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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el amparo a seis empresas y declaró la inconstitucionalidad de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica vigentes desde marzo de 2021. Estos cambios, que favorecían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas generadoras de energía, fueron señalados por generar distorsiones en el sector.

El fallo, que se aplicará de manera general a todos los participantes del mercado eléctrico nacional, destaca que las normas impugnadas afectan indiscriminadamente a todos los agentes involucrados. Las empresas que obtuvieron el amparo son Recursos Solares PV de México IV, S.A. de C.V., BNB Villa Ahumada Solar S. de R.L. de C.V., Engie Abril PV S. de R. L. de C.V., Eólica Tres Mesas 4 S. de R.L. de C.V., Tractabel Energía de Pánuco S.A. de C.V., y Tractabel Energía de Monterrey S. de R.L. de C.V.

Aunque el amparo se concedió solo a las empresas demandantes, la sentencia anticipa que el resto de los participantes del mercado también se verán beneficiados por un efecto colateral. El tribunal reconoció que las reformas impugnadas crean barreras que obstaculizan la competencia efectiva en el mercado de generación de energía.

La resolución destaca que la priorización en el despacho de energía perjudica directamente a las energías limpias, vulnerando el principio de desarrollo sustentable. La Segunda Sala desestimó los argumentos del Ejecutivo federal y las Cámaras del Congreso de la Unión, que buscaban justificar las reformas en la seguridad del despacho y el fortalecimiento de la CFE.

Expertos opinan que, aunque este fallo marca el cierre a nivel legal, la lucha podría continuar debido a los retrasos en la emisión de permisos a particulares por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Desde la suspensión de actividades por la pandemia en 2020, se ha acusado a la CRE de postergar los permisos para favorecer a empresas estatales, lo que podría resultar en más litigios mediante el amparo indirecto.

Cabe destacar que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica fueron uno de los motivos por los cuales Estados Unidos y Canadá activaron el mecanismo de solución de controversias contra México bajo el T-MEC, argumentando que atentaban contra el principio de trato no discriminatorio al beneficiar a la CFE en el despacho eléctrico.

En un histórico revés judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), una polémica reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar la participación del sector privado en el mercado energético mexicano.

Este fallo, producto de un amparo que argumentaba afectaciones al medio ambiente, marca un momento significativo en la relación entre el gobierno mexicano y las empresas privadas del sector.

La Segunda Sala de la SCJN otorgó el primer amparo contra la LIE, beneficiando a seis empresas específicas: La Bufa Wind, Compañía de Energía Mexicana, Eléctrica Del Valle de México, Fuerza Eólica del Istmo, Eólica de Coahuila y Eóliatec de Istmo. Sin embargo, este amparo no establece un precedente general, sino que se aplica de manera puntual a estas compañías, permitiéndoles regirse por el estatuto previo a la reforma de marzo de 2021.

El voto de calidad del presidente de la Sala, Alberto Pérez Dayán, fue determinante para conceder la protección de la justicia a estas empresas. La votación reflejó una división entre los ministros, con Luis María Aguilar apoyando el proyecto, mientras que Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guarradama expresaron su desacuerdo.

La ministra Lenia Batres argumentó en contra del proyecto durante más de 20 minutos, cuestionando el procedimiento y señalando que el tema ya había sido discutido en una acción de inconstitucionalidad anterior. Por su parte, la ministra Esquivel Mossa manifestó su desacuerdo con la interpretación del presidente de la Sala sobre el artículo 56 de la Ley de Amparo, relacionado con el voto de calidad.

El presidente Pérez Dayán defendió el proyecto, afirmando que recogía los argumentos de inconstitucionalidad expresados por siete ministros del Pleno en 2022. La sala dejó pendiente la discusión de otro proyecto de sentencia elaborado por el ministro Javier Laynez, el cual también propone otorgar la protección de la justicia a otras compañías afectadas por la LIE.

Es importante destacar que, previamente, el Pleno de la SCJN desestimó una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición contra la LIE en abril de 2022, ya que no se alcanzaron los ocho votos necesarios para declararla inconstitucional. Esto dejó la norma vigente, y las empresas afectadas recurrieron a amparos para evitar su aplicación.

El fallo de la SCJN amparando a estas seis empresas se sustentó en la vulneración de principios constitucionales, como la competencia y la libre concurrencia, así como el principio de desarrollo sustentable. Los ministros votaron a favor de un amparo que destacaba los efectos negativos de la reforma en el medio ambiente.

Este revés judicial no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional, sino que su impacto se extiende al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). La reforma a la LIE fue uno de los detonantes de tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, quienes han señalado violaciones al tratado por parte del país latinoamericano. La declaración de inconstitucionalidad de la LIE suaviza estas tensiones y ofrece a México una posición más favorable en las negociaciones bajo el TMEC.

Lenia Batres se convierte en la primera ministra directamente designada por el poder Ejecutivo para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante el rechazo del Senado a las ternas propuestas por Andrés Manuel López Obrador en dos ocasiones.

En su toma de posesión, Batres Guadarrama criticó a la SCJN, acusándola de extralimitarse, incurrir en excesos y ponerse por encima de la Constitución. La ministra argumenta que la Corte ha confundido la jerarquía de la Constitución con la de la instancia, señalando que, si actuara como verdadero tribunal Constitucional, debería prevalecer la Constitución sobre la Suprema Corte.

“Esta Corte se ha extralimitado, el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. Podría decirse que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan, porque si actuara como verdadero tribunal Constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución”, expresó Batres.

“Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales que dicta la Suprema Corte o su jurisprudencia puedan estar por arriba de la Constitución o de las leyes mexicanas, por eso hablamos de excesos”, agregó.

El evento de asunción contó con la presencia de destacadas figuras gubernamentales, incluyendo al hermano de Batres, Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el vocero Presidencial Jesús Ramírez, la Fiscal General de la CDMX Ernestina Godoy, y otros miembros del gabinete.

Batres resaltó su origen humilde y expresó su compromiso como “Ministra del pueblo”. El discurso de bienvenida a Batres Guadarrama fue realizado por la Ministra Yasmín Esquivel, quien destacó que ahora hay cinco mujeres en la SCJN, sumando un total de 15 ministras en la historia.

Las críticas hacia Batres por sus planteamientos fueron expresadas por el académico Sergio Charbel Olvera, quien considera que su discurso refleja una perspectiva “arcaica y muy superada”, más acorde con un Estado autoritario. Olvera enfatiza la importancia de que la SCJN realice interpretaciones constitucionales para garantizar el Estado de derecho en un sistema democrático.