Fe en pantalla y escándalo global: Diez películas religiosas que redefinieron el debate en el cine

La relación entre religión y cine ha sido, desde los orígenes del séptimo arte, un terreno de alta tensión creativa y cultural. A lo largo de más de un siglo de historia cinematográfica, las representaciones vinculadas al Evangelio, a Jesucristo y a las instituciones religiosas han generado interés masivo, reacciones encontradas y controversias que trascendieron las salas de proyección. Desde las primeras décadas del cine, estas historias demostraron su capacidad para convocar audiencias y provocar debate público.

Uno de los primeros ejemplos de esta atracción fue Vida y pasión de Jesucristo, realizada por los hermanos Lumière, una producción temprana que confirmó el potencial narrativo y simbólico de los relatos bíblicos en la pantalla grande. Con el paso del tiempo, distintos cineastas optaron por reinterpretar los textos sagrados o explorar zonas menos representadas de la religión organizada, lo que derivó en críticas severas, censura y llamados al boicot en distintos países.

En este contexto, la plataforma Spoiler.mx desarrolló un estudio que identifica diez películas con temática religiosa que se han convertido en las más polémicas de la historia del cine. El análisis parte de producciones que marcaron un antes y un después en la conversación entre fe, arte y libertad creativa.

El primer gran episodio de esta lista se sitúa en 1965 con El evangelio según San Mateo, dirigida por Pier Paolo Pasolini. La controversia surgió a partir de las creencias personales del realizador, quien se declaró ateo, marxista y homosexual. A pesar de las críticas iniciales, sectores del Vaticano reconocieron la película como una de las adaptaciones cinematográficas más logradas del Evangelio.

La década siguiente trajo una ruptura estética con Jesucristo superestrella, dirigida por Norman Jewison y basada en el musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. La reinterpretación del relato bíblico en formato de ópera rock, con psicodelia y coreografías, provocó la reacción de la Iglesia Católica, que, de acuerdo con Spoiler.mx, organizó movilizaciones para boicotear el filme y prohibió su consumo entre sus fieles.

La sátira alcanzó uno de sus puntos más altos con La vida de Brian, del grupo Monty Python. La historia de un hombre confundido con el mesías fue acusada de blasfemia, prohibida en Irlanda y Noruega y discutida públicamente en la BBC, además de generar un documental posterior sobre el impacto de la polémica.

En 1988, La última tentación de Cristo, dirigida por Martin Scorsese y basada en la novela de Nikos Kazantzakis, desató una reacción internacional. El retrato de un Jesús con conflictos humanos motivó condenas de figuras como Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta, ataques a salas de cine en Franciay bloqueos en Estados Unidos.

La lista incluye también La pasión de Cristo, de Mel Gibson, una representación cruda de las últimas horas de Jesús. El director financió el proyecto con 30 millones de dólares y su estreno estuvo rodeado de polémicas, incluida la muerte de una espectadora durante una proyección.

El estudio de Spoiler.mx amplía el enfoque hacia películas que cuestionan a la Iglesia desde otros ángulos, como El crimen del padre Amaro, El Código Da Vinci, La duda, Spotlight y Cónclave. Estas obras abordan temas como pederastia, abusos, crímenes y corrupción, colocando a la institución religiosa en el centro del debate contemporáneo.

En términos de taquilla, El Código Da Vinci y La pasión de Cristo lideran el cine religioso a nivel mundial.En cuanto al reconocimiento de la Academia, producciones como Spotlight y Cónclave reflejan una preferencia por relatos basados en hechos documentados, consolidando al cine religioso como un espacio constante de discusión cultural y social.

Tres compañías quedan fuera de contrataciones públicas tras sanciones por falsear datos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas a tres empresas que proporcionaron información falsa durante procesos de contratación pública vinculados a la adquisición de vehículos, servicios de recolección de residuos y suministro de alimentos. Las resoluciones incluyen multas económicas, periodos de inhabilitación para contratar con el gobierno federal y la inscripción de las compañías en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, medida que impide de manera automática su participación en nuevos concursos públicos.

De acuerdo con la información oficial, las empresas sancionadas son Ravisa Autos del Oriente, S.A. de C.V.; Gen Industrial, S.A. de C.V.; y Escore Alimentos, S.A. de C.V. Las sanciones derivan de irregularidades detectadas en distintas licitaciones públicas nacionales, en las que las compañías entregaron documentación con datos que no correspondían a la realidad.

Ravisa Autos del Oriente recibió una multa por 175 mil 367 pesos y fue inhabilitada por un periodo de tres meses para celebrar contratos con el sector público. La sanción se originó por la entrega de información falsa dentro de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, correspondiente a la “Adquisición de camionetas pick-up doble cabina, nuevas, transmisión 4×4, modelo 2025 o 2026”. La irregularidad se detectó en una constancia de situación fiscal relacionada con aportaciones patronales y el entero de descuentos.

En tanto, Gen Industrial y Escore Alimentos fueron sancionadas con multas de 157 mil 658 pesos cada una, además de una inhabilitación de tres meses para contratar con dependencias federales. En el caso de Gen Industrial, la falta se identificó en la documentación presentada para la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, correspondiente al “Servicio de Recolección de Residuos”, donde se acreditó la entrega de información falsa como parte de su propuesta.

Por su parte, Escore Alimentos incurrió en una falta similar durante la Licitación Pública Nacional número LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, relativa a la “Contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes”. La información incorrecta se encontraba en una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, lo que formaliza su vigencia y la incorporación de las empresas al registro oficial de proveedores sancionados. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que estas medidas refuerzan la vigilancia sobre los procesos de compra gubernamentales y subrayó: “Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o en su celebración tiene consecuencias”.

Apoyo federal inmediato a familias tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó públicamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz explicar con claridad la detención del periodista Rafael León Segovia, así como los motivos por los que se le imputó el delito de terrorismo, una figura penal que, de acuerdo con la mandataria, no cuenta con antecedentes de uso en casos relacionados con el ejercicio periodístico en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, Sheinbaum cuestionó de manera directa la decisión de la autoridad estatal de recurrir a ese tipo penal. “No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, señaló ante medios de comunicación. En ese mismo espacio, reiteró su rechazo al uso de dicho término para acusar a un comunicador, al subrayar que “nunca” se han presentado señalamientos de esa naturaleza en contextos similares.

La presidenta insistió en que corresponde exclusivamente a la fiscalía estatal detallar los fundamentos jurídicos del caso. “Tiene que explicar la fiscalía por qué usa este delito”, expresó, al tiempo que remarcó que la libertad de expresión debe prevalecer como un principio fundamental, especialmente en un entorno donde la labor periodística enfrenta riesgos constantes. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina y a nivel mundial, lo que ha generado preocupación recurrente entre organizaciones y defensores de derechos humanos.

Sheinbaum también hizo énfasis en la necesidad de diferenciar con precisión cualquier conducta ilícita del trabajo informativo. Señaló que, si existiera un delito comprobado, este debe ser plenamente acreditado y no guardar relación alguna con el ejercicio del periodismo. “Si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea un delito probado real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo”, afirmó.

En su posicionamiento, la mandataria enumeró tres puntos que, a su juicio, deben ser aclarados por la autoridad de Veracruz: primero, el motivo por el cual se recurre a un delito que, dijo, no se ha utilizado previamente en México; segundo, la obligación de garantizar la libertad de expresión por encima de cualquier otra consideración; y tercero, la explicación puntual de los cargos en caso de que el comunicador esté detenido por algún delito ajeno a su labor periodística.

Rafael León Segovia, conocido públicamente como “Lafita León”, fue detenido por agentes de la Policía Ministerial con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo imputó como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La detención generó una reacción inmediata por parte de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, la cual condenó enérgicamente el caso. En un pronunciamiento público, la organización advirtió que situaciones como esta producen un efecto inhibidor para el periodismo, sobre todo en contextos marcados por altos niveles de violencia y la presencia de redes de macrocriminalidad. Asimismo, señaló que el uso del sistema penal como represalia por la labor periodística constituye un abuso incompatible con los principios de una democracia.