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Con 87 votos a favor, Rosario Piedra Ibarra fue reelecta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029. En la votación, Nashieli Ramírez obtuvo 36 votos y Paulina Hernández solo uno. La elección se llevó a cabo mediante un proceso en el que los senadores tuvieron que recoger su boleta, firmar una lista y, finalmente, emitir su voto por una de las tres candidatas propuestas.

Para asegurar el triunfo de Piedra Ibarra, senadores de los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM) mostraron previamente su voto antes de depositarlo en la urna. De esta manera, aquellos que se oponían a la reelección de la actual presidenta de la CNDH quedaron imposibilitados para manifestar su desacuerdo. Por otro lado, miembros del PAN y PRI aprovecharon la mampara dispuesta por los senadores panistas para votar en privado.

A pesar de la polémica que rodeó su nombramiento y de las críticas que recibió tanto por su baja calificación como por haber presentado una carta falsa de apoyo del obispo emérito Raúl Vera, Piedra Ibarra parecía encaminarse hacia su reelección. Este proceso, que recuerda la división generada hace cinco años, ha vuelto a generar controversia, esta vez dentro de la bancada oficialista, donde varios senadores de Morena, PT y PVEM expresaron su desacuerdo con mantenerla en el cargo. Sin embargo, la operación política encabezada por el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, fue clave para asegurar que incluso aquellos opositores votaran a favor de la reelección.

Según fuentes cercanas al oficialismo, López les había informado a los senadores que, en caso de no garantizarse los votos a favor de la actual titular, las boletas serían entregadas previamente marcadas. Aunque esta medida finalmente no se implementó, la estrategia política resultó eficaz para lograr la reelección de Piedra Ibarra.

En cuanto al proceso, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Asencio, aclaró las críticas sobre la carta falsa entregada por Rosario Piedra Ibarra, en la que se supuestamente se incluía el apoyo del obispo Raúl Vera. Asencio destacó que dicho documento “no formó parte del proceso”, ya que fue recibido fuera del plazo establecido.

Por otro lado, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y crítico abierto de la reelección de Piedra Ibarra, no subió a presentar el dictamen correspondiente, pese a que le correspondía. En la discusión del dictamen, el senador panista Ricardo Anaya recordó que, de las 3,500 quejas presentadas contra la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el 99% de los casos, Piedra Ibarra se alineó con el poder y dejó de lado a las víctimas. Asimismo, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, lamentó que Piedra Ibarra, la peor evaluada entre los más de 40 aspirantes, fuera reelegida, excluyendo así a otros perfiles más capacitados para el cargo.

El Congreso de Jalisco, con mayoría de Movimiento Ciudadano, decidió no apoyar la reforma judicial durante una sesión extraordinaria que comenzó a las 21:00 horas del jueves 12 de septiembre y concluyó pasada la medianoche.

Con 26 votos a favor y 10 en contra, los diputados de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI respaldaron el dictamen que rechaza las modificaciones propuestas. A pesar de esta decisión, la reforma ya ha sido aprobada por 21 congresos locales, lo que es suficiente para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

Los principales argumentos en contra de la reforma judicial giraron en torno a la supuesta violación de la separación de poderes, la metodología en la selección de jueces y la falta de garantías para erradicar el nepotismo y la corrupción, según los legisladores opositores.

Estados que han aprobado la reforma judicial

Hasta ahora, 21 congresos locales han dado su visto bueno a la reforma constitucional, tras sesiones en las que se analizó, discutió y votó la iniciativa. El Congreso de Oaxaca fue el primero en aprobarla, convocando una sesión extraordinaria en la que, por unanimidad, los legisladores de Morena y la oposición votaron a favor de la reforma.

¿Qué plantea la reforma judicial?

Entre las medidas clave de la reforma judicial se encuentra la renovación completa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del 50% de los jueces, quienes serían elegidos mediante voto popular. La primera elección está programada para el primer domingo de junio de 2025, con una segunda elección ordinaria en 2027, coincidiendo con los comicios federales.

Suspensión de la discusión en Chihuahua

En contraste, el Congreso del Estado de Chihuahua suspendió el debate sobre la reforma judicial después de recibir una orden judicial. El coordinador del PAN, Alfredo Chávez Madrid, informó que el dictamen fue retirado del orden del día para cumplir con la resolución.

Durante una manifestación de trabajadores del Poder Judicial y abogados, Chávez reafirmó que su partido no permitirá que la justicia sea controlada por intereses políticos. Diputados del PRI y Movimiento Ciudadano también apoyaron la postura de no aprobar la reforma en Chihuahua, argumentando que el procedimiento seguido por Morena es irregular y carece de sustento legal.

A pesar de la oposición en Chihuahua, la reforma ha obtenido el respaldo necesario a nivel nacional para ser promulgada.

Con la participación de 37 de los 38 senadores que conforman las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se llevó a cabo una sesión clave en la Cámara Alta para debatir y votar el dictamen de la reforma judicial.

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos Ricardo Anaya, Marko Cortés, Gustavo Sánchez Vázquez y Mayuli Latifa Martínez, mostraron cautela durante la sesión. Manifestaron su preocupación debido a la existencia de órdenes judiciales que, según señalaron, podrían detener el avance del proceso legislativo de la reforma.

El desarrollo de la sesión siguió un programa previamente acordado: primero, se realizó la lectura o presentación del dictamen. Posteriormente, los grupos parlamentarios fijaron su postura en un lapso de 10 minutos por partido, en el siguiente orden: Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde, PRI, PAN y Morena.

Después de estas exposiciones, inició la discusión en lo general, con un mínimo de tres rondas de debate. Cada ronda contó con intervenciones de hasta cinco minutos, en las que participaron tres senadores a favor y tres en contra de la reforma.

Los miembros de las comisiones dictaminadoras tuvieron la oportunidad de presentar reservas al dictamen durante la discusión en lo general. Estas propuestas debían entregarse por escrito, respetando las prácticas parlamentarias habituales.

Al concluir las intervenciones, la presidencia de las comisiones consultó si el debate había sido suficiente. Si la mayoría consideraba que no, se abriría una nueva ronda de intervenciones bajo los mismos términos. Si la mayoría afirmaba que el debate había sido exhaustivo, se informaría a los integrantes sobre el siguiente paso.

Finalmente, tras agotar las discusiones, se procedió a votar en lo general el dictamen, junto con los artículos no reservados.