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La Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha decidido suspender el recuento de votos de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc. Los magistrados determinaron por unanimidad que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) no justificó adecuadamente el recuento total de las boletas, por lo que tiene hasta el viernes 12 de julio para emitir una nueva resolución.

La alcaldía Cuauhtémoc está en disputa judicial entre Morena, representado por Caty Monreal, y la coalición opositora (PAN, PRI, PRD) con Alessandra Rojo de la Vega como candidata, quien fue declarada ganadora con una ventaja de aproximadamente 12,000 votos. Si se ordena un nuevo recuento, el TECDMX deberá comenzar el proceso alrededor del 20 de julio.

Rojo de la Vega celebró la decisión de la Sala Regional en sus redes sociales: “Vecinas y vecinos, tenemos muy buenas noticias. La Sala Regional ha señalado que la decisión de ir al recuento en Cuauhtémoc no tiene fundamentos legales. La ley ha derrotado a la corrupción, sigamos avanzando juntos hacia el mejor gobierno en la historia”, escribió en X.

Rojo de la Vega criticó a Clara Brugada, jefa de Gobierno electa, por no reconocer los resultados en Cuauhtémoc: “Es lamentable. Clara Brugada es jefa de Gobierno para todos, no solo para Morena. No se puede ser parcial cuando tengo mi constancia de mayoría desde hace un mes”, declaró a los medios.

Rojo de la Vega también mencionó que ha intentado comunicarse con Brugada sin éxito, buscando una relación de coordinación más allá de las diferencias políticas. “Tal vez no le dijeron que todo esto lo están haciendo con corrupción la familia Monreal”, agregó.

El domingo, Rojo de la Vega encabezó una manifestación en apoyo a su victoria, afirmando que los habitantes de Cuauhtémoc votaron por el cambio y la esperanza el 2 de junio. Al conocer la revocación del recuento, exclamó: “¡El tribunal regional revocó la resolución! No vamos a descansar hasta tomar protesta el 1 de octubre”.

La ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, ha presentado un recurso legal contra los resultados de la última elección presidencial ante el Tribunal Electoral federal. Esta mañana, sin la presencia de Gálvez, la Comisión Sustanciadora de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evaluó y validó las pruebas del expediente, incluyendo enlaces de internet presentados para corroborar su autenticidad y contenido.

La sesión, presidida por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, avanzó a pesar de la ausencia de la ex candidata. Fuentes Barrera informó que todos los actores del juicio fueron notificados adecuadamente sobre el lugar y la hora de la sesión.

En un comunicado, el TEPJF indicó que los secretarios de estudio y cuenta de la Sala Superior dieron fe de las documentales entregadas por Gálvez, partidos políticos y terceros interesados. Asimismo, los magistrados anunciaron que se ha habilitado un micrositio en la página principal del TEPJF para consultar los documentos relacionados al caso.

Xóchitl Gálvez, a través de su cuenta en X, denunció que no se cumplió con el acuerdo de que el desahogo de pruebas se realizaría 20 días después de habilitar el micrositio. “El @TEPJF_informa viola sus propios acuerdos para calificar la elección presidencial. Fui citada de un día para otro sin que se cumpliera el acuerdo”, expresó Gálvez Ruiz.

La siguiente etapa del proceso incluye los “alegatos de oreja”, que se realizan públicamente y en presencia de los cinco magistrados de la Sala Superior. Posteriormente, se procederá al cierre de instrucción, la formulación del proyecto y su publicidad, “los cuales también serán por primera vez de cara a toda la ciudadanía”, indicó el TEPJF.

Las principales bancadas en el Congreso de Nuevo León están a la espera de la notificación de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sancionar al gobernador Samuel García Sepúlveda, advirtiendo que la sanción podría llegar hasta su separación del cargo.

Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, recordó en entrevista que esta sería la segunda ocasión en que un tribunal electoral ordena sancionar al gobernador, la primera fue durante su precandidatura presidencial por irregularidades. Al ser cuestionado sobre un posible periodo extraordinario para atender el caso, De la Fuente señaló que la legislatura concluye el 30 de agosto y buscarán completar la agenda legislativa.

“Nuevamente, el tribunal electoral solicita sancionar al gobernador por desvío de recursos públicos, primero en su precampaña presidencial y ahora por apoyar abiertamente a su candidato Álvarez Máynez en la campaña presidencial. Primero necesitamos la notificación del tribunal para evaluar y sancionar conforme a derecho. Las sanciones podrían ser severas, incluso la separación del cargo”, afirmó De la Fuente.

Por su parte, Lorena de la Garza, de la bancada del PRI, adelantó que, tras la notificación, el caso será tratado por la Comisión Anticorrupción y luego presentado en una posible sesión extraordinaria para votar la sanción. De la Garza mencionó que las sanciones podrían variar desde una amonestación hasta la separación del cargo, dependiendo del análisis de la sentencia, y que se requeriría una mayoría simple de 22 votos para la sanción.

“Estamos esperando la notificación para corroborar los alcances de la sentencia. Luego se turnará a la Comisión Anticorrupción para una determinación urgente. Las sanciones pueden variar, pero debemos esperar el análisis del engrose para ver los escenarios”, explicó De la Garza.

En contraste, Eduardo Gaona, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, comentó que aún no hay nada definitivo y que el equipo jurídico del gobernador planea impugnar la resolución ante la Sala Superior. Además, señaló que el Congreso está paralizado hasta el 31 de julio debido a las vacaciones de los diputados del PAN y PRI.

“El equipo del gobernador aún puede impugnar esta sentencia, y confiamos en que se revertirá. Debemos esperar a que los diputados regresen de sus vacaciones, pues el Congreso está inactivo hasta el 31 de julio. Seguiremos defendiendo la legalidad de los actos del gobernador”, declaró Gaona.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene la autoridad para sancionar al exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por presuntos actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos. Zaldívar fue acusado de manifestar su apoyo a la entonces candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, mientras aún ejercía como ministro.

La decisión del TEPJF contó con los votos en contra de la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. La Sala Superior del tribunal revocó los acuerdos de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, que había admitido las denuncias contra Zaldívar por sus declaraciones en una entrevista con Ciro Gómez Leyva el 8 de noviembre de 2023.

La magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso argumentó que el INE no tiene competencia para iniciar procedimientos sancionadores contra un ministro en funciones de la Suprema Corte. Zaldívar renunció a su cargo el 15 de noviembre, tras la aprobación de su dimisión por el Senado, por lo que no era aplicable el régimen sancionador electoral en su caso.

Aunque Otálora Malassis y Rodríguez Mondragón coincidieron en la falta de facultades del INE, sugirieron consultar a la Suprema Corte sobre quién tiene la competencia para pronunciarse en denuncias contra un ministro en funciones. Sin embargo, Soto Fregoso rechazó esta propuesta, afirmando que el TEPJF nunca ha consultado a otra instancia sobre cómo proceder en casos bajo su jurisdicción. Argumentó que el tribunal debe esperar a que la Corte resuelva cualquier controversia antes de actuar para evitar conflictos de criterios, pero no debe preguntar qué hacer.

Ante las críticas de la oposición sobre una posible sobrerrepresentación de Morena en el poder legislativo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha reafirmado su compromiso de asegurar el cumplimiento del principio de representación proporcional (RP). Este principio busca que la composición del Congreso de la Unión refleje fielmente la votación obtenida por cada partido político, garantizando así la representación de las minorías y la pluralidad política.

El INE detalló en un comunicado que la asignación de diputaciones por representación proporcional comenzará una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva todas las impugnaciones presentadas por los partidos políticos, lo cual se espera que ocurra a más tardar el 23 de agosto. Las 200 diputaciones de RP se eligen mediante el Sistema de Listas Regionales en cinco circunscripciones plurinominales, zonas integradas por varios estados y organizadas bajo el principio de paridad de género.

Para participar en la asignación de estas diputaciones, los partidos políticos deben obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en cada circunscripción. En respuesta a las denuncias de sobrerrepresentación por parte de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), el INE recordó que el artículo 54 de la Constitución estipula límites claros para evitar la sobrerrepresentación. Si un partido excede las 300 diputaciones por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) o si su porcentaje de curules supera en ocho puntos su votación nacional, se le restarán diputaciones de RP hasta ajustarse a los límites establecidos. Las diputaciones excedentes se asignarán a otros partidos.

Este procedimiento se detalló en el Acuerdo INE CG645/2023, publicado el 16 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En una entrevista con Aristegui Noticias, Jorge Alcocer acusó a Morena de diseñar una estrategia para eludir los topes constitucionales y alcanzar una mayoría, describiendo esto como un “fraude a la Constitución”. Según Alcocer, Morena transfiere curules a partidos pequeños para aparentar que estos diputados pertenecen a otros partidos, manteniendo una votación vaga para beneficiarse de las plurinominales.

Alcocer criticó al INE por no tomar medidas para impedir estas prácticas, acusándolos de “mirar para otro lado”. Recordó que en 2007 se cambió la ley para tratar a las coaliciones de manera individual, eliminando la transferencia de votos entre partidos, pero lamentó que las estrategias actuales de Morena burlan estos cambios legales.

A pocas horas de que concluyera el plazo para presentar impugnaciones, las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) registraron cientos de impugnaciones contra los cómputos distritales de las elecciones presidencial, senatorial y de diputados. Hasta la noche del jueves, se habían formalizado 233 juicios de inconformidad (JIN) por los resultados de la elección presidencial, siendo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el que más presentó, con 185 casos, seguido por Movimiento Ciudadano (MC) con 43, y se esperan dos más del Partido Acción Nacional (PAN).

Antes del cierre del periodo de impugnaciones, Xóchitl Gálvez presentó un recurso solicitando investigar la intervención del presidente y la violencia del crimen organizado en el proceso electoral, sin buscar anular la elección, sino sancionar al mandatario por su intromisión. Además, PAN y PRD formalizaron una “impugnación madre” contra la elección presidencial, aunque no pidieron su anulación, destacando que hubo una “elección de Estado”. Rodrigo Sánchez Gracia, secretario general de acuerdos del Tribunal, explicó que este recurso busca impugnar toda la elección presidencial por violaciones generalizadas.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña señaló que este tipo de recursos se consolidan con las cifras de juicios promovidos en los distritos del país, enviadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Se estima que la cifra final de recursos alcanzará los 900 el lunes.

Gálvez también presentó un juicio para la protección de los derechos del ciudadano (JDC) para que la Sala Superior del TEPJF se pronuncie sobre la equidad de la contienda presidencial, basándose en ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador y el supuesto gasto excesivo de su oponente, Claudia Sheinbaum. Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, desistió de impugnar los resultados de la elección presidencial.

Según datos preliminares, MC presentó 44 recursos contra los cómputos distritales en varios estados. Los 185 juicios del PRD buscan anular los cómputos presidenciales en igual número de distritos. El PAN presentó al menos 101 JIN, incluyendo 24 contra cómputos de senadurías y 74 de diputados. El PRD también presentó dos juicios contra cómputos distritales en Hidalgo y San Luis Potosí, mientras que el PVEM impugnó en Nuevo León.

El triunfo en el Senado de Luis Donaldo Colosio Riojas, postulado por MC, fue impugnado por el PRI ante la Sala Monterrey. También se impugnó la fórmula de Morena en Morelos, promovida por la exmorenista María de la Luz Villa Figueroa. En San Luis Potosí, el PRD impugnó el triunfo de Juan Carlos Valladares del PVEM, y en Hidalgo, la victoria de Siria Yamile Salomón Durán del mismo partido.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha concluido que el presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial del PRI, PAN y PRD.

Pese a esta determinación, las leyes actuales no permiten sancionar al Presidente por este tipo de infracciones electorales, limitándose a reconocer su responsabilidad.

La senadora Gálvez presentó una denuncia señalando que el Presidente realizó comentarios constitutivos de violencia política en 11 conferencias matutinas. La Sala Especializada del TEPJF corroboró la infracción, destacando las declaraciones de López Obrador donde afirmaba que Gálvez obtuvo la candidatura por decisión de un grupo de personas con poder político, quienes la designaron para utilizar su imagen como una mujer de pueblo y así atraer la simpatía del electorado.

Estas declaraciones del mandatario, según el tribunal, constituyen violencia simbólica, ya que buscan menoscabar el reconocimiento de los derechos políticos de Gálvez basándose en su género y origen indígena, reforzando estereotipos de inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos, y negando su autonomía en la toma de decisiones.

Adicionalmente, el tribunal subrayó que el Presidente se niega a reconocer la trayectoria de Gálvez como funcionaria pública. Asimismo, se estableció su responsabilidad indirecta en relación con las personas que participan en la difusión de las conferencias matutinas, y se notificó a las áreas correspondientes.

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición PAN, PRI y PRD, ha lanzado fuertes críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de influir negativamente en la equidad del próximo proceso electoral.

Durante una reunión con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gálvez expresó su preocupación por lo que considera una injerencia del presidente en favor de la candidata Claudia Sheinbaum. Gálvez afirmó: “El Presidente ha afectado enormemente mi candidatura con afirmaciones falsas, diciendo que se querían quitar los programas sociales y sugiriendo problemas de corrupción que no existen”.

Gálvez insistió en que las acciones del presidente crean un terreno desigual para los candidatos, lo que contraviene los principios de equidad electoral. Pese a estas acusaciones, las encuestas mantienen a Sheinbaum con una ventaja de 20 puntos sobre Gálvez.

Además, la candidata ha presentado una denuncia contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por no abordar la violencia en Michoacán y Tamaulipas, exigiendo medidas adicionales para garantizar la seguridad electoral. También ha solicitado 51 medidas cautelares contra el Presidente para frenar su intervención en las elecciones, de las cuales 17 han sido aceptadas.

A pesar de estas solicitudes, López Obrador continúa con sus conferencias matutinas, conocidas como ‘mañaneras’, a pesar de los llamados de la oposición a suspenderlas durante el periodo electoral.

Con más de 98 millones de votantes convocados para elegir miles de cargos federales y estatales, las elecciones de junio se perfilan como las más grandes en la historia de México.

En un movimiento significativo para modernizar y agilizar el proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han firmado un acuerdo que reducirá considerablemente el tiempo necesario para el cómputo judicial de los votos en las próximas elecciones presidenciales del 2 de junio.

Hasta ahora, el TEPJF necesitaba un mes para digitalizar los 300 paquetes electorales y sumar los votos. Con este convenio, el INE asumirá la tarea de digitalizar los paquetes y los entregará al Tribunal en formato USB, permitiendo una rápida verificación y cómputo.

El proceso de cómputo para la elección presidencial será distinto al del resto de las elecciones del 2 de junio, ya que este proceso es competencia exclusiva de la sala superior del TEPJF. Así, todos los paquetes electorales de los 300 consejos distritales del país serán enviados al TEPJF, junto con cualquier impugnación presentada por partidos políticos. La digitalización y el uso de correo electrónico para la comunicación reducirán los tiempos de operación en un proceso que tradicionalmente ha sido complejo.

Durante la firma del convenio, el magistrado Felipe Fuentes Barrera destacó la importancia de la agilidad en el proceso y enfatizó el compromiso del Tribunal para garantizar la legalidad de las elecciones. La Sala Superior instalará 12 mesas con cuatro funcionarios cada una para agilizar el cómputo. La seguridad y resguardo de los paquetes estarán a cargo de la Guardia Nacional y otras autoridades hasta que el proceso de cómputo concluya.

Una vez completado el proceso, los paquetes regresarán al INE para ser destruidos. El magistrado Fuentes Barrera subrayó que, a pesar de contar con solo cinco magistrados en la Sala Superior, el compromiso con la legalidad y la justicia permanece inquebrantable. “El Tribunal Electoral está fuerte y comprometido para darle a la sociedad las elecciones que espera”, señaló, destacando la trayectoria y ética del equipo. En el evento estuvieron presentes las titulares de la Sala Superior, Mónica Soto, y del INE, Guadalupe Taddei.