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En una reunión llevada a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión de Seguimiento al Proceso Electoral de la Cámara de Diputados, integrada por miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se reunió con Rosa Icela Rodríguez para discutir la protección de los candidatos involucrados en el proceso electoral.

Durante el encuentro, líderes legislativos de diversos partidos políticos, incluyendo PRI, PAN, PRD, MC, Morena, PT y PVEM, expresaron su preocupación por el complejo proceso que conlleva solicitar protección federal a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y pasar por un filtro de seguridad.

Rodríguez informó que hasta el momento, la SSPC ha recibido 30 solicitudes de protección, a pesar de que el INE reporta 79 solicitudes, indicando un retraso en el procesamiento de las mismas.

Los legisladores presentes expresaron su escepticismo ante el número relativamente bajo de solicitudes recibidas, considerando que casi 100 mil aspirantes compiten por más de 20 mil cargos. Exigieron un modelo más eficiente para garantizar protección inmediata a los aspirantes.

En respuesta, Rodríguez se comprometió a revisar la petición y ofreció reuniones directas entre los líderes partidistas y el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, para abordar casos urgentes.

Además, se discutieron preocupaciones sobre la reducción en la cifra de homicidios presentada por la secretaria, con algunos asistentes cuestionando la veracidad de los datos.

Se solicitó también un mapa de riesgos por parte del Estado, pero Rodríguez explicó que esta tarea corresponde a los gobernadores de cada entidad.

Antes de concluir, se anunció que el jueves se llevará a cabo otra reunión de la Comisión en San Lázaro para diseñar un plan que asegure la protección de los candidatos en los 50 municipios de cuatro entidades considerados como peligrosos.

El coordinador de la bancada de Morena, Mier Velazco, detalló que esta reunión permitirá abordar la situación de los candidatos en estas zonas críticas, especialmente en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Guanajuato.

Se determinó que la reunión será a puerta cerrada para garantizar la privacidad y la efectividad de las discusiones.

En el escenario nacional mexicano, las cifras de homicidios del primer semestre de 2023 han sido reveladas de manera preliminar por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desencadenando un análisis exhaustivo de la situación en el país.

Con 15,082 homicidios registrados de enero a junio, la tasa se sitúa en 12 homicidios por cada 100,000 habitantes, marcando un descenso respecto al mismo periodo de 2022, donde la tasa fue de 13 homicidios por cada 100,000 habitantes.

En el desglose de género, los hombres experimentaron una tasa de 21 homicidios por cada 100,000 habitantes, representando una leve disminución en comparación con 2022, donde la tasa era de 22. En contraste, las mujeres presentaron una tasa de 2.6 homicidios por cada 100,000 habitantes durante el primer semestre de 2023.

Estas estadísticas preliminares se derivan de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), que recopilan datos de registros administrativos de defunciones accidentales y violentas provenientes de entidades como el Registro Civil, Servicios Médicos Forenses y Agencias del Ministerio Público.

Es crucial destacar que, a pesar de los esfuerzos por abordar la violencia en México, aún persisten desafíos significativos. La tasa semestral de homicidios, aunque en descenso, sugiere que se requiere una atención constante para abordar las causas subyacentes de la violencia en la nación.

El informe del Inegi, emitido una semana después del reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalla que la tasa de homicidios entre hombres ha disminuido a 21 por cada 100,000 habitantes, mientras que para las mujeres ha bajado a 2.6 por cada 100,000. Estos números reflejan un panorama en constante cambio y plantean preguntas sobre las estrategias de seguridad implementadas en el país.

El análisis de la Guardia Nacional revela un aumento significativo en la detención de migrantes durante su tránsito por México hacia la frontera con Estados Unidos. En 2022, se registraron 177,166 detenciones, representando un aumento del 462.5% en comparación con el año anterior, donde se reportaron 31,494 “personas rescatadas en contexto de movilidad”. Este incremento plantea interrogantes sobre la gestión de la movilidad en la región y destaca la necesidad de abordar las causas fundamentales de la migración.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la percepción de inseguridad en México ha experimentado variaciones. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi revela que, en septiembre, el 61.4% de los mexicanos mayores de 18 años consideraba que vivir en su ciudad era inseguro. Aunque esta cifra no muestra un cambio significativo respecto a junio, sí refleja una disminución en comparación con septiembre de 2022.

La variabilidad en la percepción de seguridad entre ciudades es notable. Fresnillo, Ciudad Obregón y Zacatecas lideran las ciudades con mayores porcentajes de percepción de inseguridad, mientras que Benito Juárez, Piedras Negras y San Pedro Garza García son consideradas menos inseguras.

Es crucial destacar que la percepción de inseguridad tiene implicaciones más allá de los números. Afecta la calidad de vida de los ciudadanos y puede tener un impacto en la dinámica social y económica de las comunidades. Es imperativo que las autoridades trabajen de manera proactiva para abordar estas preocupaciones y fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad.