Alerta Electoral ante 16 Aspirantes Asesinados y 50 Casos de Violencia

En un informe alarmante, el Laboratorio Electoral revela que en los últimos nueve meses, se han registrado 50 casos de violencia relacionada con el proceso electoral en México, incluyendo 33 asesinatos, de los cuales 16 aspiraban a cargos de elección popular. Este sombrío panorama arroja luces sobre la peligrosa situación que enfrentan los participantes en la contienda política, con el mes de enero destacando como el más violento con ocho asesinatos registrados.

La violencia ha golpeado con mayor fuerza a los militantes de Morena, siendo cinco de los 16 aspirantes asesinados miembros de este partido. Le siguen en la lista el PAN con cuatro, Movimiento Ciudadano con tres, y el PRD, PRI y Partido Verde, con dos, respectivamente. Esta situación desata preocupación sobre la seguridad de quienes buscan servir a través de la política, destacando la vulnerabilidad de aquellos que aspiran a cargos públicos.

La geografía de la violencia electoral se extiende por 13 entidades federativas, siendo Guerrero la más afectada con ocho casos, seguida de Veracruz y Michoacán, ambas con cinco. La repetición de Guerrero como epicentro de la violencia electoral, también observada en 2018 y 2021, subraya la urgencia de abordar la situación en este estado.

El análisis del Laboratorio Electoral se ha extendido más allá de las fechas oficiales del proceso electoral, abarcando el periodo de junio de 2023 a septiembre de 2024 debido a los procesos de selección de candidaturas realizados de manera anticipada. Este enfoque permite identificar tendencias y patrones que podrían ser fundamentales para abordar y prevenir la violencia en futuros procesos electorales.

El informe también destaca que, aunque el PRI lideró las víctimas electorales mortales en 2018, en la actualidad, Morena es el partido más afectado por la violencia política, resaltando la gravedad del problema en el contexto actual. Además, el PRD, a pesar de su estatus como partido pequeño, exhibe una preocupante estabilidad en el número de víctimas mortales de violencia.

La violencia no se limita a los aspirantes, ya que se han registrado 41 casos de violencia política no electoral contra funcionarios, sus familiares, antiguos legisladores y/o aspirantes a cargos. Estos incluyen seis atentados/ataques armados, dos amenazas, dos secuestros y un caso de denuncia de Violencia Política de Género (VPG).

Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, advierte que el 2024 podría convertirse en el proceso más violento en la historia del país, subrayando la necesidad urgente de abordar y revertir esta tendencia alarmante que amenaza la democracia y la participación política en México.

Gobierno declara utilidad pública de planta de hidrógeno en refinería de Tula

Por segunda vez, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía (Sener), ha anunciado la declaración de utilidad pública de la planta de hidrógeno ubicada en la refinería de Tula, Hidalgo, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Sener ha especificado que esta declaración de utilidad pública, que no equivale a una expropiación, está a favor de la petrolera estatal. Esto ocurre apenas un mes después de que la administración federal ordenara la ocupación temporal de la misma.

El nuevo decreto enfatiza el papel del Estado en el desarrollo nacional, subrayando la importancia de fortalecer la soberanía nacional a través del fomento del crecimiento económico y una distribución equitativa de la riqueza.

Se hace mención en el documento de la construcción de la planta de hidrógeno U-3400 en 1992, respondiendo a la demanda de hidrógeno para la modernización de los procesos en la refinería Miguel Hidalgo y Costilla en Tula, Hidalgo.

Sin embargo, debido a la situación financiera de Pemex y los cambios provocados por la reforma energética de la administración anterior, la planta fue vendida a Air Liquide México por 52 millones 700 mil dólares, estableciendo un contrato de suministro de hidrógeno por 20 años.

La Sener argumenta que la dependencia de un tercero para el suministro de hidrógeno pone en riesgo la producción de gasolinas y diésel en la refinería de Tula, lo que justifica la necesidad de que Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) recupere la actividad en la planta.

Se destaca que esta recuperación beneficiará a la colectividad y contribuirá al desarrollo económico del país, asegurando la continuidad de la refinación de petróleo y recuperando la soberanía energética.

Air Liquide tiene un plazo de 15 días hábiles para responder ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sener luego de la notificación o la segunda publicación en el DOF, presentando sus argumentos y pruebas pertinentes.

La SCJN aprueba divulgación de contratos de energía eléctrica en Baja California

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado luz verde a la divulgación de los contratos celebrados con 28 empresas y los precios de adquisición de energía eléctrica para el estado de Baja California en el año 2022.

Este fallo del máximo tribunal ha rechazado los argumentos que sostenían que revelar estos acuerdos comerciales podría comprometer la seguridad nacional y conducir a prácticas colusorias que aumenten los costos de energía, especialmente en situaciones de emergencia.

Con una votación de ocho contra tres, se rechazó el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, argumentando que los fundamentos presentados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal (CJPEF) eran insuficientes y no se proporcionaron pruebas concretas del posible daño a la industria eléctrica nacional debido a la divulgación de precios de contratos de 2022.

El ministro Juan Luis González Alcántara afirmó que no existen pruebas que sugieran que la divulgación de estos contratos y precios pueda provocar aumentos desproporcionados en las cotizaciones o impactar negativamente en la confiabilidad del sistema eléctrico, lo que sería un riesgo para la seguridad nacional.

Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra de restringir la entrega de datos según lo ordenado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en relación con la información del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Señaló que los problemas de competencia económica y posibles actos de corrupción son asuntos ajenos al INAI.

El proyecto de Ortiz Ahlf contaba con el respaldo de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmin Esquivel Mossa. Batres destacó la importancia de un sistema eléctrico nacional seguro y eficiente, mientras que Esquivel Mossa advirtió sobre los riesgos para la seguridad nacional asociados con la divulgación de estos contratos y precios.

Tras la decisión del Pleno de la Corte, la ministra Ortiz Ahlf indicó que los contratos y precios divulgados responden a protocolos correctivos de emergencia para evitar cortes de suministro eléctrico en Baja California, una situación recurrente que debe abordarse con transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades.

El fallo de la SCJN refuerza el principio de máxima publicidad establecido en el artículo sexto de la Constitución mexicana, destacando la importancia de la transparencia en la gestión de los recursos energéticos del país y garantizando que los ciudadanos tengan acceso a información relevante para el bienestar colectivo.