El Instituto Nacional Electoral (INE) ha registrado una participación sin precedentes en las modalidades de Voto de Personas en Prisión Preventiva (VPPP) y Voto Anticipado (VA) durante las elecciones concurrentes de 2023-2024.

Por primera vez, estas modalidades se implementaron en las 32 entidades federativas del país, asegurando los derechos político-electorales de grupos vulnerables. Entre el 6 y el 20 de mayo, 26,569 personas inscritas en el VPPP emitieron su voto, logrando una participación del 85.85%. De las 30,947 personas elegibles en prisiones federales y estatales, 2,203 mujeres y 24,366 hombres votaron en 214 centros penitenciarios en 31 entidades, con excepción de Yucatán.

Destacan los altos niveles de participación en Durango (94%), Estado de México y Oaxaca (93%), y Jalisco (92%). Para asegurar un voto informado, el INE transmitió debates presidenciales en los centros penitenciarios de 26 entidades, permitiendo a los votantes reflexionar sobre sus decisiones.

Además, el INE recibió 3,445 votos anticipados de las 4,002 personas con limitaciones físicas inscritas para votar desde su domicilio por correo, logrando una participación del 86.08%. La Ciudad de México lideró con un 87.81% de participación, y otros estados superaron el 90%, como Tamaulipas (100%), Yucatán (94.59%), Chiapas (93.68%), y Coahuila (92.81%).

El escrutinio y cómputo de estos votos se realizará el domingo 2 de junio, durante la Jornada Electoral, en Mesas de Escrutinio y Cómputo integradas por la ciudadanía en los Distritos Electorales Federales.

El INE ha resaltado la importancia de estos ejercicios como un avance crucial para garantizar la inclusión y el respeto a los derechos políticos de todas las personas, independientemente de su situación.

A 11 días de las elecciones del 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha visto obligado a implementar un plan extraordinario para sustituir a casi mil Asistentes Electorales con funcionarios de la propia institución. Estos Asistentes, junto con Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), conforman un grupo de alrededor de 50 mil personas contratadas temporalmente para asegurar el buen desarrollo de los comicios.

Estas funciones incluyen visitar a más de 12 millones de ciudadanos insaculados para servir como funcionarios de casilla, reclutarlos y capacitarlos, distribuir los paquetes electorales, supervisar la jornada electoral y resolver incidentes. La información generada es crucial para el Sistema Integral de Información sobre la Jornada Electoral (SIJE), el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los Conteos Rápidos.

Para el proceso electoral 2023-2024, se prevé instalar más de 170 mil casillas, y se han contratado 7 mil 124 SE y 42 mil 657 CAE. Sin embargo, al 12 de mayo se habían sustituido 14 mil 429 CAE y 7 mil 124 SE debido a que los salarios ofrecidos por el INE son menores a los del INEGI, además de la inseguridad y la falta de equipamiento adecuado, como impermeables para el personal de campo.

Estas renuncias forzaron al INE a emitir más de mil convocatorias para recontratar personal, aunque aún hay 800 CAE y 40 SE sin reemplazo. En la reunión del lunes de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral, se reconoció la gravedad de la situación, especialmente en Baja California, Chihuahua y Quintana Roo.

El consejero Jaime Rivera admitió que, aunque es normal la rotación de personal en estos procesos, la cantidad de vacantes actuales es significativa. Para abordar esto, se decidió que funcionarios de la estructura desconcentrada del INE asumirán las responsabilidades de los Asistentes Electorales.

Estas medidas urgentes deberán ser aprobadas rápidamente por el Consejo General del INE para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones.

Un total de 7,871 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina-Armada de México (Semar) y la Guardia Nacional están participando en operaciones de apoyo para las elecciones federales del próximo 2 de junio. Estos elementos colaboran con el Instituto Nacional Electoral (INE) y proporcionan seguridad a los candidatos.

Según un informe del Gobierno de México, hasta el 13 de mayo, 4,959 miembros de la Fuerza Federal de Apoyo habían participado en acciones de colaboración con el INE. De estos, 4,251 se encargan de la seguridad de instalaciones y 708 participan en operativos de traslado de papelería y equipos.

Cada uno de los 300 Consejos Distritales del INE cuenta con la custodia de 10 elementos de estas fuerzas. Además, se brinda protección al Centro Logístico de Distribución del INE y a una bodega en Tláhuac. Los traslados principales de papelería electoral ya se han realizado desde la fábrica en Chihuahua hasta los Talleres Gráficos y, de ahí, a los 300 Consejos Distritales en 22 rutas diferentes.

En cuanto a la seguridad de los candidatos, 2,912 elementos de Sedena, Semar y la Guardia Nacional están asignados a la custodia de aspirantes a diversos cargos. Hasta el 13 de mayo, se habían cubierto 469 servicios de seguridad, evaluados por Sedena para determinar el nivel de riesgo.

Entre los candidatos custodiados están las aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, así como Jorge Álvarez Maynez. También reciben protección 11 candidatos a gobernadores de las nueve entidades en disputa, 165 candidatos a senadores y diputados federales, 286 aspirantes a diputaciones estatales y presidencias municipales, además de 4 funcionarios relacionados con el proceso electoral.

Las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez no asistieron al ensayo del tercer debate presidencial en el Centro Cultural Tlatelolco, evento clave previo a las elecciones del 2 de junio. Ambas fueron invitadas a conocer el foro donde se realizará el debate, pero optaron por no acudir.

Claudia Sheinbaum ha evitado estas visitas en los dos debates anteriores, mientras que Xóchitl Gálvez rechazó por primera vez la invitación del Instituto Nacional Electoral (INE), debido a su participación como oradora principal en la concentración de la “marea rosa” en el Zócalo de la Ciudad de México.

El único candidato presente fue Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, quien aprovechó la ocasión para familiarizarse con el histórico edificio. “Este acercamiento con el INE y la concentración en nuestras propuestas nos ha sido de gran ayuda”, afirmó Máynez, confiado en que el debate puede incrementar su apoyo electoral.

El tercer debate presidencial se llevará a cabo en un set televisivo especialmente adaptado con colores naranja, gris y amarillo, y será moderado por Luisa Cantú Ríos, Carmen Elena Arcila Solís y Javier Solórzano. Los candidatos debatirán sobre temas como política social, seguridad, migración y política exterior, entre otros.

Originalmente, se había planificado un segmento de “cara a cara” entre los candidatos, pero fue modificado a preguntas leídas por los moderadores tras negociaciones con los representantes de las candidaturas.

El INE, optimista sobre el impacto del debate, espera una audiencia récord, después de que el segundo debate alcanzara los 13.7 millones de espectadores. “Llamamos a un debate de propuestas e ideas, para que los ciudadanos conozcan las plataformas de cada candidatura”, expresó Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Debates del INE.

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial por la coalición PAN, PRI y PRD, ha solicitado un cuarto debate cara a cara exclusivamente con Claudia Sheinbaum, su contrincante de la coalición Morena-PT y PVEM.

Esta propuesta surge tras ser sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) por descalificaciones hacia Sheinbaum durante el segundo debate presidencial.

A pesar de la sanción, Gálvez aseguró que seguirá expresando sus críticas hacia su rival en el próximo debate organizado por el INE, donde estará acompañada por miembros de organizaciones de madres buscadoras, mujeres con cáncer y víctimas de violencia.

En el Foro de la Diversidad Sexual, conmemorando el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, Gálvez reafirmó su compromiso con la comunidad LGBTQ+. Prometió defender sus derechos y considerar su integración en su gobierno si resulta electa. Al ser interrogada sobre un posible acuerdo del PAN con organizaciones conservadoras, Gálvez insistió en su intención de gobernar para todos y erradicar cualquier forma de discriminación.

“La presidenta soy yo, y yo voy a trabajar para todos. Será un gobierno donde caben todos, donde caben los grupos conservadores, donde caben los grupos de la diversidad. Lo que nos une es mucho más que lo que nos divide”, afirmó.

Además, Gálvez criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de traición a la patria por favorecer a la delincuencia. Esta acusación responde a una declaración de López Obrador, quien afirmó que la bandera pertenece a todos los mexicanos, incluidos “los traidores a la patria”. Gálvez señaló casos como el saludo a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la liberación de Ovidio Guzmán, argumentando que el verdadero traidor es el presidente.

Estas declaraciones reflejan el tono combativo de Gálvez y su determinación de continuar enfrentando a sus adversarios políticos directamente.

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que está todo preparado para asegurar la divulgación de las estimaciones, respaldadas científicamente, sobre los posibles ganadores de la Presidencia, gubernaturas y el Congreso de la Unión.

Durante una conferencia de prensa, los expertos del Comité de Conteos Rápidos confirmaron que mañana se llevará a cabo el tercer y último simulacro del método que se aplicará el 2 de junio. Este ejercicio, basado en resultados oficiales de muestras representativas, permitirá presentar las tendencias de la votación.

Históricamente, estos ejercicios tienen un margen de error de aproximadamente 1.5 por ciento. En caso de una contienda cerrada en la votación presidencial, se analizará el momento oportuno para difundir los números de una muestra con estimaciones estabilizadas.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y los consejeros electorales, junto con los especialistas en conteos rápidos, afirmaron que el proceso está diseñado para promover la certeza y la transparencia en los resultados electorales. Taddei subrayó que, hasta ahora, los simulacros han demostrado la eficacia del sistema, y que cualquier anuncio se realizará conforme a la ley, una vez que las tendencias sean firmes.

El Comité de Conteos Rápidos, compuesto por 11 expertos trabajando de manera separada por razones de seguridad, utilizará una muestra aleatoria de casillas, definida el 31 de mayo. Aunque los reportes no reflejarán resultados definitivos, proporcionarán confianza y certeza a los votantes.

Los expertos enfatizaron que todas las estimaciones se presentarán por intervalos y que, aunque el escenario sea cerrado, el compromiso es ofrecer resultados confiables. Este ejercicio, vigente desde hace más de 20 años, busca reforzar la confianza ciudadana en el proceso electoral.

En cuanto a los resultados para el Congreso, se presentará la conformación de las cámaras con límites superior e inferior bien definidos, asegurando así la consistencia de las estimaciones y su utilidad para el electorado.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha dictaminado la eliminación de fragmentos del segundo debate presidencial en los que Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, acusa de corrupción a Xóchitl Gálvez. Los consejeros Claudia Zavala, Rita Bell López y Arturo Castillo decidieron el 13 de mayo que tales declaraciones exceden los límites razonables del debate y presentan a Gálvez como involucrada en actividades ilegales.

La coalición Fuerza y Corazón por México, compuesta por PAN, PRD y PRI, respaldó la denuncia de Gálvez, alegando que la acusación de corrupción daña su reputación y afecta su candidatura presidencial. La comisión del INE aprobó por unanimidad retirar del sitio web del Instituto los segmentos del debate donde Sheinbaum usa términos como “corrupta” y “extorsión”, al considerar que podrían implicar falsamente delitos y afectar el proceso electoral.

Asimismo, el INE también ordenó eliminar el término “narcocandidata” empleado por Gálvez contra Sheinbaum. Sin embargo, rechazaron otras medidas cautelares solicitadas por Gálvez al no encontrar pruebas claras de que constituyeran calumnia, considerándolas opiniones críticas protegidas por la libertad de expresión.

Durante la sesión, Zavala y López expresaron su apoyo a su colega Arturo Castillo, quien fue criticado por la senadora Lily Téllez. López explicó que los consejeros no elaboran los proyectos, sino que estos son preparados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTEC), y que su papel es revisar y armonizar los criterios antes de votar.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respaldó la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de no implementar medidas específicas para evitar el uso político de programas sociales durante el proceso electoral.

El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) habían propuesto esta medida en la sesión del 11 de abril, pero los consejeros del INE rechazaron la propuesta unánimemente. Ante esta negativa, los partidos impugnaron la decisión ante el Tribunal Electoral.

La resolución, redactada por la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, recibió cuatro votos a favor, incluyendo el de ella, y uno en contra de la magistrada Janine Otálora Malassis. Soto Fregoso argumentó que la regulación de los programas sociales ya está contemplada en el artículo 134 de la Constitución, lo que asegura su apego a su objetivo y reglas de operación, evitando su uso con fines políticos.

“La controversia no se trata sobre la constitucionalidad de los programas sociales, ya que estos están protegidos y establecidos en nuestra Constitución. Deben ejercerse bajo los principios democráticos y de integridad electoral, por lo que la propuesta confirma la decisión impugnada”, explicó.

Soto Fregoso también destacó que la Sala Superior del TEPJF ha establecido que no hay una obligación específica de suspender la entrega de programas sociales durante las campañas, siempre y cuando no se distribuyan en eventos masivos o de manera que afecte la equidad en la contienda.

Finalmente, aclaró que el Consejo General del INE y sus áreas técnicas no tienen la obligación de elaborar contrapropuestas a las sugerencias presentadas unilateralmente por los partidos recurrentes, ya que ese no es el procedimiento legal o reglamentario.