Mientras avanzan las indagatorias iniciadas por autoridades estadounidenses, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa evalúa modificar la situación laboral del vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, recientemente vinculado en una investigación por presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa.
El caso se remonta al pasado 28 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una investigación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, entre ellos Castro Saavedra, por supuestos vínculos con “Los Chapitos”.
Días después, el 1 de mayo, tanto Rocha Moya como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil —también mencionado en la indagatoria— informaron su salida de los cargos públicos que ocupaban.
En este contexto, la fiscal estatal Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó que se analiza la posibilidad de que el vicefiscal sea separado temporalmente de su puesto mientras se desarrollan las investigaciones, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del debido proceso.
La declaración se produce tras un posicionamiento previo de la propia Fiscalía, emitido el lunes, en el que se aseguraba que el funcionario continuaba en funciones y ejerciendo plenamente sus atribuciones legales.
Cuestionada sobre la situación jurídica de Castro Saavedra, la titular del organismo evitó adelantar conclusiones y se limitó a señalar: “Hay un principio de la presunción de inocencia para todas las personas. Hasta este momento la investigación está en su curso y estamos atentos a lo que se resuelva”.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, permanece en territorio sinaloense bajo la protección de la Guardia Nacional. Las autoridades estatales mantienen en revisión las implicaciones administrativas del caso, en paralelo con el desarrollo de las investigaciones internacionales.
