En una rueda de prensa encabezada por el presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, reveló que hasta la fecha actual, se han registrado oficialmente 99,729 casos de personas desaparecidas en México, todas ellas en proceso de búsqueda activa.

Alcalde explicó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, establecido en 2019, ha sido alimentado con más casos a lo largo del tiempo, incluyendo algunos que se remontan hasta 1962.

“El registro público que se hizo disponible en agosto del año pasado contaba con 110,964 personas registradas. Desde entonces, hemos sumado 9,424 registros adicionales hasta la fecha de corte del 15 de marzo”, destacó la secretaria.

Sin embargo, señaló que este número se reduce al restar las personas que han sido localizadas, siendo 5,576 las que han sido formalmente registradas como encontradas. Esto sitúa el total actual de personas aún no localizadas en 99,729, como se puede verificar en la página web oficial.

Alcalde también mencionó que se han identificado 15,158 casos donde se ha confirmado la localización de las personas a través de una metodología presentada por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, lo que confirma que actualmente se encuentran en proceso de búsqueda activa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador catalogó el reciente ingreso a Palacio Nacional por parte de un grupo de jóvenes normalistas como “un vulgar acto de provocación”, acusando la presencia de “mano negra” detrás de esta acción. Durante su habitual conferencia matutina, el mandatario expresó su rechazo hacia lo que considera una estrategia de guerra sucia por parte de sus adversarios.

López Obrador enfatizó la justicia de la demanda de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014, pero advirtió sobre la presencia de “grupos de derecha, conservadores, incluso partidos políticos en contra de la transformación” que se han sumado a este movimiento. También señaló la intervención de organismos internacionales y organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos en lo que describió como un “coctel de provocadores”.

“Están nuestros adversarios desesperados, y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer. Hay `mano negra´ en estas acciones, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”, declaró el Presidente en una conferencia de prensa en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El asalto al Palacio Nacional, según López Obrador, forma parte de un plan de provocación más amplio que incluye incidentes previos, como el rompimiento de vidrios en la Secretaría de Gobernación y en la Lotería Nacional. El mandatario señaló que este tipo de acciones cuentan con la marca distintiva del PRI, recordando tácticas similares utilizadas por el partido en décadas pasadas.

Además, destacó su intención de reunirse directamente con los familiares de los estudiantes en las próximas dos semanas y media, declinando participar en la reunión entre la subsecretaria y el grupo que intentó ingresar clandestinamente.

El Presidente reiteró su postura de no caer en provocaciones y destacó la importancia del diálogo directo con los afectados, rechazando intermediarios. En un momento de desafío político, López Obrador mantiene su posición firme, buscando abordar las demandas legítimas mientras denuncia la supuesta maquinaria de provocación que rodea este caso.

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) ha desencadenado un paro nacional, bloqueando las principales carreteras del país para expresar su preocupación por el creciente nivel de violencia del crimen organizado. Con pérdidas económicas estimadas en 7 mil millones de pesos en 2023 debido a un aumento del 5 por ciento en los robos a camiones con mercancía, la protesta busca atención y medidas del gobierno.

Decenas de miles de transportistas, pertenecientes a la Amotac, una organización con más de 100 mil afiliados y casi medio millón de vehículos, han llevado a cabo esta movilización a lo largo de las carreteras que conectan importantes ciudades, desde Ciudad de México hasta Chiapas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a los transportistas de ser “conservadores” y de rechazar el diálogo, generando un escenario de tensión en medio de la protesta.

La problemática central se centra en el incremento de los robos a camiones de carga. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que estos robos aumentaron cerca del 5 por ciento en 2023, afectando significativamente la seguridad generando pérdidas millonarias para la industria.

“Duele perder a los conductores de los tráileres día con día, la seguridad en las carreteras es mínima y el exceso de cobros de peaje va en aumento, tenemos cobros excesivos de los servicios de grúas”, expresó William de Jesús Arellano, delegado de la Amotac en San Cristóbal, Chiapas, reflejando las dificultades que enfrentan diariamente.

La manifestación, que abarca desde el límite con Estados Unidos en Tamaulipas hasta la frontera con Centroamérica en Chiapas, destaca la magnitud y gravedad del problema. Transportistas como Marco Antonio López, delegado de Amotac en Comitán, enfatizan la necesidad urgente de atención: “A todas las autoridades de Gobierno, estatales y federales, que nos volteen a ver, aquí en el estado nos asaltaron en el tramo Mal Pasito y en ese asalto murió mi hermano y ahorita sí está muy difícil”.

La industria, según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ha perdido aproximadamente 7 mil millones de pesos en 2023 debido a los asaltos a camiones de mercancía. Además, la Canacar reportó cerca de 13 mil robos con y sin violencia en enero, junto con el asesinato de entre 50 y 150 conductores durante el mismo periodo.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informa que se han realizado 120 reuniones con agremiados de Amotac y se promete desplegar 600 elementos nuevos de la Guardia Nacional y 2 mil patrullas.

La tensión persiste en México mientras los transportistas buscan soluciones efectivas y el gobierno se esfuerza por abordar la creciente violencia en las carreteras.

La conmemoración del Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada este lunes en Querétaro, tuvo una relevancia particular este año al contar con la ausencia tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, Norma Piña.

El evento, que contó con la presencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el ministro Alberto Pérez Dayán en representación del Poder Judicial, se convirtió en un espacio para reflexionar sobre la relación entre los poderes del Estado, especialmente en medio del anuncio del presidente de enviar reformas a la Constitución.

Pérez Dayán destacó la importancia de mantener la independencia y autonomía del Poder Judicial, subrayando el compromiso con la democracia y el cumplimiento de la ley. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de separar al Poder Judicial de la política para preservar su integridad y funcionalidad.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, adelantó que las reformas propuestas por el presidente López Obrador buscan fortalecer el pacto social y devolverle el sentido social a la Constitución. Alcalde lamentó el impacto del neoliberalismo en la Carta Magna y expresó la necesidad de recuperar el sentido de solidaridad y justicia social en el país.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, hizo un llamado a la unidad y la concordia, destacando la importancia de los contrapesos en un sistema democrático y la necesidad de respetar las instituciones autónomas.

En el evento también participaron las presidentas de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Rivera, respectivamente, quienes resaltaron la importancia de la Constitución como guía moral y herramienta para enfrentar los desafíos actuales del país.

La conmemoración no solo celebró un aniversario, sino también la continuidad de un legado y el compromiso con el desarrollo democrático y social de México.