Día: 16 enero, 2026

Luego de que el gobierno de Estados Unidos solicitara a México “resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo”, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que existen avances claros derivados de la cooperación entre ambos países y subrayó la necesidad de mantener una relación basada en el respeto mutuo, la responsabilidad compartida y la soberanía nacional.

La postura estadounidense se dio tras una llamada entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente. De acuerdo con el posicionamiento difundido por Washington, no se aceptan avances graduales en los desafíos de seguridad fronteriza, por lo que se demandan acciones medibles en el combate al narcotráfico, particularmente en lo relacionado con el fentanilo.

En conferencia de prensa realizada este viernes, la mandataria federal afirmó desconocer el motivo específico de la exigencia pública del Departamento de Estado y destacó que México ha mantenido una estrategia constante contra el tráfico de drogas. “No sé, no, no, desconozco pues. Pero lo cierto es que hay muchos resultados y va a haber más resultados. Pero tiene que haber respeto mutuo y responsabilidad compartida, además del respeto a nuestra soberanía”, expresó.

Sheinbaum explicó que uno de los principales indicadores de la efectividad de la cooperación bilateral es la reducción de incautaciones de fentanilo en la frontera norte, que, de acuerdo con datos oficiales, ha disminuido en un 50 por ciento. Señaló que este comportamiento está directamente relacionado con los operativos realizados en territorio mexicano para asegurar esta droga, considerada por autoridades estadounidenses como un problema de alta peligrosidad. La presidenta también vinculó los resultados de la estrategia de seguridad con la disminución de la violencia en el país.

En su mensaje, insistió en que el combate al narcotráfico no puede recaer únicamente en México. Reiteró que Estados Unidos debe asumir su parte mediante acciones para reducir el consumo de drogas y frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano. “No puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver sólo de este lado de la frontera. Del otro lado también tiene que haber su parte. Esta crisis de consumo que tienen allá, pues tiene también que atenderse”, señaló.

Sheinbaum recordó que ha solicitado de manera formal al gobierno estadounidense medidas más estrictas contra el flujo ilegal de armas y afirmó que el propio Departamento de Justicia de ese país reconoció que el 75 por ciento de las armas incautadas en México provienen ilegalmente de Estados Unidos. Además, mencionó que en el país vecino existen actividades de distribución de drogas y lavado de dinero vinculadas a estas redes.

Finalmente, el documento oficial derivado de la comunicación entre ambos gobiernos señaló que los secretarios de Estado y Relaciones Exteriores coincidieron en que “se debe hacer más para enfrentar las amenazas compartidas”, reafirmando la cooperación bilateral como eje central de la relación en materia de seguridad.

Un juzgado federal con sede en Puebla declaró inconstitucional el delito de “ciberasedio” contemplado en el Código Penal del estado, al considerar que su redacción es ambigua y contraria al derecho fundamental a la libertad de expresión. La resolución fue dada a conocer este jueves por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), organismo que promovió el amparo que dio origen al fallo.

La decisión judicial se deriva del análisis del artículo 480 del Código Penal de Puebla, reformado en 2025, el cual tipificaba el delito de ciberasedio sin establecer con precisión cuáles conductas realizadas en plataformas digitales podían ser sancionadas penalmente. De acuerdo con el juzgado, esta falta de claridad permite interpretaciones amplias que colocan a los usuarios de internet en una situación de incertidumbre jurídica.

En el comunicado difundido por el CNLE se detalla que el juzgador concedió el amparo a un ciudadano al concluir que el tipo penal es “inconstitucional por su diseño amplio y ambiguo, y por el efecto silenciador que produce sobre la deliberación pública”. La resolución señala que la norma otorgaba al Estado un margen excesivo de discrecionalidad para determinar, caso por caso, qué expresiones podían considerarse ilícitas.

El fallo también advierte sobre la generación de una “zona de riesgo” en el debate público digital. Según el criterio del juzgado, la sola existencia de una norma penal imprecisa provoca que las personas opten por autocensurarse para evitar una posible persecución penal derivada de opiniones, críticas o comentarios emitidos en internet. Este efecto inhibitorio fue identificado como un factor que limita la participación ciudadana en asuntos de interés general y político.

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico sostuvo que, en la práctica, el delito de ciberasedio funcionaba como un instrumento de censura estatal, al no definir de manera clara y objetiva qué conductas podían ser castigadas. Esta situación, de acuerdo con el organismo, contraviene los principios básicos del derecho penal y los estándares constitucionales e internacionales en materia de libertad de expresión.

La sentencia subraya que cualquier regulación penal relacionada con el discurso público debe cumplir con criterios estrictos de legalidad, certeza y precisión, con el fin de evitar que el derecho penal sea utilizado como una herramienta de control sobre la expresión ciudadana. En ese sentido, el juzgado reafirmó que las leyes que inciden en la libertad de expresión deben ser claras y específicas para no restringir de forma indebida el debate democrático.

El CNLE celebró la resolución al considerarla un precedente persuasivo relevante para la protección de la crítica pública y la deliberación abierta en entornos digitales. De acuerdo con el organismo, la decisión contribuye a garantizar que las plataformas digitales permanezcan como espacios de intercambio libre de ideas, sin intervenciones estatales arbitrarias ni mecanismos legales que generen censura indirecta.