A pocas semanas de que finalice el periodo de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exintegrantes del Consejo Consultivo, organizaciones civiles y expertos advierten que el Senado podría respaldar a la actual ombudsperson para que continúe al frente de la institución o, en su defecto, designar a alguien cercano al partido mayoritario.

Luis de la Barreda Solórzano, exlíder de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, afirma que la posible reelección de Piedra es “previsible”, dado el modo en que se manejó su designación inicial. “La mayoría de senadores la eligieron sin que lograra el número de votos necesario y, pese a su gestión cuestionada, podrían reelegirla. Piedra ha actuado de forma omisa y sumisa en el cargo”, subraya De la Barreda.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) enfatiza la necesidad de que el próximo nombramiento en la CNDH se realice de manera adecuada, transparente y participativa, alineado con los Principios de París que exigen independencia y autonomía. Eduardo Guerrero, abogado del Centro Prodh, subraya que es crucial evaluar los planes de trabajo presentados por los candidatos, considerando la militarización, la crisis de desapariciones y otros problemas en derechos humanos.

Guerrero también critica que Piedra dejará una CNDH debilitada, sin respuestas claras ante temas relevantes como la militarización y la reforma judicial. Además, señala que el proyecto de convertir a la CNDH en una Defensoría del Pueblo, promovido por Piedra, no aborda los problemas esenciales que enfrenta el organismo.

Ante la posibilidad de que Piedra o un simpatizante del partido en el poder retomen el liderazgo de la CNDH, Guerrero considera que esto reflejaría un desinterés de la Cuarta Transformación por los derechos humanos. “Si el Senado la reelige o designa a alguien afín al partido dominante, el mensaje es que no hay un compromiso serio para garantizar la autonomía de la CNDH en este contexto de debilitamiento de organismos autónomos”, señala.

Adalberto Méndez López, exintegrante del Consejo Consultivo de la CNDH, sostiene que aunque Piedra tiene derecho a buscar la reelección, esto debería basarse en una gestión efectiva, lo cual, asegura, no ha sido el caso. “Su administración ha sido cómplice del oficialismo, careciendo de la capacidad técnica que caracterizó al organismo en el pasado”, concluye.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que el partido buscará ganar la gubernatura de Nuevo León en 2027, como parte de sus esfuerzos para ampliar su presencia en cargos locales y afiliar a más personas.

Tras una reunión privada con senadores, alcaldes y diputados de diversos niveles en el Centro Internacional de Negocios de Monterrey (Cintermex), Alcalde destacó la importancia estratégica de Nuevo León para el movimiento. “Claro que vamos por la gubernatura. Estamos esperando ganar Nuevo León y Chihuahua para 2027. Nos irá muy bien porque tenemos la ventaja de contar con una presidenta extraordinaria que nos ayudará mucho”, declaró.

Alcalde detalló que el partido comenzará a reorganizarse en diciembre, con un plan de trabajo para afiliar y credencializar a nuevos miembros, además de crear comités seccionales en Nuevo León y en todo el país. Subrayó que tienen la confianza para seguir obteniendo buenos resultados y resaltó la relevancia de Nuevo León en la agenda nacional de Morena.

En la reunión también estuvieron presentes figuras clave del partido, como Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización; Waldo Fernández y Judith Díaz, senadores de Nuevo León; Andrés Mijes y Manuel Guerra, alcaldes de Escobedo y García, respectivamente, así como otros diputados federales y locales.

Aspiraciones alborotadas

El llamado de Luisa María Alcalde a la unidad y reorganización de Morena en Nuevo León generó entusiasmo entre algunos políticos que manifestaron su interés por la candidatura a la gubernatura en 2027. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, admitió que le gustaría aspirar a dicho cargo, aunque reconoció que primero debe concentrarse en sus responsabilidades actuales y en la afiliación de 300 mil personas en el estado rumbo a la elección.

“No puedo negar que me interesa, sería mentir si dijera que no aspiro a gobernar mi estado. Pero primero tengo que cumplir con mi trabajo en Escobedo y en el proceso de reorganización para 2027”, afirmó Mijes.

Por su parte, el senador Waldo Fernández también expresó su interés en la candidatura, aunque subrayó la importancia de respetar las reglas internas de paridad de género que determinarán si el candidato será hombre o mujer. “Evidentemente me interesa, pero primero debo cumplir mi labor como senador y esperar las reglas internas para poder pedir la confianza de los ciudadanos”, comentó.

Clara Luz Flores, diputada federal por Morena, declaró que es momento de que Nuevo León tenga una gobernadora mujer y manifestó su disposición para participar en el proceso. “Es tiempo de las mujeres. ¿Por qué no? Siempre he estado comprometida en cambiar la realidad para las próximas generaciones”, dijo.

Por otro lado, la senadora Judith Díaz y el alcalde de García, Manuel Guerra, consideraron prematuro hablar de la candidatura. Guerra, sin embargo, aseguró que el próximo gobierno estatal de Nuevo León será de Morena.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ha incorporado a la expriista Alejandra del Moral Vela como nueva titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid). Del Moral, quien fue candidata a la gubernatura del Estado de México por el PRI, se suma al gobierno de la Cuarta Transformación tras haber renunciado al partido tricolor en mayo de este año.

El 1 de octubre, Del Moral, exalcaldesa de Cuautitlán Izcalli, celebró la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México. “Es un día histórico para México, Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidenta. Con ella llegan todas esas que nos imaginaron libres y felices”, expresó.

Es importante destacar que Alejandra del Moral dejó el PRI durante la campaña electoral y posteriormente se sumó al proyecto de Claudia Sheinbaum. La propia Sheinbaum declaró el 27 de mayo que, tras reflexionar sobre el futuro del país, encontraron más coincidencias que diferencias, con el objetivo común de seguir construyendo un México con justicia, democracia, libertades y prosperidad compartida.

En su primer mensaje como canciller, Juan Ramón de la Fuente presentó a su equipo de colaboradores. Entre los nombramientos, destacó la permanencia de Teresa Mercado como subsecretaria de Relaciones Exteriores y de Roberto Velasco al frente de la Unidad para América del Norte. Raquel Serur fue designada subsecretaria de América Latina y El Caribe, mientras que Enrique Ochoa asumirá la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Además, Pablo Aroche ocupará la Consejería Jurídica y Jorge Islas estará a cargo de la Coordinación General de Consulados.

Otros nombramientos incluyen a Daniel Barrera Pérez en la Unidad de Administración y Finanzas, y a Juan José Bremer de Martino como director general del Instituto Matías Romero, con el objetivo de revitalizarlo. Alfonso Zegbe Camarena será director ejecutivo de la Coordinación Intersectorial, Roberto Armando de León Huerta será jefe de la Oficina del Canciller, Daniela Zapata Zalce estará a cargo de la Dirección General de Comunicación Social, y Ana Tovar Fernández fungirá como secretaria particular.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles la designación de 11 nuevos funcionarios que formarán parte de su equipo de gobierno. A través de su cuenta en X, Sheinbaum presentó a los nombrados que ocuparán diversas dependencias clave de la administración federal.

Entre los anuncios destaca la incorporación de Rommel Pacheco Marrufo como director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Octavio Romero Oropeza al frente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y César Iván Escalante como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

A continuación, la lista completa de los nuevos nombramientos:

• Rocío Bárcena Molina será subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación.
• Mariana Boy Tamborrell estará al frente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
• Violeta Abreu González asumirá la Dirección General del Servicio Postal Mexicano (Sepomex).
• Renata Turrent Hegewisch será la nueva directora general de Canal Once.
• Rocío Mejía Flores continuará como directora general de la Financiera para el Bienestar (FINABIEN).
• Lyndia Quizroz Zavala seguirá al frente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
• Octavio Romero Oropeza será el nuevo director general del INFONAVIT.
• César Iván Escalante Ruiz será el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
• Efraín Morales López encabezará la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
• Rommel Pacheco Marrufo será el nuevo director de la CONADE.
• Alonso Millán Zepeda será el director general de Canal 22.

Claudia Sheinbaum, quien tomará posesión como la primera mujer presidenta de México el próximo 1 de octubre, ya ha conformado gran parte de su equipo de trabajo. Entre los nombramientos más destacados se encuentran:

• Marcelo Ebrard como secretario de Economía
• Raquel Buenrostro en la Secretaría de la Función Pública
• Jesús Antonio Esteva como secretario de Comunicaciones y Transportes
• Ernestina Godoy como consejera jurídica
• Julio Berdegué en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
• Rosaura Ruiz como secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación
• David Kershenobich como secretario de Salud
• Alicia Bárcena en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores
• Luz Elena González en la Secretaría de Energía
• Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Edna Elena Vega en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
• Rosa Icela Rodríguez como secretaria de Gobernación
• Ariadna Montiel en la Secretaría del Bienestar
• Mario Delgado como secretario de Educación Pública
• Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
• Lázaro Cárdenas Batel como jefe de Oficina de la Presidencia
• Claudia Curiel como secretaria de Cultura
• Marath Bolaños en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
• Josefina Rodríguez como secretaria de Turismo
• Citlalli Hernández en la Secretaría de las Mujeres
• Víctor Rodríguez Padilla como titular de Pemex

La madrugada del miércoles, el Senado de la República aprobó la Reforma al Poder Judicial, enviándola de inmediato a los congresos estatales para su ratificación. Hasta la mañana del jueves, 18 legislaturas locales ya habían dado su visto bueno, mientras que una la rechazó, y se espera que otras continúen el debate en las próximas horas.

Al igual que en la Ciudad de México, donde el Congreso de la Unión ha sido escenario de protestas, varias entidades como Yucatán y Puebla han registrado manifestaciones en contra de la reforma. A pesar de ello, se anticipaba su aprobación en los estados, dada la mayoría que posee Morena junto con sus aliados, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, en al menos 22 congresos locales.

Uno de los pilares del llamado “Plan C” de la Cuarta Transformación es justamente la aprobación de estas reformas constitucionales, donde los congresos estatales juegan un papel decisivo. A nivel federal, Morena y sus aliados necesitaron una mayoría calificada, equivalente a dos tercios del Congreso de la Unión, para avanzar con la modificación de la Constitución. Sin embargo, para que estas reformas se materialicen, deben ser ratificadas por al menos 17 de las 32 legislaturas locales, umbral que ya se ha superado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solo falta la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, algo que corresponde al Ejecutivo. Sugirió que el 15 de septiembre sería una fecha adecuada para su promulgación, dado el impacto y la importancia de esta reforma. “Es un paso hacia una verdadera democracia en México, donde el pueblo elige a sus representantes y servidores públicos”, señaló.

Morena y sus aliados son la fuerza dominante en 27 entidades federativas, aunque esto no garantiza la mayoría en todas. La interpretación de los requisitos constitucionales varía, ya que la mayoría requerida en los congresos estatales puede ser simple (50 por ciento más uno) o calificada (dos tercios), dependiendo de la interpretación de la Constitución.

El artículo 135 de la Constitución establece un proceso mixto para la aprobación de reformas constitucionales, que incluye una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso federal y la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales. Esta flexibilidad ha generado debate sobre la mayoría necesaria en los congresos locales para validar las reformas.

En las primeras horas tras la aprobación en el Senado, los congresos de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas ya dieron luz verde a la reforma.

Oaxaca fue el primer estado en aprobarla, con 41 votos a favor, mientras que Tabasco hizo lo propio con 24 votos a favor, pese a las protestas de trabajadores del Poder Judicial. Quintana Roo aprobó la reforma con 21 votos a favor y 4 en contra, mientras que Veracruz la ratificó con 32 votos a favor y 11 en contra, en una sesión extraordinaria.

En Durango, donde Morena no cuenta con la mayoría, la reforma fue aprobada con 19 votos a favor y 6 en contra, un resultado inesperado dado el equilibrio de fuerzas en el congreso local. Por otro lado, Querétaro rechazó la reforma, acelerando el proceso antes del cambio de legislatura previsto para el 26 de septiembre, cuando Morena y sus aliados podrían obtener una mayoría simple en ese estado.

A pesar de los avances, se prevé que en al menos cinco estados más, la reforma enfrente dificultades para ser aprobada, ya que la mayoría simple la ostentan partidos opositores como el PAN, PRI y PRD.

Este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo la presentación de su sexto y último informe de gobierno, un evento significativo que marca la conclusión de su mandato de seis años y ofrece un balance de su administración.

A solo un mes de ceder el poder, López Obrador enfrenta la dualidad de una alta aprobación popular, mientras que preocupaciones tanto internas como externas ponen sombras sobre su legado.

La ceremonia se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, la principal plaza pública del país, donde se espera una multitud de seguidores que han respaldado al presidente a lo largo de su gestión.

El 1 de octubre, López Obrador entregará el mando a Claudia Sheinbaum Pardo, quien se convertirá en la primera mujer en ocupar la presidencia en la historia de México, después de ganar las elecciones del 2 de junio con un 60 por ciento de los votos.

Además de un país en transición, Sheinbaum recibirá un Congreso con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una reforma al Poder Judicial, la cual ha suscitado controversias tanto en México como en el exterior.

La reforma judicial, impulsada por López Obrador, busca que jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular, un cambio que, según el gobierno, es necesario para desmantelar los privilegios de un Poder Judicial que perciben al servicio de las élites.

No obstante, la oposición y varios sectores han manifestado su preocupación de que esta medida podría politizar la justicia y comprometer su independencia.

Esta concentración de poder ha generado inquietud entre analistas y críticos, quienes temen que el oficialismo busque consolidar un régimen autocrático.

El informe presidencial de López Obrador será el último de una serie de informes anuales en los que ha destacado principalmente los logros de su política social, centrada en programas de apoyo económico a los sectores más vulnerables.

El Presidente ha utilizado estos informes para reforzar su visión de una “Cuarta Transformación” de México, con discursos que han combinado elementos nacionalistas, ideológicos e históricos.

La conferencia que la ministra Lenia Batres iba a ofrecer este viernes en Puebla sobre la reforma al Poder Judicial fue suspendida, esto tras un altercado verbal y físico entre trabajadores, simpatizantes de la Cuarta Transformación y personal de la Universidad Benito Juárez.

A las 09:30 horas, un grupo de empleados del Poder Judicial inició una protesta, portando pancartas con mensajes como “No a la Reforma al Poder Judicial” y “Independencia de poderes” frente al auditorio donde Batres hablaría a las 10:00 horas sobre la necesidad de reformar el Poder Judicial.

Fuera del recinto, los trabajadores gritaban consignas como “Viva el Poder Judicial de la Federación”, “Somos trabajadores y venimos a luchar por los derechos”, y “El Poder Judicial no va a caer”, mientras que dentro de la universidad, otros respondían con frases como “El Poder Judicial va a caer, va a caer”, “Es un honor estar con Obrador”, “ministra corrupta” y “ministra del pueblo”.

La situación escaló a empujones y agresiones físicas entre los grupos a favor y en contra de la elección ciudadana de jueces, magistrados y ministros, lo que llevó a la cancelación de la ponencia. Los organizadores explicaron que algunos asistentes se infiltraron en el evento, lo que aumentó la tensión y provocó la decisión de suspender la actividad.

La ponencia de Batres se programaba justo cuando el Poder Legislativo está por debatir cambios significativos en la estructura del Poder Judicial, impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propone que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por votación popular.

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, informó que se prevén modificaciones a 60 párrafos de la iniciativa enviada por el presidente en febrero, así como la inclusión de artículos transitorios y la reforma o derogación de algunas fracciones del artículo constitucional correspondiente.

Los 23 gobernadores de las entidades alineadas con la Cuarta Transformación se unieron al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina de este martes, respaldando firmemente el sistema IMSS-Bienestar.

“Es un honor contar con el respaldo de los gobernadores y gobernadoras de 23 estados federativos en este pacto que hemos alcanzado”, expresó el jefe del Ejecutivo en Palacio Nacional. “Este compromiso no solo mejorará considerablemente nuestro sistema de salud pública, sino que también contribuirá a erradicar la corrupción que ha dañado al sector salud. Llegaron al extremo de lucrar con la salud del pueblo”, añadió López Obrador.

“Nos complace enormemente tener la presencia de los representantes de 23 estados en esta conferencia, ya que juntos hemos estado trabajando incansablemente para garantizar el derecho a la salud del pueblo mexicano, tal como lo establece el artículo cuarto de nuestra Constitución”, subrayó el presidente.

“Aceptamos este desafío con determinación. Antes de concluir nuestro mandato, en septiembre, lograremos tener el mejor sistema de salud pública del mundo”, afirmó López Obrador. “Contaremos con médicos generales y especialistas, así como con equipos médicos modernos y suficiente abasto de medicamentos, para atender a toda la población, especialmente a aquellos que carecen de seguridad social y viven en zonas marginadas”.

López Obrador reiteró el compromiso de su gobierno con la integración del sector salud y destacó que todos los mexicanos tienen el mismo derecho a recibir atención médica de calidad, sin importar su condición social. Además, enfatizó la diferencia de enfoque respecto a la política neoliberal, resaltando que la salud no debe ser un privilegio sino un derecho fundamental para todos los ciudadanos.