La posibilidad de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea enviado a Estados Unidos enfrenta un filtro clave: la presentación de pruebas y el cumplimiento del marco legal mexicano, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su conferencia de este viernes, la mandataria subrayó que cualquier solicitud de extradición deberá evaluarse conforme al tratado bilateral, la Constitución y las leyes nacionales, proceso que corresponde interpretar a la Fiscalía General de la República. En ese contexto, insistió en que las acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios vinculados al mismo caso deben sustentarse con evidencia suficiente antes de avanzar.
“Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México. Entonces, tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico, en efecto, la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera, un servidor público o un mexicano”, afirmó.
La presidenta también cuestionó que los implicados hayan sido señalados públicamente sin que exista una investigación concluida. Reiteró que la relación con Estados Unidos se rige por principios como respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.
El posicionamiento ocurre después de que el 29 de mayo el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara una investigación formal contra Rocha Moya por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el mandatario estatal enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento, delitos que podrían derivar en una condena de hasta cadena perpetua o 40 años de prisión.
En paralelo, el caso ha generado actividad en plataformas de apuestas como PolyMarket, donde usuarios especulan sobre escenarios políticos y judiciales. Al 1 de mayo, existen tres mercados abiertos sobre el futuro del gobernador. Las proyecciones sitúan entre 30 y 45% la probabilidad de que deje el cargo antes de que termine mayo, mientras que estiman en 4% la posibilidad de extradición para el 15 de mayo y en 11% para junio. También se calcula en 14% la probabilidad de un arresto durante el mismo mes.
Ante estas versiones, tanto Sheinbaum como aliados políticos han rechazado los señalamientos al considerar que carecen de pruebas sólidas. La presidenta incluso planteó que, de no presentarse evidencia, el caso podría responder a motivaciones políticas.
Por su parte, Rocha Moya ha declarado que no teme a las acusaciones y sostuvo que estas también están dirigidas contra el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.
