Categoría: Norte

Una investigación que llegó hasta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concluyó con una de las sanciones económicas más elevadas anunciadas recientemente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: cuatro exservidores públicos de Alimentación para el Bienestar deberán cubrir una multa conjunta de 777.8 millones de pesos y permanecerán inhabilitados durante 10 años.

Las medidas fueron impuestas a María G., René G., Miguel C. y Juan R., señalados por faltas graves relacionadas con el manejo de recursos públicos. De acuerdo con la autoridad, las irregularidades estuvieron vinculadas al Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.

La dependencia federal informó que, además, parte de esos recursos fueron utilizados de manera indebida en el Programa de Fertilizantes durante 2019, situación que formó parte de las indagatorias que derivaron en las sanciones.

Aunque la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no precisó cuánto dinero habría sido utilizado por cada uno de los involucrados, señaló que las pruebas obtenidas durante el proceso permitieron sustentar la imputación y establecer tanto la multa millonaria como la inhabilitación por una década.

El caso formó parte de un paquete de resoluciones disciplinarias dadas a conocer por la dependencia, que también incluyó a servidores públicos de otras instituciones federales.

Entre ellos figura Ramiro R., trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien fue sancionado con una multa de 9 mil pesos y un año de inhabilitación. La autoridad indicó que recibió una cantidad económica —cuyo monto no fue revelado— para eliminar adeudos durante 2023.

Asimismo, la Secretaría reportó una sanción contra Shiddarta V., adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob). El funcionario recibió una multa de mil 380 pesos y un año de inhabilitación tras acreditarse la sustracción de bienes del Instituto Nacional de Migración para un uso indebido.

Las resoluciones fueron dadas a conocer por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como resultado de procedimientos que derivaron en la aplicación de sanciones económicas e inhabilitaciones contra servidores públicos de distintas dependencias federales.

Las temperaturas que superan los 50 grados centígrados en el norte del país han convertido al suministro eléctrico en un asunto clave para miles de hogares y empresas. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha este domingo una nueva central de ciclo combinado en Mexicali, Baja California, una de las regiones con mayor demanda de energía durante la temporada de calor.

La inauguración se realizó en una entidad que recientemente enfrentó apagones, fallas que incluso interrumpieron una conferencia de prensa de la gobernadora Marina del Pilar. Frente a este escenario, la mandataria federal afirmó que la nueva infraestructura permitirá fortalecer el servicio eléctrico en una zona donde el uso constante de aire acondicionado eleva considerablemente el consumo.

“Y vienen las tarifas, porque aunque haya subsidio, tanto consumo a veces con aires acondicionados que no son tan eficientes genera un consumo muy alto. El que haya una planta de generación tiene la virtud de garantizar el servicio eléctrico para Mexicali, tanto para las empresas que están en esta zona como para las personas”, señaló.

La obra requirió una inversión de 704 millones de dólares y añadirá 653 megawatts de capacidad bruta instalada al sistema eléctrico de Baja California, según la información presentada durante el evento.

Además de incrementar la generación de energía, el gobierno federal trabaja en la modernización de la infraestructura de transmisión. Sheinbaum informó que ya fueron reemplazados 500 postes de madera y que la meta es renovar 4 mil en toda la entidad para reducir interrupciones en el servicio.

Durante su gira, la presidenta destacó las condiciones climáticas que enfrentan Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora, ciudades que registran algunas de las temperaturas más altas del mundo y donde la demanda energética aumenta de manera considerable durante gran parte del año. La mandataria también reiteró los planes de su administración para ampliar la capacidad de generación eléctrica nacional con alrededor de 32 mil megawatts adicionales.

En materia de producción de energía, sostuvo que la Comisión Federal de Electricidad pasó de generar el 30% de la electricidad del país en 2018 a 54% en 2024. “Y nosotros queremos dejar el 60% ya con las plantas de inversión mixta para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad”, afirmó. Antes del inicio del acto oficial, madres buscadoras y trabajadores jubilados de la CFE se manifestaron en el lugar para solicitar atención a sus demandas.

La realización de una cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec, organizada antes de la inauguración del Mundial 2026, desató cuestionamientos sobre el uso de uno de los recintos históricos más emblemáticos del país, luego de que se conociera que el organismo internacional pagó más de un millón de pesos por el evento.

La información salió a la luz el pasado jueves, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Federación Internacional de Futbol había rentado el inmueble para una reunión previa al arranque de la Copa del Mundo. Durante una conferencia, la mandataria señaló: “La FIFA rentó, creo que pagó más de un millón de pesos; que la Secretaría de Cultura nos diga”.

Tras las declaraciones, la atención se dirigió al Museo Nacional de Historia, ubicado en el Castillo de Chapultepec, cuyo sitio oficial establece que en sus instalaciones no están permitidos eventos sociales o empresariales. La misma información precisa que únicamente pueden realizarse actividades de carácter cultural, académico o científico.

Ante la discusión generada, el Instituto Nacional de Antropología e Historia emitió este sábado un comunicado para explicar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el encuentro celebrado el 10 de junio.

La dependencia sostuvo que la cena tuvo como finalidad promover el patrimonio cultural de México ante visitantes internacionales y aseguró que la actividad se desarrolló conforme a la normatividad vigente para este tipo de espacios históricos.

Además, confirmó que la FIFA cubrió un pago superior al millón de pesos por la renta del recinto y los gastos derivados de la organización del evento.

De acuerdo con el INAH, más de 200 representantes de distintos países participaron en la reunión, entre ellos la presidenta Claudia Sheinbaum, quien previamente había anunciado su asistencia.

El instituto también defendió la realización del acto al señalar que el Castillo de Chapultepec no sólo es un inmueble ligado a momentos relevantes de la historia nacional, sino que también ha sido sede de encuentros culturales, académicos y diplomáticos de alcance nacional e internacional.

Asimismo, indicó que durante el evento se aplicaron las medidas necesarias para garantizar la conservación del inmueble patrimonial y que su utilización cumplió con los lineamientos correspondientes para este tipo de recintos.

El arribo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum a un evento en Tijuana derivó en una exigencia directa de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes la interceptaron al finalizar su gira en Baja California para pedir la eliminación de la retroactividad incluida en la reforma al artículo 127 constitucional.

El grupo se aproximó a la camioneta en la que se trasladaba la mandataria tras concluir una actividad pública. En ese punto se concentraron las inconformidades relacionadas con la modificación legal aprobada entre marzo y abril de este año por el Congreso a propuesta del Ejecutivo.

Los ex trabajadores insistieron en que la aplicación retroactiva de la reforma afecta derechos ya adquiridos. Uno de ellos planteó frente a la presidenta: “Seguimos pidiendo la certeza jurídica, y no la retroactividad. Confiamos en usted”. La respuesta de Sheinbaum fue breve mientras continuaba el movimiento del vehículo: “Ya se está atendiendo”.

Instantes después, una mujer identificada como jubilada de la CFE reiteró la solicitud directamente a la mandataria. En su mensaje sostuvo: “Sí, queremos por favor que nos dé certeza jurídica. Nosotros tenemos nuestros derechos. Son íntegramente ganados y legales. Trabajamos 25, 30 o más años, somos de las empresas estratégicas del Estado, de la Comisión Federal, de Pemex, de esas a las que tanto les echa flores. Lo único que le estamos pidiendo es que se quite, se elimine la retroactividad del artículo 127 constitucional”.

La reforma al artículo 127 constitucional fue impulsada por el gobierno federal bajo el argumento de corregir lo que se ha descrito como “pensiones doradas” en distintas instituciones públicas, entre ellas Pemex, CFE, Banco de México y Luz y Fuerza del Centro. Las pensiones señaladas en ese esquema alcanzaban rangos de 100 mil hasta 1 millón de pesos, según los criterios expuestos durante su discusión legislativa.

Aunque el ajuste normativo se dirigió principalmente a altos mandos, trabajadores jubilados de estas dependencias han señalado que su alcance también impacta a otros sectores del personal retirado.

Durante la misma jornada en Tijuana, la presidenta fue cuestionada por medios de comunicación sobre el desalojo del Centro Histórico de la Ciudad de México de integrantes de la Sección 22 de la CNTE, tras un acuerdo relacionado con recursos federales. La mandataria evitó profundizar y señaló que el tema será explicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Previo a estos hechos, Sheinbaum encabezó la inauguración de un plantel de bachillerato nacional en la ciudad fronteriza, donde informó que entre 2025 y 2026 su administración ha realizado 500 acciones para ampliar el horario de secundarias y transformar turnos vespertinos en preparatorias, además de la construcción de nuevos planteles educativos.

El proceso que llevará a Michoacán a elegir gobernador en 2027 enfrentará su etapa inicial con una reconfiguración inesperada en su autoridad electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la salida del presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y de cuatro consejeros, una decisión que modifica la integración del organismo local cuando faltan menos de tres meses para el inicio formal de los comicios.

La determinación fue avalada por ocho integrantes del Consejo General del INE, mientras que tres votaron en contra. Con ello quedaron separados de sus cargos Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM, así como los consejeros Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, Claudia Marcela Carreño Mendoza y Silvia Verónica Mauricio Salazar.

El origen del caso se remonta al 17 de julio de 2025. Ese día, los integrantes del instituto electoral local designaron a un encargado de despacho del Órgano Interno de Control después de que concluyera el periodo del anterior contralor y el Congreso estatal no nombrara a un sustituto.

Para el INE, esa designación implicó asumir facultades que corresponden al Poder Legislativo de Michoacán. En contraste, Ignacio Hurtado defendió la actuación del organismo al señalar que la ausencia de una figura responsable en el área podía frenar procedimientos en curso y generar incumplimientos institucionales.

Tras conocerse la resolución, los funcionarios removidos adelantaron que acudirán a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la medida, al considerar que la sanción aplicada es excesiva.

La decisión también abrió un frente político. Las dirigencias estatales del PRI y del PAN atribuyeron la remoción a una presunta estrategia de Morena de cara a la elección estatal. Guillermo Valencia Reyes, dirigente priista, aseguró: “Es evidente que Morena quiere apoderarse del órgano local y distraer la atención del cochinero que significa el proceso interno de Morena para elegir a su candidata o candidato a gobernador”.

En el mismo sentido, Carlos Quintana Martínez, líder estatal panista, afirmó: “El ‘cártel’ de Morena se ha quitado la máscara y busca el control absoluto del IEM, de cara al proceso electoral del 2027 en el que los michoacanos darán un voto de castigo a Morena”.

Desde el gobierno estatal también hubo respuesta. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla cuestionó la resolución y sostuvo que “se trata de una determinación arbitraria que pone en riesgo la estabilidad política y democrática de Michoacán”.

Mientras continúa la controversia, el IEM deberá operar con únicamente dos consejeras en funciones, Carol Berenice Arellano Rangel y Selene Lizbeth González Medina, de entre quienes saldrá la persona que asumirá temporalmente la presidencia del organismo.

Mientras la atención nacional se concentraba en el partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, una resolución judicial puso punto final a uno de los procesos penales más prolongados y controvertidos de los últimos años.

La tarde del 18 de junio, Mary Sainz informó a través de redes sociales que un Tribunal Colegiado de Apelación confirmó por unanimidad la sentencia absolutoria dictada en favor de Israel Vallarta Cisneros. La decisión respalda el fallo emitido el 31 de julio de 2025 por la jueza Mariana Vieyra Valdez y mantiene firme la liberación que se concretó el pasado 1 de agosto.

Con esta determinación queda resuelta la apelación presentada por la Fiscalía General de la República, que buscaba revertir la absolución relacionada con el secuestro de seis personas. Hasta el momento, la dependencia no ha emitido una postura pública sobre el fallo.

La resolución llega después de que Vallarta permaneciera cerca de dos décadas en prisión sin recibir sentencia. El caso avanzó hacia su desenlace cuando las investigaciones fueron concentradas en un solo expediente, procedimiento que derivó en la conclusión de que hubo violaciones al debido proceso.

Al absolverlo, la jueza estableció que la FGR no logró acreditar su responsabilidad en los delitos que se le imputaban: “secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas”.

El origen del caso se remonta al 8 de diciembre de 2005. Ese día, Vallarta fue detenido junto con Florence Cassez cuando ambos viajaban en una camioneta. Según el informe oficial, tras la captura se obtuvo información sobre personas privadas de la libertad en un rancho.

Posteriormente, agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación ingresaron al inmueble y reportaron la localización de Cristina Ríos Valladares, su hijo menor de edad y Ezequiel Elizalde Flores. La averiguación previa señala que las víctimas habían sido secuestradas entre octubre y noviembre de ese mismo año.

La investigación adquirió una dimensión nacional cuando se reveló que la detención fue recreada para las cámaras de televisión por instrucciones de Genaro García Luna, entonces titular de la AFI, con apoyo de Luis Cárdenas Palomino.

Años después, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, funcionarios federales señalaron la existencia de otros procesos por secuestro relacionados con Vallarta. En 2021, Olga Sánchez Cordero habló de dos causas penales adicionales y, meses más tarde, Adán Augusto López sostuvo que, pese a que se había acreditado que fue sometido a tortura, otro proceso abierto impedía su liberación.

Después de una investigación que incluyó la búsqueda de domicilios en cuatro estados, la revisión de cuentas bancarias y el análisis de material audiovisual, el Instituto Nacional Electoral se encamina a cerrar uno de los expedientes más polémicos relacionados con familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Este viernes, el Consejo General del INE discutirá un proyecto que propone exonerar a Morena y a Martín Jesús López Obrador de presuntas irregularidades vinculadas con recursos entregados por David León Romero en 2015.

La indagatoria tuvo como punto de partida un video difundido por el medio periodístico Latinus en 2021. En las imágenes aparece Martín López Obrador reunido con David León en una vivienda de Tuxtla Gutiérrez. Durante el encuentro, León cuenta dinero en efectivo y separa una parte del monto antes de colocar 150 mil pesos en un sobre amarillo que entrega al hermano del entonces mandatario federal.

En la grabación también se escucha que los recursos eran para su hermano, hoy expresidente de México. Asimismo, David León comenta que conservará 16 mil pesos y entregará únicamente los 150 mil restantes.

A partir de esa difusión pública, la autoridad electoral abrió una investigación para determinar si el dinero tuvo algún vínculo con el financiamiento de Morena. Sin embargo, el proyecto que será sometido a votación sostiene que no fue posible acreditar que esos recursos llegaran al partido o fueran utilizados en actividades relacionadas con éste.

Según el documento, las pruebas disponibles no permitieron establecer una conexión suficiente entre la entrega observada en el video y un eventual beneficio para Morena. La autoridad también concluyó que no obtuvo elementos que le permitieran reconstruir con certeza las circunstancias de modo, tiempo y lugar necesarias para sustentar una infracción electoral.

Durante las diligencias, la Unidad Técnica de Fiscalización intentó localizar a Martín López Obrador en seis domicilios ubicados en Yucatán, Chiapas, Tabasco y Sinaloa, sin éxito. Paralelamente, con apoyo de autoridades financieras, identificó siete cuentas bancarias vinculadas a él y otras siete relacionadas con David León.

Morena rechazó haber recibido recursos para campañas electorales o haber incurrido en financiamiento indebido. Por separado, el partido y David León argumentaron ante el INE que la denuncia presentada en 2021 por el senador panista Juan Antonio Martín del Campo fue promovida más de tres años después de los hechos investigados, por lo que plantearon la prescripción del caso. La resolución será analizada por los consejeros electorales durante la sesión de este viernes.