Autor: CuestionesdePolítica

La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que la divulgación de la acusación presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría comprometer un eventual proceso de extradición.

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, señaló en un mensaje difundido en redes sociales que el señalamiento emitido por el gobierno de Donald Trump carece de elementos probatorios suficientes. Subrayó que hacer pública esa información con fines distintos a los legales puede vulnerar la confidencialidad de los procesos penales en Estados Unidos y contravenir sus normas procesales.

“Solamente se conducirá la extradición si se termina que las pruebas son fuentes conforme a las leyes de la parte requerida en ese caso de nuestro país”, indicó. Más tarde, en conferencia de prensa, reiteró que cualquier procedimiento de extradición dependerá de la existencia de pruebas y de un juicio político previo contra el mandatario estatal.

Las declaraciones de la FGR se dan en el contexto de una investigación abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluye a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa, quienes podrían enfrentar cadena perpetua por los delitos imputados.

De acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, el Cártel de Sinaloa —en particular el grupo conocido como Los Chapitos— habría intervenido en el proceso electoral de 2021 mediante el robo de boletas para favorecer al entonces candidato de Morena, hoy gobernador. El documento también sostiene que integrantes del grupo criminal secuestraron e intimidaron a aspirantes de oposición.

“A cambio (de estas acciones) en múltiples ocasiones, antes y después de asumir el cargo de gobernador de Sinaloa, Rocha Moya asistió a reuniones con los líderes de Los Chapitos y otros dirigentes del cártel”, señala el escrito. En esos encuentros, añade, el mandatario se habría comprometido a respaldar operaciones relacionadas con el narcotráfico como parte de un supuesto acuerdo.

“Tal como prometió, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de Los Chapitos, Rocha Moya ha permitido que estos operen con impunidad en el estado”, afirma el documento. Además, se le atribuye haber facilitado la colocación de funcionarios afines al grupo criminal en cargos dentro del gobierno estatal y corporaciones policiales.

Entre los señalados por las autoridades estadounidenses figuran también el senador Enrique Inzunza Cazárez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, todos vinculados al partido Morena.

La solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios ya está en manos de autoridades mexicanas, aunque sin respaldo probatorio, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con la Cancillería, los documentos enviados por la Embajada estadounidense fueron recibidos el martes a las 18:00 horas y analizados bajo el marco del Tratado de Extradición bilateral. Tras la revisión jurídica, la dependencia concluyó que la petición carece de elementos de prueba que sustenten las acusaciones.

“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la SRE en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba”, señaló la Secretaría en un comunicado oficial.

Pese a ello, el expediente fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, instancia que determinará si existen indicios que permitan avanzar en el caso contra los señalados, todos vinculados políticamente a Morena.

El posicionamiento de la SRE se da después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública la acusación formal contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entre otros actores políticos del estado.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados mantienen presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.

En paralelo, la Cancillería mexicana anunció que enviará un extrañamiento diplomático al gobierno encabezado por el presidente Donald Trump, debido a la forma en que se difundió públicamente la acusación antes de concluir los procesos correspondientes entre ambas naciones.

El caso se encuentra ahora en etapa de revisión por parte de la FGR, que deberá definir si hay bases legales y probatorias para dar curso a la solicitud internacional.

En entrevista con medios locales, el morenista informó que ya sostuvo comunicación con la presidenta Claudia Sheinbuam y le mostró su apoyo tras las acusaciones por parte del gobierno de Trump.

“¿Hay apoyo de parte de ella a su Sí, claro, persona por supuesto. ¿Va va a permanecer aquí en Sinaloa, gobernador?, sí, por supuesto, trabajando aquí, entrando y saliendo acá y yendo al a a desempeñar mi trabajo”, dijo el morenista.

Además dijo que no estaba enterado de las acusaciones en su contra y fue por el comunicado del Departamento de Justicia que tuvo conocimiento del tema.

Con el respaldo de la mayoría de los congresos locales, el Senado de la República formalizó la validez de la reforma constitucional que habilita al Congreso de la Unión a emitir una ley general enfocada en el combate al feminicidio en todo el país.

La Cámara Alta confirmó haber recibido los votos aprobatorios provenientes de entidades como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México, entre otras, lo que permitió completar el proceso requerido para su declaratoria constitucional.

Tras este paso, el documento fue turnado al Diario Oficial de la Federación para su publicación, con lo que entrará en vigor el mandato para que el Poder Legislativo federal desarrolle un marco normativo integral sobre este delito.

El contenido de la reforma establece que el Congreso podrá expedir una legislación que refuerce las acciones en materia de prevención, investigación, sanción y reparación del feminicidio. En el texto se subraya que este delito constituye “uno de los más dolorosos y de máxima gravedad que afecta a nuestra sociedad de manera estructural”.

Asimismo, el documento describe al feminicidio como “la manifestación más extrema de los actos sistemáticos de violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres”.

Durante la sesión, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, enfatizó la dimensión del problema al señalar que este crimen “representa el mayor grado de discriminación contra el género femenino”.

La reforma fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y, con su validación, se establece la obligación para que tanto el Senado como la Cámara de Diputados elaboren y aprueben la ley general correspondiente en el próximo periodo ordinario de sesiones, previsto para iniciar en septiembre.

Este nuevo marco legal buscará homologar criterios y fortalecer la respuesta institucional frente al feminicidio a nivel nacional.

La detención de Audias Flores, conocido como “El Jardinero”, se concretó tras una investigación de 19 meses encabezada por autoridades mexicanas, con apoyo informativo de agencias estadounidenses, pero sin participación directa de estas en el operativo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que la colaboración bilateral se mantiene dentro de los canales de intercambio de inteligencia. “Son 19 meses de investigación de la Unidad de Inteligencia Naval. Es un intercambio de información constante, no sólo para este objetivo, sino para muchos. Es bienvenido conforme a la ley, pero es muy distinto a tener agentes operando en territorio”, sostuvo.

El Gabinete de Seguridad destacó que la captura fue realizada exclusivamente por fuerzas nacionales, en medio de cuestionamientos recientes sobre la posible presencia de la CIA en operativos en México.

Según las autoridades, Flores era una pieza clave dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, con control de rutas estratégicas en el occidente y centro del país. Su red operaba en estados como Jalisco, Nayarit y Colima, con expansión hacia Sinaloa, Durango y Zacatecas, además de conexiones hacia zonas turísticas como Bahía de Banderas.

Durante más de 20 años, “El Jardinero” construyó un esquema de extorsión contra empresas de transporte, a las que imponía pagos ilegales y utilizaba para mover drogas, armas y dinero. También enfrentaba sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y tenía una recompensa de hasta 5 millones de dólares, lo que evidenciaba el interés de Washington en su captura.

El caso ocurre en un contexto de tensión tras un operativo en Guachochi, Chihuahua, donde se localizó un laboratorio clandestino y murieron dos agentes extranjeros. Sobre este episodio, García Harfuch señaló que la gobernadora María Eugenia Campos afirmó no tener conocimiento de la presencia de dichos agentes.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, explicó que el Ejército solo atendió la solicitud de apoyo para ubicar el narcolaboratorio. “El personal militar no detectó su presencia”, aseguró.

La Fiscalía General de la República (FGR) buscará elevar la calidad de sus investigaciones y disminuir la impunidad mediante un nuevo modelo basado en ciencia, tecnología y análisis estratégico, informó su titular, Ernestina Godoy, al exponer el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 ante la Comisión de Justicia del Senado.

Durante su comparecencia, la fiscal detalló que el objetivo es consolidar carpetas de investigación con sustento probatorio sólido, capaces de sostenerse ante los tribunales y derivar en sentencias condenatorias. Según explicó, este enfoque pretende garantizar que los casos judicializados lleguen con elementos suficientes para evitar resoluciones absolutorias por falta de pruebas.

Ante legisladores de distintos partidos, Godoy subrayó que la institución enfrenta desafíos estructurales que deben corregirse, como el alto porcentaje de delitos no denunciados —superior al 95%— y el elevado índice de no ejercicio de la acción penal. “Porque no puede ser que tengamos un índice de no ejercicio de la acción penal muy alto, eso quiere decir que hay impunidad no”, afirmó.

En ese contexto, planteó que los procesos internos serán ajustados para aumentar la judicialización de casos y asegurar que las investigaciones que lleguen a tribunales tengan la solidez necesaria.

La fiscal también sostuvo que existen condiciones actuales que obligan a la FGR a actuar sin excusas frente a delitos como el crimen organizado, el lavado de dinero, la desaparición de personas y los feminicidios.

“Nunca como ahora estamos ante la posibilidad de combatir, como con la fuerza del Estado completa, esto es ahora, con un marco jurídico legal y constitucional fuerte, con una coordinación fuerte y con tecnología distinta”, expresó.

Asimismo, enfatizó que la procuración de justicia es un componente central para la gobernabilidad del país, lo que —dijo— exige utilizar plenamente las capacidades institucionales disponibles en beneficio de la población.

En materia interna, Godoy anunció una política de cero tolerancia a la corrupción dentro de la fiscalía, acompañada de mecanismos de control que permitan sancionar conductas contrarias a la ley. “El buen juez por su casa empieza”, señaló al advertir que cualquier acción en perjuicio de las víctimas será castigada.

Finalmente, indicó que el plan podrá ajustarse en un plazo de tres años con las aportaciones del Poder Legislativo y definió como prioridades los delitos contra migrantes, menores de edad y mujeres, así como aquellos vinculados a integrantes de la delincuencia, además de la desaparición de personas y el lavado de dinero.

A horas de que se realice una reunión clave en el Senado, persiste la falta de certeza sobre la presencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, convocada para abordar la muerte de dos agentes estadounidenses en territorio mexicano.

El encuentro, previsto para este martes en la Comisión de Justicia, tiene como objetivo esclarecer las circunstancias en las que fallecieron los elementos extranjeros, así como detallar las actividades que realizaban en la entidad. Sin embargo, hasta este lunes no existe confirmación oficial de que la mandataria estatal acuda.

Desde el Senado, el legislador de Morena, Enrique Inzunza, señaló que la información disponible proviene únicamente de lo difundido en medios. “Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, yo soy integrante, con esa garantía puedo intervenir, no tenemos confirmación formal, solamente lo que han dicho ellos a través de los medios”, afirmó.

En la misma línea, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía, indicó que, pese a la comunicación existente entre su bancada y la gobernadora, no se ha ratificado su asistencia. La legisladora recordó que la invitación fue respaldada por Acción Nacional, aunque subrayó que la participación de Campos no es obligatoria.

“No tengo información en ese sentido, es una invitación la que se le hace y está en su disposición de asistir o no, no conozco cuál sea la decisión en este momento” enfatizó.

“El día que se votó esto con el voto a favor de Acción Nacional se comentó que se le hiciera esta invitación. En este momento no tengo conocimiento si va a asistir. Está en su derecho de hacerlo o no hacerlo, porque no es una comparencia, es una invitación”, declaró.

La convocatoria surge tras un incidente ocurrido en Chihuahua, donde dos agentes de la CIA perdieron la vida en un accidente automovilístico. De acuerdo con el gabinete de seguridad federal, ambos regresaban de un operativo en el que se desmanteló un laboratorio clandestino.

Las autoridades también informaron que los agentes ingresaron al país con distintos tipos de documentación: uno contaba con visa diplomática y el otro con visa de turista. La reunión en el Senado busca profundizar en estos hechos y en el contexto de su presencia en México, en medio de dudas que aún no han sido aclaradas.

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena aprobó por unanimidad la realización del VIII Congreso Nacional Extraordinario, programado para el próximo 3 de mayo, con el objetivo de renovar su dirigencia nacional tras la salida de Luisa María Alcalde.

La convocatoria, difundida por la propia exdirigente a través de su cuenta en X, plantea que este encuentro se desarrollará en un momento clave para el partido, previo al arranque formal de los procesos electorales. En el documento se señala que el contexto actual abre un espacio propicio para llevar a cabo la sustitución de la dirigencia.

Durante la sesión, los militantes discutirán y votarán a quienes ocuparán la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, así como la Secretaría de Finanzas del mismo órgano. Los perfiles seleccionados asumirán funciones a partir del 3 de mayo y permanecerán en el cargo hasta el 1 de octubre de 2027.

La convocatoria surge días después de que se hiciera pública la salida de Alcalde de la dirigencia partidista. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina que la exlíder morenista dejaría el cargo tras aceptar la invitación para integrarse a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, luego de la renuncia de Esthela Damián.

En el mismo contexto, la mandataria subrayó que cualquier integrante de Morena que busque asumir la dirigencia nacional deberá separarse previamente de su cargo dentro del gobierno, en caso de desempeñar uno.

El documento oficial también destaca que la realización de este congreso responde a la necesidad de reorganizar la estructura interna del partido de cara a los próximos retos electorales, estableciendo un proceso de deliberación entre sus militantes para definir a sus nuevos liderazgos.

Con una inversión que terminó duplicándose y luego de varios aplazamientos, este domingo fue puesto en marcha el tramo Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) del Tren Felipe Ángeles, una de las obras prioritarias del sexenio anterior. La apertura estuvo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó el proyecto como parte de la estrategia para fortalecer la movilidad en el país.

El nuevo segmento conecta la ruta que parte de Buenavista, en la Ciudad de México, con el AIFA a través de siete estaciones, y se integra a la línea hacia Pachuca, compuesta por seis paradas adicionales. En total, el sistema suma 14 estaciones distribuidas entre la capital y el Estado de México.

El desarrollo del tren registró un incremento presupuestal significativo al pasar de 12 mil millones de pesos a cerca de 24 mil millones, además de acumular un retraso aproximado de cuatro años. Inicialmente, la inauguración estaba prevista para el 26 de marzo de 2026, en Semana Santa, pero fue pospuesta debido a la falta de pruebas operativas concluidas y certificaciones de seguridad.

Durante el acto, Sheinbaum subrayó el enfoque social del proyecto. “La posibilidad de que las y los mexicanos a precios accesibles y en el mejor transporte posible puedan moverse por todo el país, eso es lo que representa el rescate de los trenes de pasajeros, que los mexicanos y los visitantes que llegan a nuestro país tengan el acceso a la movilidad y que el pueblo de México tenga el derecho a una movilidad de primer nivel”, afirmó.

El gobierno federal concretó la adquisición del sistema ferroviario por 5 mil 999 millones de pesos, lo que implica que el servicio será operado por el Estado a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). El proceso de compra se estructuró en tres fases: el tramo entre Ciudad de México y Estado de México, la conexión al AIFA y la extensión hacia Pachuca.

En términos operativos, el recorrido cubre 23 kilómetros con un tiempo estimado de traslado de 40 minutos. Las tarifas varían según la distancia, con un costo de 11.50 pesos para trayectos cortos y de 26.50 pesos para recorridos largos, utilizando la Tarjeta de Movilidad Integrada.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, señaló que la obra refuerza el modelo de conectividad aeroportuaria en la zona metropolitana. “Demostramos que no necesitábamos el faraónico aeropuerto de Texcoco para volver a centralizar la conectividad del país sino un sistema aeroportuario metropolitano diversificado y distribuido como el que hoy se está consolidando”, expresó.

Al evento asistieron integrantes del gabinete federal y gobernadores de entidades involucradas en el proyecto.

El fallecimiento de dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la sierra Tarahumara, ocurrido el 19 de abril, derivó en cuestionamientos institucionales y reacciones políticas ante la ausencia de información oficial sobre su presencia en México.

Un informe del Gabinete de Seguridad federal, difundido el viernes 24 de abril de 2026, reveló que ninguno de los agentes contaba con acreditación formal para realizar actividades operativas en el país. Además, precisó que ninguna dependencia del propio Gabinete ni la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía conocimiento de que personal extranjero estuviera llevando a cabo labores en territorio nacional.

Según los registros migratorios citados en el comunicado, uno de los agentes ingresó como visitante, sin autorización para actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático.

El tema escaló al ámbito legislativo. En el Senado de la República se aprobó, por mayoría, llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui. El objetivo es esclarecer bajo qué condiciones se permitió la presencia de personal extranjero que presuntamente participaba en tareas de capacitación en seguridad, sin notificación al gobierno federal ni al Congreso.

En paralelo, durante una gira en Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre los detalles del ingreso de los agentes al país. La mandataria fue interceptada por medios al arribar al municipio de Tenango de Doria, donde sostuvo actividades con personas afectadas por las lluvias de octubre de 2025.

Cuestionada directamente sobre los mecanismos que permitieron el acceso de los agentes, Sheinbaum interrumpió la pregunta y se limitó a responder: “…el lunes”.

El accidente en el que murieron los agentes, sumado a la falta de claridad institucional sobre su presencia, detonó un debate entre fuerzas políticas, en el que se confrontan posturas sobre el control, supervisión y coordinación en materia de seguridad con actores internacionales.

La promesa de garantizar medicamentos en todo el país fue cuestionada directamente por habitantes de Hidalgo durante un acto público encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfrentó denuncias sobre carencias en hospitales y centros de salud.

El incidente ocurrió en Tenango de Doria, donde la mandataria cerraba su discurso destacando programas sociales como la pensión Mujeres Bienestar, becas estudiantiles y el esquema Salud Casa por Casa, además de inversiones en infraestructura médica. En ese contexto, afirmó que el suministro de medicinas estaba asegurado, lo que detonó la inconformidad de los asistentes.

Desde el público surgieron gritos: “no hay doctores y no hay medicamentos”. Ante ello, Sheinbaum respondió: “no, sí hay medicamentos, ahorita voy a ir vamos al hospital ahorita les parece que vaya al hospital ahorita que termine el evento, vamos para ver si hay medicamentos”.

Para escuchar las quejas, la presidenta pidió que se entregara el micrófono a dos adultos mayores. Una mujer denunció la escasez en San Bartolo: “Yo no me puedo quejar de los médicos, hay buenos médicos, pero no hay medicamentos en San Bartolo. Tenemos que salir para comprar medicamentos”. La respuesta fue inmediata: “No, eso está muy mal”.

Sheinbaum explicó que existe un programa denominado “rutas de la salud”, diseñado para distribuir medicinas en todo el territorio. Señaló que en visitas previas ha constatado que en algunos lugares sí hay abasto, pero reconoció la importancia de recoger denuncias directas para corregir fallas. “Hicimos un programa que se llama las rutas de la salud el medicamento que se compra tiene que llegar a todos los rincones… por eso vengo con ustedes para que me digan pues lo que realmente está pasando y para arreglarlo”, afirmó.

Otro adulto mayor expuso la situación en el hospital de Tepehua: “Le digo porque yo tengo cada dos meses cita en el hospital de Tepehua, no hay doctores y no hay medicamentos”. La presidenta respondió: “ahora mismo lo vamos a arreglar, ¿pero entre semana?”. El ciudadano reiteró: “Entre semana hay una igual, una nada más”, a lo que Sheinbaum contestó: “ahora lo vamos a ver”.

Además, pobladores de Huehuetla denunciaron abandono por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno durante seis meses. Tras el evento, la agenda de la presidenta continuó en Acaxochitlán, donde encabezará la entrega de programas de infraestructura para el bienestar.