El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos que regirán la campaña electoral para la elección del Poder Judicial de la Federación, estableciendo criterios que garantizan equidad, orden y transparencia en el proceso.
Con la contienda a punto de iniciar, se definieron restricciones clave para los candidatos: queda prohibido el uso de templetes, sonido profesional y carpas en eventos públicos. Tampoco podrá utilizarse perifoneo. La consejera Carla Humphrey precisó que las reuniones en espacios abiertos están permitidas siempre que sean “no onerosas, sin erogaciones ni montajes“. Como únicos medios autorizados para amplificar la voz, se podrán emplear megáfonos y bocinas no profesionales.
Las y los aspirantes tendrán acceso a foros, universidades, podcasts y mesas de diálogo, siempre que no implique un costo adicional para la candidatura. Además, se permitirá la creación de canales en YouTube, páginas web y perfiles en redes sociales, aunque sin opción de pagar por publicidad o aumentar su alcance mediante pauta digital.
El uso de propaganda impresa estará limitado a materiales en papel biodegradable. Se autoriza que los candidatos porten camisas o prendas con su nombre, pero queda prohibido uniformar a los equipos de apoyo. No se podrán rotular vehículos ni bardas, y la instalación de espectaculares y propaganda utilitaria también queda fuera de los lineamientos permitidos.
En materia de seguridad, la consejera del INE indicó que “los vehículos blindados y el personal de seguridad podrán ser utilizados atendiendo las problemáticas en materia de seguridad que aquejan a nuestro país”. Cualquier candidato que decida contar con un equipo de seguridad deberá informar a la unidad del cargo que ocupa actualmente.
El objetivo de estas disposiciones es claro: proteger el principio de equidad en la contienda y asegurar el correcto uso de los recursos. “El INE no solo regula y fiscaliza, sino que acompaña”, destacó la consejera Humphrey.
El instituto reafirma su compromiso con una elección ordenada, legal y transparente, en la que la confianza ciudadana sea el pilar fundamental del proceso.