A poco más de un mes de conocer la resolución final sobre la controversia del maíz transgénico, México muestra signos de retroceso. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reconoció ayer que el fallo podría ser adverso para el país. La decisión definitiva se espera para el 14 de diciembre, pero la resolución preliminar del 22 de octubre ya anticipa una posición contraria a la prohibición mexicana del maíz genéticamente modificado para consumo humano.
La disputa se originó cuando México implementó una medida precautoria para prohibir el uso de maíz transgénico en alimentos dirigidos al consumo humano, argumentando la protección de la salud y la biodiversidad. Sin embargo, Estados Unidos presentó un reclamo bajo el T-MEC, calificando la medida de discriminatoria y carente de evidencia científica que respalde los riesgos para la salud. Según el país vecino, la prohibición afecta su capacidad de exportación y contradice los acuerdos de libre comercio.
Durante un evento en el Colegio de México, Ebrard expresó: «A lo mejor nos ganan el panel», reflejando la creciente preocupación dentro de la Secretaría de Economía. A pesar de ello, México insiste en que el fallo no es definitivo y asegura haber presentado argumentos adicionales para cambiar la postura inicial.
En caso de un fallo desfavorable, México se enfrentará a dos opciones principales: levantar la prohibición del maíz transgénico o afrontar represalias comerciales, como la imposición de aranceles. Ambas opciones tendrían efectos importantes en sectores clave como el agropecuario y en las exportaciones hacia Estados Unidos.
Ante este escenario, el gobierno deberá evaluar alternativas para ajustar su política sin renunciar por completo a los objetivos de protección. Una posibilidad sería permitir el uso del maíz transgénico en ciertos productos mientras se regula estrictamente su importación. Sin embargo, esta opción conlleva retos económicos, técnicos y sociales.
Un fallo adverso podría además servir como catalizador para que movimientos ambientalistas y académicos exijan reformas que fortalezcan la soberanía alimentaria y promuevan prácticas sostenibles, como la agroecología. Paralelamente, el caso pone de manifiesto un conflicto de fondo en el T-MEC: el equilibrio entre soberanía alimentaria y libre comercio.
La resolución del panel podría sentar un precedente importante, limitando o ampliando la capacidad regulatoria de México en futuras disputas comerciales. Las implicaciones no solo afectarían al sector agropecuario, sino que podrían extenderse a otras áreas sensibles de la economía y el comercio exterior.
Con la fecha del fallo final acercándose, el gobierno mexicano enfrenta decisiones cruciales que podrían definir el rumbo de su política agroalimentaria y sus relaciones comerciales con Estados Unidos.