El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la imposición de un arancel del 20.91% a la mayoría de las importaciones de tomate mexicano, con entrada en vigor programada para el 14 de julio. Esta medida surge tras el retiro del gobierno estadounidense de un acuerdo que, según argumenta, no brindó protección suficiente a los productores nacionales.
Durante 2024, Estados Unidos importó tomates provenientes de México por un valor de aduana de 3,243 millones de dólares, registrando un incremento interanual del 15%. México se mantuvo como el principal proveedor de esta hortaliza, con una participación del 86% en las importaciones totales, porcentaje que se ha mantenido constante en los últimos años.
El Departamento de Comercio declaró que esta acción “permitirá a los productores estadounidenses de tomates competir de forma justa en el mercado”, dando por terminado un esquema de cooperación comercial que ha estado vigente, en distintas versiones, desde 1996.
La decisión ha generado inquietud en el sector agrícola binacional. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) expresó su preocupación al considerar que la imposición unilateral de aranceles distorsiona el comercio bilateral y pone en riesgo el abasto continuo de tomate mexicano, que representa el 55% del consumo total en Estados Unidos.
Para el GCMA, el tomate mexicano ha sido pieza clave en la estabilidad de precios y disponibilidad del producto en supermercados estadounidenses durante todo el año. Su competitividad ha sido impulsada por ventajas logísticas, bajos costos y alta calidad.
El comunicado también sostiene que la presión ejercida por productores de Florida ha sido determinante en esta decisión. De acuerdo con el GCMA, estos actores han insistido en acusaciones de dumping sin fundamentos sólidos, mientras evitan confrontar desafíos propios en materia de productividad.
Actualmente, el 98% de las exportaciones mexicanas de tomate se destinan a Estados Unidos. Por tanto, esta medida podría provocar consecuencias significativas tanto para los productores como para los consumidores norteamericanos, que dependen de un suministro constante y de precios accesibles.
El origen de esta disputa se remonta a 2019, cuando se logró el Acuerdo de Suspensión de Tomate (TSA), el cual estableció precios de referencia para distintas variedades del producto mexicano, desde el tipo round hasta los orgánicos, con un diferencial de hasta 40% por encima del convencional.
Desde 1996, los tomates mexicanos han sido regulados por acuerdos de suspensión que buscaron evitar investigaciones antidumping mediante compromisos de precios mínimos. Con este nuevo arancel, se marca una ruptura con casi tres décadas de entendimientos bilaterales, encendiendo las alarmas en ambos lados de la frontera.