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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este lunes una reunión con Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, una de las compañías energéticas más relevantes a nivel global y con presencia estratégica en territorio mexicano. El encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional y fue compartido por la mandataria en sus redes sociales, donde subrayó que la empresa estadounidense mantiene diversos proyectos de inversión en México y Estados Unidos.

“Hay confianza en nuestro país”, publicó Sheinbaum en su cuenta oficial de X, acompañando el mensaje con una fotografía del encuentro. La reunión también contó con la presencia de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quien reiteró que existe un clima favorable para la inversión del sector privado en México, especialmente en la industria energética.

Por parte de Baker Hughes, además de Simonelli, asistieron María Claudia Borras, directora de Crecimiento y Experiencia; Robert Pérez, vicepresidente para las Américas y Desarrollo de Proyectos; y Germán Gómez, director para México y América Central. También participó en la reunión Bernardo Riojas Achutegui, director general de Grupo Empresarial Metropolitano.

Baker Hughes es una empresa especializada en tecnología energética, con operaciones que abarcan desde servicios para exploración y producción hasta la venta de equipos industriales. Su relación con México ha sido significativa, especialmente en el marco de la colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex).

El 19 de agosto de 2019, Baker Hughes firmó un contrato con Pemex por 85 millones de dólares. Este contrato se dio en el contexto de una serie de acuerdos comerciales relacionados con el suministro de turbinas, compresores y otros equipos clave para la operación de instalaciones energéticas como la nueva refinería de Dos Bocas.

La presencia de la empresa en México ha estado en el foco público desde 2022, cuando investigaciones de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelaron que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, residió junto a su esposa, Carolyn Adams, en dos casas en Texas. Una de ellas pertenecía a Keith Schilling, quien en ese momento era alto ejecutivo de Baker Hughes y cuya empresa mantenía contratos vigentes con el gobierno mexicano.

Posteriormente, Baker Hughes reconoció que la propiedad en Houston perteneció a un exempleado de la empresa, pero aseguró que dicho ejecutivo dejó de trabajar para la firma en 2019 y que no tuvo ninguna relación con las operaciones comerciales entre Baker Hughes y el gobierno de México.

El reciente encuentro entre Sheinbaum y los altos mandos de la compañía se enmarca en la estrategia de la nueva administración para consolidar alianzas estratégicas con el sector privado, atraer nuevas inversiones y fortalecer la infraestructura energética del país, sin dejar de lado la transparencia en los vínculos empresariales con el gobierno.

Un mensaje directo desde Palacio Nacional marcó el inicio de una noche crucial para miles de habitantes en el sur del país. La presidenta Claudia Sheinbaum se dirigió a la población de Oaxaca y Guerrero ante el avance del huracán Erick, que evolucionó a categoría 3, con impacto previsto durante la madrugada en la franja costera que divide ambas entidades. 

En un video oficial, Sheinbaum destacó que el fenómeno fue confirmado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, y señaló la necesidad de extremar precauciones. La presidenta subrayó: “Manténganse juntos y mantengan la calma, juntos vamos a salir adelante”, una frase que busca reforzar la unidad en un momento crítico para las comunidades costeras.

Como parte de las medidas de prevención, el Gobierno federal ordenó la suspensión total de actividades en las zonas en riesgo y emitió una serie de recomendaciones a la población: permanecer en casa, resguardarse con sus familias y, en caso de vivir cerca de ríos o en áreas bajas, trasladarse a los albergues disponibles.

Sheinbaum indicó que las fuerzas de seguridad y auxilio están activadas y coordinadas. En particular, entró en funcionamiento el Plan DN-III-E, operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), diseñado para proteger a la población civil durante emergencias derivadas de desastres naturales. Esta estrategia incluye a elementos del Ejército y la Fuerza Aérea, encargados de garantizar una respuesta oportuna y efectiva en el territorio.

A la par, se sumaron tareas coordinadas del Plan Marina, así como operativos desplegados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Todas estas instituciones trabajan en conjunto con autoridades estatales y municipales, lo que refuerza la cobertura ante el inminente impacto de Erick.

El Plan DN-III-E, implementado desde hace décadas por las Fuerzas Armadas, contempla tres etapas fundamentales: prevención, auxilio y recuperación. En la fase preventiva, las autoridades realizan simulacros, actualizan rutas de evacuación y aseguran la operatividad de refugios temporales, centros de acopio y mapas de riesgo. También se mantiene contacto permanente con Protección Civil, y de ser necesario, se activa la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD), especializada en situaciones de gran escala.

Durante la fase de auxilio, que ya se encuentra en marcha en zonas vulnerables, las fuerzas desplegadas administran albergues, resguardan áreas afectadas, realizan evacuaciones preventivas, ofrecen asistencia médica y organizan la entrega de víveres. Esta etapa también contempla labores de búsqueda y rescate, fundamentales en zonas de difícil acceso.

Una vez que las condiciones meteorológicas lo permitan, iniciará la fase de recuperación, enfocada en la rehabilitación de caminos, restablecimiento de servicios básicos como salud, agua potable y energía eléctrica, así como la mejora progresiva del entorno afectado.

Las autoridades exhortan a la población a seguir exclusivamente los canales oficiales para obtener información confiable y actualizada. Se ha hecho énfasis en no salir de casa si no es estrictamente necesario y en tener a la mano documentos personales, provisiones básicas y un plan de emergencia familiar en caso de evacuación.

El avance del huracán Erick pone a prueba los protocolos de atención a desastres en México, mientras las instituciones movilizan recursos y personal para mitigar los efectos del fenómeno. La respuesta del Gobierno federal, encabezada por la presidenta Sheinbaum, busca ofrecer seguridad, coordinación y confianza a quienes enfrentan este episodio climático desde las primeras líneas de impacto.

Este domingo, Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, sostuvo una llamada telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. La conversación se dio en el marco de la próxima reunión de los gobiernos de ambos países en la Cumbre del G7, que inicia hoy lunes en Canadá.

La SRE informó a través de su cuenta de X que en el diálogo ambos funcionarios abordaron diferentes puntos de la agenda bilateral. De acuerdo con el comunicado oficial, “coincidieron en que es una oportunidad para fortalecer la colaboración entre ambos países y analizar los retos tanto regionales como globales”.

Este encuentro telefónico se suma a la reciente reunión que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, en Palacio Nacional. En redes sociales, Sheinbaum compartió fotografías del encuentro, en las que indicó que conversaron sobre “diversos temas de la relación México-Estados Unidos”.

El subsecretario Landau, por su parte, no ofreció declaraciones a la prensa ni al ingresar ni al salir del Palacio Nacional.

Estas conversaciones reflejan la intención de ambos países por mantener un diálogo constante y fortalecer vínculos en el contexto internacional, especialmente antes de la cumbre donde se discutirán temas relevantes para la región y el mundo.

La Cumbre del G7 representa un escenario clave para que México y Estados Unidos refuercen su colaboración, enfrentando desafíos compartidos con una visión de trabajo conjunto.

La Secretaría de Relaciones Exteriores continúa con la estrategia de mantener comunicación directa con autoridades estadounidenses, preparando el terreno para la participación de México en las próximas discusiones multilaterales.

Una reunión de alto nivel en Palacio Nacional concluyó con la firma del Acuerdo Nacional Maíz – Tortilla entre el Gobierno Federal y diversos actores de la cadena productiva del maíz. El objetivo: mejorar los procesos, reducir costos y estabilizar el precio de la tortilla, alimento base en millones de hogares mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el encuentro con representantes de productores, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros. El acuerdo contempla una serie de acciones para fortalecer a la industria y facilitar una reducción progresiva en el precio del kilo de tortilla durante el actual sexenio.

El compromiso central establece una meta gradual de reducción del 10 por ciento en el precio de la tortilla. Esta baja se realizará en dos fases: la primera buscará una disminución del 5 por ciento en los próximos años, y la segunda alcanzaría otro 5 por ciento, siempre y cuando se den condiciones favorables en el mercado, el clima, las finanzas y el comercio internacional.

El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, informó que se implementarán medidas específicas para apoyar a todos los eslabones de la cadena, desde la producción primaria hasta la venta final. Se prevé otorgar financiamiento en condiciones preferenciales, mejorar la logística del transporte de maíz y reforzar la seguridad en el sector.

“El cinco por ciento es el punto de base. Es una cosa que se tiene que ir revisando”, aseguró el funcionario, quien también señaló que estas acciones buscan reducir los costos indirectos en toda la cadena productiva, con el fin de beneficiar tanto a productores como a consumidores.

Otro de los elementos clave del acuerdo es su carácter voluntario. Así lo explicó Alejandro Nicolás, enlace con sectores productivos de la Secretaría de Economía, quien detalló que cada actor podrá sumarse al plan conforme a sus posibilidades. Esta estrategia permitiría que más empresas se incorporen de forma gradual a mejores prácticas y precios más accesibles.

La estabilización del precio del grano también forma parte del plan. Para lograrlo, se establecerán contratos por cosecha con precios fijos, acceso a financiamiento y coordinación con harineras. Con ello, se pretende que los costos bajen desde el origen, impactando positivamente en el precio final del producto.

Actualmente, el precio del kilo de tortilla varía significativamente en el país. Existen zonas donde puede llegar hasta los 35 pesos, mientras que en otras regiones se mantiene en los 18 pesos. Esta diferencia responde a múltiples factores, entre ellos la ubicación geográfica, el acceso a insumos y las condiciones del transporte.

El acuerdo también contempla la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender temas logísticos, como el transporte de maíz, y prevenir afectaciones al abastecimiento. Esta línea de acción busca garantizar el cumplimiento del pacto sin interrupciones ni encarecimientos por factores externos.

Con este acuerdo, se inicia una nueva etapa para el sector del maíz y la tortilla en México, marcada por la colaboración entre gobierno e industria, con el fin de garantizar precios más estables y accesibles para los consumidores.

Durante su mensaje matutino desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó los recientes acontecimientos relacionados con las redadas migratorias en Los Ángeles y la respuesta de la comunidad mexicana en esa ciudad. En su declaración, reiteró que México mantiene un compromiso firme con la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos en el exterior, sin importar su estatus migratorio.

En el contexto de las protestas que se presentaron tras las redadas del pasado fin de semana, la mandataria federal subrayó la importancia de mantener una postura pacífica. Aclaró que algunas de las acciones registradas, como la quema de patrullas, podrían interpretarse más como provocaciones que como una resistencia legítima. “No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta”, expresó.

El mensaje fue claro y con tono firme. Desde el salón Tesorería, Sheinbaum leyó un comunicado en el que se hizo un llamado respetuoso pero decidido a las autoridades estadounidenses, para que todo procedimiento migratorio se realice respetando el debido proceso y los derechos fundamentales de cada persona. El gobierno de México, aseguró, rechaza cualquier forma de violencia, venga de donde venga, y alienta a la comunidad migrante a no dejarse llevar por provocaciones.

En su intervención, también reconoció la relevancia de la comunidad migrante mexicana en la economía de Estados Unidos. “Estados Unidos los necesita para su economía”, señaló. Mencionó que la mayoría de los connacionales en ese país cuenta con documentos de trabajo o incluso ciudadanía. Para quienes no tienen documentación, resaltó que muchos llevan más de cinco años viviendo allá y realizan aportes significativos tanto a la sociedad estadounidense como a la mexicana.

Además, la presidenta expresó su gratitud hacia la ciudad de Los Ángeles, destacando el papel que ha jugado como refugio y hogar para cientos de miles de mexicanos a lo largo de los años. “Ha sido generosa y los mexicanos hemos sido generosos con esta ciudad”, compartió.

En un entorno complejo, marcado por operativos migratorios y tensiones sociales, el mensaje de la presidenta de México busca preservar la calma, reforzar la protección consular y recordar la importancia del respeto, tanto desde las instituciones como desde la comunidad. El enfoque del gobierno se centra en acompañar a los mexicanos en el exterior y en fortalecer los lazos que unen a las dos naciones en uno de los temas más sensibles y urgentes del momento: la migración.

Las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa siguen activas a once años del suceso, según informó el fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra. A su llegada a Palacio Nacional, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y los familiares de los jóvenes desaparecidos, Gómez Piedra afirmó que los trabajos no se han detenido.

El fiscal, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), destacó que se han abierto más de 46 causas penales y que hasta ahora se ha realizado la detención de 120 personas vinculadas al caso. “Llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cuerpos”, señaló el funcionario federal, quien también indicó que aún no se ha logrado ubicar el paradero de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Claudia Sheinbaum, en su tercer encuentro con los familiares de los estudiantes desde que inició su sexenio, reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. Durante su conferencia matutina de este martes, expresó que “es una responsabilidad hablar con ellos (los padres) y si lo aprueban, seguir informando, si no, nosotros seguimos trabajando”.

Desde las primeras horas de la tarde, colectivos y familiares comenzaron a llegar a las inmediaciones de Palacio Nacional, accediendo al recinto histórico por la calle Moneda. Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares, no pudo asistir a la reunión por motivos de salud.

La presidenta confirmó que la reunión fue parte del seguimiento institucional al caso y que todas las dependencias gubernamentales pertinentes continúan colaborando. “Primero a los padres y a las madres, es una responsabilidad, primero hablar con ellos y si ellos aprueban, seguir informando, si no, nosotros seguimos trabajando para la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes”, indicó Sheinbaum.

Rosendo Gómez enfatizó que, aunque la búsqueda directa no ha tenido éxito en localizar a los estudiantes, el proceso judicial y las diligencias siguen en marcha. Al ser cuestionado sobre avances derivados de la reciente captura de una exmagistrada implicada, respondió que “los avances son esos”, remarcando que las investigaciones continúan activas y sin pausa.

El caso Ayotzinapa permanece como una de las heridas más profundas en la historia reciente del país. A pesar del tiempo, sigue movilizando a familiares, sociedad civil e instituciones. La reunión en Palacio Nacional, enmarcada por el respaldo presidencial, refleja la intención del nuevo gobierno de no cerrar la carpeta hasta agotar cada línea de investigación.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcó posición de manera contundente ante las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien criticó sus movilizaciones por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y las relacionó con intereses de la derecha. En conferencia de prensa, los maestros negaron cualquier vínculo con partidos conservadores y reafirmaron su disposición para entablar un diálogo directo con la mandataria. 

Desde la Ciudad de México, representantes de la CNTE aclararon que su lucha no está influenciada por intereses externos. El secretario general de la sección 9, Pedro Hernández, aseguró que “nadie nos financia, nadie nos ordena” y reiteró el deslinde de partidos como el PRI y el PAN, así como de “la ultraderecha más recalcitrante”.

Hernández subrayó que la CNTE ha combatido históricamente a dichos grupos, por lo que calificó como un error que se les compare con actores políticos que representan intereses contrarios a los del magisterio. “Se equivoca la presidenta cuando quiere ponernos en ese mismo costal”, puntualizó el dirigente sindical, visiblemente firme en su postura.

En la misma línea, otros integrantes de la Coordinadora manifestaron su inconformidad con el discurso presidencial, al considerar que pone al magisterio en una posición de confrontación frente al pueblo. “No permitiremos que nos pongan en contra del pueblo, porque el magisterio somos pueblo”, enfatizaron durante su declaración, dejando en claro que su protesta es una forma legítima de exigir justicia social.

Los maestros confirmaron su disposición al diálogo, pero subrayaron que este debe darse directamente con la presidenta Sheinbaum, no con integrantes de su gabinete. Según sus declaraciones, lo que esperan son “nuevas respuestas” a sus demandas, particularmente en lo que respecta a la abrogación de la reforma de pensiones aprobada en el sexenio de Felipe Calderón.

La CNTE lamentó que una reunión programada con Sheinbaum el pasado viernes se haya cancelado, sin que hasta ahora haya claridad sobre la reprogramación ni sobre avances concretos en las exigencias planteadas. Aseguraron que hasta el momento, las respuestas del gobierno han sido evasivas y sin propuestas que representen un cambio significativo.

A pesar del clima tenso, los docentes reafirmaron que su manifestación se mantiene en los márgenes de la civilidad. Aclararon que “hoy no estamos en una situación de afectación directa a la población” y que su presencia en las calles es pacífica, en espera de ser escuchados.

De cara al proceso electoral del 1 de junio, la CNTE afirmó que “no hay una acción definida” y que su lucha no busca interferir con los comicios, sino llamar la atención sobre problemáticas que consideran históricamente desatendidas. En este contexto, señalaron que el titular de Educación les envió un mensaje informal proponiendo una conversación, pero sin establecer lugar ni fecha, lo cual consideraron insuficiente.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró desde Palacio Nacional que su administración ha mantenido canales de comunicación abiertos con los maestros, aunque expresó su preocupación por los amagos de boicot a la elección judicial. “Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral?”, expresó ante la prensa.

La mandataria reconoció que su gobierno no comparte la reforma impulsada en 2007, pero advirtió que su revocación implicaría una carga fiscal insostenible para el Estado mexicano. Reiteró que se mantendrá abierta al diálogo, pero condenó que la CNTE traslade sus exigencias a otros terrenos como la reforma al Poder Judicial o acciones que impacten a la ciudadanía, como los bloqueos al aeropuerto capitalino.

La disputa entre la Coordinadora y el gobierno federal mantiene un tenso equilibrio entre el reclamo social y la gobernabilidad, mientras el magisterio exige atención real y soluciones concretas.

La estabilidad en los precios de productos esenciales seguirá siendo una realidad en México por otros seis meses. La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con líderes de importantes empresas comercializadoras y productoras de alimentos, firmó la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), un acuerdo que asegura mantener el costo máximo de la canasta básica en 910 pesos.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, se concretó este compromiso con la presencia de representantes del sector privado y funcionarios del gabinete federal. La firma simboliza un esfuerzo conjunto por proteger la economía de millones de familias mexicanas que dependen de estos productos día a día.

“Firmamos la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) con tiendas de autoservicio y productores agropecuarios; este acuerdo significa que no aumentará el precio de los 24 productos de la canasta básica. Cuidamos la economía popular”, compartió la mandataria en redes sociales.

Los empresarios confirmaron que los términos establecidos en noviembre se mantienen intactos: mismos productos, mismo precio, mismo objetivo. Ricardo Martín Bringas, director general de Soriana, indicó que el acuerdo se extiende por seis meses más. José Fimbres, de Grupo Calimax, reafirmó que los parámetros permanecen sin cambios.

El Pacic no es una medida aislada, sino una alianza voluntaria entre el gobierno federal y el sector empresarial para contener el impacto inflacionario. La canasta abarca 24 artículos de consumo esencial como arroz, frijol, leche, huevo, aceite, pollo, tortilla, azúcar, verduras, frutas, productos cárnicos y artículos de higiene personal.

Al encuentro acudieron altos funcionarios como los secretarios de Hacienda, Edgar Amador Zamora; de Economía, Marcelo Ebrard; de Energía, Luz Elena González; de Infraestructura, Jesús Esteva; de Seguridad, Omar García Harfuch; y de Agricultura, Julio Berdegué. También participaron representantes de la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y del Consejo Asesor Empresarial.

Empresas clave como Walmart, Chedraui, San Juan, Bachoco, Bimbo y La Comer también estuvieron presentes, respaldando este acuerdo que permite mantener a raya los incrementos en los productos más demandados por los hogares.

Con esta renovación, el Pacic reafirma su papel como instrumento de contención frente a la inflación. El precio de la canasta básica seguirá fijo hasta nuevo aviso, en una estrategia que busca dar certidumbre al consumo cotidiano. Esta alianza público-privada ofrece una pausa necesaria en tiempos de presión económica, asegurando el acceso a productos indispensables sin golpear el bolsillo.

El nombre del Golfo de México, ese vasto cuerpo de agua que baña las costas de México, Estados Unidos y Cuba, ha desatado una controversia de alcance internacional. El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha interpuesto una demanda contra Google por modificar en algunos de sus mapas digitales el nombre tradicional de esta zona marítima y etiquetarla como “Golfo de América”.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que esta denominación, promovida en su momento por el presidente estadounidense Donald Trump, solo puede aplicarse al sector del golfo correspondiente a la plataforma continental de Estados Unidos. Enfatizó que ni Trump ni cualquier otra autoridad estadounidense posee el derecho de imponer ese nombre en las porciones del golfo que pertenecen a México y a Cuba.

La mandataria subrayó que la nomenclatura de cuerpos de agua que comparten varios países no puede decidirse unilateralmente. Es un asunto que compete a instancias internacionales. Por ello, afirmó que la acción legal contra Google busca corregir lo que calificó como una representación cartográfica inadecuada.

“Lo único que queremos es que se cumpla el decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos sobre el golfo. Nombra Golfo de América sólo la parte que le corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, no a todo el golfo”, puntualizó Sheinbaum.

La demanda ya ha generado una primera resolución judicial, y las autoridades mexicanas esperan con atención los próximos pasos. De acuerdo con la posición oficial, la solicitud es clara: que la plataforma de mapas de Google respete la delimitación geográfica conforme a lo acordado oficialmente y que rotule como “Golfo de América” únicamente la parte correspondiente al territorio estadounidense. En las áreas mexicanas y cubanas, el nombre reconocido internacionalmente sigue siendo “Golfo de México”.

Este conflicto ha puesto en el centro de la conversación temas como la soberanía digital, la representación territorial en plataformas tecnológicas globales y el respeto a acuerdos internacionales. El caso también ha reavivado el debate sobre el poder de las grandes empresas tecnológicas en la difusión de contenidos geográficos y cómo sus decisiones pueden generar tensiones diplomáticas.

Mientras tanto, el gobierno mexicano mantiene firme su postura y espera una corrección precisa por parte de Google. La batalla legal continúa, en defensa de un nombre que, para México y Cuba, representa mucho más que un punto en un mapa.

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, desde Palacio Nacional se dio a conocer un anuncio que marca un punto de inflexión para la fuerza laboral en México. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, presentó la estrategia oficial para implementar la jornada laboral de 40 horas, un cambio que se llevará a cabo de manera “paulatina y gradual” hasta concretarse en enero de 2030.

El funcionario detalló que esta transformación responde a una demanda histórica de la clase trabajadora. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde el inicio de su gestión, asumió este compromiso como parte del eje número 60 dentro de su plan de gobierno, enmarcado en lo que ha denominado el “segundo piso de la transformación”.

Para garantizar que esta reducción de horas sea equitativa y funcional, se organizarán foros en distintas ciudades del país entre el 2 de junio y el 7 de julio. En estas mesas de trabajo participarán representantes de los sectores laboral, empresarial y académico. La intención es construir un modelo sostenible y justo que responda a las necesidades reales del país y de sus trabajadores.

“El objetivo primordial es construir en colectivo un modelo justo y eficaz para cumplir con la demanda histórica del pueblo de México”, afirmó Bolaños durante su intervención. Además, defendió la medida subrayando que reducir la jornada laboral no afecta la productividad, sino que otorga dignidad al trabajador al devolverle tiempo de vida personal y familiar.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum subrayó que esta transformación se dará por consenso. Señaló que la implementación no será inmediata, ya que se busca alcanzar acuerdos que permitan asegurar verdaderas mejoras en las condiciones laborales. “Por eso, el día de hoy lo que abrimos son las mesas de trabajo para que nos sentemos con empresarios, los representantes sindicales, las y los trabajadores”, indicó.

La mandataria también enfatizó que no hay momento perfecto para defender los derechos laborales, reafirmando su convicción de que este proceso representa un avance necesario y justo. “Alguien dirá, ‘pues es que a lo mejor no es el mejor momento’. No. Siempre es un buen momento para defender a los trabajadores”, expresó con firmeza.

Con el arranque de estas mesas de diálogo y una ruta clara hacia el 2030, México comienza a escribir un nuevo capítulo en su historia laboral. El compromiso está trazado y el reloj ya corre hacia una jornada más humana, más justa y más moderna.