Categoría: Norte

La Fiscalía General del Estado de Tabasco dio un nuevo paso en el proceso contra Hernán Bermúdez Requena, al solicitar una sentencia de 154 años de prisión contra quien fuera secretario de Seguridad estatal y a quien las autoridades identifican como líder de “La Barredora”. La petición fue presentada por los delitos de secuestro, asociación delictuosa y extorsión agravada, según información confirmada por autoridades estatales.

El avance judicial representa uno de los episodios más recientes de un caso que se remonta a la búsqueda y captura de Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo”. Antes de ser detenido, el exfuncionario abandonó el país y llegó a Paraguay, mientras en Tabasco ya era requerido por la justicia.

Cuando fue localizado y arrestado en septiembre de 2025, enfrentaba una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Desde entonces permanece sujeto a proceso penal.

Actualmente se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, considerado uno de los penales de máxima seguridad más importantes del país. El complejo penitenciario está ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, y concentra a personas acusadas o sentenciadas por delitos de alto impacto.

Por sus instalaciones han pasado figuras como Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara; Amado Carrillo Fuentes, identificado como “El Señor de los Cielos”; y Joaquín “El Chapo” Guzmán. En esa misma prisión también se encuentra recluido “Don Rodo”, hermano del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades señalan a Bermúdez Requena como líder de “La Barredora” en Tabasco, una organización vinculada al CJNG. Mientras permanece en El Altiplano, la fiscalía estatal busca que reciba una condena acumulada de 154 años de cárcel por los delitos que le atribuye.

Bermúdez ocupó la Secretaría de Seguridad de Tabasco durante la administración estatal encabezada por Adán Augusto.

Más de siete semanas después de la salida de Citlalli Hernández del gabinete federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum finalmente confirmó quién asumirá de manera permanente la conducción de la Secretaría de las Mujeres.

La designación recayó en Laura Itzel Castillo, actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado, quien se incorporará a la administración federal una vez que concluya sus responsabilidades legislativas.

La vacante se abrió el pasado 16 de abril, cuando Hernández dejó la dependencia para convertirse en presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena. Desde entonces, la Secretaría permaneció sin una titular formal mientras continuaban las actividades institucionales.

Durante ese periodo, la operación de la dependencia quedó bajo la responsabilidad de la subsecretaria Ingrid Gómez, quien mantuvo el funcionamiento de los programas y tareas vinculadas a la atención de las mujeres.

Fue este lunes cuando Sheinbaum puso fin a la incertidumbre sobre el relevo y adelantó que Castillo será la encargada de encabezar la Secretaría una vez que finalice su gestión en el Senado.

“Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno”, informó la mandataria.

La futura integrante del gabinete asumió la presidencia de la Mesa Directiva el 30 de agosto para un periodo de un año, por lo que aún deberá concluir ese encargo antes de trasladarse al Ejecutivo federal. De acuerdo con la presidenta, faltan alrededor de mes y medio para que se concrete el cambio.

Mientras tanto, Sheinbaum aseguró que las actividades de la dependencia no se han detenido durante el proceso de transición.

“Siguen avanzando las compañeras que están en la secretaría, todas las actividades relacionadas con las mujeres. Y en el momento en que se pueda incorporar —Laura Itzel Castillo—, ya se incorpora como secretaria de las Mujeres”, señaló.

Con este anuncio, el gobierno federal define la sustitución de Hernández y establece la ruta para que Castillo se integre al gabinete una vez concluida su responsabilidad al frente del Senado.

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas, anunciada durante la semana por autoridades federales y estatales, finalmente no se llevará a cabo este domingo. La modificación quedó reflejada en la agenda oficial distribuida a medios de comunicación, donde la mandataria aparece sin actividades públicas programadas para la jornada.

La presencia de Sheinbaum en la entidad había sido dada a conocer desde el jueves pasado durante su conferencia matutina. En esa ocasión, la titular del Ejecutivo federal adelantó que realizaría una gira de fin de semana que incluía una actividad en Colima el viernes y una visita a Zacatecas el domingo.

Tras ese anuncio, la expectativa creció en el estado. Un día después, el gobernador David Monreal confirmó públicamente que la presidenta acudiría a territorio zacatecano. Aunque no se detallaron los proyectos, obras o temas que formarían parte de la agenda, la visita fue presentada como un encuentro relevante para la entidad.

La información también fue difundida por la dirigencia estatal de Morena. Roxana Muñoz, presidenta del Comité Ejecutivo de Morena en Zacatecas, compartió en redes sociales el anuncio de la gira presidencial y destacó los posibles beneficios que representaría para la población.

“Su visita representa más avances, proyectos y oportunidades para el bienestar de las familias zacatecanas”, escribió.

La llegada de la mandataria incluso motivó pronunciamientos de distintos sectores. Entre ellos, la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que aprovechó el contexto para solicitar la atención de diversas demandas relacionadas con el magisterio.

Sin embargo, la visita quedó descartada antes de concretarse. La agenda oficial del Gobierno de México para este domingo ya no contempla actividades en Zacatecas ni eventos públicos encabezados por la presidenta. Hasta ahora, no se ha informado la razón por la que fue suspendido el recorrido que había sido anunciado previamente para el estado.

Semanas antes de ser asesinado, el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, ya había advertido que su seguridad estaba en riesgo. De acuerdo con el Partido Acción Nacional (PAN), el alcalde comunicó directamente a autoridades estatales que temía por su vida tras haber sido víctima de una agresión y de un secuestro virtual cometido por hombres armados.

Según el partido, la advertencia llegó hasta una mesa regional de seguridad realizada el 11 de mayo, donde Bravo Martínez expuso personalmente su situación ante el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. En ese encuentro, afirmó Acción Nacional, se le informó que contaría con escoltas para reforzar su protección. Sin embargo, el PAN sostiene que esa medida nunca se concretó.

La mañana de este sábado, el alcalde fue atacado a tiros en el municipio que gobernaba, ubicado en la región Mixteca. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que el crimen ocurrió durante un ataque armado directo y señaló que las investigaciones quedaron abiertas para esclarecer lo sucedido.

Los primeros reportes indican que un grupo de hombres armados llegó al domicilio del edil y disparó en su contra. La agresión terminó con la vida del presidente municipal, semanas después de que hubiera denunciado públicamente hechos de violencia en su contra.

Tras conocerse el homicidio, el PAN responsabilizó a las autoridades de responder a los cuestionamientos surgidos alrededor del caso. En un comunicado, el partido señaló que cuando una autoridad electa advierte que enfrenta amenazas, solicita apoyo institucional y posteriormente es asesinada, deben aclararse las circunstancias que rodearon los hechos.

La dirigencia nacional panista también exigió una investigación exhaustiva para identificar y castigar a los responsables. Jorge Romero Herrera afirmó que el asesinato se suma a otros episodios de violencia registrados contra autoridades, candidatos, dirigentes políticos y ciudadanos en distintas partes del país.

Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad federal aseguró que trabaja de manera coordinada con el gobierno de Oaxaca para apoyar las indagatorias. A través de redes sociales sostuvo que se realizarán las acciones necesarias para detener a los responsables y aseguró que el caso no quedará impune.

Por su parte, el gobernador Salomón Jara expresó sus condolencias a la familia de Bravo Martínez e informó que, tras conocerse el ataque, fue desplegado un operativo para localizar a los presuntos autores del crimen.

La inauguración de una nueva central eléctrica en Manzanillo sirvió como escenario para que la presidenta Claudia Sheinbaum delineara una de las principales metas de su administración en materia energética: elevar la capacidad de generación nacional hasta alcanzar 28 mil megawatts adicionales y consolidar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como el actor predominante del sector.

Durante su visita a Colima, la mandataria afirmó que el objetivo es que cerca del 65 por ciento de la electricidad del país sea producida por el Estado. Para ello, anunció el desarrollo de cinco nuevas plantas de ciclo combinado, una estrategia que busca ampliar la participación de la empresa pública en la generación de energía.

La jornada estuvo marcada por la puesta en operación de la Central de Ciclo Combinado de Manzanillo, instalación que aportará 357 megawatts al sistema eléctrico nacional. De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, la planta contribuirá al abastecimiento de energía en el occidente del país y la región del Bajío, además de reducir la contaminación asociada a la generación eléctrica.

Ante la gobernadora Indira Vizcaíno y funcionarios del sector energético, Sheinbaum vinculó el proyecto actual con la historia reciente de la CFE. Recordó que en 1999 el entonces presidente Ernesto Zedillo impulsó una propuesta para privatizar la empresa, iniciativa que finalmente no prosperó tras la movilización de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y diversos sectores de la población.

Según explicó, aquellas reformas buscaban reducir la presencia de la empresa estatal en el mercado eléctrico. En contraste, señaló que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impulsó una política de inversión en la CFE que permitió contratar 7 mil megawatts y recuperar el 54 por ciento de la generación nacional.

“Si lo medimos que esa inversión regrese a CFE, porque es el propietario, estaríamos hablando de cerca del 65% de la generación en manos del estado. No habría soberanía nacional sin soberanía energética, fortalecer a CFE es amar a México”, expresó.

Antes de encabezar el evento, la presidenta fue interrumpida por un grupo de trabajadores que buscaba exponer diversas demandas. Sheinbaum respondió que permanecería al concluir el acto para reunirse con ellos y atender sus planteamientos.

La gira por Colima también incluyó la entrega de tarjetas para estudiantes, la supervisión de obras de riego en Armería, la colocación de la primera piedra del nuevo hospital de especialidades del IMSS en Manzanillo y la revisión de los avances de la carretera que conecta el puerto con la ciudad de Colima.

Mientras el gobierno mexicano insistía en que Washington presente pruebas contra Rubén Rocha Moya, autoridades de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión de alto nivel para redefinir la cooperación bilateral en materia de seguridad y abrir lo que ambas partes describieron como una nueva fase de trabajo conjunto.

El encuentro se realizó este viernes en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, dentro de los trabajos del Grupo Bilateral de Implementación (GBI), mecanismo mediante el cual ambos gobiernos coordinan acciones frente a desafíos compartidos en la frontera y en la región.

La reunión congregó a representantes de 15 agencias gubernamentales de ambos países. Aunque no se reveló qué dependencias participaron, el diálogo se concentró en una agenda amplia que incluyó el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, el robo de combustible y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

Las delegaciones también revisaron acciones para contener la migración irregular y mejorar la coordinación ante amenazas emergentes. Entre los temas abordados figuró el uso de drones y otras herramientas tecnológicas que han cobrado relevancia en los escenarios de seguridad.

De acuerdo con la representación diplomática estadounidense, uno de los objetivos centrales es golpear las estructuras de los cárteles y enfrentar factores que afectan la seguridad y la prosperidad de las comunidades ubicadas a ambos lados de la frontera.

La Embajada de Estados Unidos señaló que el Grupo Bilateral de Implementación continúa ampliando su alcance y profundizando los mecanismos de coordinación entre ambos gobiernos. En ese contexto, destacó que “esta iniciativa representa la siguiente etapa de nuestros esfuerzos conjuntos para generar resultados concretos que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”. Al concluir la reunión, México y Estados Unidos reafirmaron su disposición de mantener la cooperación en materia de seguridad y avanzar en acciones coordinadas.

Horas antes del encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado que no se discutirían las acusaciones relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria reiteró que su administración continuará solicitando a las autoridades estadounidenses que presenten pruebas sobre los señalamientos realizados en su contra.

Más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió el comunicado oficial del encuentro y compartió una fotografía junto a Roberto Velasco, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

La amenaza que recibió la diputada local del PRI, Paola Gárate, escaló al punto de requerir protección de fuerzas federales y estatales. Tras la aparición de una corona fúnebre en su domicilio de Culiacán, la legisladora ya cuenta con medidas de seguridad implementadas por la Guardia Nacional, la Defensa y corporaciones de Sinaloa.

La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, informó que la solicitud de protección realizada por la diputada fue atendida por autoridades federales. Además, la Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegó rondines de vigilancia en las inmediaciones de la vivienda de la legisladora.

“Ella solicitó seguridad federal, esto lo cual ya se le está brindando por parte de Guardia Nacional, Defensa, incluso el día de hoy también reportó la Secretaría de Seguridad Pública del estado que ya se están dando rondines en su domicilio”, declaró la mandataria ante medios locales.

El reforzamiento de la seguridad ocurrió después de que Gárate denunciara públicamente que personas dejaron una corona fúnebre con la leyenda “Familia Gárate” frente a su residencia en la capital sinaloense. Luego de dar a conocer el hecho, la diputada exigió que la Fiscalía de Sinaloa realice una investigación seria y responsable para identificar a quienes colocaron el arreglo fúnebre.

Bonilla condenó las amenazas dirigidas contra la legisladora y respaldó la presentación de la denuncia ante las autoridades ministeriales. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre el nivel de riesgo que enfrenta la diputada, al señalar que esa evaluación corresponde a las instancias encargadas de seguridad.

La gobernadora interina también precisó que no ha tenido comunicación directa con Gárate desde que ocurrieron los hechos, aunque afirmó que contará con el apoyo de su administración para que el caso sea esclarecido.

La amenaza ocurrió en un contexto en el que la diputada priista mantiene una postura crítica desde el Congreso de Sinaloa respecto a la situación de inseguridad y violencia que afecta al estado.

“Estoy en lucha. Mi miedo es el mismo que sienten todos los sinaloenses por los graves problemas de inseguridad que vivimos y que ninguna autoridad ha querido o sabido detener”, expresó la legisladora al denunciar públicamente el incidente.