTE o de los estados federalizados en IMSS-Bienestar se quedara sin su medicamento.

Sin embargo, la realidad ha sido otra, y Xóchitl Gálvez no ha escatimado en calificativos contundentes. En una sociedad donde el acceso oportuno a los medicamentos es vital, la Megafarmacia se ha convertido, según Gálvez, en un símbolo de desaciertos y malas decisiones.

Durante un foro de salud pública, Gálvez reafirmó sus críticas y llamó a mejorar la distribución de medicamentos de manera eficiente. Ante la revelación de que la Megafarmacia solo ha surtido 67 recetas en 22 días, la precandidata presidencial no dudó en calificar la situación como una “tomada de pelo”.

En este escenario, Gálvez lideró una mesa de salud pública en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN). La reunión, que contó con la participación de estructuras del PAN, se centró en buscar soluciones concretas para el desabasto de medicamentos en el país.

En un llamado a la responsabilidad y transparencia, Xóchitl Gálvez reiteró la necesidad de incrementar el gasto destinado al sector salud. En específico, propuso alcanzar un 7.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la salud. Esta medida se presenta como parte de una estrategia más amplia para mejorar el sistema de salud en México.

Durante la mesa de salud pública, la líder panista resaltó la importancia de recuperar el valor de la vida y colocar la salud como una de las prioridades para los mexicanos. Además, desmintió la narrativa gubernamental sobre la gratuidad de insumos y medicamentos, particularmente en las zonas marginadas del país.

Los datos impactantes compartidos por Gálvez, que revelan altas cifras de muertes por Covid-19 y exceso de mortalidad por diabetes, subrayan la urgencia de abordar las deficiencias del sistema de salud en México.

La crítica de Gálvez apunta a una llamada de atención, recordándonos que la gestión de la salud pública es una responsabilidad colectiva que no admite errores ni improvisaciones.

La madrugada de este domingo, se oficializó ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la creación de la alianza “Corazón y Fuerza”, integrada por los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, de cara a los próximos comicios locales.

Cerca de la medianoche del sábado, los representantes de dichos partidos se presentaron ante la oficialía de partes del IEEM para formalizar por escrito esta colaboración estratégica. La líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ana Lilia Herrera Anzaldo, compartió su opinión a través de redes sociales, afirmando que la decisión de aliarse responde al llamado de la ciudadanía para contrarrestar el abuso del poder. “Ir aliados es muestra de nuestro compromiso con la democracia, de que ponemos por encima de los intereses particulares lo que es mejor para los mexiquenses”, expresó.

En otro mensaje, Herrera Anzaldo subrayó que la unión de PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza es un “mandato ciudadano” frente a los desafíos que enfrenta la entidad. Aseguró que estos partidos trabajarán conjuntamente, aportando su inteligencia política y cercanía con la ciudadanía para representar sus causas.

Cabe destacar que también Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista en el Estado de México han manifestado su intención de formar una alianza para participar en las urnas el próximo 2 de junio. En ambos casos, se espera que estos bloques políticos especifiquen en qué municipios y distritos cada partido encabezará las fórmulas, respetando criterios como la representatividad y género establecidos por ley.

La asignación de candidaturas es un aspecto crucial, ya que determinará el aporte de recursos por parte de cada partido para los gastos en el proceso proselitista y, tras la jornada electoral, la distribución de votos que impactará en los recursos financieros asignados por la autoridad electoral.

La tarde de este sábado 20 de enero, una noticia estremecedora conmocionó a México y reabrió heridas que aún no cicatrizan: ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa fueron liberados bajo el beneficio de libertad condicional.

La jueza Segundo de Distrito en Proceso Penales Federales de Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no eran suficientes para justificar la prisión preventiva oficiosa, desatando un debate en la sociedad y reavivando el dolor de las familias de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.

Los militares en cuestión, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, han estado privados de su libertad desde junio pasado en la prisión del Campo Militar 1-A.

La noticia de su liberación, sin duda, genera interrogantes sobre el avance de la justicia y la resolución del emblemático caso Ayotzinapa, que ha marcado un capítulo oscuro en la historia mexicana.

La decisión de la jueza incluye la imposición de una fianza de 50,000 pesos para cada militar, una cantidad que ha suscitado críticas y cuestionamientos en la opinión pública. Además, deberán cumplir con medidas cautelares estrictas, como presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, entregar sus pasaportes y se les prohíbe salir del país. Este conjunto de condiciones busca, según la jueza, garantizar que los procesados no evadan la justicia, pero ha generado un debate sobre la efectividad de estas medidas.

La conexión de los militares con el grupo criminal Guerrero Unidos, según un testigo protegido, fue un elemento clave en sus detenciones, aunque cabe destacar que estos ocho individuos se entregaron voluntariamente a las autoridades para ser investigados. El grupo Guerrero Unidos es señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una tragedia que ha dejado cicatrices imborrables en la memoria colectiva mexicana.

Esta decisión judicial llega en un momento crucial para México, donde el caso Ayotzinapa ha sido uno de los grandes pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de reconocer que es una de sus promesas incumplidas, el mandatario defiende los avances en la investigación. Sin embargo, la liberación de estos militares plantea interrogantes sobre la dirección y el progreso del caso.

La Comisión de la Verdad del Gobierno, en 2022, calificó el hecho como un “crimen de Estado” que involucró a autoridades de todos los niveles gubernamentales, incluyendo al Ejército, en complicidad con el crimen organizado. Este reconocimiento elevó la gravedad del caso, y la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este año intensificó la polémica, al denunciar obstrucciones de las Fuerzas Armadas en la investigación.

El proceso judicial ha sido largo y complejo, con la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo jugando un papel central en esta última resolución. Su determinación de aplicar la prisión preventiva, revisada posteriormente, y ahora la libertad condicional, ha generado reacciones divididas. La sociedad exige respuestas claras, la verdad sobre lo ocurrido y justicia para los afectados.

En medio de un panorama de sequía y desafíos en el suministro de agua, 16 municipios del Estado de México se ven impactados por una nueva reducción en el Sistema Cutzamala, afectando a 420 mil personas.

La Secretaría del Agua del Estado de México (SAEM) ha emprendido una serie de medidas para abordar esta situación, que incluyen el aprovechamiento de nuevas fuentes de agua, el combate al huachicoleo y la implementación de 22 obras hidráulicas.

Los municipios afectados, entre ellos Acolman, Ecatepec, Toluca, y Naucalpan, se han visto convocados a asumir medidas de conservación del vital líquido. La SAEM busca una distribución equitativa del agua, instando a los organismos municipales a generar políticas de equidad en el abasto y priorizar el consumo humano para necesidades básicas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) había anunciado la reducción del caudal del Sistema Cutzamala de 9.2 a 8.2 metros cúbicos por segundo desde el 12 de enero. Ante esta situación, la SAEM implementará 22 obras hidráulicas para aliviar la escasez del agua, enfocándose especialmente en comunidades más vulnerables.

Desde Naucalpan hasta Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza, los organismos del agua han instado a la población a adoptar medidas de conservación, dado el “descenso alarmante” en las presas del Sistema Cutzamala.

El primer recorte del 2024, y el tercero desde el 2022, ha generado preocupación en 13 alcaldías de la Ciudad de México y ha afectado a aproximadamente 20 millones de habitantes.

En un comunicado de la Comisión del Agua del Estado de México (Caem), se explicó que la reducción responde a las condiciones de sequía en el centro del país, afectando los embalses del Sistema Cutzamala. El descenso del suministro pasó de 9.5 a 8.0 metros cúbicos por segundo, generando una alerta en los organismos del agua que buscan mitigar el impacto en la población.

Huixquilucan, por ejemplo, experimentará una reducción del 50% en el suministro y presión en las líneas de agua potable. Colonias densamente pobladas como Interlomas, Bosques, y comunidades populares, se verán afectadas. En Cuautitlán Izcalli, Operagua hace un llamado urgente a la población para tomar medidas de conservación, destacando el compromiso en garantizar el suministro de agua.

En Atizapán de Zaragoza, Sapasa continúa aplicando medidas de apoyo a la ciudadanía, como tandeos estratégicos y la distribución de agua a través de pipas. Además, se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de pozos y la perforación de nuevos, buscando paliar la reducción del suministro.

Ante este desafío hídrico, la SAEM también hace un llamado a la ciudadanía para reportar fugas, falta de servicio y venta ilegal de agua, promoviendo la participación activa en la preservación del recurso. En este contexto, las acciones de las autoridades y la conciencia ciudadana se convierten en elementos clave para superar este desafío y garantizar el acceso sostenible al agua en la región.

El Gobierno del Estado de México ha tomado una medida decisiva ante los desafíos de seguridad en Texcaltitlán, asignando al general brigadier diplomado de Estado Mayor, Claudio Edmundo Huizar de la Torre, como comandante del Mando Especial Texcaltitlán.

Esta decisión surge en respuesta a un enfrentamiento ocurrido el pasado 8 de diciembre entre habitantes y presuntos extorsionadores de La Familia Michoacana, que resultó en la muerte de 14 presuntos delincuentes y la desaparición de 14 personas, marcando un punto crítico que exigió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval.

El general Huizar de la Torre, con más de 35 años de servicio y una destacada carrera, asume la responsabilidad de construir la paz en la zona sur del Estado de México. La actuación del Mando Especial será en estrecha coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, así como con las secretarías de Seguridad Pública y fiscalías de varios estados, destacando Michoacán y Guerrero.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez lideró la ceremonia de toma de protesta, expresando su reconocimiento y agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como a los cuerpos de seguridad y justicia estatales y federales que contribuyen diariamente a la paz y tranquilidad en la entidad.

El General Huizar de la Torre, graduado del Heroico Colegio Militar como Subteniente de Infantería, cuenta con una sólida experiencia, desempeñándose en roles destacados, como comandante del 102 Batallón de Infantería en San Miguel Ixtapan y del 94 en Culiacán, Sinaloa.

Además, ha ocupado puestos clave, como jefe de la Subsección de Información de la Sección Segunda del Estado Mayor conjunto de la Defensa Nacional y jefe de la Comisión de Inspección y Auditoría No. 4 de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.

Su principal encomienda será garantizar la seguridad en la zona sur del Estado de México y restablecer la confianza de la ciudadanía en los elementos de seguridad. La designación surge como respuesta directa a los trágicos eventos del 8 de diciembre de 2023, cuando los habitantes de Texcaltitlán se enfrentaron a miembros de un grupo de extorsionadores de la Familia Michoacana, resultando en la muerte de “El Payaso”, líder del grupo.

Es relevante destacar que esta designación marca un hito, siendo la primera vez que se asigna un comandante del Ejército Mexicano como Mando Especial en el Estado de México. El General Huizar de la Torre tendrá una presencia permanente en la zona sur, con base operativa en Texcaltitlán, y dependerá de la 22 Zona Militar.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez enfatizó la importancia de la colaboración y expresó su reconocimiento a la Sedena y a los cuerpos de seguridad y justicia estatales y federales que operan en la entidad, subrayando la necesidad de un esfuerzo conjunto para restaurar la paz en Texcaltitlán y sus alrededores.