En un suceso alarmante, el cuerpo del periodista Víctor Alfonso Culebro Morales, de 39 años, fue hallado sin vida en el kilómetro 28 de la carretera Ocozocoautla de Espinosa-Arriaga, cerca del Ejido Tierra y Libertad, en el municipio de Jiquipilas, Chiapas. Este hallazgo no solo conmociona a su familia y colegas, sino que también subraya los peligros persistentes que enfrentan los periodistas en México. 

Víctor Culebro Morales, director del portal “Realidades, Periodismo con verdad”, fue encontrado con signos evidentes de tortura: sus manos atadas, el rostro cubierto con cinta aislante y el cuerpo presentando impactos de bala. Este brutal asesinato no es solo un ataque personal, sino un intento de silenciar la voz crítica de un comunicador comprometido con la verdad. Su muerte resuena en un país donde la violencia contra la prensa ha cobrado múltiples vidas.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Distrito Centro, ha iniciado investigaciones para encontrar a los responsables de este homicidio calificado. Sin embargo, la historia reciente en Chiapas nos recuerda que muchos casos similares quedan sin resolver, y las familias de las víctimas continúan buscando justicia en un sistema que a menudo parece indiferente.

Víctor no era solo un periodista; era un padre, hijo y miembro activo de su comunidad. Nacido en San Cristóbal de Las Casas, vivía en el barrio Santo Domingo del municipio de Cintalapa, junto a su pareja y dos hijos. Además de su labor periodística, gestionaba un negocio de venta de agua en pipas, lo que reflejaba su conexión y compromiso con su comunidad. Este contexto personal añade un peso adicional a su trágica desaparición, dejando a una familia rota y una comunidad en duelo.

El legado político de su familia también enmarca este suceso en un contexto más amplio. Su padre, Mario Carlos Culebro Velasco, ha sido una figura política prominente en Chiapas, ocupando cargos como secretario de Gobierno y coordinador de campaña del Partido Verde Ecologista de México en Tapachula. Este trasfondo político plantea interrogantes sobre los posibles motivos detrás del asesinato de Víctor, aunque, por ahora, las autoridades no han establecido vínculos directos.

En Chiapas, los asesinatos de periodistas han sido lamentablemente recurrentes. Desde 2018, varios comunicadores han perdido la vida en circunstancias violentas, destacando el alto riesgo que enfrentan aquellos que se atreven a denunciar y criticar situaciones locales. Este panorama sombrío es un recordatorio de la lucha diaria por la libertad de expresión en una región donde la impunidad parece ser la norma.

La muerte de Víctor Culebro Morales debe servir como un llamado de atención urgente a las autoridades para que tomen medidas efectivas en la protección de los periodistas y garanticen justicia para las víctimas de violencia. La comunidad periodística de Chiapas y de todo México se une en un grito común: basta de impunidad, basta de silenciar las voces críticas.

Mientras las investigaciones continúan, la memoria de Víctor, al igual que la de otros periodistas caídos, debe mantenerse viva como un símbolo de la lucha constante por la verdad y la justicia. Su legado en “Realidades, Periodismo con verdad” es un recordatorio permanente de que el periodismo libre e independiente es esencial para la democracia y la justicia social.

Después de una serie de solicitudes y evaluaciones médicas, el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, obtuvo la autorización para cumplir su proceso en prisión domiciliaria debido a su estado de salud. 

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Juan José Hernández Leyva, accedió a la petición de la defensa de Murillo Karam, considerando su avanzada edad, 76 años, y su historial médico, que incluye enfermedad obstructiva crónica, hipertensión arterial e insuficiencia vascular cerebral.

La medida fue concedida luego de que el Primer Tribunal Colegiado Penal resolviera a favor del exprocurador el pasado 4 de abril, respaldando la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por sus abogados.

Jesús Murillo Karam enfrenta acusaciones relacionadas con delitos graves, incluyendo desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Desde su detención en agosto de 2022, ha permanecido en prisión preventiva, bajo la custodia del Estado.

A lo largo de su detención, Murillo Karam ha experimentado diversos problemas de salud que han requerido atención médica especializada. Se ha sometido a procedimientos quirúrgicos delicados, como una Edarterecotomía Carotídea, debido a una carótida obstruida que lo pone en riesgo de complicaciones graves, incluyendo coágulos cerebrales.

Además de su condición cardiovascular, el exprocurador padece de hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y otras afecciones crónicas que han sido motivo de preocupación para sus médicos tratantes.

La concesión de la prisión domiciliaria no solo responde a la necesidad de garantizar la salud y el bienestar de Jesús Murillo Karam, sino que también refleja la responsabilidad del sistema judicial en salvaguardar los derechos fundamentales de los acusados, independientemente de la gravedad de los cargos en su contra.

Si bien la medida representa un cambio en las condiciones de detención del exprocurador, el proceso legal en su contra continúa, y se espera que se lleve a cabo bajo la supervisión y las condiciones establecidas por las autoridades judiciales pertinentes.

La decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam subraya la importancia de considerar la salud y las circunstancias individuales de los acusados en el sistema de justicia penal, garantizando así un equilibrio entre la aplicación de la ley y el respeto por los derechos humanos.