Categoría: Norte

A medio año del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, las investigaciones suman 22 personas detenidas por su presunta participación en el ataque ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de Velas.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha señalado como uno de los principales implicados a Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado” o “El Contador”, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto autor intelectual del crimen. Dentro de la misma estructura criminal también fue detenido Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, “El K-OZ”, jefe de plaza y subordinado directo del primero.

El caso incluye a Samuel García Rivero, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas del alcalde y es señalado por haber compartido la agenda privada del edil con integrantes del CJNG. A la lista se agregan los taxistas Ricardo Cliserio “N”, Alan “N” y Josué Elogio —o Eulogio— “N”, además de los presuntos narcomenudistas Ulises “N”, Gerardo “N” y Flor “N”, estos últimos encargados de fungir como enlaces entre “El Licenciado” y otros participantes en el atentado.

También fueron capturados Jaciel Antonio Herrera Torres, “El Pelón”, y Gerardo Rodríguez, “El Congo”, quienes habrían reclutado a Ramiro “N”, Víctor Manuel Ubaldo y Fernando Josué “N”. De acuerdo con las indagatorias, estos dos últimos fueron integrados al grupo desde un centro de rehabilitación para adicciones en Uruapan.

Entre los detenidos se encuentran además María “N”, Salvador “N” y Marcelina “N”, identificados como concubina, cuñado y suegra de “El K-OZ”, respectivamente. A ellos se suma Rafael “N”, alias “La Aurora”, considerado el más reciente asegurado vinculado al CJNG, así como siete escoltas del propio Carlos Manzo. El ataque fue perpetrado por un agresor de 17 años, también vinculado al CJNG, quien disparó contra el entonces alcalde durante la celebración.

En este contexto, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, publicó un mensaje en redes sociales en el que recordó a su esposo y señaló que el caso sigue sin resolverse. “El tiempo aparentemente se ha ido rápido; sin embargo, tu ausencia sigue doliendo como el primer día. 

Todos los días, al levantarme, lo primero que veo es tu fotografía y es la fuerza que me das para seguir luchando por todo aquello que tú querías para nuestros hijos, para Uruapan y para toda la gente que quisiste mucho”, expresó.

Añadió que continuará en la búsqueda de justicia. “Hasta el último día lucharé por justicia”, afirmó. 

El senador de Morena, Enrique Inzunza, sostuvo que permanecerá en su cargo pese a las acusaciones en su contra por parte de una Fiscalía en Nueva York, que lo señala por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. El legislador afirmó que enfrentará el proceso sin separarse del Senado y que utilizará el fuero constitucional para su defensa legal.

A través de su cuenta en X, Inzunza negó los señalamientos relacionados con posesión de armamento y vínculos con la facción de “Los Chapitos”, por los cuales autoridades estadounidenses han solicitado su detención y extradición. También aseguró que acudirá ante instancias mexicanas si es requerido. 

“Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República. De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”, publicó.

Su postura contrasta con la decisión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes solicitaron licencias temporales mientras se desarrollan las investigaciones.

El senador también vinculó las acusaciones con su oposición a la participación de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua. Según explicó, su postura derivó en una solicitud de juicio por presunta “traición a la patria” contra la gobernadora María Eugenia Campos. “Por eso mismo, rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas…”, expresó, al tiempo que respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de soberanía nacional. Hasta ahora, se desconoce el paradero de Inzunza, quien no ha sido visto desde la última sesión ordinaria del Senado el miércoles pasado.

En paralelo, el caso ha puesto atención sobre su entorno familiar. Su esposa, Claudia Meza Avendaño, fue designada magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa en noviembre de 2021, tras la salida de Inzunza de ese mismo órgano. Además, varios de sus hermanos han ocupado cargos dentro del Poder Judicial estatal.

Aída Inzunza es magistrada del Tribunal Electoral de Sinaloa desde diciembre de 2020. Lorena Inzunza fue nombrada jueza civil en septiembre de 2024 y actualmente encabeza el Juzgado Tercero Civil en Culiacán. Javier Inzunza, por su parte, se integró en noviembre de 2024 como secretario de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia. 

Otro de sus hermanos, Santiago Inzunza, fue designado director del Colegio de Bachilleres de Sinaloa durante la administración estatal en la que el ahora senador se desempeñó como secretario general. Las acusaciones en Estados Unidos se remontan a ese periodo, cuando Inzunza formaba parte del gabinete estatal.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no procederá con la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni de otros nueve funcionarios señalados por autoridades estadounidenses, al considerar insuficientes las pruebas enviadas para sustentar la solicitud.

De acuerdo con Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidió la detención provisional con fines de extradición en el marco de una investigación en curso. 

Sin embargo, la FGR determinó que los elementos proporcionados por el gobierno estadounidense no cumplen con los requisitos necesarios para ejecutar una captura.

En paralelo a este posicionamiento, Rocha Moya anunció este viernes que solicitó licencia temporal al cargo ante el Congreso local. En un mensaje difundido por el gobierno estatal, el mandatario explicó que su decisión busca facilitar las indagatorias en su contra.

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador. Mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana”, señaló.

El gobernador también afirmó que no permitirá que su situación sea utilizada para afectar al movimiento político al que pertenece.

La medida ocurre dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer una acusación formal en su contra por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas de fuego. En ese mismo documento, las autoridades estadounidenses vinculan a Rocha Moya con la facción conocida como “Los Chapitos”, a quienes atribuyen acciones para favorecer su llegada al poder.

Según la acusación, dicho grupo habría intervenido en el proceso electoral mediante el robo de urnas con votos de sus opositores, así como la intimidación y el secuestro de rivales políticos.

Tras la solicitud de licencia, el Congreso de Sinaloa fue convocado a una sesión extraordinaria la noche del viernes para dar trámite al documento y definir quién asumirá el Ejecutivo estatal de manera interina. Entre las opciones, se contempla que la secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, sea designada para ocupar el cargo temporalmente.

La posibilidad de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea enviado a Estados Unidos enfrenta un filtro clave: la presentación de pruebas y el cumplimiento del marco legal mexicano, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia de este viernes, la mandataria subrayó que cualquier solicitud de extradición deberá evaluarse conforme al tratado bilateral, la Constitución y las leyes nacionales, proceso que corresponde interpretar a la Fiscalía General de la República. En ese contexto, insistió en que las acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios vinculados al mismo caso deben sustentarse con evidencia suficiente antes de avanzar.

“Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México. Entonces, tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico, en efecto, la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera, un servidor público o un mexicano”, afirmó.

La presidenta también cuestionó que los implicados hayan sido señalados públicamente sin que exista una investigación concluida. Reiteró que la relación con Estados Unidos se rige por principios como respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

El posicionamiento ocurre después de que el 29 de mayo el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara una investigación formal contra Rocha Moya por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. 

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el mandatario estatal enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento, delitos que podrían derivar en una condena de hasta cadena perpetua o 40 años de prisión.

En paralelo, el caso ha generado actividad en plataformas de apuestas como PolyMarket, donde usuarios especulan sobre escenarios políticos y judiciales. Al 1 de mayo, existen tres mercados abiertos sobre el futuro del gobernador. Las proyecciones sitúan entre 30 y 45% la probabilidad de que deje el cargo antes de que termine mayo, mientras que estiman en 4% la posibilidad de extradición para el 15 de mayo y en 11% para junio. También se calcula en 14% la probabilidad de un arresto durante el mismo mes.

Ante estas versiones, tanto Sheinbaum como aliados políticos han rechazado los señalamientos al considerar que carecen de pruebas sólidas. La presidenta incluso planteó que, de no presentarse evidencia, el caso podría responder a motivaciones políticas.

Por su parte, Rocha Moya ha declarado que no teme a las acusaciones y sostuvo que estas también están dirigidas contra el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

Un amplio bloque integrado por más de 150 organizaciones, especialistas, actores políticos y representantes de la academia pidió detener la elección judicial prevista para 2027 con el fin de corregir deficiencias detectadas en el proceso de 2025 y rediseñar su estructura.

El pronunciamiento fue enviado a autoridades legislativas y electorales, donde se advierte que el esquema vigente presenta fallas de origen que ponen en duda su capacidad para asegurar perfiles adecuados y un sistema de justicia de calidad. Además, alertaron sobre riesgos estructurales que podrían afectar la confianza pública en el proceso.

Uno de los puntos centrales es la coincidencia de la elección judicial con los comicios federales y locales de 2027. De acuerdo con los firmantes, este cruce podría abrir la puerta a prácticas partidistas y clientelares que comprometan la independencia del Poder Judicial.

“La elección de personas juzgadoras, en su diseño actual, plantea riesgos relevantes y no es suficiente por sí sola para garantizar la legitimidad del sistema de justicia”, señalaron.

Entre las fallas detectadas tras la jornada de junio de 2025 destacan la ausencia de filtros técnicos robustos para evaluar candidaturas, lo que permitiría la participación de aspirantes sin experiencia suficiente. También se identificaron problemas operativos como boletas complejas, escasa información para los votantes y criterios inconsistentes en la valoración de perfiles.

El modelo actual contempla tres comités de evaluación —uno por cada Poder del Estado—, mecanismo que, según los críticos, ha generado disparidades en los estándares, así como percepciones de parcialidad política.

Ante este panorama, los firmantes plantearon una serie de ajustes: elevar los requisitos técnicos de quienes aspiren a cargos judiciales, unificar los criterios de evaluación y simplificar el diseño electoral para hacerlo más claro y funcional.

La elección judicial forma parte de una reforma impulsada por el gobierno mexicano que introdujo el voto popular para designar jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Este proceso se planteó en dos fases: la primera se realizó en 2025, mientras que la segunda está programada para 2027, cuando se renovarán cargos federales restantes y la totalidad de los puestos locales.

Advertencias internacionales también han apuntado en la misma dirección. La Organización de los Estados Americanos (OEA) indicó que la coincidencia de elecciones podría incrementar la influencia partidista en el proceso judicial.

Los impulsores de la propuesta sostienen que aplazar la jornada permitiría ajustar el modelo sin abandonarlo, con el objetivo de mejorar su implementación y fortalecer su credibilidad.

A pesar de haber respaldado en 2022 una reforma que permite el bloqueo de cuentas bancarias sin intervención judicial, la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado impulsa ahora un cambio legal para eliminar esa facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La propuesta, presentada por todos los senadores petistas encabezados por Alberto Anaya, plantea modificar los artículos 115 y 116 de la Ley de Instituciones de Crédito para establecer que la inclusión de personas en la lista de cuentas bloqueadas solo pueda realizarse mediante autorización judicial previa y por escrito. Esto aplicaría en casos donde existan indicios de vínculos con delitos como financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El giro ocurre después de que, el pasado 6 de abril, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la norma vigente, argumentando que contempla un procedimiento claro que garantiza el derecho de defensa, con plazos definidos, posibilidad de ofrecer pruebas y acceso a impugnaciones ante tribunales administrativos.

En contraste, la nueva iniciativa del PT sostiene que el esquema actual vulnera derechos constitucionales, como la audiencia previa y la propiedad privada establecidos en el artículo 14, así como lo dispuesto en el artículo 16, que exige un mandamiento escrito de autoridad competente para cualquier afectación. También señala afectaciones a la presunción de inocencia y a la carga de la prueba contempladas en el artículo 20.

“Con este esquema, la UIF puede congelar una cuenta bancaria con base en meras sospechas, y es la persona afectada la que debe demostrar la licitud de sus operaciones para recuperar lo que ya le quitaron en los hechos, invirtiendo la lógica del proceso penal”, expone el documento.

La iniciativa también advierte sobre el impacto práctico de estas medidas: “El bloqueo de una cuenta bancaria es una de ellas. No se trata únicamente de un acto administrativo; es una interrupción inmediata de la vida económica y patrimonial de una persona”.

El texto añade que esta acción puede impedir cubrir necesidades básicas o cumplir obligaciones financieras, afectando tanto a empresarios como a personas en la informalidad.

La reforma que ahora se busca modificar fue aprobada en 2022 con el respaldo del propio PT y de Morena, permitiendo a la Secretaría de Hacienda incluir a personas en la lista de bloqueados con base en indicios de actividades ilícitas.

La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que la divulgación de la acusación presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría comprometer un eventual proceso de extradición.

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, señaló en un mensaje difundido en redes sociales que el señalamiento emitido por el gobierno de Donald Trump carece de elementos probatorios suficientes. Subrayó que hacer pública esa información con fines distintos a los legales puede vulnerar la confidencialidad de los procesos penales en Estados Unidos y contravenir sus normas procesales.

“Solamente se conducirá la extradición si se termina que las pruebas son fuentes conforme a las leyes de la parte requerida en ese caso de nuestro país”, indicó. Más tarde, en conferencia de prensa, reiteró que cualquier procedimiento de extradición dependerá de la existencia de pruebas y de un juicio político previo contra el mandatario estatal.

Las declaraciones de la FGR se dan en el contexto de una investigación abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluye a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa, quienes podrían enfrentar cadena perpetua por los delitos imputados.

De acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, el Cártel de Sinaloa —en particular el grupo conocido como Los Chapitos— habría intervenido en el proceso electoral de 2021 mediante el robo de boletas para favorecer al entonces candidato de Morena, hoy gobernador. El documento también sostiene que integrantes del grupo criminal secuestraron e intimidaron a aspirantes de oposición.

“A cambio (de estas acciones) en múltiples ocasiones, antes y después de asumir el cargo de gobernador de Sinaloa, Rocha Moya asistió a reuniones con los líderes de Los Chapitos y otros dirigentes del cártel”, señala el escrito. En esos encuentros, añade, el mandatario se habría comprometido a respaldar operaciones relacionadas con el narcotráfico como parte de un supuesto acuerdo.

“Tal como prometió, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de Los Chapitos, Rocha Moya ha permitido que estos operen con impunidad en el estado”, afirma el documento. Además, se le atribuye haber facilitado la colocación de funcionarios afines al grupo criminal en cargos dentro del gobierno estatal y corporaciones policiales.

Entre los señalados por las autoridades estadounidenses figuran también el senador Enrique Inzunza Cazárez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, todos vinculados al partido Morena.