En medio de un panorama de sequía y desafíos en el suministro de agua, 16 municipios del Estado de México se ven impactados por una nueva reducción en el Sistema Cutzamala, afectando a 420 mil personas.

La Secretaría del Agua del Estado de México (SAEM) ha emprendido una serie de medidas para abordar esta situación, que incluyen el aprovechamiento de nuevas fuentes de agua, el combate al huachicoleo y la implementación de 22 obras hidráulicas.

Los municipios afectados, entre ellos Acolman, Ecatepec, Toluca, y Naucalpan, se han visto convocados a asumir medidas de conservación del vital líquido. La SAEM busca una distribución equitativa del agua, instando a los organismos municipales a generar políticas de equidad en el abasto y priorizar el consumo humano para necesidades básicas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) había anunciado la reducción del caudal del Sistema Cutzamala de 9.2 a 8.2 metros cúbicos por segundo desde el 12 de enero. Ante esta situación, la SAEM implementará 22 obras hidráulicas para aliviar la escasez del agua, enfocándose especialmente en comunidades más vulnerables.

Desde Naucalpan hasta Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza, los organismos del agua han instado a la población a adoptar medidas de conservación, dado el “descenso alarmante” en las presas del Sistema Cutzamala.

El primer recorte del 2024, y el tercero desde el 2022, ha generado preocupación en 13 alcaldías de la Ciudad de México y ha afectado a aproximadamente 20 millones de habitantes.

En un comunicado de la Comisión del Agua del Estado de México (Caem), se explicó que la reducción responde a las condiciones de sequía en el centro del país, afectando los embalses del Sistema Cutzamala. El descenso del suministro pasó de 9.5 a 8.0 metros cúbicos por segundo, generando una alerta en los organismos del agua que buscan mitigar el impacto en la población.

Huixquilucan, por ejemplo, experimentará una reducción del 50% en el suministro y presión en las líneas de agua potable. Colonias densamente pobladas como Interlomas, Bosques, y comunidades populares, se verán afectadas. En Cuautitlán Izcalli, Operagua hace un llamado urgente a la población para tomar medidas de conservación, destacando el compromiso en garantizar el suministro de agua.

En Atizapán de Zaragoza, Sapasa continúa aplicando medidas de apoyo a la ciudadanía, como tandeos estratégicos y la distribución de agua a través de pipas. Además, se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de pozos y la perforación de nuevos, buscando paliar la reducción del suministro.

Ante este desafío hídrico, la SAEM también hace un llamado a la ciudadanía para reportar fugas, falta de servicio y venta ilegal de agua, promoviendo la participación activa en la preservación del recurso. En este contexto, las acciones de las autoridades y la conciencia ciudadana se convierten en elementos clave para superar este desafío y garantizar el acceso sostenible al agua en la región.

En una conferencia de prensa, la diputada priísta Montserrat Alicia Arcos Velázquez reveló haber presentado una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en la mañana de hoy, acusando al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, de violencia política de género y actos de corrupción. La legisladora argumentó que la situación inicialmente surgió como un tema de explotación, moches y corrupción.

“Quiero informarles que me dirigí al INE para presentar una denuncia contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, por violencia política de género y actos de corrupción”, declaró Arcos Velázquez. “Todo comenzó como un asunto de explotación y, por qué no decirlo, de moches y corrupción”.

La diputada detalló que, en un principio, fue abordada por el secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, quien buscaba obtener recursos destinados por el partido para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres. Arcos Velázquez afirmó que Gutiérrez le propuso un esquema que incluía el retorno del 50 por ciento de dichos recursos, lo que, según ella, evidencia no solo un tema de violencia política sino también de corrupción.

“Los partidos políticos están obligados a destinar el 3 por ciento de su presupuesto a la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres”, explicó la diputada. “Cuando no obtuve respuesta de mi parte a la propuesta del secretario de Finanzas, decidí buscar diálogo con el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, quien me pidió escuchar la propuesta legal y transparente de Gutiérrez, asegurándome que no comprometería mi integridad”.

Arcos Velázquez sostuvo que, en ese momento, no fue considerada digna de ser escuchada por el presidente del partido. “Se trata de una denuncia delicadísima”, subrayó la legisladora en San Lázaro. “Hagan de cuenta que me cayó lepra. Habrá más reacciones, pero me asiste la verdad”.

Además de Alejandro Moreno, la denuncia ante el INE también implica al secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, y cualquier persona que resulte responsable. La denuncia aborda un asunto de moches y corrupción, específicamente la no asignación de la partida presupuestal al Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI). Arcos Velázquez argumenta que la denuncia se relaciona con la obstaculización del cumplimiento del programa anual de trabajo del ONMPRI, alegando que el dirigente intentó extorsionarla solicitándole parte del presupuesto del organismo que ella encabezaba hasta su relevo.

En medio de ajustes y decisiones tomadas por la ministra Lenia Batres Guadarrama en su nueva asignación en la Segunda Sala de la Corte, algunos trabajadores de su ponencia buscan alternativas laborales ante la preocupación por la posible pérdida de sus prestaciones extraordinarias.

La ministra Batres asumió su posición en la Segunda Sala, ocupando el espacio dejado por Loretta Ortiz, quien solicitó el cambio a la Primera Sala. Sin embargo, la trama se complica al recordar que la ministra inicialmente llegó a una ponencia que Arturo Zaldívar abandonó abruptamente en noviembre pasado, manteniendo en ella a los secretarios de Estudio y Cuenta, así como al personal administrativo que le diera la bienvenida.

Desde su llegada, la ministra Batres ha impulsado medidas de austeridad, solicitando la reducción de su salario y renunciando a prestaciones extraordinarias, además de expresar su interés en inscribirse voluntariamente en el ISSSTE para recibir servicios médicos públicos en lugar de privados.

Aunque la Corte respondió indicando las limitaciones constitucionales y legales para algunas de estas solicitudes, la ministra persiste en su decisión de renunciar a las prestaciones y ajustar su salario. Este enfoque de austeridad se ha extendido a los miembros de su ponencia, a quienes ha instado a renunciar a prestaciones extraordinarias y ajustar sus salarios para alinearse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la incertidumbre de perder sus beneficios laborales, varios secretarios de la ponencia de Batres han iniciado gestiones para cambiar su adscripción a las oficinas de otros ministros. Argumentan que buscan preservar sus empleos y que, de no encontrar una solución rápida, podrían verse obligados a renunciar a sus plazas en el Poder Judicial de la Federación, ya que ocupan puestos de confianza y los ministros tienen la prerrogativa de gestionar su personal de confianza.