En una sesión marcada por tensiones políticas, la Comisión de Gobernación del Senado ha asumido el análisis de las controvertidas propuestas de desaparición de poderes en los estados de Guerrero y Guanajuato. Este movimiento surge tras una evaluación exhaustiva de la situación en ambas entidades, donde la ingobernabilidad ha sido señalada como un problema crítico por diversos sectores legislativos.
Las iniciativas, presentadas por distintas fracciones políticas, reflejan la preocupación por la incapacidad percibida de los gobiernos locales para mantener el orden y abordar la creciente violencia e inseguridad. Tanto el Partido Acción Nacional (PAN), en el caso de Guerrero, como el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en Guanajuato, han instado a la acción, desencadenando un enfrentamiento en el Senado que ahora deberá ser resuelto por las comisiones de gobernación y el Pleno.
El legislador Félix Salgado Macedonio ha expresado su preocupación por las posibles ramificaciones de estas medidas, advirtiendo sobre el riesgo de desencadenar un conflicto prolongado en otras entidades. La desaparición de poderes, un proceso que implica la suspensión temporal de las funciones de los poderes Ejecutivo, Judicial o Legislativo en una región específica, es una medida contemplada en la legislación para abordar situaciones donde se quebrantan los principios del régimen federal, se abandona el ejercicio de funciones sin justificación adecuada, o se promueven formas de gobierno que no cumplen con la base constitucional.
Es importante destacar que la desaparición de poderes no implica una eliminación definitiva del gobierno, sino más bien un acto de reconstrucción institucional. El Senado, como órgano encargado de evaluar estas propuestas, tiene la responsabilidad de determinar si proceden en los casos planteados, así como de participar en la designación de un gobierno provisional si fuera necesario.
En resumen, mientras la Comisión de Gobernación del Senado aborda estas propuestas, queda en juego el futuro político de Guerrero y Guanajuato, así como el precedente que esto podría establecer para otras entidades en el país.
En sesión plenaria, la Cámara de Diputados ha dado luz verde a una reforma destinada a impulsar la sustitución gradual de vehículos de combustión por alternativas eléctricas e híbridas en el territorio mexicano. Con una contundente unanimidad de 423 votos, el dictamen propuesto ha recibido respaldo en la modificación del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático.
Según lo establecido en esta reforma, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los entes a nivel estatal y municipal, estarán obligados a diseñar e implementar programas enfocados en la progresiva sustitución de vehículos con motores de combustión por opciones híbridas y eléctricas.
El diputado Ángel Domínguez Escobar, representante de Morena, al presentar el proyecto, subrayó la relevancia de abordar la crisis climática derivada de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente atribuidas al sector del transporte. Destacó que más de 35 millones de vehículos y 103 millones de personas se movilizan en México, lo que incrementa el uso de combustibles fósiles. En este contexto, propuso una transición gradual hacia opciones más amigables con el medio ambiente.
Por otro lado, la diputada Adriana Guadalupe Esquinca, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), enfatizó la importancia de adoptar medidas para la conservación del planeta. Consideró que la reducción de emisiones es fundamental para el cuidado del medio ambiente, respaldando así la sustitución de vehículos de combustión por alternativas más limpias y sostenibles.
La minuta resultante de esta aprobación ha sido enviada a la Cámara de Senadores para su respectivo análisis y, en su caso, aprobación definitiva.
Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), reiteró el compromiso del organismo con la equidad durante el ciclo electoral actual en México, que culminará con las elecciones presidenciales el 2 de junio. Taddei afirmó que todas las normativas se aplican de manera imparcial para todos los partidos políticos, sin otorgar ventajas a ninguno. Enfatizó en la importancia de establecer un “piso parejo” para todos los contendientes y aseguró que el INE mantiene una excelente relación con todas las fuerzas políticas.
La presidenta del INE señaló que el tratamiento que recibe cada partido es equitativo, como evidencia la participación de todos los partidos en las reuniones de trabajo sobre seguridad. Taddei, quien se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia del INE en abril de 2023, ha sido objeto de críticas por su supuesta cercanía con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el partido oficialista Morena.
Respecto a las preocupaciones sobre seguridad en el proceso electoral, Taddei descartó que exista un distanciamiento entre las fuerzas políticas y la autoridad electoral. El INE, en colaboración con las autoridades de seguridad del Gobierno mexicano, ha acordado medidas para proteger a los candidatos ante la ola de violencia que atraviesa el país. Taddei enfatizó que la seguridad es una prioridad constante en los procesos electorales y que este año no será la excepción.
El 2 de junio, México celebrará las elecciones más grandes de su historia, con más de 97 millones de personas convocadas para renovar 20,375 cargos federales, incluyendo la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve Gobiernos estatales.
