Etiqueta: discusión

La discusión sobre la reforma electoral sigue abierta en el Senado. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará su iniciativa, el coordinador del Partido Verde en la Cámara Alta, Manuel Velasco, informó que aún no existe consenso y que el proceso de análisis continúa.

Durante la sesión del pleno, Velasco explicó que su bancada está a la espera del documento oficial para definir postura. Señaló que, si la propuesta fortalece la democracia y beneficia al país, contará con su respaldo. Mientras tanto, confirmó que el PVEM ha sostenido planteamientos específicos ante la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y ante el presidente de la comisión presidencial encargada del tema, Pablo Gómez.

Entre los puntos impulsados por el Partido Verde destacan la implementación del voto electrónico y la posibilidad de que jóvenes de 16 años participen en elecciones. También proponen mayores controles para impedir la infiltración del crimen organizado en candidaturas, así como restricciones más estrictas y mecanismos de supervisión adicionales. Otro eje planteado es la reducción de prerrogativas a partidos políticos, siempre bajo un esquema equitativo.

Respecto a la integración de la Cámara de Diputados, Velasco reconoció que existen diversas alternativas para modificar el sistema de legisladores plurinominales; sin embargo, ninguna ha logrado respaldo generalizado hasta ahora.

En paralelo, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentará su propia iniciativa de reforma electoral. Los senadores Marko Cortés y Raymundo Bolaños detallaron que su propuesta busca sancionar con mayor severidad la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

El planteamiento central establece que, si se comprueba financiamiento ilícito en una contienda, la elección deberá anularse sin importar la diferencia de votos. Además, el partido y el candidato involucrados quedarían impedidos para competir en una eventual elección extraordinaria. En casos donde la injerencia criminal sea generalizada, incluso se contempla la cancelación del registro del partido político implicado.

En materia de representación proporcional, los legisladores panistas proponen un modelo híbrido: 100 curules asignadas a primeras minorías en distritos federales y otras 100 mediante listas de partido, integradas de forma alternada.

Con la presentación de la iniciativa presidencial en puerta y propuestas ya sobre la mesa, el Senado mantiene el debate activo sin acuerdos definitivos hasta el momento.

En el marco de las negociaciones para la reforma electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) definió una postura clara sobre los principales ejes de discusión. Su coordinador en el Senado, Manuel Velasco, adelantó que su partido no respaldará la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante voto popular y, en contraste, se mostró dispuesto a debatir un ajuste a la fórmula de financiamiento público de los partidos políticos con el objetivo de reducir los recursos que reciben.

Velasco informó que dirigentes del PVEM han sostenido al menos tres reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como con el presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez. En estos encuentros, explicó, se han analizado anteproyectos de iniciativa que forman parte del proceso de construcción de la propuesta de reforma.

Durante estas conversaciones, el senador subrayó que uno de los principios centrales para el PVEM es la defensa de la autonomía del INE. De acuerdo con Velasco, el instituto ha sido un factor clave para garantizar la estabilidad política del país en los procesos electorales recientes, además de haber operado bajo las reglas que permitieron el triunfo electoral de 2024, en el que resultó electa la presidenta de México con una votación histórica.

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el coordinador del Verde señaló que existe apertura para revisar el esquema vigente, que actualmente distribuye el presupuesto en una proporción de 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento con base en el porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior. Según explicó, una de las propuestas sobre la mesa es modificar esa fórmula para establecer un reparto de 60 por ciento de forma paritaria y 40 por ciento conforme a los resultados electorales más recientes.

Velasco precisó que uno de los puntos donde se ha intensificado el diálogo es precisamente la reducción de los recursos destinados a los partidos, así como la búsqueda de mecanismos que permitan abaratar los procesos electorales. No obstante, aclaró que cualquier ajuste debe considerar cuidadosamente el impacto del cambio en la asignación de la fórmula de financiamiento.

Otro de los temas abordados en las discusiones es el de los legisladores plurinominales. El senador indicó que existe una propuesta para que estos ya no sean electos mediante listas nacionales, sino a través de votaciones en cada entidad federativa. En este contexto, destacó la importancia de conservar la cláusula de gobernabilidad, con el fin de evitar que algún partido político supere el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Finalmente, Manuel Velasco afirmó que en los planteamientos presentados por el PVEM ante la Secretaría de Gobernación se ha dejado en claro que el objetivo es impulsar una reforma electoral que contribuya al fortalecimiento de la democracia y represente un beneficio para México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de sus listas de discusión un proyecto que proponía limitar la prisión preventiva oficiosa, figura jurídica señalada por organismos internacionales por su uso automático y sin control judicial. La propuesta, elaborada por la ministra Margarita Ríos Farjat, quedará ahora en manos del nuevo pleno que se conformará tras la toma de protesta de nueve ministros electos por voto popular.

Este proyecto respondía a la acción de inconstitucionalidad 49/2021 y fue incluido inicialmente en la agenda del máximo tribunal para ser abordado en las últimas sesiones del periodo actual. Sin embargo, ya no aparece en el orden del día de la próxima reunión del pleno, prevista para el martes siguiente a su publicación.

En el documento retirado, Ríos Farjat planteaba que el uso automático de la prisión preventiva, previsto en el artículo 19 de la Constitución, debía interpretarse a la luz de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México. En su análisis, proponía que los jueces abrieran el debate sobre su aplicación sin requerir solicitud expresa del Ministerio Público, acercando el procedimiento al de la prisión preventiva justificada.

 “El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente” es la frase constitucional cuya interpretación fue central en el proyecto. La ministra sugería entenderla como una obligación del juzgador de iniciar un análisis sobre la pertinencia de aplicar esta medida cautelar, sin que ello implicara su imposición automática. Esta interpretación buscaba alejar al sistema penal del uso obligatorio de medidas privativas de libertad sin revisión judicial adecuada.

El retiro del proyecto coincidió con la revelación de una solicitud del gobierno federal dirigida a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández. En dicha petición, se planteó posponer la discusión y votación de todos los temas vinculados a la prisión preventiva oficiosa. Esta medida también incluye los asuntos relacionados con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual condenó a México a eliminar la figura del arraigo y a reformular la prisión preventiva oficiosa conforme a los estándares internacionales.

Con la decisión de la SCJN, el análisis del tema queda aplazado hasta que los nuevos ministros se integren al pleno. La Corte, en consecuencia, no resolverá en el corto plazo una de las controversias más relevantes en materia de derechos humanos y justicia penal que enfrenta el sistema jurídico mexicano.

La discusión sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones volvió a encender el debate en el Senado, en un ambiente donde la tensión entre libertad de expresión y regulación estatal tomó el protagonismo. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), en voz de su presidente José Antonio García Herrera, expresó un contundente rechazo ante lo que considera una propuesta regresiva que afecta directamente a los medios tradicionales, dejando fuera del marco regulatorio a los medios digitales y plataformas globales.

Durante su participación en el último conversatorio organizado en el Senado sobre esta ley, García Herrera calificó la propuesta como una amenaza directa a la democracia mexicana, acusando una sobrerregulación que discrimina a la radio y televisión abierta, mientras que plataformas de streaming, redes sociales y servicios digitales quedan intocables.

La inquietud central radica en la posibilidad de que la Agencia Digital de Transformación y Telecomunicaciones tenga la facultad de suspender transmisiones sin necesidad de una orden judicial ni ofrecer derecho de audiencia a los medios afectados. Esta medida fue descrita como censura previa, una acción que, según el presidente de la CIRT, vulnera directamente los principios democráticos más elementales.

“El primer derecho que tienen las audiencias es la pluralidad de medios”, expresó con firmeza García Herrera, subrayando que hoy existen múltiples canales y plataformas a disposición del público, lo que, a su juicio, hace innecesarias regulaciones paternalistas que “pretenden decidir por los ciudadanos qué deben o no escuchar”.

El dirigente criticó la propuesta de regresar a la normatividad de 2014, destacando que esta obligaría a los medios electrónicos a separar explícitamente la información de la opinión. Consideró esto como una exigencia impráctica, que entorpecería el trabajo cotidiano de conductores y comunicadores, y que además podría interpretarse como una forma disfrazada de censura.

“No podemos crear una información que atente contra los contenidos de los medios”, afirmó, mencionando incluso como ejemplo las conferencias presidenciales donde se entremezclan datos y opiniones sin mayor distinción. La imposición de criterios rígidos, señaló, rompe con la lógica de los formatos informativos contemporáneos.

El punto más alarmante, según su intervención, radica en la facultad de suspender transmisiones sin un procedimiento judicial. Esto implica, en palabras de García Herrera, una sanción anticipada, sin siquiera conocer el contenido que se busca penalizar. Una medida que, lejos de proteger, pone en jaque a la libertad editorial y a los derechos fundamentales de los medios de comunicación.

“El internet es un arma que permite a cualquier medio internacional ingresar al país”, advirtió, subrayando la desigualdad que existe entre medios nacionales sujetos a regulaciones estrictas y gigantes digitales que operan sin restricciones desde el exterior.

Con un tono firme, concluyó su exposición apelando a la responsabilidad legislativa. “Tenemos que ser muy responsables para determinarlo”, sentenció. Las alarmas están encendidas. La industria de la radio y televisión tradicional lanza un llamado urgente para equilibrar la cancha y evitar que los avances tecnológicos sirvan de excusa para retroceder en materia de libertad de expresión.

La propuesta de ley sigue su curso en el Senado, pero el mensaje de la CIRT ha sido claro: el debate no ha terminado, y los medios tradicionales no piensan quedarse en silencio.