Taddei niega rupturas en el INE y enfrenta debate por ‘Superpoderes’

Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), enfrenta con firmeza la controversia en torno a las facultades unilaterales que el Congreso le ha conferido para designar a los titulares de unidades técnicas dentro del organismo. A pesar de la decisión mayoritaria de seis consejeros de llevar el asunto ante la Suprema Corte, Taddei rechazó tajantemente que exista un conflicto interno en el INE. “No hay ningún conflicto interno en un consejo colegiado capaz de no ser resuelto”, afirmó.

 

La polémica surge tras la iniciativa de Sergio Gutiérrez Luna, legislador de Morena, quien propuso elevar a rango constitucional los “superpoderes” de Taddei. Esto permitiría que la presidenta del INE tenga la facultad exclusiva de nombrar a los responsables de direcciones ejecutivas e integrantes de la Junta General Ejecutiva, facultades que tradicionalmente se han otorgado de manera colegiada. Durante su intervención en la instalación de la Comisión de Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados, Taddei se mostró serena, destacando que el debate y las diferencias de opinión son naturales en un organismo colegiado.

 

“La toma de decisiones en un consejo como el INE implica acuerdos, y algunas veces se logran de manera unánime y otras no; lo importante es que todos buscamos siempre el bienestar del sistema electoral”, explicó. Taddei recalcó que, aunque cuestiona la decisión de sus colegas de impugnar sus nuevas facultades, respeta la autonomía de cada consejero. La iniciativa de controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte por seis consejeros del INE es inédita, pues busca limitar la concentración de poderes en una sola persona dentro de un órgano colegiado. Este planteamiento ha generado un intenso debate sobre la independencia del INE y la manera en que debe estructurarse la toma de decisiones en el organismo.

 

“No existe siquiera la atribución de interponer una controversia constitucional en este caso, pero es un acuerdo tomado por el Consejo General, y así debemos asimilarlo”, puntualizó Taddei, sugiriendo que el asunto debería resolverse dentro del propio consejo, sin necesidad de involucrar a la Suprema Corte.

 

Además del debate interno, Taddei enfatizó la prioridad del INE en asegurar un proceso electoral exitoso en 2025, que incluye la compleja elección de jueces, magistrados y ministros. La presidenta aseguró que la experiencia y el profesionalismo del organismo garantizarán que la jornada electoral del próximo año se desarrolle sin contratiempos. “La complejidad de un proceso electoral no debe confundirse con la capacidad del INE para ejecutarlo de manera imparcial y eficiente”, señaló.

 

Por su parte, los consejeros que apoyan la controversia constitucional han subrayado que su objetivo es proteger el carácter democrático del INE. Argumentan que centralizar las decisiones en una sola persona podría poner en riesgo la imparcialidad del organismo electoral en momentos clave para el país. Uno de los consejeros, bajo condición de anonimato, comentó que “el INE ha sido un baluarte de la democracia en México, y debemos cuidar que su estructura colegiada se mantenga intacta”.

 

Esta situación se da en un contexto de crecientes tensiones entre el gobierno y el INE, con la reforma política-electoral como un tema de fondo en la agenda legislativa. La Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados, donde Taddei estuvo presente, discutirá en las próximas semanas la propuesta de Gutiérrez Luna y otros puntos de la reforma que podrían redefinir la organización del INE de cara a las elecciones de 2025.

Autoridades investigan a subsecretario de Agricultura de Veracruz por presunto desvío de recursos y otros delitos

Vínculos con crimen organizado, desvío de recursos públicos y conspiración contra la normatividad sanitaria para el ganado en Veracruz tienen en el reflector de los escándalos al Subsecretario de Ganadería del Gobierno de Veracruz, Humberto Amador Zaragoza. 

 

El funcionario estatal está en la mira de las autoridades judiciales por sus vínculos con Jacinto Rodríguez, líder de un grupo armado brazo local del Cartel Jalisco Nueva Generación.

 

Además, el Subsecretario de Ganadería del Gobierno de Veracruz, Humberto Amador Zaragoza ha sido señalado por el desvio de recursos al usar maquinaria del gobierno del estado para trabajos particuares en su rancho. 

 

Por si esto fuera poco está en la mira de la SADER federal y de SENASICA por quererse saltar la normatividad federal y pretender irse por la libre haciendo su propio negocio del control zoosanitario y de movilización del ganado, lo que pone en riesgo los estatus zoosanitarios de Veracruz. Así, en su rancho, el subsecretario Humberto Amador, areta vacas compradas en Playa Vicente, con aretes de la Asociación Ganadera de Isla, de la que su compadre Ramón Trees es el presidente.  

 

En las comunidades de Playa Vicente,  los pobladores y demás productores han visto con recelo el crecimiento y mejora del rancho de la familia del sub secretario de Ganadería, y se dan cuenta como en cada feria Ganadera, que se organizan en coordinación con municipios, varios de los productos que se ofertan, y que se compran con recursos públicos, van a parar al rancho de Amador Zaragoza. 

 

Imágenes que circulan en múltiples medios locales, muestran que este funcionario no ha tenido empacho ni vergüenza en usar los recursos públicos para mejorar sus propiedades, mientras el productor promedio, tiene que sacar dinero de su bolsa para mejor sus ranchos, no tienen la suerte de estar en gobierno como el sub secretario.

Avala Edomex minuta que impide impugnar reformas constitucionales

El Congreso del Estado de México aprobó, por mayoría de votos, la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para reformar la Carta Magna en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma, aprobada por el Congreso mexiquense en su calidad de Constituyente Permanente, precisa que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución federal.

 

El documento, leído por el legislador Carlos Alberto López Imm (PVEM), durante sesión especial presidida por el parlamentario Maurilio Hernández González (morena), añade que no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución.

Por lo anterior, las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución.

La minuta agrega que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el decreto de la reforma.

De acuerdo con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, esta reforma perfecciona los procesos constitucionales y reivindica las reglas del control de constitucionalidad que han sido sobrepasadas. Además, refuerza el razonamiento jurídico de la inimpugnabilidad, como regla y principio constitucional.

Para declarar la constitucionalidad de la reforma y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, se requiere al menos de la aprobación de 17 congresos estatales.

Al defender la minuta, el congresista Octavio Martínez Vargas (morena) expuso que ésta sanciona la supremacía constitucional expuesta en la Constitución federal desde 1910, a la cual tienen que alinearse los jueces de las entidades, incluso si la contravienen las constituciones locales y leyes secundarias, y añadió que la reforma a la Ley de Amparo de abril de 2013, propuesta por la derecha mexicana, fue para establecer que este instrumento jurídico no procede contra reformas a la Carta Magna.

En contra de la reforma, el diputado Elías Rescala Jiménez, coordinador parlamentario del PRI, se refirió a la minuta como “la peor de las reformas que han llegado del Congreso de la Unión”, porque rompe el equilibro constitucional, favorece la concentración del poder e impide la protección de los derechos de la población. Además, afirmó que no otorga supremacía a la Constitución, sino a uno de los poderes constituidos sobre los demás, lo cual afecta al sistema de pesos y contrapesos.

Por el PAN, la parlamentaria Joanna Alejandra Felipe Torres criticó que la minuta promueve la venganza y la violación a los derechos humanos, para anular y silenciar a las voces de la oposición, y violará el principio de irretroactividad de la ley.

El congresista Juan Manuel Zepeda Hernández, coordinador parlamentario de MC, calificó como un error la minuta, porque deja indefensa a la ciudadanía y neutraliza las herramientas jurídicas de los estados, municipios, partidos políticos, fiscalías y el Ejecutivo para resolver controversias constitucionales.

El coordinador parlamentario del PRD, el legislador Omar Ortega Álvarez, dijo que se fijan candados a las voces disidentes al gobierno, recordó que ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de nadie y apeló a dejar la visión absolutista del derecho.

ASF detecta irregularidades por más de 8 mil millones en gasto público 2023

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados su segundo informe sobre el gasto público de 2023, correspondiente al penúltimo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, identificando diversas irregularidades. El informe expone posibles daños al erario por un total de 8 mil 208 millones 794 mil pesos. Cabe destacar que no se registraron montos pendientes por aclarar en el Poder Judicial.

El auditor superior, David Colmenares, informó que las dependencias federales con mayores observaciones fueron Petróleos Mexicanos, con 936 millones 699 mil pesos sin justificar, y la Comisión Federal de Electricidad, con 603 millones de pesos por aclarar. Colmenares subrayó que, tras realizarse 117 auditorías, se detectaron más de 2 mil 500 millones de pesos en montos aún sin aclarar, aclarando que la cifra corresponde a montos que pueden justificarse en un periodo de tiempo y no necesariamente a desviaciones. Explicó que más del 60% de estos recursos se relaciona con empresas productivas del Estado, como Pemex y CFE.

En cuanto a las observaciones en el gasto de estados y municipios, la ASF reportó montos sin justificar de 2 mil 36 millones de pesos en saneamiento financiero y 2 mil 67.2 millones en infraestructura física. Además, el informe resalta irregularidades en áreas como educación, con 731.6 millones de pesos sin aclarar, y seguridad, con 365.7 millones de pesos.

Entre otras dependencias, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tiene pendientes de aclarar 94 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Hacienda registra 94 mil 789 millones de pesos y la Secretaría de la Defensa Nacional 30 millones 756 mil pesos en recursos observados.

Colmenares precisó que las entidades y dependencias federales cuentan con un plazo de 120 días para justificar estos recursos. De no aclararse en el tiempo estipulado, se procederá con denuncias penales y sanciones contra los funcionarios responsables.

Ocho ministros de la SCJN renuncian por inconformidad con reforma judicial impulsada por Claudia Sheinbaum

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, anunció este miércoles su renuncia al cargo junto con la de otros siete ministros, en lo que calificó como un “acto de congruencia”. Esta decisión se produce en medio de las protestas desatadas por la polémica reforma judicial promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Piña y los otros ministros que dimiten finalizarán oficialmente su cargo en agosto de 2025, y ninguno de ellos participará en la elección judicial del próximo año para continuar en la SCJN.

En su misiva dirigida al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, Piña expresó que su renuncia no implica conformidad con su separación anticipada del cargo, para el cual fue designada hasta el 10 de diciembre de 2030. “Es un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que nos rige”, manifestó. La carta, difundida en redes sociales y citada por la agencia EFE, destaca que la ministra se siente “orgullosa” de haber formado parte del Poder Judicial de la Federación durante sus 36 años de servicio.

La ministra Margarita Ríos Farjat, por su parte, también comunicó su decisión de no participar en la próxima elección y de renunciar al haber de retiro que le correspondería conforme a la reforma judicial. En su carta, dirigida al Senado, Ríos Farjat enfatizó que en caso de recibir dicho beneficio, lo devolvería a la Tesorería de la Federación.

El martes, otros ministros, Juan Luis González Alcántara, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, anunciaron que también se retirarían, uniéndose a la postura de inconformidad de Piña y Ríos Farjat frente a la reforma judicial.

En el Senado, Gerardo Fernández Noroña confirmó haber recibido las cartas de renuncia de los ocho ministros que dejarán su cargo. Las únicas ministras que han mostrado interés en participar en el proceso electoral para ocupar cargos en el Máximo Tribunal son Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loreta Ortiz, quienes tienen afinidad con la actual administración.