La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha iniciado la campaña “100 sentencias de La Corte”, destinada a divulgar las decisiones judiciales que han tenido un impacto significativo en la vida de personas excluidas, marginadas y en situación de vulnerabilidad en México.

A través de las redes sociales de la SCJN y con el hashtag #100Sentencias, se pueden identificar los precedentes resueltos por las ministras y ministros del Pleno, así como por la Primera y Segunda salas. Estas decisiones han protegido diversos derechos humanos reconocidos en el país, como el derecho a la igualdad y no discriminación, propiedad intelectual, libertad religiosa, salud, y libre desarrollo de la personalidad. También abordan derechos económicos, sociales y culturales, beneficiando a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores, pueblos originarios, comunidades afromexicanas y afrodescendientes, y la comunidad LGBTI+, entre otros.

La campaña no solo difunde los argumentos que sustentan cada decisión y el derecho protegido, sino que también relaciona estas sentencias con tesis aisladas y de jurisprudencia, proporcionando enlaces para consultar los expedientes completos.

“100 sentencias de La Corte” busca hacer accesibles estas decisiones tanto para especialistas en derecho como para el público en general, destacando los alcances y repercusiones de las decisiones del Máximo Tribunal del país en su historia reciente.

Miles de migrantes sueñan con alcanzar el “sueño americano” y buscan solicitar asilo político a través de la aplicación CBP ONE, pero este proceso resulta más complicado de lo que parece. Alejandro Alex Martínez, abogado especializado en migración en McAllen, Texas, explicó a MILENIO que llenar la solicitud es solo el primer paso; es necesario demostrar ante la Corte de Estados Unidos la necesidad real de asilo, lo que resulta en que solo entre el 5 y 30 por ciento de los solicitantes lo obtienen.

“Las estadísticas varían entre un 5 y un 30 por ciento debido a diversos factores: la flexibilidad del juez, la ubicación del tribunal, y la facilidad para probar la persecución política en el país de origen del migrante,” señaló Martínez.

Obtener una cita ante la Corte es solo el inicio del proceso. El juez evalúa si existen los elementos básicos para continuar, seguido de varias audiencias. Martínez subrayó que muchos migrantes no comprenden que, tras entrar a Estados Unidos, el proceso de asilo implica una serie de audiencias prolongadas.

“CBP ONE ha abierto oportunidades, pero muchos migrantes desconocen que serán inscritos en la Corte y deberán asistir a múltiples audiencias. Esta espera prolongada permite a los migrantes establecerse en el país y formar lazos comunitarios, facilitando su permanencia mediante otros métodos,” añadió Martínez.

El desconocimiento sobre el proceso de CBP ONE y los requisitos para el asilo es común entre los migrantes. Incluso, a veces se requieren peritos para demostrar que son víctimas de peligro en sus países de origen. Muchos entran a Estados Unidos con expectativas altas sin saber que deben cumplir requisitos estrictos.

“Algunos creen que con entrar mediante CBP ONE ya tienen permiso para quedarse en Estados Unidos y no saben que serán procesados para deportación. No entienden los requisitos para el asilo, como pertenecer a un grupo social perseguido, haber sido torturados o estar en peligro,” explicó Martínez.

El tiempo promedio para determinar si un migrante obtiene asilo es de uno a tres años, período durante el cual se realizan varias audiencias. “No es común que un caso tarde más de tres años con CBP ONE. Antes, algunos casos podían durar hasta ocho años, pero hoy el proceso es más rápido,” afirmó Martínez.

Carlos Moctezuma García, otro abogado de migración en San Antonio, Texas, comentó a MILENIO que acceder a la aplicación CBP ONE es difícil, excepto para migrantes de Cuba, donde las oportunidades son mayores.

“Acceder a CBP ONE es complicado, pero permite la entrada a EE. UU. seguido de la presentación del caso ante un tribunal. En Cuba es más fácil, pero en otros países de Latinoamérica es muy complejo,” dijo García.

Durante el proceso de asilo, los migrantes reciben apoyos como educación para menores, y los adultos pueden solicitar un permiso de trabajo 150 días después de ser entrevistados por un juez.

“En Estados Unidos, todos tienen derecho a la educación, y los menores deben asistir a la escuela. Los adultos pueden solicitar un permiso de trabajo tras 150 días,” concluyó García.

El domingo, un grupo de personas encapuchadas interceptó la caravana en la que viajaba Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por el partido oficialista, mientras realizaba campaña en Chiapas.. Los encapuchados exigieron a Sheinbaum abordar el problema de la violencia en la región, donde dos cárteles del narcotráfico mantienen una disputa territorial.

Los encapuchados se identificaron como habitantes locales y expresaron su frustración por la falta de acción del gobierno contra la inseguridad. Pidieron a Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, que tome medidas para evitar que Motozintla, una localidad cercana a la frontera con Guatemala, se convierta en un “desastre” similar a otras áreas.

En el video, Sheinbaum aparece escuchando a los encapuchados con atención, sin que se vean armas presentes. La candidata estaba escoltada por el Ejército y la Guardia Nacional, y confirmó el incidente, restando importancia al evento.

Sin embargo, la diputada federal por el partido oficialista Morena, Patricia Armendáriz, que acompañaba a la caravana, expresó en la red social X su preocupación de que los encapuchados estuvieran vinculados a algún cártel, aunque borró su publicación poco después.

En una reunión con la prensa, Sheinbaum describió el incidente como “extraño” y mencionó que el video fue difundido por un medio crítico con el oficialismo. Aunque no creía que los encapuchados fueran parte del crimen organizado, la región donde ocurrió el incidente es un punto de disputa entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.

Los cárteles han estado imponiendo retenes, sometiendo a los pobladores y provocando desplazamientos masivos, lo que era más común en otras partes de México, pero relativamente nuevo para Chiapas hasta el año pasado. Los grupos buscan controlar rutas de migrantes, drogas y armas provenientes de Centro y Sudamérica con destino a México y Estados Unidos.

La embajada de Estados Unidos en México emitió recientemente una alerta restringiendo los viajes de sus funcionarios a esta zona debido a la creciente violencia.

La discusión sobre la legalidad y el alcance de la Ley SB4 de Texas continúa mientras las autoridades judiciales de Estados Unidos evalúan su validez. Esta legislación, que ha sido calificada como xenófoba por el gobierno mexicano, ha despertado el interés de otros estados en adoptar un enfoque similar en materia migratoria.

La SB4 establece el delito de entrada ilegal al territorio texano y otorga poderes a policías y jueces locales para detener, encarcelar y deportar a extranjeros basándose únicamente en la sospecha de su estatus migratorio, con penas que podrían llegar hasta los 20 años de prisión.

Tanto el gobierno federal estadounidense como organizaciones civiles han impugnado la ley, argumentando su inconstitucionalidad. México ha solicitado a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos que mantenga congelada la implementación de la SB4.

En medio de este debate, otros estados muestran interés en seguir el ejemplo de Texas. En Oklahoma, el presidente de la Cámara de Representantes, Charles McCall, ha presentado una propuesta de ley migratoria que permitiría a las autoridades estatales detener a migrantes sin documentos, justificando la medida como un intento por asegurar la frontera del estado contra la inmigración ilegal, aunque Oklahoma se encuentre a más de 550 kilómetros de la frontera con México.

En Georgia, un proyecto de ley conocido como Ley de Seguimiento y Denuncia de Extranjeros Criminales HB-1105 avanza en el proceso legislativo. Esta propuesta obligaría a la policía local a identificar y detener a extranjeros sin documentos, y está pendiente de aprobación en la Cámara de Representantes estatal y de la firma del gobernador republicano, Brian Kemp.

En New Hampshire, por su parte, se está considerando una ley que permitiría a la policía local detener a presuntos inmigrantes sin documentos por delitos relacionados con allanamiento de morada.

Mientras tanto, tanto el Departamento de Justicia de la administración Biden como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han impugnado la SB4, argumentando que viola las leyes al interferir con las facultades de las autoridades federales de migración y frontera.

Se especula que, de obtener otro fallo judicial favorable, estados liderados por republicanos podrían presentar proyectos de ley similares a la SB4, siguiendo la línea de la política impulsada por el gobernador texano Greg Abbott.

En el escenario nacional mexicano, las cifras de homicidios del primer semestre de 2023 han sido reveladas de manera preliminar por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desencadenando un análisis exhaustivo de la situación en el país.

Con 15,082 homicidios registrados de enero a junio, la tasa se sitúa en 12 homicidios por cada 100,000 habitantes, marcando un descenso respecto al mismo periodo de 2022, donde la tasa fue de 13 homicidios por cada 100,000 habitantes.

En el desglose de género, los hombres experimentaron una tasa de 21 homicidios por cada 100,000 habitantes, representando una leve disminución en comparación con 2022, donde la tasa era de 22. En contraste, las mujeres presentaron una tasa de 2.6 homicidios por cada 100,000 habitantes durante el primer semestre de 2023.

Estas estadísticas preliminares se derivan de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), que recopilan datos de registros administrativos de defunciones accidentales y violentas provenientes de entidades como el Registro Civil, Servicios Médicos Forenses y Agencias del Ministerio Público.

Es crucial destacar que, a pesar de los esfuerzos por abordar la violencia en México, aún persisten desafíos significativos. La tasa semestral de homicidios, aunque en descenso, sugiere que se requiere una atención constante para abordar las causas subyacentes de la violencia en la nación.

El informe del Inegi, emitido una semana después del reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalla que la tasa de homicidios entre hombres ha disminuido a 21 por cada 100,000 habitantes, mientras que para las mujeres ha bajado a 2.6 por cada 100,000. Estos números reflejan un panorama en constante cambio y plantean preguntas sobre las estrategias de seguridad implementadas en el país.

El análisis de la Guardia Nacional revela un aumento significativo en la detención de migrantes durante su tránsito por México hacia la frontera con Estados Unidos. En 2022, se registraron 177,166 detenciones, representando un aumento del 462.5% en comparación con el año anterior, donde se reportaron 31,494 “personas rescatadas en contexto de movilidad”. Este incremento plantea interrogantes sobre la gestión de la movilidad en la región y destaca la necesidad de abordar las causas fundamentales de la migración.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la percepción de inseguridad en México ha experimentado variaciones. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi revela que, en septiembre, el 61.4% de los mexicanos mayores de 18 años consideraba que vivir en su ciudad era inseguro. Aunque esta cifra no muestra un cambio significativo respecto a junio, sí refleja una disminución en comparación con septiembre de 2022.

La variabilidad en la percepción de seguridad entre ciudades es notable. Fresnillo, Ciudad Obregón y Zacatecas lideran las ciudades con mayores porcentajes de percepción de inseguridad, mientras que Benito Juárez, Piedras Negras y San Pedro Garza García son consideradas menos inseguras.

Es crucial destacar que la percepción de inseguridad tiene implicaciones más allá de los números. Afecta la calidad de vida de los ciudadanos y puede tener un impacto en la dinámica social y económica de las comunidades. Es imperativo que las autoridades trabajen de manera proactiva para abordar estas preocupaciones y fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad.