Día: 28 junio, 2026

Cuatro días después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela, las labores de rescate entraron en su etapa más decisiva. Mientras brigadas nacionales e internacionales continúan removiendo escombros en busca de personas con vida, el saldo de víctimas sigue aumentando y ya alcanza mil 450 fallecidos.

El Gobierno venezolano informó este domingo que 33 personas han sido rescatadas con vida desde que ocurrió la emergencia, en una operación que concentra sus mayores esfuerzos en el estado de La Guaira, la zona más afectada por los sismos.

Durante un encuentro con rescatistas extranjeros, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que el país atraviesa las horas más importantes para localizar sobrevivientes. “Estamos en las horas críticas de poder salvar vidas, y nosotros, quienes no estamos en las labores como ustedes, estamos en oración para que podamos encontrar personas con vida”, expresó.

La funcionaria agradeció el apoyo internacional y afirmó que “A los sitios donde ustedes llegaron, llegó esperanza, y se unieron al extraordinario trabajo que los rescatistas venezolanos han estado haciendo desde el primer minuto”.

En paralelo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, actualizó el balance oficial de la catástrofe. Informó que la cifra de muertos aumentó a mil 450 personas y que hay 3 mil 150 heridos, aunque el sábado el reporte oficial registraba 3 mil 238 lesionados, sin que se explicara la diferencia entre ambos registros. También indicó que 12 mil 721 familias resultaron damnificadas.

La magnitud de la destrucción quedó reflejada en los daños a la infraestructura. Las autoridades contabilizan 774 edificios afectados o colapsados: 189 con pérdidas totales y 585 con daños parciales. Además, 38 hospitales, 44 centros comerciales y mil 645 estructuras de otra índole presentan afectaciones. Desde La Guaira, 527 personas han sido trasladadas a hospitales públicos y privados de Caracas.

En las tareas de respuesta participan 2 mil 624 rescatistas internacionales, apoyados por 137 perros especializados, 49 vehículos y 84.8 toneladas de equipo, medicamentos e insumos quirúrgicos. A ese despliegue se sumaron este domingo una delegación de India para instalar un hospital de campaña y un grupo de rescatistas de Costa Rica.

Jorge Rodríguez también informó que 7 mil 876 voluntarios se registraron en el Poliedro de Caracas para colaborar en la remoción de escombros. Además, anunció la habilitación de una línea telefónica para atender a personas con ansiedad, tristeza o estrés postraumático y una plataforma digital para registrar a familiares desaparecidos, sin precisar cuántas personas permanecen sin localizar.

El director general del Infonavit, Octavio Romero, aprovechó un acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Chiapas para defender la entrega de créditos de vivienda a trabajadores desde los 18 años de edad y justificar la medida con un argumento: los jóvenes cuentan con suficientes años de vida laboral para liquidar sus financiamientos.

Durante un mensaje que se prolongó por 19 minutos, Romero sostuvo que un trabajador de 20 años dispone de medio siglo para cubrir un crédito a 30 años. “Un muchacho de 20 años tiene 50 años de vida laboral para pagar un crédito de 30, una muchacha tiene más porque las mujeres llegan hasta los 75 años (de vida)”, afirmó ante la mandataria.

Incluso insistió en el planteamiento al señalar que una mujer de 20 años tendría hasta 55 años para pagar su deuda. “¿A poco no tiene más capacidad de pago?”, expresó durante la presentación del Programa de Vivienda para el Bienestar.

El funcionario aseguró que la decisión de facilitar el acceso a los créditos permitió que el 75% de las viviendas financiadas actualmente sean adquiridas por jóvenes. Explicó que ahora sólo existen tres condiciones para obtener un préstamo: ser derechohabiente, percibir entre uno y dos salarios mínimos y no tener un crédito hipotecario.

Según Romero, anteriormente existían entre 25 y 30 requisitos y era necesario reunir mil 80 puntos para acceder al financiamiento. Relató que, tras plantear el tema a la presidenta, ella respondió: “simplifica”, por lo que esos requisitos fueron eliminados.

También defendió que trabajadores de apenas 18 años, con seis meses de antigüedad laboral o de cotización, puedan solicitar un crédito. Recordó que esa decisión fue cuestionada porque se consideraba que los jóvenes no tendrían capacidad de pago, pero aseguró que el instituto sostiene lo contrario.

En su exposición también informó que fueron reestructurados los 4 millones 856 mil créditos impagables que existían al inicio de la administración y afirmó que el proceso concluyó el 31 de diciembre pasado. Además, anunció la entrega de 176 viviendas en Lacantún y comentó que todas ya estaban vendidas.

Cuando finalmente tomó el micrófono, Claudia Sheinbaum abrió su participación con una frase que reflejó la duración del mensaje previo: “ya no tengo mucho más que decir, ya se dijo mucho”. En una intervención de menos de la mitad del tiempo utilizado por Romero, destacó que la construcción de 1 millón 800 mil viviendas impulsa la economía, genera empleo y aporta cerca del 1% del Producto Interno Bruto. Al concluir, reconoció el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez y del presidente municipal Ángel Carlos Torres. 

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, dejó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Morelos, para continuar bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso penal que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras abandonar el penal, fue trasladado a un inmueble ubicado en el Estado de México, donde permanecerá bajo vigilancia mediante un brazalete electrónico, como parte de las condiciones impuestas por la autoridad judicial. El cambio de medida cautelar fue autorizado por un juez federal, quien también estableció la obligación de fijar un domicilio y cubrir una garantía económica.

La salida del centro penitenciario no modifica su situación jurídica. El procedimiento por presunto lavado de dinero continúa abierto y seguirá su curso mientras permanece en prisión domiciliaria.

La investigación de la Fiscalía General de la República se relaciona con operaciones derivadas de la venta de 25 inmuebles cuyo valor comercial fue estimado en alrededor de 5 mil millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, esas transacciones habrían servido para ocultar el origen y destino de recursos económicos.

La posibilidad de enfrentar el proceso fuera de prisión se consolidó después de que, en mayo de este año, un tribunal lo absolviera del delito de delincuencia organizada. Además, desde 2023 ya existía una resolución de un juez federal que permitía sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar, siempre que cumpliera con los requisitos establecidos.

Las investigaciones contra Borge comenzaron al concluir su administración como gobernador de Quintana Roo, cargo que ocupó entre 2011 y 2016. La entonces Procuraduría General de la República lo acusó de presuntas irregularidades en la venta de terrenos pertenecientes a la reserva territorial del estado, operaciones que, según las indagatorias, provocaron un daño patrimonial superior a 900 millones de pesos.

Las autoridades sostuvieron que varios predios fueron comercializados por debajo de su valor para beneficiar a particulares mediante presuntos prestanombres y empresas fachada. No obstante, con el paso de los años distintas acusaciones del fuero común, entre ellas peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder, fueron desestimadas por los tribunales.

Roberto Borge fue detenido en junio de 2017 en el aeropuerto internacional de Panamá y extraditado a México en enero de 2018 para enfrentar diversos procesos penales. Aunque ya no permanece en un centro penitenciario, el proceso por presunto lavado de dinero seguirá hasta que exista una resolución definitiva por parte de las autoridades judiciales.

La contienda interna de Morena por la candidatura al gobierno de Sinaloa incorporó este sábado a uno de los perfiles más cercanos al grupo político que ha gobernado la entidad en los últimos años. Omar Alejandro López Campos formalizó su registro después de renunciar a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del estado.

El ahora aspirante no sólo formó parte del gabinete estatal. También fue suplente del senador Enrique Inzunza cuando éste solicitó licencia por dos días en mayo. Inzunza ha sido acusado por Estados Unidos de narcotráfico y de mantener vínculos con Los Chapitos.

López Campos es identificado además como ahijado político de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien también ha sido acusado en Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Su trayectoria en el servicio público se ha desarrollado de la mano de ambos políticos.

Antes de buscar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación, el exfuncionario presentó su renuncia al gabinete estatal el viernes. Un día después se registró para competir en el proceso interno de Morena, PT y PVEM, donde al menos otros 15 morenistas buscan convertirse en el perfil que eventualmente dispute la gubernatura en 2027.

Arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, López Campos inició una parte de su carrera en el ISSSTE entre 2013 y 2017, cuando Rocha Moya ocupaba la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahí encabezó un área de integración, evaluación y desarrollo educativo.

En 2024 volvió al gobierno estatal como subsecretario de Normatividad e Información Registral. Meses después, en octubre de 2025, Rocha Moya lo nombró secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, cargo que dejó para incorporarse a la disputa interna de Morena. El aspirante también es hijo de Eligio López Portillo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa.

Su registro se realizó durante el quinto día del proceso interno de la coalición Morena-PT-PVEM, correspondiente a Sinaloa y Tlaxcala. Entre los participantes también figuran la senadora con licencia Imelda Castro, el exalcalde de Ahome Gerardo Vargas, la diputada local con licencia Teresa Guerra y el diputado federal con licencia Jesús Ibarra Ramos.