Día: 29 julio, 2025

La industria del cine ya no suena solo en inglés. Hoy, el español también marca la pauta en Hollywood y lo hace con fuerza. Actores y actrices de origen latino, nacidos tanto en América Latina como en Estados Unidos, están cobrando cheques millonarios y protagonizando las franquicias más grandes del mundo. De Avatar a The Last of Us, del Latin GRAMMY al Óscar… el talento latino ya no se esconde, brilla yfactura.

Pedro Pascal, chileno de nacimiento y con un nivel actoral de otro mundo, está ganando 600 mil dólares por episodio en The Last of Us. Sí, el mismo que hizo que el apocalipsis se viera casi poético. Zoe Saldaña, con sangre dominicana y puertorriqueña, no se queda atrás: lidera las dos franquicias más taquilleras de la historia (Avatar y Avengers) y se llevó un Óscar por Emilia Pérez. Así, casual.

Salma Hayek, la mexicana que sigue siendo fuego puro en pantalla, suma 200 millones de dólares de fortuna y al menos 10 millones por su papel en Eternals. “Nunca pensé que sería una superheroína mexicana a mis 50 años”, dijo una vez. Y lo fue, con estilo y poder.

Desde Colombia, Sofía Vergara rompió moldes y récords como la actriz mejor pagada en su momento por Modern Family, con 500 mil por episodio y 180 millones en su cuenta. Benicio del Toro, puertorriqueño de impacto, ganador del Óscar por Traffic, suma 45 millones tras dejar huella en Star Wars y Sicario.

 Ana de Armas, cubana imparable, se ganó un lugar con papeles potentes en Knives Out, James Bond yBlonde. Cobra casi un millón por proyecto. Y Andy García, ícono de Cuba en Hollywood, ya suma más de 100 películas y una fortuna de 20 millones. Nivel leyenda.

Ahora, del lado made in USA, los latinos también rompen fuerte. Selena Gomez, texana con raíces mexicanas, es un fenómeno total. Productora, actriz, cantante y empresaria, con una fortuna estimada de mil millones de dólares y 6 millones por temporada de Only Murders in the Building.

Jennifer Lopez, con 400 millones acumulados y contratos millonarios por American Idol y su música, es símbolo de constancia y visión. Jessica Alba construyó un imperio que la llevó a sumar 200 millones. Y no se olvida a nombres como Eva Mendes, Rosario Dawson, Michael Peña, Wilmer Valderrama, Jay Hernandez… todos dejando huella con talento, carisma y disciplina.

El informe de Spoiler.mx lo deja claro: el poder latino no es moda, es una nueva realidad en Hollywood. Ya no están en segundo plano. Están al frente, cobrando cheques enormes, ganando premios y cambiando las reglas del juego. La historia está cambiando… y se cuenta en español.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este martes una estrategia integral para combatir el delito de despojo de inmuebles, un fenómeno que definió como “uno de los más graves y dolorosos” para las familias capitalinas. Durante la conferencia matutina, anunció la instalación oficial del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, que ya opera desde hace cuatro meses, y que busca coordinar acciones institucionales para enfrentar este delito estructural y multifactorial.

El gabinete está encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde. Lo integran también instancias clave como el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Público de la Propiedad, la Consejería Jurídica, Protección Civil, Patrimonio Inmobiliario y, próximamente, la Comisión de Derechos Humanos local, con el fin de garantizar un enfoque con perspectiva de derechos.

Uno de los pilares de la estrategia es la creación de una Unidad Operativa Especializada Contra el Despojo, adscrita a la Secretaría de Gobierno. Su función será atender casos específicos con celeridad y coordinación interinstitucional. Además, se implementará una campaña ciudadana de prevención para informar sobre prácticas fraudulentas, fomentar la cultura de la legalidad y promover el conocimiento de los derechos patrimoniales.

En el plano legislativo, Brugada anunció que enviará al Congreso local un paquete de reformas para endurecer el castigo a quienes cometan este delito. Entre las principales propuestas destacan penas de prisión que van de 6 a 11 años en su tipo base, y de 12 a 22 años sin derecho a fianza en casos agravados. Estas agravantes incluyen el uso de violencia, daño físico a los inmuebles, impedimento del uso del bien, simulación de actos jurídicos como compraventas falsas, o participación de servidores públicos, notarios, corredores inmobiliarios o personas que usurpen funciones de autoridad.

Las reformas también amplían la definición legal del delito de despojo, incluyendo esquemas encubiertos y nuevos tipos de fraude, lo que permitirá una persecución penal más eficaz. Se contemplan medidas de protección cautelar desde la detección del riesgo, para impedir que el despojo se consolide legalmente, protegiendo así el patrimonio de las víctimas desde el inicio del proceso.

Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde informó que en lo que va de 2025 se han registrado 2 mil 245 denuncias por despojo, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior. Las alcaldías con mayor número de casos son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Con este plan, el Gobierno capitalino busca reforzar sus capacidades institucionales, garantizar el acceso a la justicia, y proteger a los grupos más vulnerables frente a un delito que, según Brugada, “rompe vínculos familiares y comunitarios”.

A partir del 1 de septiembre, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsará una nueva reforma electoral que busca, entre otros puntos clave, recortar en un 50% el financiamiento público a los partidos políticos. Esta propuesta, que ya había sido rechazada en 2019, contempla también reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y modificar el sistema de representación proporcional que actualmente incluye a 200 diputados y 32 senadores.

El proyecto, en elaboración por el senador Ricardo Monreal Ávila con base en los lineamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, será enviado desde Palacio Nacional al Congreso de la Unión como parte del paquete de reformas prioritarias de la llamada Cuarta Transformación. 

Sin embargo, Morena enfrenta nuevamente un panorama legislativo complejo. En su primer intento, realizado en la última sesión del periodo ordinario del 12 de diciembre de 2019, los aliados Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) votaron en contra del recorte, alineándose con la oposición. Solo la entonces diputada petista Rosa María Bayardo Cabrera votó a favor, mientras otros integrantes del PT se ausentaron de la sesión.

La diputada Lilia Aguilar Gil, vocera del PT, reiteró su postura basada en la reforma electoral de 2014: “Esto para evitar la intromisión del crimen organizado en las fuerzas políticas y de los poderes fácticos en general, se debe fortalecer a las instituciones públicas que dan acceso al poder”. Aclaró que no puede emitir una posición definitiva hasta conocer el texto oficial de la nueva iniciativa.

Desde el PVEM, el coordinador parlamentario Carlos Puente Salas también se mostró cauteloso. Aunque remarcó la importancia de la equidad en la asignación de recursos y tiempos de medios, señaló que no puede anticipar una postura sin conocer la redacción final. “Es como una carrera de 100 metros, ¿por qué unos arrancan en el metro 40 y otros en el uno? No es parejo”, recordó, citando al entonces vicecoordinador Arturo Escobar en el debate de 2019.

Puente añadió que las prerrogativas no se limitan al dinero, sino también a la difusión en medios, donde existen disparidades significativas. “Podemos coincidir en la reducción si se va a repartir de manera equitativa entre los partidos”, puntualizó.

Durante la votación de 2019, 30 diputados del PT se pronunciaron en contra, incluidos Reginaldo Sandoval, Mary Carmen Bernal Martínez y José Luis Montalvo, además de Alfredo Femat, quien ahora forma parte de la bancada de Morena.

En ese mismo debate, el diputado del PAN, José Elías Lixa, recordó que en 2017 en Yucatán se redujo el financiamiento público en un 50%, pero fue Morena quien presentó una acción de inconstitucionalidad para revertir esa decisión, encabezada entonces por Andrés Manuel López Obrador.

Con este nuevo intento, Morena busca retomar la iniciativa en el arranque del nuevo periodo legislativo. A pesar de las diferencias internas y el escepticismo de sus aliados, el partido gobernante perfila una de sus reformas más emblemáticas en materia electoral para los próximos meses.