En un preocupante episodio de violencia política, Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a la candidatura de Morena para la alcaldía de San Fernando, Chiapas, fue blanco de un ataque armado la noche del martes. Aunque salió ileso, su camioneta resultó con impactos de bala, evidenciando la creciente amenaza que enfrentan los aspirantes en el proceso electoral.

El aspirante, a través de sus redes sociales, denunció el atentado y expresó su consternación por la situación. “Tuvimos un atentado, nos acaban de disparar con la camioneta. Se alcanza a ver el cristal roto. Quiero hacer una denuncia, quien salga responsable de la situación. Ahorita nos vamos a dirigir a levantar una demanda ya en forma”, declaró.

A pesar de la urgencia de la situación, Orantes Villatoro señaló que experimentó demoras al acudir a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Tuxtla Gutiérrez.

El cristal trasero de su vehículo mostraba un agujero provocado por un proyectil de arma de fuego, dejándolo varado frente a la institución pública federal hasta recibir la atención correspondiente. La condena de los hechos por parte del morenista resuena fuertemente, haciendo un llamado a las autoridades para que redoblen los esfuerzos en materia de seguridad.

En un incidente paralelo que subraya la gravedad de la situación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el crimen organizado está detrás del asesinato de los precandidatos Miguel Ángel Zavala Reyes (Morena) y Armando Pérez Luna (PAN) en Maravatío.

El fiscal general, Adrián López Solís, reveló que la intromisión de grupos criminales busca “quitar de en medio” a los posibles candidatos, quienes se encontraban en la fase de precandidatura en sus respectivos partidos.

“Todo parece indicar que en efecto, se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse en medio a los posibles candidatos, que en este momento tenían la condición de precandidatos en los procesos internos de sus partido”, manifestó López Solís.

Destacó que ninguna de las víctimas había presentado denuncias previas por amenazas, pero hay indicios de que grupos criminales buscan influir en el proceso electoral de la región oriental de Michoacán.

El fiscal identificó a sujetos pertenecientes a bandas delincuenciales con intereses en la región, cuyo objetivo es el control territorial y la realización de actividades delincuenciales. Ante esta situación, la FGE se comprometió a atender denuncias de precandidatos o candidatos en riesgo, y a proporcionar medidas de protección para garantizar su seguridad.

Este lamentable episodio subraya la urgencia de abordar la violencia política que amenaza la integridad de los aspirantes y el proceso democrático en México. Las autoridades deben actuar con determinación para garantizar la seguridad de quienes participan en la contienda electoral y preservar la estabilidad del sistema democrático del país.

En el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha impuesto un total de 162 sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Dentro de este universo disciplinario, se destaca que algunos individuos recibieron dos o más castigos por diversas transgresiones.

Según el reporte del organismo, de estas sanciones, 53 corresponden a inhabilitaciones que pueden extenderse hasta por 10 años, 32 a suspensiones con un máximo de un año, 23 a destituciones y 54 a diversas formas de amonestaciones, ya sean privadas, públicas, apercibimientos privados o sanciones económicas.

Las razones detrás de estas medidas disciplinarias incluyen conductas como acoso y hostigamiento sexual, abuso de autoridad, así como actos contrarios a los principios de legalidad, honradez y lealtad. Entre otras faltas se mencionan la omisión de declaraciones patrimoniales veraces, abuso de funciones, cohecho y falta de profesionalismo en el ejercicio de sus labores, entre otras.

Estas acciones se enmarcan en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos afectados por las sanciones abarcan distintos cargos, desde jueces de Distrito y magistrados de circuito hasta actuarios judiciales, directores generales, secretarios de juzgados y oficiales administrativos.

En respuesta a una solicitud de información de EL UNIVERSAL, el CJF proporcionó datos sobre la distribución de sanciones a lo largo de los años. En 2020 se registraron 67 sanciones, en 2021 fueron 70, en 2022 disminuyeron a 11 y en 2023 se contabilizaron 14.

Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), señaló que estas medidas disciplinarias son parte del derecho disciplinario y que el CJF cuenta con una Secretaría Ejecutiva de Disciplina para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

Por otro lado, Claudia Aguilar, miembro del Consejo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), subrayó que las sanciones pueden variar desde amonestaciones hasta la destitución, e incluso pueden acarrear consecuencias penales y ser derivadas al Ministerio Público, dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas.

En preparación para conmemorar el Día de la Mujer, colectivas feministas y diversas organizaciones del movimiento, a través de la Coordinación 8M, han anunciado la revitalización de la huelga nacional feminista conocida como “Un Día sin Nosotras” el próximo 8 de marzo. Este paro, que tuvo su primera ejecución en 2020, tiene como objetivo principal destacar el papel fundamental de las mujeres en la sociedad y resaltar las problemáticas que les afectan.

Carla Torres, integrante de la Coordinación 8M, expresó que esta convocatoria es crucial para retomar la visibilidad que se perdió durante la pandemia. Subrayó que la huelga no busca simplemente un día de descanso, sino que pretende evidenciar la importancia de la presencia y participación activa de las mujeres en todos los ámbitos, así como denunciar la violencia de género y otras injusticias.

Además, se hizo hincapié en que el llamado a la huelga general tiene como propósito garantizar que todas las mujeres tengan la oportunidad de unirse a la movilización, permitiendo así una representación más amplia y significativa en la marcha del 8 de marzo.

En cuanto al uso político del movimiento feminista, se instó a evitar cualquier intento de instrumentalización con fines electorales. Se subrayó que el Día de la Mujer no es una celebración, sino un recordatorio de la continua lucha por los derechos humanos de las mujeres. Carla Torres enfatizó la necesidad de mantener la atención en las demandas fundamentales del movimiento, alejándose de desvíos que puedan distraer de la agenda prioritaria.

Entre las principales demandas que se destacarán durante la marcha se encuentran la lucha contra los feminicidios, las desapariciones, la brecha de género en el ámbito laboral y la solidaridad con causas internacionales como el genocidio en Palestina.

En este sentido, se hizo un llamado a la unidad y a la acción colectiva para impulsar un cambio real y significativo en la sociedad, dejando en claro que el compromiso va más allá de discursos políticos vacíos y oportunismos electorales.