El diputado Miguel Torruco Garza, perteneciente a Morena, ha presentado una propuesta de reforma constitucional con el objetivo de extender el período de los presidentes municipales y alcaldes de la Ciudad de México a seis años, duplicando la duración actual de tres años.

Esta modificación constitucional también se aplicaría a los integrantes del Ayuntamiento, sin permitir la opción de reelección inmediata para un período adicional.

Actualmente, el artículo 115 constitucional establece que los presidentes municipales y alcaldes pueden ser reelegidos por un período adicional, siempre y cuando el mandato de los ayuntamientos no exceda los tres años.

La iniciativa busca brindar mayor estabilidad y confianza a los alcaldes y presidentes municipales, permitiéndoles planificar estratégicamente con una visión a largo plazo de seis años desde el inicio de su mandato, en lugar de solo tres años, como sucede actualmente, según lo mencionado en el proyecto.

En las elecciones de 2021, 305 presidentes municipales y seis alcaldes de la Ciudad de México lograron su reelección en 25 de las 30 entidades donde se eligieron ayuntamientos y alcaldías. El porcentaje de ediles que buscaban su reelección es de 26.8% de los mil 923 presidencias municipales y alcaldías del país, mientras que el porcentaje de alcaldes que lo lograron es de 60.1% respecto a los 517 munícipes que se registraron para la reelección.

En la Ciudad de México, seis alcaldes fueron reelectos para un nuevo periodo hasta 2024, por lo que en el actual proceso no pueden participar para el mismo cargo; ellos son: Santiago Taboada, de Benito Juárez; Clara Brugada, de Iztapalapa; Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa; Francisco Chiguil, de Gustavo A. Madero; Armando Quintero, de Iztacalco y José Carlos Acosta, de Xochimilco.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la restitución o creación de un fideicomiso con el propósito de atender a las víctimas, reviviendo así el espíritu del extinto Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas. Esta medida histórica surge tras la desaparición del fondo el 6 de noviembre de 2020, cuando el gobierno federal lo eliminó de la Ley General de Víctimas, redirigiendo los recursos hacia la crisis provocada por la pandemia.

La Primera Sala de la SCJN, por unanimidad, aprobó el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, estableciendo que los recursos asignados a este fideicomiso no pueden ser inferiores al 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La decisión de la Corte surge tras otorgar un amparo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a Fundar, quienes argumentaron que la extinción del fondo resultó en la falta de pago de indemnizaciones como reparación del daño, evidenciando el incumplimiento de las obligaciones estatales hacia las víctimas.

El presupuesto destinado a la atención de víctimas incluye el pago de indemnizaciones, gastos médicos, traslados, funerales y atención psicológica. Sin embargo, la asignación presupuestaria para este fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se identificó como insuficiente por parte de Fundar, lo que demuestra la necesidad de asegurar recursos adecuados para cumplir con las obligaciones hacia las víctimas.

Esta decisión de la SCJN ha sido recibida con satisfacción por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos como Fundar y el Centro Prodh, quienes destacan el compromiso del Poder Judicial en abordar la crisis de derechos humanos en el país.