Operativo en Chetumal logra el rescate de 10 mujeres víctimas de trata en un cateo

En un operativo que ha sacudido la tranquilidad de Chetumal, la Policía de Investigación de Quintana Roo rescató a diez mujeres adultas, presuntas víctimas de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena. El rescate, que tuvo lugar en la colonia Adolfo López Mateos, es el resultado de una investigación de la Fiscalía Distrito Sur, que ha puesto al descubierto una red de explotación que operaba en el corazón de la capital del estado.

 

El pasado martes, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron una orden de cateo en un predio ubicado en la mencionada colonia, una zona residencial que hasta ahora no había sido vinculada con actividades delictivas de esta naturaleza. Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron a diez mujeres en condiciones que evidenciaban su situación de vulnerabilidad y explotación. Las víctimas fueron inmediatamente trasladadas a la Fiscalía de Distrito Sur, donde recibieron atención médica y psicológica, además de rendir sus declaraciones sobre los hechos.

 

“La operación fue resultado de semanas de trabajo de inteligencia. Sabíamos que había actividad sospechosa en el lugar, pero no imaginamos la magnitud de lo que encontramos”, declaró uno de los oficiales a cargo del operativo, quien pidió permanecer en el anonimato debido a la delicadeza del caso.

 

Además del rescate de las víctimas, durante la diligencia se aseguraron dosis de una sustancia con características similares a la mariguana, lo que sugiere que el lugar no solo era utilizado para la explotación de personas, sino también como un punto de venta de drogas. El inmueble ha sido clausurado y colocado bajo custodia de la Policía Municipal, mientras se continúan las investigaciones para determinar el alcance de la red de trata y capturar a los responsables.

 

Este caso ha encendido las alarmas sobre la creciente problemática de la trata de personas en Quintana Roo, un estado que, debido a su posición geográfica y su dinámica turística, se ha convertido en un punto estratégico para las redes de explotación. La Fiscalía General del Estado ha manifestado su compromiso de seguir combatiendo este delito con todo el peso de la ley y ha hecho un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con la trata de personas.

 

“El rescate de estas mujeres es solo el comienzo. Sabemos que hay más víctimas allá afuera, y no descansaremos hasta desmantelar completamente estas redes de explotación”, afirmó un representante de la Fiscalía. Sus palabras reflejan la determinación de las autoridades locales para enfrentar una problemática que, lamentablemente, sigue siendo una realidad en muchas partes del país.

 

El impacto de este operativo ha resonado en la comunidad de Chetumal, donde los residentes expresan tanto alivio por el rescate de las víctimas como preocupación por la existencia de estas redes en su entorno. “Es aterrador pensar que algo así estaba sucediendo tan cerca de nosotros”, comentó un vecino de la colonia Adolfo López Mateos. “Es un recordatorio de que necesitamos estar más atentos y proteger a los más vulnerables entre nosotros”.

 

En medio de este escenario, las autoridades han reiterado la importancia de la colaboración entre la ciudadanía y las fuerzas del orden para combatir eficazmente la trata de personas. Han instado a los residentes a mantenerse vigilantes y a reportar cualquier indicio de actividad delictiva a las autoridades correspondientes.

Cofece e IFT Solicitan Diálogo Inclusivo Ante Propuesta de Extinción de Órganos Autónomos

Este viernes, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) demandaron un espacio para un diálogo efectivo y un análisis exhaustivo respecto a su posible desaparición, tras los avances de la reforma que pretende eliminar siete órganos autónomos en México, entre los cuales se incluyen estas dos instituciones. Ambos organismos destacaron que su trabajo ha generado beneficios económicos significativos para el Gobierno y la ciudadanía, previniendo abusos por parte de grandes corporaciones.

La solicitud de una “deliberación inclusiva” llega después de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que, con el respaldo mayoritario del partido oficialista, busca desmantelar estos organismos. La Cofece recordó, sin embargo, que el dictamen aún debe ser discutido por la próxima legislatura del Congreso, que comenzará a sesionar en septiembre, por lo que insistió en la necesidad de un análisis exhaustivo antes de que los nuevos legisladores, quienes contarán con una mayoría calificada, procedan a votar sobre la reforma.

En un comunicado, la Cofece reiteró su disposición para entablar un diálogo más amplio con todos los grupos parlamentarios que formarán parte del nuevo Congreso, subrayando la importancia de mantener un marco institucional robusto para preservar sus principios. Además, detalló que desde su fundación, la Cofece ha impuesto multas por más de 13 mil millones de pesos a grandes empresas que han abusado de su poder, protegiendo así a los consumidores mexicanos, además de generar ahorros estimados en al menos 36 billones de pesos en productos básicos como papel higiénico, pañales, gas LP, transporte, alimentos y medicamentos, logrando que por cada peso invertido en la Comisión, se generen 152 pesos en beneficios para el consumidor.

Por su parte, el IFT advirtió que la reforma impulsada por el presidente López Obrador representa un “grave retroceso” que afectará negativamente a los usuarios y audiencias del país. Destacó que en los once años desde su creación, los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión han experimentado una transformación profunda, logrando que los costos de los servicios de comunicación sean un 32,1 % menores que hace 11 años, a pesar del aumento de la inflación en el mismo periodo, y que la penetración de internet haya avanzado del 45 % al 81,2 %, lo que equivale a la inclusión de 51 millones de personas.

El IFT también subrayó que ha seguido el objetivo de simplificar los gastos de la administración pública, logrando una reducción real de más del 40 % en su presupuesto desde 2014. Asimismo, destacó que, desde 2014, ha contribuido con ingresos de más de 180.917,8 millones de pesos a la Hacienda Pública, mientras que ha generado ahorros para los usuarios por 805.000 millones de pesos, lo que significa que por cada peso invertido en el IFT, se han generado 44 pesos de beneficio social.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también se pronunció en contra de su eliminación, calificándola como un retroceso para México y los derechos humanos, y se unió al llamado por un diálogo. La reforma que busca la extinción de estos siete órganos autónomos es parte de un paquete de reformas presentadas en febrero, que también incluye propuestas para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, lo que ha generado preocupaciones entre inversionistas norteamericanos, y pronunciamientos de los embajadores de Canadá y Estados Unidos en México, así como advertencias de calificadoras como Fitch y entidades financieras como CitiBanamex y Morgan Stanley sobre los riesgos asociados a la aprobación de estas reformas.

 

FGR Solicita Orden de Aprehensión Contra Víctor Flores, Líder Sindical Ferrocarrilero

La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado una orden de aprehensión contra Víctor Flores, líder del sindicato ferrocarrilero, por presunto fraude en perjuicio de trabajadores jubilados, según confirmaron fuentes federales, quienes indicaron que la solicitud fue presentada hace una semana ante el juez Primero de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Norte, tras 13 años de investigaciones en su contra, justo cuando Flores busca reelegirse por quinta vez como líder sindical este próximo domingo.

Víctor Flores, quien ha encabezado el sindicato ferrocarrilero desde 1995, fue denunciado en 2011 ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por trabajadores jubilados, quienes lo acusaron de haber utilizado sus nombres sin consentimiento, de 38 mil ferrocarrileros, para su toma de nota, lo que le permitió obtener cuotas mensuales superiores a los 2 millones de pesos.

En la actualidad, Flores recibe 1.4 millones de pesos mensuales por concepto de cuotas de jubilados, quienes alegan que ya no tienen vínculo alguno con el sindicato, mientras que a inicios de este sexenio, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (hoy INDEPP), responsable de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales desde 2010, identificó que a 27 mil 762 jubilados se les descuentan estas cuotas sindicales de manera ilegal.

 

Un paso crucial para la justicia trans en CDMX con la entrada de la “Ley Paola Buenrostro”

El 23 de agosto marca un día histórico en la Ciudad de México con la publicación de la Ley Paola Buenrostro en la Gaceta Oficial, una legislación que redefine el panorama de los derechos humanos y la justicia para las mujeres trans en el país. Esta ley tipifica el transfeminicidio como un delito, imponiendo penas que van desde los 35 hasta los 70 años de prisión, un castigo severo que busca frenar la violencia extrema contra este sector vulnerable de la población.

 

Con la entrada en vigor de esta legislación, la Ciudad de México se convierte en la segunda entidad federativa en México, después de Nayarit, en reconocer el transfeminicidio como un delito. La Ley Paola Buenrostro, nombrada en honor a la primera víctima de transfeminicidio reconocida en el país, tiene como objetivo garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia transmisógina y erradicar la impunidad que ha prevalecido en casos de violencia extrema contra mujeres trans.

 

“Es un acto de justicia histórica para nuestras compañeras trans que han sido víctimas de odio y violencia. La Ley Paola Buenrostro no solo honra la memoria de Paola, sino que envía un mensaje claro: la violencia transmisógina no será tolerada en nuestra ciudad”, expresó una activista trans durante una manifestación frente al Congreso de la Ciudad de México.

 

La ley contempla reformas significativas en el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. Estas modificaciones no solo establecen el transfeminicidio como un delito autónomo, sino que también agravan las penas cuando el crimen se comete bajo circunstancias específicas, como en el contexto del trabajo sexual, en presencia de personas cercanas a la víctima, o cuando la víctima es menor de edad, tiene alguna discapacidad, o es una persona adulta mayor trans.

 

El artículo 148 Ter del Código Penal, ahora modificado, define el transfeminicidio como “el acto de privar de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género”. Además, se añaden agravantes que aumentan la condena hasta en una tercera parte cuando el delito se perpetra con saña relacionada con la identidad o expresión de género de la víctima.

 

Otra adición crucial es la modificación del artículo 118 del Código Civil, que ahora permite que, en caso de fallecimiento de una persona transgénero, y si sus familiares se niegan a realizar el trámite de defunción o podrían vulnerar su identidad, una persona de su familia social, definida según la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, pueda realizar dicho trámite. Esta medida busca asegurar que la identidad de las personas trans sea respetada incluso después de su muerte, un derecho fundamental que había sido ignorado hasta ahora.

 

Este avance legislativo en la Ciudad de México es un paso crucial en la lucha contra la violencia de género y la protección de los derechos humanos de las personas trans. Sin embargo, a pesar de este progreso, aún queda un largo camino por recorrer en el resto del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya han instado a que todos los casos de muertes violentas de mujeres trans sean investigados bajo protocolos de feminicidio, y han exigido a los congresos locales que implementen medidas similares para garantizar la justicia en todo el territorio nacional.

 

“La Ley Paola Buenrostro es un hito, pero no es el final de nuestra lucha. Continuaremos presionando para que todos los estados adopten legislaciones similares y para que ningún crimen de odio quede impune en México”, afirmó la representante de una organización de derechos trans.

SCJN declara inconstitucional la enseñanza del “derecho a la vida” desde la concepción en escuelas de Nuevo León

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la enseñanza en escuelas de que el “derecho a la vida” comienza desde la concepción.

Esta resolución surge a partir de un recurso promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el artículo 7, fracción XII de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, el cual establecía que el “derecho a la vida” se extiende “desde la concepción hasta la muerte natural”.

La disposición que fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad en julio de 2020, la SCJN, en una decisión unánime, consideró que esta enseñanza constituye un “adoctrinamiento religioso” y es contraria al artículo 3 de la Constitución, que garantiza la educación laica y la libertad de creencias.

Los ministros del Pleno determinaron que el Congreso de Nuevo León excedió sus facultades al imponer lineamientos educativos que corresponden al Gobierno Federal, y señalaron que la definición de derechos humanos, como el “derecho a la vida”, debe ser uniforme a nivel nacional, sin la interferencia de los congresos estatales.

Propuesta de Claudia Zavala busca ajustar la representación plurinominal en la Cámara de Diputados

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala, ha presentado una propuesta que plantea modificar la distribución de diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados,

El objetivo es reducir la mayoría calificada que actualmente sostiene el bloque de la Cuarta Transformación (4T), esto implicaría una disminución en la representación de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) en el Congreso.

Según el nuevo esquema propuesto, Morena y sus aliados tendrían 317 legisladores, en lugar de los 364 que les corresponderían de acuerdo con el proyecto aprobado el 21 de agosto por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en este escenario, Morena contaría con 214 diputaciones, el PVEM con 65 y el PT con 38, lo que dejaría al bloque de la 4T sin la mayoría calificada.

En este contexto, la mayoría de morena y sus aliados sería necesaria para aprobar reformas constitucionales como la reforma al Poder Judicial que propone la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular.

En contraste, la oposición vería incrementada su representación a 181 diputados, superando los 135 que se les había asignado inicialmente, la propuesta de Zavala busca equilibrar la representación en la Cámara para promover una mayor equidad en la toma de decisiones.

Cabe mencionar que esta propuesta solo afecta la distribución en la Cámara de Diputados, en cuanto al Senado, la composición permanece igual, dejando a Morena con 60 senadores, al PVEM con 14, al PT con 9, al PAN con 22, al PRI con 16, a Movimiento Ciudadano con 5 y al PRD con 2.

Prisión preventiva para Armando ‘N’ pieza clave en el asesinato del alto mando de la SSC-CDMX

El caso del asesinato de Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), ha dado un paso significativo en la investigación con la detención y vinculación a proceso de Armando “N”. Este jueves, en los juzgados de Ecatepec, se le dictó prisión preventiva como medida cautelar, a la espera de que se defina su situación legal el próximo 24 de agosto.

 

El arresto de Armando “N”, que ocurrió el pasado lunes, ha sido un punto de inflexión en la investigación. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), este individuo está vinculado con una bodega donde se desmantelaron vehículos presuntamente utilizados en el asesinato de Milton Morales, un hecho que conmocionó a las autoridades y a la sociedad debido a la alta responsabilidad que ostentaba la víctima en la seguridad de la capital del país.

 

En el comunicado emitido por la FGJEM, se detalló que además de su posible participación en el homicidio del alto mando de la SSC-CDMX, a Armando “N” se le imputó la tentativa de homicidio de un hombre de 77 años, identificado con las iniciales “E.P.M.”, lo que añade un componente más siniestro a su perfil criminal. La legalidad de su detención fue confirmada este miércoles, lo que refuerza las acciones del Ministerio Público en contra de este presunto delincuente.

 

Un aspecto que ha capturado la atención es la participación de su hijo, también llamado Armando y conocido con el alias “El Gordo”, en el asesinato de Morales Figueroa. Según las autoridades, “El Gordo” huyó de la escena del crimen, y actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Las autoridades mexiquenses han intensificado la búsqueda de este segundo implicado, con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra y llevarlo ante la justicia.

 

La bodega relacionada con Armando “N” ha sido un elemento crucial en la investigación. El lugar, señalado como un punto donde se desmantelaron los vehículos utilizados en el ataque, es una pieza clave en la reconstrucción de los hechos. Este espacio no solo sirvió para ocultar pruebas materiales, sino que también es un indicio del grado de planificación y premeditación detrás del asesinato de Morales Figueroa, quien era responsable de operaciones críticas para la seguridad en la Ciudad de México.

 

El asesinato de Milton Morales, un alto mando con una destacada trayectoria en la SSC-CDMX, ha levantado preocupaciones sobre la seguridad de los funcionarios encargados de proteger a la ciudadanía y combatir al crimen organizado. La detención de Armando “N” y la búsqueda de su hijo subrayan la complejidad del caso y la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades.

 

Las investigaciones continúan en un contexto de alta expectación pública, mientras se espera que en la audiencia del 24 de agosto se clarifique la situación legal de Armando “N”. Este proceso judicial es observado de cerca, ya que podría revelar más detalles sobre una red criminal que ha demostrado tener la capacidad de golpear directamente a las fuerzas de seguridad.

BofA Advierte Sobre Riesgos de la Reforma Judicial Propuesta por AMLO

La reforma al poder judicial, presentada en febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se debatirá en el Congreso en septiembre, es vista como la mayor amenaza para el sector corporativo en México, según un informe de Bank of America (BofA).

La institución subraya que esta reforma es crucial dentro del “Plan C”, destacando que tendría profundas consecuencias para el funcionamiento de la democracia en el país.

El análisis advierte que la eliminación de los más de siete mil jueces en funciones, incluidos los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transformaría radicalmente el sistema judicial al establecer la elección de jueces por voto popular.

Además, BofA señala que otras propuestas del “Plan C”, como la modificación del estatus de Pemex y CFE de empresas productivas a públicas y la eliminación de organismos autónomos, también conllevan un riesgo significativo, aunque están diseñadas para beneficiar al pueblo.

A pesar de estos riesgos, BofA mantiene sus portafolios de inversión en México, confiando en las oportunidades a largo plazo. Sin embargo, advierte que algunas reformas podrían generar tensiones en el marco del T-MEC, especialmente en temas como la eliminación de agencias independientes y la política de no fianza.

Finalmente, menciona que la reforma ferroviaria y los cambios en Pemex y CFE podrían provocar conflictos con socios comerciales de América del Norte y Europa.

Arranca la Contienda por la Dirigencia Nacional del PAN

El proceso de registro para competir por la dirigencia nacional del PAN inició hoy, con Jorge Romero Herrera y Adriana Dávila como los primeros aspirantes en formalizar su interés ante la Comisión Organizadora del partido.

En un evento privado, Jorge Romero, acompañado de Ana Teresa Aranda, presidenta de la comisión, designó a Joanna Felipe Torres como su representante ante el órgano partidista.

A través de su cuenta en X, Romero anunció que recorrerá el país para reunir las 30 mil 298 firmas necesarias para avanzar a la siguiente fase de la campaña, destacando su intención de renovar al partido con el apoyo de la militancia.

Por su parte, Adriana Dávila también utilizó su cuenta en X para expresar su compromiso de reconstruir el partido desde sus bases, contando con el respaldo de los militantes. Ambos entregaron su carta de intención a la Comisión Organizadora Nacional, liderada por Ana Teresa Aranda.

Atentado contra el Presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas deja nuevo capítulo oscuro

En un violento y alarmante suceso que ha conmocionado al ámbito judicial de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), fue víctima de un ataque armado en su propio domicilio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó que el magistrado resultó herido por dos impactos de bala, aunque su estado de salud se reporta como estable tras ser trasladado a un centro hospitalario.

 

El atentado ocurrió en la mañana de este miércoles, cuando Danés Rojas salía de su residencia en el fraccionamiento Valle Oriente, en Ciudad Victoria. De acuerdo con información proporcionada por la Vocería de Seguridad del estado, los agresores, cuya identidad aún es desconocida, abrieron fuego contra el magistrado mientras este se disponía a abordar su vehículo. Las balas alcanzaron al jurista en dos ocasiones, dejándolo gravemente herido.

 

La Fiscalía de Tamaulipas ha tomado control de la investigación, asegurando que se hará todo lo posible para esclarecer el ataque y llevar a los responsables ante la justicia. “Policías de investigación y peritos se trasladaron al lugar de los hechos para procesar el área y recabar evidencia, que permita el esclarecimiento de estos y dar con él o los posibles responsables”, señaló la institución en un comunicado oficial.

 

Este hecho se produce en un contexto de creciente tensión en torno a la figura de Danés Rojas, quien ha estado bajo el escrutinio público en los últimos meses. Solo unos días antes del ataque, el magistrado fue objeto de una manifestación liderada por un grupo de mujeres que se congregaron frente al Tribunal Electoral en apoyo a Ericka “N”, una exfuncionaria del Tribunal que acusó a Danés de acoso sexual. Según la denunciante, el acoso habría comenzado en diciembre de 2022 y, tras negarse a las presuntas insinuaciones, fue despedida en mayo de 2023. La denuncia formal contra el magistrado fue presentada ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra las Mujeres por Razones de Género.

 

La imagen pública de Danés Rojas también se ha visto empañada por otras controversias, incluidas acusaciones de conflicto de interés. Dos magistrados han señalado que un familiar directo de Danés trabaja en el DIF de Nuevo Laredo, lo que, según ellos, podría comprometer la imparcialidad del magistrado en ciertas decisiones judiciales.

 

Edgar Danés Rojas, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor Apto Cum Laude en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, asumió la presidencia del Trieltam el 19 de noviembre de 2022. Desde entonces, ha sido una figura central en la administración de la justicia electoral en el estado, aunque su gestión no ha estado exenta de controversias.

 

El ataque contra Danés Rojas no solo pone de relieve los riesgos a los que están expuestos los funcionarios judiciales en un estado como Tamaulipas, sino que también arroja sombras sobre el proceso de impartición de justicia en una entidad marcada por la violencia y la inseguridad. Este atentado, en un contexto de acusaciones y tensiones políticas, plantea serios interrogantes sobre el estado de derecho en la región y la protección de quienes están encargados de salvaguardarlo.