El domingo por la mañana, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron cerca del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, para exigir respeto a su autonomía y rechazar la reforma judicial propuesta por el gobierno, que busca reducir el presupuesto del sector y modificar la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Decenas de personas se reunieron en la Avenida Paseo de la Reforma para llevar a cabo la segunda marcha nacional en defensa de la independencia del Poder Judicial. Vestidos de blanco y portando pancartas, los manifestantes expresaron su descontento con ciertas medidas y declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la marcha, se escucharon consignas como “El Poder Judicial contrapeso nacional” y “¡Fuera dictador!”, refiriéndose a las críticas que el mandatario mexicano ha dirigido hacia el Poder Judicial y la ministra presidenta Norma Piña.

Otro de los señalados durante la protesta fue el exministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, a quien se le tildó de “corrupto” y “traidor” por haberse unido a la campaña de la candidata morenista Claudia Sheinbaum, mientras enfrenta una investigación en el Poder Judicial.

Según la organización del evento, marchas similares se realizaron en varios estados, incluyendo Nuevo León, Jalisco, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Morelos y el Estado de México. Los trabajadores del Poder Judicial dejaron claro su compromiso en la lucha por la independencia y la integridad de la justicia en el país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó una controversia constitucional presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La SCJN determinó que el IFT tiene la autoridad para regular la comunicación vía satélite sin afectar las atribuciones del Presidente para definir y administrar los tiempos en radio y televisión destinados al Estado.

La controversia, identificada como 257/2023, fue promovida por la Consejería Jurídica, encabezada por María Estela Ríos González, contra un acuerdo del IFT emitido en enero de 2023. La Consejería argumentaba que el IFT carecía de facultades para regular la comunicación satelital, sugiriendo que podría afectar la capacidad del Ejecutivo para ejercer sus funciones de comunicación social.

El pleno de ministros, sin embargo, determinó que los argumentos de la Consejería Jurídica no tenían fundamento. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso declarar infundada la controversia, señaló que la demanda se basaba en hechos hipotéticos y no presentaba evidencia de que el nuevo reglamento hubiera llevado a la rescisión de convenios entre concesionarios de radio y televisión y el Poder Ejecutivo.

El fallo de la SCJN confirmó que el IFT tiene la competencia constitucional para regular la comunicación vía satélite y que el Ejecutivo federal no tiene la autoridad para invadir el campo regulatorio de otro órgano. La Corte también aclaró que la simple existencia de las nuevas disposiciones regulatorias no constituye motivo suficiente para que los concesionarios rescindan sus convenios con el gobierno.

El Ministro González Alcántara subrayó que el Ejecutivo no demostró cómo las disposiciones del IFT podrían causar la terminación de convenios con concesionarios de radio y televisión. También enfatizó que el IFT tiene atribuciones para celebrar convenios con concesionarios para la prestación de servicios públicos y para salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía, refutando así las preocupaciones presentadas por el Ejecutivo.

El magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón enfrenta serias denuncias por presuntos actos de parcialidad y falta de objetividad en el desempeño de sus funciones. La denuncia, presentada de forma anónima, fue dirigida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al cual pertenece Rodríguez Mondragón, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

El fundamento de la acusación es la supuesta relación del magistrado con el Partido Acción Nacional (PAN). La denuncia señala su paso por administraciones de los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y resalta que desde 2016 se cuestiona su cercanía con el PAN, a pesar de lo cual ascendió de la Sala Regional de Monterrey a la Sala Superior del TEPJF.

Un ejemplo reciente de controversia fue la acusación por parte de Américo Villarreal en 2022, quien afirmó que Rodríguez Mondragón intentó revertir su victoria en Tamaulipas para favorecer al PAN. Otros señalamientos se centran en la pérdida de confianza de sus colegas magistrados en diciembre pasado.

La denuncia anónima también revela la estrecha relación laboral y de amistad entre Rodríguez Mondragón y el exsenador panista Roberto Gil Zuarth. El documento señala que esta amistad pudo haber influido en las decisiones del magistrado y cita varios casos en los que Gil Zuarth tenía intereses, como la defensa de la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, o el impulso a la candidatura al Senado de Ricardo Anaya.

Por estas razones, la denuncia solicita una investigación exhaustiva, incluyendo la revisión de la situación patrimonial de Rodríguez Mondragón, quien no ha hecho pública su declaración de bienes desde su paso por las administraciones panistas. También se pide un análisis de sus gastos desde que asumió su cargo en el TEPJF, con detalles sobre numerosos viajes nacionales e internacionales, presuntamente con cargo al erario público.

El caso llama la atención debido a las similitudes con el reciente escándalo que involucra al exministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, relacionado con la campaña de Claudia Sheinbaum. Las autoridades tendrán que investigar a fondo estas denuncias para determinar si Reyes Rodríguez Mondragón violó la imparcialidad requerida en su función como magistrado electoral.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad del artículo 37 de la Ley Agraria, en su versión previa a una reforma de 2023. Este artículo establece que no más del 60 por ciento de las candidaturas para el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia pueden ser ocupadas por personas de un solo género.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso a sus colegas de la SCJN que ratificaran la validez de esta disposición, argumentando que obliga a incluir mujeres candidatas en los órganos de representación ejidal sin violar la libertad de asociación.

Según el dictamen aprobado, la ministra destacó que esta medida busca garantizar la participación de las mujeres en la gestión de los núcleos ejidales, una iniciativa crucial dada la discriminación histórica que las mujeres han sufrido, especialmente en zonas rurales.

En consecuencia, se concluyó que el artículo 37 es constitucional, ya que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres, como establece el artículo 4 de la Constitución Federal. Este artículo exige que, en las elecciones para representantes ejidales, las mujeres también tengan la oportunidad de postularse y ser elegidas.

La ministra Esquivel Mossa subrayó que esta decisión ayuda a cerrar la brecha de género, permitiendo una mayor participación femenina en la toma de decisiones, incluso en el ámbito de los ejidos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos que respete a su país, luego de que en el Informe de Derechos Humanos 2023 se mostrara preocupación por los ataques verbales del Ejecutivo mexicano contra el Poder Judicial, especialmente en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

En una conferencia de prensa, López Obrador criticó el informe estadounidense, calificándolo como una intromisión en los asuntos internos de México. El presidente mexicano cuestionó la autoridad de Estados Unidos para emitir tales informes, diciendo: “Ellos se sienten como jueces del mundo. Nosotros los respetamos, pero ellos deberían respetarnos a nosotros”.

El mandatario mexicano señaló que el gobierno de México no se mete en asuntos internos de Estados Unidos, y citó ejemplos como el encarcelamiento de Julian Assange, el gasto militar, y el tratamiento a los migrantes. Además, mencionó la crisis de opioides y fentanilo en Estados Unidos como un problema que requiere atención.

López Obrador hizo referencia a la doctrina Monroe, una política estadounidense de hace 200 años, para destacar que Estados Unidos sigue utilizando métodos antiguos y agresivos en su política exterior. También afirmó que el gobierno mexicano no emite “cartas de buena conducta” a otros países porque no le corresponde, dejando en claro su desacuerdo con la actitud estadounidense.

En resumen, el presidente de México exigió respeto y pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos que deje de interferir en los asuntos internos de su país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a la llamada “Ley Godoy”, una reforma que establece el proceso de ratificación del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por un periodo equivalente al de su mandato original.

Esta reforma, promulgada en mayo de 2023 por el Congreso de la Ciudad de México, surgió de una iniciativa presentada por Ernestina Godoy, entonces fiscal, quien buscaba extender su permanencia en el cargo por cuatro años más, con el argumento de una necesaria reestructuración administrativa en la FGJCDMX. La ley tomó el nombre de “Ley Godoy” porque fue presentada por la fiscal, poco antes de que concluyera su mandato.

La acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de oposición fue desestimada por la SCJN. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ponente del proyecto, explicó que el proceso legislativo que aprobó la reforma no presentaba irregularidades ni violaciones a las normas de votación y publicidad.

Su informe fue aprobado por una mayoría de 10 votos, con el ministro Luis María Aguilar Morales votando en contra. Aguilar Morales sostuvo que el procedimiento de aprobación pudo haber tenido problemas relacionados con el acceso y la participación de los diputados en el proceso.

El Pleno también aprobó por unanimidad las reglas para la conformación del Consejo Ciudadano, encargado de analizar la ratificación del fiscal capitalino.

Aunque esta reforma permitía la ratificación de Godoy, finalmente ella no logró obtener la mayoría calificada necesaria en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que su intento fue rechazado.

Como resultado, desde enero pasado, Ulises Lara asumió el cargo de fiscal interino hasta que el Congreso designe a un nuevo titular. Este proceso, que comenzó en febrero, podría prolongarse hasta el último trimestre de 2024 debido a la renovación legislativa en junio.

Tras no lograr la ratificación, Ernestina Godoy optó por postularse como candidata al Senado de la República por el partido Morena.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado el derecho tanto de mujeres como de hombres a reclamar una compensación económica al finalizar una relación de matrimonio o concubinato, cuando han dedicado su tiempo principalmente a las labores del hogar y al cuidado de la familia.

La decisión fue tomada tras el análisis de un caso en el que un hombre buscaba una pensión compensatoria y una compensación económica para su exconcubina, fundamentando su aporte en las responsabilidades domésticas y en el cuidado de los hijos durante la convivencia.

A pesar del rechazo inicial de sus demandas, el hombre llevó su caso a un juicio de amparo directo, cuestionando la constitucionalidad de una disposición legal en el Código Civil de Guanajuato.

El Tribunal Colegiado desestimó el amparo, argumentando que la normativa no discriminaba y que ambos géneros podían acceder a la compensación económica si demostraban que las labores del hogar fueron su principal ocupación durante la relación.

La Suprema Corte respaldó esta interpretación, enfatizando que la norma no presupone roles de género, sino que se centra en la desventaja económica de quien se dedicó a las labores no remuneradas del hogar al término de la relación.

Con esta sentencia, la Suprema Corte reitera la igualdad de género en el acceso a la compensación económica tras una relación, basándose en la demostración de dedicación a las responsabilidades del hogar y el cuidado familiar, sin distinción de género.

La resolución, emitida por unanimidad de votos en sesión del 17 de abril de 2024, en el amparo directo en revisión 4316/2023, contó con la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, ha instado al Senado de la República a concretar los nombramientos pendientes en el organismo, al cumplirse dos años de su funcionamiento incompleto. Alcalá Méndez enfatizó que esta situación no solo afecta el ejercicio de los derechos de los ciudadanos mexicanos, sino que además va en detrimento de una conquista social surgida en 2002 como parte del proceso democratizador del país.

Desde el 31 de marzo de 2022, el INAI enfrenta la vacante de dos comisionados, a los que se sumó una tercera vacante desde el mismo día pero de 2023, según lo señalado por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A pesar de que en 2023 el Senado realizó dos designaciones, estas fueron vetadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, generando un estancamiento en el proceso de integración del INAI.

Alcalá Méndez recordó que el diseño institucional del INAI establece la conformación de un Pleno con siete integrantes, por lo que instó al Senado a cumplir con su responsabilidad constitucional para garantizar dicha integración plena. Por su parte, Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), respaldó la labor del INAI y expresó su compromiso en la defensa de los organismos constitucionales autónomos como pilares de la democracia mexicana.

La reunión, en la que participaron también destacadas figuras del ámbito jurídico, evidenció la urgencia de concretar las designaciones pendientes en el INAI para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de los ciudadanos mexicanos.