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Tras medio año de espera desde el término del periodo de sus anteriores integrantes, el Senado de la República abrió finalmente la convocatoria para elegir a las 13 personas que conformarán el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Este Consejo se compone por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas reconocidos en derechos humanos, búsqueda de personas o persecución de delitos, y cuatro representantes de organizaciones civiles enfocadas en la defensa de los derechos humanos. Esta distribución está respaldada por el artículo 60 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Desde diciembre del año pasado, concluyeron sus funciones Juan Bautista Andalón, Juan Carlos Lozada Delgadillo, Maribel Enciso Olguín, Virginia Garay Cázares, Martín Villalobos Valencia, Álvaro Hartos, Liliana Candelario Cardoso, Roxana Enríquez Parias, Zoraida García Castillo, Rafael Heredia Aguilar, Sonia Josefina Torres Hernández, Brayan Alberto Jove Vázquez y Valentina Peralta Puga, dejando vacantes los espacios en este órgano clave.

En respuesta, el Senado lanzó un llamado a organizaciones de familiares, colectivos de víctimas, defensores de derechos humanos, activistas, instituciones académicas y ciudadanía en general para proponer a quienes podrían integrar este Consejo Nacional. El proceso busca reunir perfiles con experiencia, compromiso y solvencia moral para enfrentar una de las problemáticas más sensibles del país.

La recepción de postulaciones se realizará del lunes 21 al viernes 25 de julio, a través de un micrositio en la página oficial del Senado. Los documentos requeridos incluyen currículum, carta de petición, carta de idoneidad, acta de nacimiento, identificación oficial y constancia de no haber sido sancionado ni estar en proceso administrativo o penal.

Las comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos serán responsables de publicar las versiones públicas de los documentos de cada candidatura en la Gaceta del Senado, con el fin de garantizar transparencia en el proceso.

El 30 de julio se definirá el formato y la metodología para la evaluación de las candidaturas, y el viernes 15 de agosto se presentará el dictamen correspondiente ante la Junta de Coordinación Política. Este dictamen incluirá a quienes cumplan con los requisitos y sean considerados elegibles para integrar el Consejo.

Posteriormente, la Junta de Coordinación Política elaborará un acuerdo que será enviado a la Mesa Directiva, para que la propuesta final sea sometida a votación nominal en el pleno del Senado. La designación requerirá mayoría absoluta de los senadores presentes.

El Senado de la República inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones que se extenderá hasta el 2 de julio. La agenda contempla la discusión de al menos 16 reformas en temas estratégicos como seguridad nacional, lucha contra el lavado de dinero, telecomunicaciones, reducción de trámites gubernamentales y búsqueda de personas desaparecidas.

Entre los temas que concentran mayor atención pública se encuentran tres propuestas de ley que abordan el uso de datos biométricos, lo que ha generado controversia entre especialistas, activistas y organizaciones civiles.

La primera de ellas corresponde a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que facultaría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar información de cualquier institución gubernamental, incluyendo datos e imágenes de ciudadanos que sean sujetos de investigación.

En paralelo, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propone la creación de un registro nacional de líneas telefónicas móviles que integraría datos biométricos de los usuarios. Esta medida ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero regresa a discusión con ajustes.

Por otra parte, la modificación a la Ley de Desaparición Forzada y cometida por Particulares plantea la incorporación de información biométrica de familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que este periodo extraordinario podría ampliarse hasta incluir un total de 22 iniciativas. Se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda presentar propuestas que serían integradas a la agenda en los próximos días.

El programa legislativo incluye también reformas al sistema ferroviario, nuevas reglas para el diseño institucional de la Guardia Nacional, creación del Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, así como modificaciones al marco legal en materia de retiro por desempleo, desarrollo social y fiscalización gubernamental.

Este lunes, el Senado centró su atención en la discusión de la Ley General de Vida Silvestre, que contempla la prohibición del uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos, lo cual representa uno de los puntos más visibles en la agenda ambiental.

Las sesiones se realizarán de forma continua y podrían incluir trabajos durante fines de semana. La lista de reformas también abarca temas relacionados con igualdad de género, presupuesto público, eficiencia administrativa y derechos de usuarios en servicios públicos y telecomunicaciones.

Con un enfoque legislativo orientado hacia el control institucional y la reorganización de funciones clave en el Estado, este periodo extraordinario mantiene bajo observación el debate en torno al equilibrio entre seguridad, privacidad y derechos ciudadanos.

Ciudad de México se vistió de dignidad y resistencia este 10 de mayo. En pleno Día de las Madres, colectivos de madres buscadoras marcharon sobre Paseo de la Reforma, alzando la voz en una jornada cargada de simbolismo, exigencia y memoria. Desde el Monumento a la Madre hasta el Ángel de la Independencia, la marcha se convirtió en un grito por justicia en un país con más de 128 mil personas desaparecidas.

“Mientras no rompa con los pactos de impunidad, no podremos empezar a confiar en usted”, declararon las madres en un mensaje firme a la presidenta Claudia Sheinbaum. Las escalinatas del Ángel fueron el escenario de una protesta que no sólo recordó a los ausentes, sino que exigió acciones concretas. Entre las demandas: voluntad política, restructuración urgente de la Fiscalía General de la República e inicio de procesos judiciales contra los responsables de profundizar la crisis de desapariciones.

El ambiente fue intenso y profundamente emotivo. Se escucharon consignas como “El Estado nos ha fallado a todas” y “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”. Las calles se llenaron de pancartas con fichas de búsqueda, flores, fotografías, y frases dirigidas a las autoridades. Las madres portaban camisetas con los rostros de sus hijos desaparecidos y etiquetas como #UnidosPorElMismoDolor, llevando su causa del corazón a las avenidas más transitadas de la capital.

La manifestación no solo fue una denuncia, sino también un acto de memoria. La velada del 9 de mayo en el Monumento a la Madre fue un espacio de luz y recuerdo. Velas y retratos se colocaron para rendir homenaje a quienes no han vuelto a casa. En Zacatecas, en la Plaza del Congreso, se llevó a cabo un memorial para las 27 madres buscadoras asesinadas en esa entidad, visibilizando otro rostro de la tragedia: la violencia contra quienes buscan.

El movimiento se extendió más allá de la capital. En Sinaloa, el colectivo Sabuesos Guerreras A.C. colocó las fotografías de sus desaparecidos en las escaleras de la Catedral de Culiacán, sumándose al clamor nacional. La protesta, lejos de ser un evento aislado, es reflejo de un país que enfrenta una crisis humanitaria, reconocida incluso por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que ha señalado la gravedad del caso mexicano conforme al Artículo 34 de la Convención Internacional.

Las madres buscadoras no se detienen. En cada marcha, cada pancarta y cada palabra, colocan el peso de una verdad incómoda: no hay tregua mientras la impunidad persista. La exigencia es clara y sin rodeos: verdad, justicia y acción inmediata.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un conjunto de medidas y reformas legales destinadas a atender el problema de las desapariciones en el país. En conferencia de prensa, destacó que para su gobierno es una prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas y el acceso a la justicia para sus familiares.

Entre las acciones presentadas, se fortalecerán los registros de identificación y las fiscalías estatales. Además, se creará una base única de información forense y se establecerán nuevos protocolos para agilizar las búsquedas. Con estas medidas, se busca iniciar inmediatamente las carpetas de investigación, eliminando la espera de 72 horas y equiparando la desaparición con el delito de secuestro.

Respecto al campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, Sheinbaum anunció la elaboración de una línea de tiempo para determinar responsabilidades sobre el aseguramiento del rancho Izaguirre. Asimismo, giró instrucciones al gabinete de seguridad para colaborar en todas las investigaciones.

Como parte de estos esfuerzos, la presidenta firmará un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. Este organismo ampliará su capacidad de atención y análisis de contexto, además de adquirir tecnología avanzada para respaldar las búsquedas con evidencia científica.

El próximo jueves, Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión seis iniciativas de reforma. La primera propone modificar la Ley General de Población para consolidar el certificado único de registro de población como fuente central de identidad. Con esta medida, se podrá cruzar información de distintos registros administrativos y generar alertas que faciliten la localización de personas.

La segunda iniciativa reformará la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se creará una base única de información forense, que integrará datos de los servicios periciales estatales y federales. También se desarrollará una Plataforma Nacional de Identificación Humana que actualizará y comunicará registros administrativos y forenses a nivel nacional.

La tercera iniciativa establecerá protocolos para activar alertas de búsqueda inmediata en todas las entidades del país y abrir carpetas de investigación sin demoras. La cuarta equiparará el delito de desaparición con el secuestro, homologando penas y procedimientos en todas las fiscalías.

La quinta reforma exigirá la publicación mensual de cifras sobre desapariciones en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Finalmente, la sexta iniciativa reforzará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, garantizando apoyo y asesoría a familiares de personas desaparecidas.

Con estas acciones, el gobierno busca atender de manera más eficaz la problemática de las desapariciones en México y mejorar el acceso a la justicia para las víctimas y sus seres queridos.