Día: 24 diciembre, 2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que un juez penal autorizó 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en el establecimiento Waldo’s, ubicado en Hermosillo, hecho que dejó 23 personas fallecidas, una menor en gestación y 12 personas lesionadas. La determinación judicial se tomó tras la presentación de datos de prueba por parte del Ministerio Público.

Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía detalló que las órdenes de captura fueron libradas luego de que se expusieran ante el juez los elementos recabados durante la investigación. “Fueron libradas por un Juez Penal un total de 25 órdenes de aprehensión”, precisó la dependencia al referirse a las personas presuntamente implicadas en el siniestro.

De ese total, siete órdenes ya fueron cumplimentadas, por lo que las personas detenidas serán presentadas ante el juzgado la tarde de este día para que se determine su situación jurídica. La autoridad señaló que para ejecutar las detenciones se autorizaron técnicas de investigación, entre ellas cateos judiciales, con el objetivo de dar cumplimiento a los mandatos emitidos por el juez.

En el mismo informe, la Fiscalía estatal indicó que también se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación a la persona moral, programada para este 24 de diciembre a las 17:00 horas, en la capital sonorense, ante un Juez Oral Penal. Esta diligencia forma parte del proceso penal derivado del caso identificado oficialmente como “Waldo’s”.

La audiencia inicial fue programada a pocas horas de la celebración de la Nochebuena, en el marco de una investigación que continúa abierta y que ha permitido establecer las causas del incendio. De acuerdo con los resultados obtenidos por las autoridades, el siniestro se originó por la explosión de un transformador eléctrico que se encontraba instalado de manera irregular dentro del inmueble.

Las indagatorias también revelaron que el establecimiento no contaba con las medidas básicas exigidas por Protección Civil, lo que incrementó el riesgo y las consecuencias del incendio. Además, se documentó la omisión de funcionarios estatales y municipales en la realización de revisiones de la infraestructura, situación que forma parte de las líneas de investigación desarrolladas por la Fiscalía.

El incendio del comercio, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, es considerado uno de los hechos más graves registrados en la entidad por el número de víctimas fatales y personas lesionadas. Con la emisión de las órdenes de aprehensión y el desarrollo de las audiencias programadas, las autoridades judiciales avanzan en la etapa de definición legal para las personas señaladas como presuntas responsables, conforme a los tiempos y procedimientos establecidos en el sistema penal.

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, estableció que la presidenta Claudia Sheinbaum no cuenta con facultades constitucionales para dejar de aplicar el impuesto del 8 por ciento a los videojuegos con contenido violento, al tratarse de una contribución vigente creada mediante ley formal. El legislador precisó que, si el Ejecutivo considera inviable su implementación, la única vía jurídicamente correcta es la modificación o derogación a través del proceso legislativo correspondiente.

Mediante una tarjeta informativa, Monreal explicó que este gravamen no constituye únicamente una previsión contenida en la Ley de Ingresos, sino una obligación fiscal plenamente establecida en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En ese sentido, subrayó que “el Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño”.

El diputado recordó que el impuesto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025 y que dentro del IEPS se incorporó de manera expresa el concepto de recaudación denominado “Videojuegos con violencia”. Dicho ordenamiento asigna una recaudación estimada de 183 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, cifra incluida dentro de los ingresos aprobados para ese año.

Monreal enfatizó que tanto la Ley del IEPS como la Ley de Ingresos de la Federación fueron avaladas por el Congreso de la Unión y posteriormente promulgadas por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Por ello, reiteró que el impuesto cuenta con una base legal directa y expresa, además de encontrarse reflejado y autorizado en el marco fiscal aplicable al ejercicio 2026.

El líder parlamentario detalló que el hecho imponible está claramente definido en la legislación fiscal sustantiva, que la tasa del 8 por ciento se encuentra determinada y que el impuesto forma parte del sistema tributario vigente a partir del 1 de enero de 2026. Bajo ese contexto, señaló que, pese a la solidez jurídica del gravamen, la presidenta informó en su conferencia matutina de este martes que decidió retirar el impuesto, al considerar que existe una inviabilidad técnica para su aplicación.

De acuerdo con Monreal, dicho anuncio genera un problema jurídico, ya que la ausencia de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no suspende ni extingue la obligación tributaria prevista en la ley. Añadió que posibles deficiencias en el diseño del hecho imponible, como el uso de categorías “violento”, “extremo” o “para adulto”, no facultan al Ejecutivo para dejar sin efectos una norma vigente, sino que obligan al legislador a corregirla.

El coordinador de Morena puntualizó que mientras el inciso K), fracción I, del artículo 2 de la Ley del IEPS permanezca vigente, la autoridad fiscal está obligada a aplicarlo. Como salida jurídica, planteó impulsar una reforma o derogación de dicha disposición, acompañada de un ajuste a la Ley de Ingresos de la Federación 2026, con el fin de eliminar el concepto de recaudación correspondiente a videojuegos con violencia y recalibrar las estimaciones de ingresos aprobadas.