Mientras la atención nacional se concentraba en el partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, una resolución judicial puso punto final a uno de los procesos penales más prolongados y controvertidos de los últimos años.
La tarde del 18 de junio, Mary Sainz informó a través de redes sociales que un Tribunal Colegiado de Apelación confirmó por unanimidad la sentencia absolutoria dictada en favor de Israel Vallarta Cisneros. La decisión respalda el fallo emitido el 31 de julio de 2025 por la jueza Mariana Vieyra Valdez y mantiene firme la liberación que se concretó el pasado 1 de agosto.
Con esta determinación queda resuelta la apelación presentada por la Fiscalía General de la República, que buscaba revertir la absolución relacionada con el secuestro de seis personas. Hasta el momento, la dependencia no ha emitido una postura pública sobre el fallo.
La resolución llega después de que Vallarta permaneciera cerca de dos décadas en prisión sin recibir sentencia. El caso avanzó hacia su desenlace cuando las investigaciones fueron concentradas en un solo expediente, procedimiento que derivó en la conclusión de que hubo violaciones al debido proceso.
Al absolverlo, la jueza estableció que la FGR no logró acreditar su responsabilidad en los delitos que se le imputaban: “secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas”.
El origen del caso se remonta al 8 de diciembre de 2005. Ese día, Vallarta fue detenido junto con Florence Cassez cuando ambos viajaban en una camioneta. Según el informe oficial, tras la captura se obtuvo información sobre personas privadas de la libertad en un rancho.
Posteriormente, agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación ingresaron al inmueble y reportaron la localización de Cristina Ríos Valladares, su hijo menor de edad y Ezequiel Elizalde Flores. La averiguación previa señala que las víctimas habían sido secuestradas entre octubre y noviembre de ese mismo año.
La investigación adquirió una dimensión nacional cuando se reveló que la detención fue recreada para las cámaras de televisión por instrucciones de Genaro García Luna, entonces titular de la AFI, con apoyo de Luis Cárdenas Palomino.
Años después, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, funcionarios federales señalaron la existencia de otros procesos por secuestro relacionados con Vallarta. En 2021, Olga Sánchez Cordero habló de dos causas penales adicionales y, meses más tarde, Adán Augusto López sostuvo que, pese a que se había acreditado que fue sometido a tortura, otro proceso abierto impedía su liberación.
