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En medio de la controversia generada por las recientes acciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), contra el diario The New York Times, Estados Unidos ha salido en defensa de la libertad de prensa, rechazando las críticas y expresando su compromiso con un ambiente donde los periodistas puedan informar libremente.

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, abordó el tema durante una rueda de prensa, respondiendo a las acciones de López Obrador que desataron la polémica. Jean-Pierre manifestó su desaprobación, señalando que no es algo que el gobierno estadounidense respalde. Además, condenó enérgicamente el acoso que podría derivarse de tales acciones presidenciales contra la libertad de prensa.

“Es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos”, destacó la vocera de la Casa Blanca.

El jueves pasado, López Obrador exhibió públicamente el teléfono y una carta de Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times en México, durante una conferencia de prensa. Esta acción se produjo como respuesta a la investigación que Kitroeff estaba llevando a cabo para un artículo que, finalmente, fue publicado después de los comentarios del presidente.

El artículo reveló que Estados Unidos había mantenido una investigación abierta sobre presuntos fondos del narcotráfico destinados a los hijos de López Obrador y algunos de sus aliados durante la campaña presidencial de 2018.

El incidente ha suscitado preocupaciones sobre la intimidación y el respeto a la libertad de prensa en México. Jean-Pierre subrayó la importancia de que los periodistas puedan realizar su trabajo de manera segura y sin temor a represalias, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con los principios fundamentales de la libertad de expresión.

La polémica continúa generando reacciones en el ámbito internacional, destacando la importancia de preservar un entorno en el que los periodistas puedan desempeñar su papel crucial en la sociedad, informando con independencia y responsabilidad.

En una decisión que marca un hito en la búsqueda de transparencia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una mayoría de nueve votos a favor, ha ordenado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software de espionaje Pegasus. Este revolucionario fallo rechazó los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia, consolidando así el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ponente de esta histórica resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán, fundamentó la decisión en la premisa de que la información sobre los contratos de Pegasus no constituye una amenaza a la seguridad nacional, ya que no se generó mediante tareas de investigación ni implica operaciones de inteligencia. Este dictamen enfatiza el principio democrático de que en una sociedad democrática, la información no puede ser excluida sin una ponderación razonada en cada caso concreto.

Esta medida abre una ventana al pasado, específicamente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en los cuales se llevaron a cabo las controvertidas adquisiciones del software. Colectivos y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso de Pegasus para espiar a periodistas y activistas, generando una ola de indignación y demandas por transparencia.

Sin embargo, la orden de la SCJN no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional. Se reconoce que la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población es un caso paradigmático de enorme interés público, trascendiendo las fronteras de México y resonando como una cuestión global de derechos humanos. Este software fue utilizado no sólo para vulnerar la privacidad de ciudadanos mexicanos, sino también de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en otros países.

El caso emblemático que ha puesto en entredicho la legalidad y ética del uso de Pegasus es el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de intervenir ilegalmente el teléfono de la reconocida periodista Carmen Aristegui. En una audiencia de alegatos de conclusión, la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para García Rivera, argumentando que la intervención se realizó durante la publicación de investigaciones periodísticas críticas al gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, expuso cómo la intervención del teléfono de Aristegui estaba vinculada a la publicación de reportajes clave, como el caso de la “Casa Blanca”, revelando actos de corrupción durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sánchez también señaló la existencia de un entramado de empresas fantasma y prestanombres que facilitaron la intervención ilícita de las comunicaciones de diversas personas.

La defensa de García Rivera argumentó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes y se basaban en suposiciones. Destacaron la falta de evidencia científica que demostrara la intervención del teléfono de Aristegui con Pegasus y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. La resolución de este caso, que se espera para el próximo viernes, podría tener repercusiones significativas en la percepción de justicia y rendición de cuentas en México.

En una advertencia contundente, Sanjuana Martínez, ex directora de Notimex, señaló el miércoles que, al presentar pruebas sobre presuntos actos de corrupción y “moches” en el Gobierno federal, podría afectarse la candidatura de una figura política sin mencionar directamente a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Martínez, a través de su cuenta de Facebook, aseguró que no busca perjudicar ni al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni a la próxima administración, pero afirmó tener grabaciones que involucran a diversas personas. Compartió un fragmento de una conversación con Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, acusándolo de pagar en efectivo a periodistas afines al Gobierno y liderar una campaña de ataques en su contra.

La ex funcionaria denunció amenazas de muerte y afirmó tener pruebas en su poder. En sus publicaciones, expuso que el vocero presidencial estaba involucrado en el pago en efectivo a periodistas pro 4T y en la orquestación de campañas de desprestigio utilizando fondos públicos.

A principios de enero, Martínez destapó una presunta solicitud de “moches” para financiar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Después de la extinción de Notimex, la ex directora acusó a funcionarios de la Secretaría del Trabajo de solicitar fondos ilícitos a cambio de liquidaciones para los empleados de la Agencia.

La periodista también acusó a Jesús Ramírez de promover a Adriana Urrea, lideresa del sindicato de Notimex, mientras revelaba un audio en el que el funcionario supuestamente intentaba perjudicarla durante la huelga de Notimex. Sanjuana adelantó tener más grabaciones y expresó su disposición a hacerlas públicas si es necesario.

En el polémico audio compartido, se escucha a Martínez y Ramírez discutir la negociación con diversas personas, la exclusión de algunas del trato y la posibilidad de persecución por parte de la Secretaría de la Función Pública.

Destaca que ante la consulta del medio REFORMA, Jesús Ramírez declinó hacer comentarios sobre el tema. La situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción en el Gobierno, desafiando la narrativa oficial.

La Alianza de Medios MX, integrada por una decena de medios mexicanos, expresó su repudio este sábado frente a la filtración de datos en línea de más de 300 periodistas que cuentan con acreditación para cubrir la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. La organización instó a llevar a cabo una investigación exhaustiva y a enjuiciar a los responsables.

Mediante un comunicado, la Alianza manifestó su inquietud por la exposición indebida de información de periodistas tanto nacionales como extranjeros, hecho confirmado previamente por Artículo 19 el viernes pasado.

“Desde la Alianza de Medios MX observamos con inquietud la exposición ilegal de los datos personales de 323 periodistas que han participado en la cobertura de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló la Alianza en su comunicado.

Se recordó que la violación de la información de la Presidencia resultó en la inclusión en bases de datos públicas de fotografías, identificaciones, números telefónicos, correos electrónicos, direcciones y Claves Únicas de Registro de Población (CURP) de los periodistas, poniéndolos en riesgo de sufrir ataques físicos y afectando su dignidad.

Además, la Alianza exigió a las autoridades pertinentes realizar una investigación a fondo para determinar si se trató de un hackeo informático o de una “filtración dolosa” de la información personal de los comunicadores, así como la consignación de los culpables.

El viernes, Artículo 19 confirmó la filtración de datos personales de al menos 300 reporteros que han solicitado su acreditación para la conferencia de López Obrador. Tras conocerse esta situación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el inicio de “un análisis técnico de la información pública sobre la eventual filtración de datos personales”.

Desde su asunción al poder en diciembre de 2018, López Obrador ha mantenido una forma inédita de gobernar a través de sus conferencias de prensa diarias, conocidas como las ‘mañaneras’, que duran más de dos horas cada día.

Estas conferencias han sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de la libertad de prensa debido a los ataques del presidente contra periodistas críticos de su Gobierno. Por otro lado, la oposición lo acusa de utilizar las ruedas de prensa para difundir propaganda y desinformación.

Desde junio de 2021, en la conferencia matutina se incluye el segmento ‘¿Quién es quién en las mentiras de la semana?’, en el que cada miércoles se critica a la prensa nacional por supuestas noticias falsas.