La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó una controversia constitucional presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La SCJN determinó que el IFT tiene la autoridad para regular la comunicación vía satélite sin afectar las atribuciones del Presidente para definir y administrar los tiempos en radio y televisión destinados al Estado.

La controversia, identificada como 257/2023, fue promovida por la Consejería Jurídica, encabezada por María Estela Ríos González, contra un acuerdo del IFT emitido en enero de 2023. La Consejería argumentaba que el IFT carecía de facultades para regular la comunicación satelital, sugiriendo que podría afectar la capacidad del Ejecutivo para ejercer sus funciones de comunicación social.

El pleno de ministros, sin embargo, determinó que los argumentos de la Consejería Jurídica no tenían fundamento. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso declarar infundada la controversia, señaló que la demanda se basaba en hechos hipotéticos y no presentaba evidencia de que el nuevo reglamento hubiera llevado a la rescisión de convenios entre concesionarios de radio y televisión y el Poder Ejecutivo.

El fallo de la SCJN confirmó que el IFT tiene la competencia constitucional para regular la comunicación vía satélite y que el Ejecutivo federal no tiene la autoridad para invadir el campo regulatorio de otro órgano. La Corte también aclaró que la simple existencia de las nuevas disposiciones regulatorias no constituye motivo suficiente para que los concesionarios rescindan sus convenios con el gobierno.

El Ministro González Alcántara subrayó que el Ejecutivo no demostró cómo las disposiciones del IFT podrían causar la terminación de convenios con concesionarios de radio y televisión. También enfatizó que el IFT tiene atribuciones para celebrar convenios con concesionarios para la prestación de servicios públicos y para salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía, refutando así las preocupaciones presentadas por el Ejecutivo.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad del artículo 37 de la Ley Agraria, en su versión previa a una reforma de 2023. Este artículo establece que no más del 60 por ciento de las candidaturas para el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia pueden ser ocupadas por personas de un solo género.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso a sus colegas de la SCJN que ratificaran la validez de esta disposición, argumentando que obliga a incluir mujeres candidatas en los órganos de representación ejidal sin violar la libertad de asociación.

Según el dictamen aprobado, la ministra destacó que esta medida busca garantizar la participación de las mujeres en la gestión de los núcleos ejidales, una iniciativa crucial dada la discriminación histórica que las mujeres han sufrido, especialmente en zonas rurales.

En consecuencia, se concluyó que el artículo 37 es constitucional, ya que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres, como establece el artículo 4 de la Constitución Federal. Este artículo exige que, en las elecciones para representantes ejidales, las mujeres también tengan la oportunidad de postularse y ser elegidas.

La ministra Esquivel Mossa subrayó que esta decisión ayuda a cerrar la brecha de género, permitiendo una mayor participación femenina en la toma de decisiones, incluso en el ámbito de los ejidos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a la llamada “Ley Godoy”, una reforma que establece el proceso de ratificación del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por un periodo equivalente al de su mandato original.

Esta reforma, promulgada en mayo de 2023 por el Congreso de la Ciudad de México, surgió de una iniciativa presentada por Ernestina Godoy, entonces fiscal, quien buscaba extender su permanencia en el cargo por cuatro años más, con el argumento de una necesaria reestructuración administrativa en la FGJCDMX. La ley tomó el nombre de “Ley Godoy” porque fue presentada por la fiscal, poco antes de que concluyera su mandato.

La acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de oposición fue desestimada por la SCJN. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ponente del proyecto, explicó que el proceso legislativo que aprobó la reforma no presentaba irregularidades ni violaciones a las normas de votación y publicidad.

Su informe fue aprobado por una mayoría de 10 votos, con el ministro Luis María Aguilar Morales votando en contra. Aguilar Morales sostuvo que el procedimiento de aprobación pudo haber tenido problemas relacionados con el acceso y la participación de los diputados en el proceso.

El Pleno también aprobó por unanimidad las reglas para la conformación del Consejo Ciudadano, encargado de analizar la ratificación del fiscal capitalino.

Aunque esta reforma permitía la ratificación de Godoy, finalmente ella no logró obtener la mayoría calificada necesaria en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que su intento fue rechazado.

Como resultado, desde enero pasado, Ulises Lara asumió el cargo de fiscal interino hasta que el Congreso designe a un nuevo titular. Este proceso, que comenzó en febrero, podría prolongarse hasta el último trimestre de 2024 debido a la renovación legislativa en junio.

Tras no lograr la ratificación, Ernestina Godoy optó por postularse como candidata al Senado de la República por el partido Morena.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado el derecho tanto de mujeres como de hombres a reclamar una compensación económica al finalizar una relación de matrimonio o concubinato, cuando han dedicado su tiempo principalmente a las labores del hogar y al cuidado de la familia.

La decisión fue tomada tras el análisis de un caso en el que un hombre buscaba una pensión compensatoria y una compensación económica para su exconcubina, fundamentando su aporte en las responsabilidades domésticas y en el cuidado de los hijos durante la convivencia.

A pesar del rechazo inicial de sus demandas, el hombre llevó su caso a un juicio de amparo directo, cuestionando la constitucionalidad de una disposición legal en el Código Civil de Guanajuato.

El Tribunal Colegiado desestimó el amparo, argumentando que la normativa no discriminaba y que ambos géneros podían acceder a la compensación económica si demostraban que las labores del hogar fueron su principal ocupación durante la relación.

La Suprema Corte respaldó esta interpretación, enfatizando que la norma no presupone roles de género, sino que se centra en la desventaja económica de quien se dedicó a las labores no remuneradas del hogar al término de la relación.

Con esta sentencia, la Suprema Corte reitera la igualdad de género en el acceso a la compensación económica tras una relación, basándose en la demostración de dedicación a las responsabilidades del hogar y el cuidado familiar, sin distinción de género.

La resolución, emitida por unanimidad de votos en sesión del 17 de abril de 2024, en el amparo directo en revisión 4316/2023, contó con la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, ha instado al Senado de la República a concretar los nombramientos pendientes en el organismo, al cumplirse dos años de su funcionamiento incompleto. Alcalá Méndez enfatizó que esta situación no solo afecta el ejercicio de los derechos de los ciudadanos mexicanos, sino que además va en detrimento de una conquista social surgida en 2002 como parte del proceso democratizador del país.

Desde el 31 de marzo de 2022, el INAI enfrenta la vacante de dos comisionados, a los que se sumó una tercera vacante desde el mismo día pero de 2023, según lo señalado por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A pesar de que en 2023 el Senado realizó dos designaciones, estas fueron vetadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, generando un estancamiento en el proceso de integración del INAI.

Alcalá Méndez recordó que el diseño institucional del INAI establece la conformación de un Pleno con siete integrantes, por lo que instó al Senado a cumplir con su responsabilidad constitucional para garantizar dicha integración plena. Por su parte, Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), respaldó la labor del INAI y expresó su compromiso en la defensa de los organismos constitucionales autónomos como pilares de la democracia mexicana.

La reunión, en la que participaron también destacadas figuras del ámbito jurídico, evidenció la urgencia de concretar las designaciones pendientes en el INAI para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de los ciudadanos mexicanos.

La Cámara de Diputados, con el respaldo de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde Ecologista, dio luz verde en su fase inicial a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de Protección Civil. Esta medida busca que los estados asignen fondos de sus presupuestos para hacer frente a desastres naturales.

La votación en el pleno legislativo resultó en 242 votos a favor, 202 en contra y ninguna abstención. Durante la discusión, se presentaron 120 enmiendas a través de reservas.

El diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza, representante de Morena, fue quien presentó la iniciativa, destacando que la nueva ley establece la obligación de los estados de destinar recursos para atender emergencias, tal como lo indica la Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Esta disposición requiere la creación de un fondo destinado a la atención inmediata de la población afectada y la reconstrucción de la infraestructura pública.

Sibaja Mendoza resaltó que los estados deberán desembolsar recursos en caso de emergencia o desastre, mientras que la intervención del gobierno federal solo ocurrirá mediante un acuerdo, cuando la magnitud del evento lo amerite, como sucedió recientemente en Acapulco.

El legislador hizo hincapié en que esta reestructuración facilitará una mejor comunicación y coordinación entre los estados y el gobierno federal, a través de un mecanismo de transferencia de recursos.

Sin embargo, el diputado del PAN, Miguel Humberto Rodarte de Lara, anunció la intención de la oposición de impugnar la medida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando su posible inconstitucionalidad.

Durante el debate, legisladores de la oposición criticaron la iniciativa por su impacto en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), señalando que esta medida lo dejaría obsoleto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la restitución o creación de un fideicomiso con el propósito de atender a las víctimas, reviviendo así el espíritu del extinto Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas. Esta medida histórica surge tras la desaparición del fondo el 6 de noviembre de 2020, cuando el gobierno federal lo eliminó de la Ley General de Víctimas, redirigiendo los recursos hacia la crisis provocada por la pandemia.

La Primera Sala de la SCJN, por unanimidad, aprobó el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, estableciendo que los recursos asignados a este fideicomiso no pueden ser inferiores al 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La decisión de la Corte surge tras otorgar un amparo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a Fundar, quienes argumentaron que la extinción del fondo resultó en la falta de pago de indemnizaciones como reparación del daño, evidenciando el incumplimiento de las obligaciones estatales hacia las víctimas.

El presupuesto destinado a la atención de víctimas incluye el pago de indemnizaciones, gastos médicos, traslados, funerales y atención psicológica. Sin embargo, la asignación presupuestaria para este fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se identificó como insuficiente por parte de Fundar, lo que demuestra la necesidad de asegurar recursos adecuados para cumplir con las obligaciones hacia las víctimas.

Esta decisión de la SCJN ha sido recibida con satisfacción por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos como Fundar y el Centro Prodh, quienes destacan el compromiso del Poder Judicial en abordar la crisis de derechos humanos en el país.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha hecho un llamado a la construcción de una Agenda Nacional por la Seguridad y la Justicia, enfatizando la necesidad de abordar de manera integral la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia para avanzar hacia la paz social y erradicar las diversas formas de violencia que afectan a millones de personas en México.

En un discurso contundente, Piña Hernández destacó la importancia de la coordinación entre las autoridades del Estado, especialmente en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, para poder satisfacer las demandas legítimas de la sociedad mexicana en cuanto al alto a la violencia inaceptable que enfrenta el país.

La ministra identificó una amplia gama de violencias que afectan a la sociedad mexicana, desde la violencia cotidiana hasta la violencia feminicida, la desaparición de personas, la trata de personas, la violencia contra migrantes, niñas y niños, personas indígenas, entre otros. Además, destacó la importancia de escuchar a todos los actores involucrados en el sistema de justicia y seguridad para poder proponer soluciones efectivas.

Para ello, desde el Poder Judicial se ha decidido establecer un espacio de reflexión abierto, transparente e inclusivo para articular un diálogo constructivo a nivel nacional entre diferentes actores e instituciones relacionados con la justicia y la seguridad.

La Agenda Nacional por la Seguridad y la Justicia tiene como objetivo generar y recopilar información sobre la percepción y el funcionamiento de los servicios de justicia y seguridad, con miras a mejorar y adaptar estos servicios a las condiciones actuales del país.

Durante los próximos cuatro meses, el Poder Judicial de la Federación convocará a diversas partes interesadas, incluyendo al público en general, para dialogar sobre aspectos relacionados con la justicia y la seguridad en México, abordando temas como la demanda y oferta de seguridad y justicia, así como la mejora del sistema nacional de justicia.

La ministra expresó su convicción de que escuchar abiertamente es fundamental para proponer un cambio efectivo, y anunció que los resultados de este diálogo se presentarán como una Agenda propositiva y apartidista disponible para todos los candidatos a cargos de elección popular, la nueva Legislatura del Congreso de la Unión y toda la sociedad mexicana.