La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respaldó la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de no implementar medidas específicas para evitar el uso político de programas sociales durante el proceso electoral.
El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) habían propuesto esta medida en la sesión del 11 de abril, pero los consejeros del INE rechazaron la propuesta unánimemente. Ante esta negativa, los partidos impugnaron la decisión ante el Tribunal Electoral.
La resolución, redactada por la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, recibió cuatro votos a favor, incluyendo el de ella, y uno en contra de la magistrada Janine Otálora Malassis. Soto Fregoso argumentó que la regulación de los programas sociales ya está contemplada en el artículo 134 de la Constitución, lo que asegura su apego a su objetivo y reglas de operación, evitando su uso con fines políticos.
“La controversia no se trata sobre la constitucionalidad de los programas sociales, ya que estos están protegidos y establecidos en nuestra Constitución. Deben ejercerse bajo los principios democráticos y de integridad electoral, por lo que la propuesta confirma la decisión impugnada”, explicó.
Soto Fregoso también destacó que la Sala Superior del TEPJF ha establecido que no hay una obligación específica de suspender la entrega de programas sociales durante las campañas, siempre y cuando no se distribuyan en eventos masivos o de manera que afecte la equidad en la contienda.
Finalmente, aclaró que el Consejo General del INE y sus áreas técnicas no tienen la obligación de elaborar contrapropuestas a las sugerencias presentadas unilateralmente por los partidos recurrentes, ya que ese no es el procedimiento legal o reglamentario.