A poco más de un mes de conocer la resolución final sobre la controversia del maíz transgénico, México muestra signos de retroceso. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reconoció ayer que el fallo podría ser adverso para el país. La decisión definitiva se espera para el 14 de diciembre, pero la resolución preliminar del 22 de octubre ya anticipa una posición contraria a la prohibición mexicana del maíz genéticamente modificado para consumo humano.

La disputa se originó cuando México implementó una medida precautoria para prohibir el uso de maíz transgénico en alimentos dirigidos al consumo humano, argumentando la protección de la salud y la biodiversidad. Sin embargo, Estados Unidos presentó un reclamo bajo el T-MEC, calificando la medida de discriminatoria y carente de evidencia científica que respalde los riesgos para la salud. Según el país vecino, la prohibición afecta su capacidad de exportación y contradice los acuerdos de libre comercio.

Durante un evento en el Colegio de México, Ebrard expresó: «A lo mejor nos ganan el panel», reflejando la creciente preocupación dentro de la Secretaría de Economía. A pesar de ello, México insiste en que el fallo no es definitivo y asegura haber presentado argumentos adicionales para cambiar la postura inicial.

En caso de un fallo desfavorable, México se enfrentará a dos opciones principales: levantar la prohibición del maíz transgénico o afrontar represalias comerciales, como la imposición de aranceles. Ambas opciones tendrían efectos importantes en sectores clave como el agropecuario y en las exportaciones hacia Estados Unidos.

Ante este escenario, el gobierno deberá evaluar alternativas para ajustar su política sin renunciar por completo a los objetivos de protección. Una posibilidad sería permitir el uso del maíz transgénico en ciertos productos mientras se regula estrictamente su importación. Sin embargo, esta opción conlleva retos económicos, técnicos y sociales.

Un fallo adverso podría además servir como catalizador para que movimientos ambientalistas y académicos exijan reformas que fortalezcan la soberanía alimentaria y promuevan prácticas sostenibles, como la agroecología. Paralelamente, el caso pone de manifiesto un conflicto de fondo en el T-MEC: el equilibrio entre soberanía alimentaria y libre comercio.

La resolución del panel podría sentar un precedente importante, limitando o ampliando la capacidad regulatoria de México en futuras disputas comerciales. Las implicaciones no solo afectarían al sector agropecuario, sino que podrían extenderse a otras áreas sensibles de la economía y el comercio exterior.

Con la fecha del fallo final acercándose, el gobierno mexicano enfrenta decisiones cruciales que podrían definir el rumbo de su política agroalimentaria y sus relaciones comerciales con Estados Unidos.

Ante la posibilidad de que Donald Trump, quien se perfila como presidente electo de Estados Unidos, aplique un arancel del 25% a las importaciones mexicanas, el gobierno de México se prepara para responder en consecuencia. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó en una entrevista con Radio Fórmula que México tomaría medidas similares si esto sucede, lo cual afectaría notablemente a la economía estadounidense debido a su dependencia de productos mexicanos.

La propuesta de Trump, que podría alcanzar un arancel de hasta el 100% para los automóviles fabricados en México como parte de su estrategia contra el tráfico de fentanilo y para reforzar la frontera, representa una amenaza directa para la industria automotriz de ambos países. Esta iniciativa ya ha tenido repercusiones, como la suspensión en la construcción de una planta de Tesla en Nuevo León, México.

Ebrard destacó que no solo México sufriría las consecuencias de esta política, sino también la economía estadounidense. “Soy tu principal importador junto con Canadá… ¿y eso a qué te lleva? Pues a un costo gigante para la economía norteamericana”, afirmó el funcionario, señalando que incluso aliados de Trump podrían estar en desacuerdo con el impacto económico de estos aranceles.

En el contexto de la renegociación del T-MEC, prevista para 2026, Ebrard recordó que en 2018 México rechazó una propuesta similar de Trump para que el país fuera un tercer país seguro. Asimismo, advirtió que la implementación de estos aranceles provocaría una subida de la inflación en Estados Unidos, afectando el poder adquisitivo de sus ciudadanos, pues México es su principal socio comercial y una fuente clave de productos de consumo.

Aunque Ebrard reconoció la seriedad de la amenaza, también resaltó que México posee condiciones económicas favorables para afrontar el desafío. De aplicarse las tarifas, el gobierno mexicano podría activar políticas protectoras para su economía, manteniendo la estabilidad en la relación comercial entre ambos países.

El Grupo Financiero BASE advirtió que si Donald Trump,  presidente electo de Estados Unidos, impone aranceles de entre 25% y 100% a las importaciones mexicanas para presionar en temas de migración y narcotráfico, la medida equivaldría a la ruptura del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). BASE subraya que estos aranceles dañarían gravemente las exportaciones, la inversión, el empleo y el crecimiento económico en México, elevando el riesgo de una crisis.

Aunque existe la amenaza, BASE recuerda que Trump no siempre cumple sus promesas y el mercado ya lo conoce. Por ello, la devaluación del peso tras las elecciones fue de 2.59%, mucho menor al impacto de 8.30% tras su elección en 2016. El mercado interpreta que estas amenazas forman parte de su estrategia de negociación, sin garantía de que las implemente.

Otra de las amenazas de campaña de Trump es una deportación masiva de inmigrantes ilegales. BASE lo considera poco probable, pero prevé que podría haber un refuerzo en la seguridad fronteriza, afectando el tiempo de cruce de personas y mercancías.

Además, la institución financiera destacó que un endurecimiento fronterizo aumentaría los costos de las exportaciones mexicanas y los tiempos de entrega. Aunque la industria estadounidense también resultaría afectada, podrían surgir requisitos adicionales de certificación o permisos, encareciendo el transporte de mercancía mexicana hacia Estados Unidos.

Este escenario, según BASE, obstaculizaría el crecimiento de las exportaciones y la inversión extranjera directa en México, ya que no habría necesidad de expandir la capacidad productiva si las exportaciones no avanzan.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado una propuesta de reforma a la administración pública federal que amplía las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para combatir la tala ilegal en el país. Esta iniciativa se presenta en un contexto relevante, ya que en poco más de un año se llevará a cabo la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado el 30 de noviembre de 2018, que incluye un capítulo enfocado en el medio ambiente.

El capítulo 24 del T-MEC establece que las naciones firmantes intercambiarán información sobre cuestiones relacionadas con la lucha contra el comercio ilícito de vida silvestre y la tala ilegal. La propuesta presidencial, recibida por la Cámara de Diputados el 30 de octubre, estipula que la Semarnat tendrá la responsabilidad de promover una economía circular y podrá realizar inspecciones para sancionar la tala, la caza ilegal, el uso no autorizado de recursos hídricos y otras acciones que dañan el medio ambiente.

Además, la reforma busca que la Semarnat regule, autorice y supervise las actividades productivas en los bosques, así como coordinar programas de conservación, uso sostenible y restauración de suelos y ecosistemas forestales. Según cifras oficiales, en 2020 México perdió 127,770 hectáreas de bosque debido a la tala clandestina, un aumento en la deforestación en comparación con el periodo 2010-2015, que reportó 91,600 hectáreas.

Entre 2018 y 2020, se presentaron 1,514 denuncias en materia forestal, de las cuales 1,179 fueron por tala ilegal, según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Recientemente, autoridades mexicanas y estadounidenses se reunieron en Washington para discutir la próxima revisión del T-MEC, enfatizando la necesidad de fortalecer a Norteamérica como una región competitiva y protectora de sus trabajadores y productores. En la firma del tratado, se acordó un mecanismo de revisión que permite la cancelación del acuerdo por cualquiera de los países firmantes 16 años después de su entrada en vigor.

En una reciente conferencia de prensa, la comisionada Julieta del Río, parte del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), criticó la iniciativa de reforma que busca eliminar los organismos autónomos, señalando que el Ejecutivo federal ha convertido al instituto en una pieza en el tablero electoral y en un objeto de intereses políticos.

A diferencia de lo afirmado por el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, quien declaró que el instituto “se mantiene al margen de coyunturas políticas”, Del Río sostuvo que es imposible desligarse de la situación actual, ya que el organismo ha sido arrastrado al ámbito político sin su consentimiento.

Del Río también expresó su preocupación sobre cómo esta situación puede convertirse en un caldo de cultivo para que varios actores políticos, de diferentes partidos, intenten influir en las decisiones del instituto. Sin embargo, destacó la importancia de mantener la madurez técnica y política para no caer en estas provocaciones.

En respuesta a la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, el pleno del INAI ofreció una rueda de prensa. Alcalá pidió que esta iniciativa sea procesada a través de un ejercicio de parlamento abierto, similar al realizado hace una década, cuando se creó el INAI como organismo autónomo.

Además, Alcalá advirtió sobre las posibles repercusiones internacionales de eliminar al INAI, haciendo referencia al artículo 19.8 del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige legislación similar para la protección de datos personales en transacciones electrónicas internacionales.

En cuanto a las acciones futuras, Alcalá afirmó que, en caso de que la propuesta sea aprobada, el instituto recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales para defender el derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

Por otro lado, la comisionada Josefina Román llamó a no politizar el tema y mencionó una reunión reciente con el equipo de campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, donde hubo disposición para discutir la utilidad del instituto.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el amparo a seis empresas y declaró la inconstitucionalidad de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica vigentes desde marzo de 2021. Estos cambios, que favorecían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas generadoras de energía, fueron señalados por generar distorsiones en el sector.

El fallo, que se aplicará de manera general a todos los participantes del mercado eléctrico nacional, destaca que las normas impugnadas afectan indiscriminadamente a todos los agentes involucrados. Las empresas que obtuvieron el amparo son Recursos Solares PV de México IV, S.A. de C.V., BNB Villa Ahumada Solar S. de R.L. de C.V., Engie Abril PV S. de R. L. de C.V., Eólica Tres Mesas 4 S. de R.L. de C.V., Tractabel Energía de Pánuco S.A. de C.V., y Tractabel Energía de Monterrey S. de R.L. de C.V.

Aunque el amparo se concedió solo a las empresas demandantes, la sentencia anticipa que el resto de los participantes del mercado también se verán beneficiados por un efecto colateral. El tribunal reconoció que las reformas impugnadas crean barreras que obstaculizan la competencia efectiva en el mercado de generación de energía.

La resolución destaca que la priorización en el despacho de energía perjudica directamente a las energías limpias, vulnerando el principio de desarrollo sustentable. La Segunda Sala desestimó los argumentos del Ejecutivo federal y las Cámaras del Congreso de la Unión, que buscaban justificar las reformas en la seguridad del despacho y el fortalecimiento de la CFE.

Expertos opinan que, aunque este fallo marca el cierre a nivel legal, la lucha podría continuar debido a los retrasos en la emisión de permisos a particulares por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Desde la suspensión de actividades por la pandemia en 2020, se ha acusado a la CRE de postergar los permisos para favorecer a empresas estatales, lo que podría resultar en más litigios mediante el amparo indirecto.

Cabe destacar que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica fueron uno de los motivos por los cuales Estados Unidos y Canadá activaron el mecanismo de solución de controversias contra México bajo el T-MEC, argumentando que atentaban contra el principio de trato no discriminatorio al beneficiar a la CFE en el despacho eléctrico.