El Instituto Nacional Electoral (INE) ha hecho un llamado a los residentes de Tampico y Ciudad Madero para que reciban a los capacitadores electorales en sus hogares, con el objetivo de completar el equipo que operará en las casillas el próximo 2 de junio. Según informes del INE, aproximadamente 43 colonias en estas ciudades se han mostrado renuentes a recibir al personal electoral.

A pesar de estar en casa y de que los capacitadores a asistentes electorales (CAE) se presentan debidamente uniformados para evitar cualquier inconveniente, los residentes de estas colonias han negado el acceso al personal del INE.

“Es crucial que abran la puerta al CAE, ya que esta es la manera en que se identifican. Por favor, abran sus puertas y den la bienvenida a todos estos funcionarios”, declaró Ma. De la Luz Espinoza Hernández, consejera presidenta del Consejo Distrital 08, que abarca los municipios de Tampico y Ciudad Madero.

Se requieren al menos 2 mil funcionarios de casilla más para alcanzar la meta establecida. En Tampico, las colonias que han mostrado mayor resistencia son aquellas de alto poder adquisitivo y algunos fraccionamientos, mientras que en Ciudad Madero, las colonias con algunos problemas incluyen la ampliación de la Unidad Nacional, Emilio Carranza, La Barra, entre otras.

En una conferencia de prensa, Mariana Guadalupe Domínguez Pérez, vocal de capacitación electoral y educación cívica; Josefina Balderas Esquivel, consejera propietaria fórmula 6; y María del Consuelo Romero Chávez, consejera propietaria fórmula 4, se unieron al llamado, instando a la población a colaborar y abrir las puertas de sus hogares para facilitar el proceso electoral.

La discusión sobre la legalidad y el alcance de la Ley SB4 de Texas continúa mientras las autoridades judiciales de Estados Unidos evalúan su validez. Esta legislación, que ha sido calificada como xenófoba por el gobierno mexicano, ha despertado el interés de otros estados en adoptar un enfoque similar en materia migratoria.

La SB4 establece el delito de entrada ilegal al territorio texano y otorga poderes a policías y jueces locales para detener, encarcelar y deportar a extranjeros basándose únicamente en la sospecha de su estatus migratorio, con penas que podrían llegar hasta los 20 años de prisión.

Tanto el gobierno federal estadounidense como organizaciones civiles han impugnado la ley, argumentando su inconstitucionalidad. México ha solicitado a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos que mantenga congelada la implementación de la SB4.

En medio de este debate, otros estados muestran interés en seguir el ejemplo de Texas. En Oklahoma, el presidente de la Cámara de Representantes, Charles McCall, ha presentado una propuesta de ley migratoria que permitiría a las autoridades estatales detener a migrantes sin documentos, justificando la medida como un intento por asegurar la frontera del estado contra la inmigración ilegal, aunque Oklahoma se encuentre a más de 550 kilómetros de la frontera con México.

En Georgia, un proyecto de ley conocido como Ley de Seguimiento y Denuncia de Extranjeros Criminales HB-1105 avanza en el proceso legislativo. Esta propuesta obligaría a la policía local a identificar y detener a extranjeros sin documentos, y está pendiente de aprobación en la Cámara de Representantes estatal y de la firma del gobernador republicano, Brian Kemp.

En New Hampshire, por su parte, se está considerando una ley que permitiría a la policía local detener a presuntos inmigrantes sin documentos por delitos relacionados con allanamiento de morada.

Mientras tanto, tanto el Departamento de Justicia de la administración Biden como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han impugnado la SB4, argumentando que viola las leyes al interferir con las facultades de las autoridades federales de migración y frontera.

Se especula que, de obtener otro fallo judicial favorable, estados liderados por republicanos podrían presentar proyectos de ley similares a la SB4, siguiendo la línea de la política impulsada por el gobernador texano Greg Abbott.