Familias de desaparecidos piden intervención internacional ante la ONU y denuncian recortes

La crisis de desapariciones en México fue planteada directamente ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por representantes de cerca de 500 colectivos de familiares y madres buscadoras, quienes solicitaron que el tema sea llevado al pleno de la ONU debido a la magnitud del problema, que supera las 133 mil personas desaparecidas.

El encuentro privado se llevó a cabo en el Centro Cultural de España, donde participaron organizaciones provenientes de 17 estados. La reunión ocurrió días después de que el comité de la ONU difundiera un informe en el que señaló que existen “indicios fundados” de desapariciones forzadas en México que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, una conclusión que fue rechazada por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

Durante la reunión, madres buscadoras independientes y colectivos agrupados en 12 plataformas expusieron los obstáculos que enfrentan ante la falta de apoyo institucional. Indicaron que, en promedio, 45 personas son reportadas como desaparecidas cada día en el país, lo que, señalaron, agrava la crisis humanitaria.

Las familias denunciaron además una reducción de recursos destinados a la búsqueda de personas. Afirmaron que la administración federal ha disminuido presupuestos y personal especializado, y señalaron que la Fiscalía General de la República eliminó 11 plazas de ministerios públicos dedicados a desaparición de personas. Esta situación, explicaron, ha obligado a los propios familiares a realizar labores de rastreo y recopilación de pruebas.

Las críticas también se centraron en la falta de avances en las investigaciones. “Se tiene que reconocer que no han hecho su trabajo como debían desde un inicio. Hoy cada vez hay más personas que desaparecen. Es un delito que se sigue acumulando porque no hay quien realmente investigue los casos. Hay muchas carpetas y muchas familias que no tenemos respuesta”, afirmó Araceli González.

Los colectivos sostuvieron que las omisiones institucionales se han repetido durante décadas. Tita Radilla señaló: “Estos hechos son muy graves. En nuestro país la situación es excesiva; ya podemos hablar de una emergencia nacional. Diariamente desaparecen alrededor de 40 personas, por lo que es necesario que haya un pronunciamiento y, sobre todo, que el Estado atienda”. También se denunciaron fallas en la gestión de expedientes y falta de apoyo a víctimas.

El Alto Comisionado sostendrá este miércoles una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad, donde se prevé que exponga los testimonios y preocupaciones recopiladas.

Por su parte, Vanessa Gámez advirtió sobre el incremento de casos: “Las cifras se han disparado en los últimos tres años, con incrementos de hasta 300 por ciento en desapariciones. Es alarmante. Todos los mexicanos debemos ser escuchados, pero también las autoridades deben reconocer que están rebasadas y que no pueden enfrentar solas esta crisis”.

Senado avala en comisiones reforma para usar subcuentas de trabajadores en construcción de vivienda

Las comisiones unidas del Senado aprobaron la reforma a la Ley de Vivienda que permitirá a instituciones públicas utilizar recursos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores para financiar la construcción y rehabilitación de inmuebles, una decisión que avanzó con el respaldo de Morena y aliados, pero que generó el rechazo del PAN y PRI.

El dictamen, proveniente de la Cámara de Diputados, fue avalado en las comisiones de Reordenamiento Urbano y Vivienda, Trabajo y Estudios Legislativos Primera con 15 votos a favor de Morena, PT y PVEM, ocho en contra del PAN y PRD, y la abstención de Movimiento Ciudadano. La minuta podría discutirse en el pleno del Senado esta misma semana.

Durante la sesión, seis legisladores de Morena que no estuvieron presentes dejaron firmado su voto a favor, pero la senadora Geovanna Bañuelos informó que dichos sufragios no fueron contabilizados debido a que ese mecanismo no está contemplado en el reglamento del Senado.

La reforma modifica el artículo 48 de la Ley de Vivienda para permitir que dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como el Infonavit, realicen inversiones y aportaciones destinadas a adquirir, construir, rehabilitar o demoler viviendas, además de financiar la autoproducción y urbanización de terrenos para unidades habitacionales. El objetivo es generar condiciones que faciliten a los trabajadores acceder a créditos más accesibles y suficientes.

La discusión evidenció posturas encontradas. La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, reconoció que la reforma permitirá al gobierno federal disponer de recursos de los trabajadores al servicio del Estado para la construcción de vivienda.

En contraste, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó la medida como un “atraco” y advirtió que el uso de esos fondos podría poner en riesgo el dinero de los trabajadores. Señaló que, aunque es necesario construir más viviendas con mejores servicios, existe la posibilidad de que los recursos se destinen a proyectos que no resulten exitosos.

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, respondió a las críticas y señaló: “otra vez el discurso de amenazar que nosotros estamos en contra de los trabajadores y que vamos a hacer algo extraño y yo creo que ese cuento nadie les cree”.

El dictamen también contempla modificar el lenguaje de la legislación al sustituir “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, así como reemplazar “familias” por “personas”, con el fin de reconocer la vivienda adecuada como un derecho para todos.