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Luego de varios días fuera del foco público, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó que se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) después de recibir un citatorio relacionado con la investigación abierta por autoridades estadounidenses sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El funcionario informó a través de redes sociales que la mañana de este sábado fue notificado oficialmente para comparecer. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la diligencia será en calidad de testigo dentro de las indagatorias que mantiene la FGR.

“Acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad, como ciudadano y servidor público que ama a Culiacán, a Sinaloa y a México, un país de instituciones sólidas bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó el alcalde con licencia.

La comparecencia ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra funcionarios sinaloenses por supuestos vínculos con el crimen organizado. En el expediente judicial se señala que, desde junio de 2022 aproximadamente, Gámez Mendívil habría recibido miles de dólares mensuales en sobornos presuntamente entregados por Los Chapitos.

Las acusaciones incluyen delitos relacionados con conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas, cargos por los que podría enfrentar penas de entre 40 años de prisión y cadena perpetua.

El pasado 1 de mayo, días después de darse a conocer las investigaciones en Estados Unidos, Gámez Mendívil solicitó licencia para separarse del cargo como presidente municipal de Culiacán. Ese mismo día también pidió licencia el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien igualmente es investigado por autoridades estadounidenses.

La FGR informó previamente que las 10 personas señaladas en la acusación presentada en una corte de Nueva York fueron citadas para rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación como parte de las investigaciones en curso.

Mientras avanzan las indagatorias iniciadas por autoridades estadounidenses, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa evalúa modificar la situación laboral del vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, recientemente vinculado en una investigación por presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa.

El caso se remonta al pasado 28 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una investigación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, entre ellos Castro Saavedra, por supuestos vínculos con “Los Chapitos”. 

Días después, el 1 de mayo, tanto Rocha Moya como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil —también mencionado en la indagatoria— informaron su salida de los cargos públicos que ocupaban.

En este contexto, la fiscal estatal Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó que se analiza la posibilidad de que el vicefiscal sea separado temporalmente de su puesto mientras se desarrollan las investigaciones, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del debido proceso. 

La declaración se produce tras un posicionamiento previo de la propia Fiscalía, emitido el lunes, en el que se aseguraba que el funcionario continuaba en funciones y ejerciendo plenamente sus atribuciones legales.

Cuestionada sobre la situación jurídica de Castro Saavedra, la titular del organismo evitó adelantar conclusiones y se limitó a señalar: “Hay un principio de la presunción de inocencia para todas las personas. Hasta este momento la investigación está en su curso y estamos atentos a lo que se resuelva”.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, permanece en territorio sinaloense bajo la protección de la Guardia Nacional. Las autoridades estatales mantienen en revisión las implicaciones administrativas del caso, en paralelo con el desarrollo de las investigaciones internacionales.

Culiacán vivió una jornada tensa marcada por la renuncia del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Sergio Antonio Leyva López, quien dejó el cargo por motivos personales. Su salida se registró apenas unas horas antes de un altercado entre agentes municipales y estatales ocurrido la noche del lunes 2 de junio, a las afueras de una clínica privada donde fueron ingresados dos hombres con heridas de bala.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el enfrentamiento comenzó cuando elementos estatales acudieron al hospital tras recibir una denuncia anónima sobre la presencia de personas lesionadas por arma de fuego. Al intentar acceder al lugar, fueron interceptados por policías municipales que, según el comunicado oficial, adoptaron una “conducta agresiva” y trataron de impedir la entrada al inmueble.

Como resultado del incidente, siete agentes municipales fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Se trata de seis hombres y una mujer, identificados como Reyna Gloria “N”, Luciano “N”, Pedro Luis “N”, Saúl “N”, Luis “N”, Alberto “N”, Jasiel Humberto “N” y Jesús Manuel “N”. Las investigaciones buscarán determinar responsabilidades y aclarar la actuación de los elementos involucrados.

El presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó la renuncia del secretario Leyva López y detalló que ya se ha solicitado formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional la designación de un elemento del Ejército para ocupar el cargo vacante. Esta medida, explicó, busca garantizar estabilidad en la corporación municipal y fortalecer la coordinación con otras instancias de seguridad.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de los dos hombres heridos ni sobre las circunstancias en las que resultaron baleados. Tampoco se ha emitido información oficial sobre si estas personas están vinculadas a alguna investigación en curso.

El episodio reaviva el debate sobre la coordinación entre cuerpos de seguridad municipales y estatales, así como los retos que enfrenta Culiacán en materia de seguridad pública. El gobierno local se mantiene en espera de una pronta respuesta por parte de la Secretaría de la Defensa para cubrir la vacante en la jefatura de seguridad, en un contexto marcado por la tensión operativa entre corporaciones.

La atención se centra ahora en el desarrollo de las investigaciones y en las decisiones que tomen las autoridades para evitar nuevas confrontaciones que puedan obstaculizar las labores de seguridad en la capital sinaloense.