Condena histórica para Genaro García Luna al ser sentenciado a más de 38 años de prisión en EE. UU.

Este miércoles, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, recibió una de las sentencias más contundentes en la historia reciente de la justicia estadounidense: más de 38 años de prisión por cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio. Además de la pena de cárcel, García Luna deberá cumplir cinco años de libertad condicional y pagar una multa de dos millones de dólares, sanciones que marcan el fin de una carrera política llena de poder y controversia.

 

La sentencia fue dictada por el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn, Nueva York, tras un juicio que mantuvo al mundo en vilo desde su inicio. García Luna, quien ha estado recluido en un penal de Brooklyn durante casi cinco años, escuchó el veredicto después de una breve intervención personal. Aunque trató de argumentar a su favor, las pruebas y testimonios presentados en su contra resultaron abrumadores.

 

El exfuncionario mexicano fue declarado culpable en febrero de este año, luego de que un jurado compuesto por 12 miembros deliberara tras tres semanas de audiencias, en las cuales se presentaron 26 testimonios. Entre los declarantes se encontraban antiguos colaboradores y miembros de los cárteles de droga, quienes aseguraron que García Luna no solo protegió a organizaciones criminales durante su gestión, sino que también facilitó el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

 

La carrera de Genaro García Luna comenzó como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) bajo el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), una dependencia cuyo objetivo era combatir el crimen organizado. Posteriormente, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia (2006-2012), García Luna fue nombrado secretario de Seguridad Pública, donde desempeñó un papel crucial en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, una estrategia que desató un violento conflicto entre las fuerzas del Estado y los cárteles.

 

A pesar de su ascenso meteórico en la política mexicana, García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, bajo cargos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Desde entonces, su detención y posterior juicio han expuesto una red de complicidades entre altos mandos del gobierno mexicano y los cárteles de la droga, manchando profundamente la imagen de las instituciones de seguridad del país.

 

El día de la sentencia, una decena de manifestantes mexicanos se congregaron en las inmediaciones de la Corte de Brooklyn, exigiendo una condena aún más severa para García Luna. Con pancartas que leían “Calderón sí sabía” y “Genaro García Luna representa al PAN”, los manifestantes clamaron por justicia, no solo por los crímenes cometidos en Estados Unidos, sino también por las consecuencias de la “guerra contra el narcotráfico” en México.

 

Uno de los manifestantes declaró: “García Luna podrá pagar por sus delitos en este país, pero aún le debe mucho a México. Nosotros somos quienes vivimos las consecuencias de sus acciones y de la estrategia fallida de seguridad”. La indignación de los presentes se centraba también en el expresidente Felipe Calderón, a quien responsabilizan por las miles de muertes derivadas de la militarización del combate al narcotráfico.

 

Entre consignas como “Calderón, te espera la prisión”, los manifestantes hicieron eco de la creciente demanda de justicia en México. Consideran que la sentencia de García Luna es solo el comienzo, y que figuras como Calderón también deberían rendir cuentas por las decisiones que llevaron al país a una ola de violencia sin precedentes.

 

La condena de García Luna marca un hito en la lucha contra la corrupción en México, ya que por primera vez un alto funcionario de tal envergadura ha sido condenado por sus vínculos con el narcotráfico en un tribunal extranjero. Esta decisión judicial pone en relieve la falta de rendición de cuentas dentro del propio sistema judicial mexicano, donde García Luna operó con aparente impunidad durante años.

 

Con este fallo, queda claro que la sombra de la corrupción no solo afecta a los gobiernos locales, sino que también permea a los más altos niveles del poder. La condena de García Luna es un recordatorio de que, aunque la justicia puede tardar, finalmente llega para aquellos que abusan de su posición para enriquecerse a costa de la seguridad de su pueblo. Mientras tanto, los ojos de México y el mundo estarán puestos en las posibles repercusiones de este veredicto en otros actores políticos del pasado reciente del país.

Ministra Lenia Batres enfrenta desbandada en su llegada a la Corte

En medio de ajustes y decisiones tomadas por la ministra Lenia Batres Guadarrama en su nueva asignación en la Segunda Sala de la Corte, algunos trabajadores de su ponencia buscan alternativas laborales ante la preocupación por la posible pérdida de sus prestaciones extraordinarias.

La ministra Batres asumió su posición en la Segunda Sala, ocupando el espacio dejado por Loretta Ortiz, quien solicitó el cambio a la Primera Sala. Sin embargo, la trama se complica al recordar que la ministra inicialmente llegó a una ponencia que Arturo Zaldívar abandonó abruptamente en noviembre pasado, manteniendo en ella a los secretarios de Estudio y Cuenta, así como al personal administrativo que le diera la bienvenida.

Desde su llegada, la ministra Batres ha impulsado medidas de austeridad, solicitando la reducción de su salario y renunciando a prestaciones extraordinarias, además de expresar su interés en inscribirse voluntariamente en el ISSSTE para recibir servicios médicos públicos en lugar de privados.

Aunque la Corte respondió indicando las limitaciones constitucionales y legales para algunas de estas solicitudes, la ministra persiste en su decisión de renunciar a las prestaciones y ajustar su salario. Este enfoque de austeridad se ha extendido a los miembros de su ponencia, a quienes ha instado a renunciar a prestaciones extraordinarias y ajustar sus salarios para alinearse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la incertidumbre de perder sus beneficios laborales, varios secretarios de la ponencia de Batres han iniciado gestiones para cambiar su adscripción a las oficinas de otros ministros. Argumentan que buscan preservar sus empleos y que, de no encontrar una solución rápida, podrían verse obligados a renunciar a sus plazas en el Poder Judicial de la Federación, ya que ocupan puestos de confianza y los ministros tienen la prerrogativa de gestionar su personal de confianza.