En un esfuerzo por blindar a la industria textil mexicana y proteger 400 mil empleos, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que impone un arancel temporal del 35% a productos textiles importados. La medida, anunciada en conferencia matutina desde Palacio Nacional, busca frenar las importaciones que eluden impuestos bajo programas de importación temporal.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, explicó que esta decisión afecta a 138 fracciones arancelarias. Empresas que se amparaban en el programa de la Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) introducían productos como prendas de vestir y calzado alegando que eran insumos para exportación, pero estos terminaban vendiéndose en el mercado interno.

“Las empresas Immex deben devolver el 80% de las mercancías importadas temporalmente, pero casi la mitad de estas importaciones no cumple con el retorno”, señaló Ebrard. Esta práctica ha ocasionado que el PIB del sector textil caiga un 4.8% anual, lo que equivale a una pérdida de mil 229 millones de pesos cada año.

La medida ha recibido el respaldo del sector empresarial. Sergio Contreras, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), afirmó que el arancel ayudará a frenar las importaciones desleales. “China ofrece incentivos fiscales que distorsionan los precios y afectan a nuestra industria”, puntualizó.

Por su parte, Rafael Zaga Saba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), destacó que la industria aporta el 1.8% del PIB y que esta medida “refuerza la competitividad del sector y protege a miles de familias que dependen de él”.

La decisión también ocurre en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos. Ebrard denunció que el gobierno estadounidense justifica sus aranceles del 25% a productos mexicanos con información falsa. “En México no se ensamblan autos chinos; la única planta de ese tipo en Norteamérica está en California”,aclaró.

Con esta medida, el gobierno busca proteger no solo a los trabajadores y empresarios del sector textil, sino también garantizar que las reglas del comercio sean justas. La industria nacional tiene un respiro y una oportunidad para recuperarse y competir en igualdad de condiciones.

La detención de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha destapado una trama digna de una película de suspenso: secuestros, fingir su propia muerte y operaciones millonarias de narcotráfico y lavado de dinero.

El arresto ocurrió el pasado 19 de noviembre en Riverside, California, pero fue este jueves cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicas las acusaciones en su contra. Gutiérrez Ochoa es señalado como un alto miembro del CJNG y responsable de coordinar el tráfico de toneladas de metanfetamina y cocaína hacia suelo estadounidense, así como de lavar millones de dólares provenientes de estas actividades ilícitas.

En noviembre de 2021, Gutiérrez Ochoa fue vinculado al secuestro de dos elementos de la Marina mexicana. Según las investigaciones, este acto fue orquestado para presionar por la liberación de Rosalinda González, esposa de “El Mencho”, quien había sido detenida por autoridades mexicanas.

Tras el secuestro y la presión mediática, Gutiérrez Ochoa huyó a Estados Unidos, donde asumió una nueva identidad y se refugió en una lujosa residencia en Riverside. Las autoridades señalan que dicha propiedad fue adquirida con recursos del CJNG mediante complejas operaciones de lavado de dinero.

Para evadir a las autoridades, “El Mencho” habría colaborado en una estrategia de distracción: difundir que él mismo había asesinado a su yerno por mentirle. Esta narrativa fue utilizada para desviar la atención de las investigaciones y permitir que Gutiérrez Ochoa desapareciera del radar mexicano.

“Estamos hablando de un individuo clave dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Su detención es un golpe significativo en el combate al tráfico de drogas y al lavado de dinero”, señaló un portavoz del Departamento de Justicia estadounidense.

Desde 2014, Gutiérrez Ochoa habría coordinado personalmente el traslado de al menos 40 mil kilos de metanfetamina y 2 mil kilos de cocaína hacia Estados Unidos, posicionándose como un operador de alto nivel dentro del CJNG.

Con esta detención, las autoridades estadounidenses no solo buscan procesarlo por sus crímenes, sino también desmantelar la compleja red de lavado de dinero y tráfico internacional que ayudó a construir.

El caso, que resuena en ambos lados de la frontera, evidencia las dimensiones transnacionales del narcotráfico y el alcance de las estrategias que los líderes del CJNG están dispuestos a emplear para proteger a sus miembros.