Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó este viernes 2 de agosto que el proceso de desafuero en su contra se haya detenido como resultado de un amparo. En un comunicado oficial, el legislador afirmó que ha ganado todas las batallas jurídicas abiertas desde 2022 por la Fiscalía General del Estado de Campeche, y denunció la reactivación de una nueva solicitud de desafuero como parte de una persecución política.
El líder priista detalló que desde hace dos años la fiscalía campechana ha iniciado múltiples investigaciones en su contra, en las que se le imputan delitos como peculado, abuso de autoridad, uso indebido de funciones, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Además, recordó que en 2022 se promovió en su contra un proceso de extinción de dominio, sumado a procedimientos administrativos y una solicitud formal de desafuero.
En el comunicado, Moreno explicó que recientemente un juez federal ordenó al diputado Hugo Eric Flores, miembro de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, cerrar el expediente relacionado con la solicitud de desafuero impulsada por la fiscalía. De acuerdo con el priista, el juzgado también instruyó que se notificara esta resolución tanto a las autoridades correspondientes como a él mismo.
“El efecto del amparo fue justamente decir que no había pruebas de actuaciones ilícitas y, por tanto, no era procedente dicha solicitud”, señaló el también diputado federal.
Pese a esta resolución, Moreno informó que la Fiscalía de Campeche presentó una nueva solicitud de desafuero, basada en lo que calificó como acusaciones infundadas. Aseguró que en esta ocasión se le señala por no haber impedido presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios durante su gestión como gobernador del estado.
“Esta nueva acusación tiene por objeto sustituir la que ya les gané en tribunales. Esta, no tengan duda, se las volveré a ganar”, afirmó Moreno, al tiempo que sostuvo que las imputaciones carecen de sustento jurídico y forman parte de un intento de presión para obtener declaraciones en su contra.
Con este posicionamiento, el dirigente nacional del PRI busca dejar claro que continúa en funciones legislativas y al frente de su partido, al tiempo que prepara su defensa jurídica ante los nuevos señalamientos promovidos desde Campeche. El caso continúa en proceso de revisión legal.